En días recientes nos hemos informado que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina (INPI-AR), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la facultad de derecho de la Universidad Austral (perteneciente al Opus Dei) lanzarán en el mes de abril la primera edición de una Maestría Regional de Propiedad Intelectual. […]
En días recientes nos hemos informado que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de la Argentina (INPI-AR), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la facultad de derecho de la Universidad Austral (perteneciente al Opus Dei) lanzarán en el mes de abril la primera edición de una Maestría Regional de Propiedad Intelectual.
Como bien sabemos, existe un mundo donde el capitalismo salvaje y sus relaciones de poder y conexiones ocultas permiten que las empresas transnacionales se apropien de ganancias extraordinarias mediante los monopolios creados por la propiedad intelectual.
La OMPI es un organismo controlado por los intereses financieros multinacionales mediante el pago de tasas de registro de solicitudes de patentes, derechos de autor e interpretes (en su mayoría grandes conglomerados de la industria tecnológica y cultural), regulación de tratados internacionales y mediaciones por arbitrajes, además de las cuotas anuales que los países deben abonar por ser parte de este «organismo colectivo» (así se autodefine).
Estos pagos por tasas sirven también para financiar a la Academia de OMPI, dirigida por el abogado y empleado argentino de OMPI, Marcelo Di Pietro, quien es integrante también del Comité Académico del mencionado posgrado dictado por Gustavo Schötz, director de la carrera de derecho de la Universidad Austral (brazo universitario de la ultraderecha católica en argentina).
Según los organizadores del postgrado «se hacía necesario contar con un programa académico que analice profundamente los mecanismos de la Propiedad Intelectual, y capacite a los agentes que promoverán el desarrollo sustentable sobre un mejor y eficiente uso de los activos intangibles», (entre ellos la propiedad intelectual de las licencias de radiodifusión).
Tal como se ve, el avance de los mecanismo de la propiedad intelectual dentro del gobierno argentino se esta consolidando, incrementándose la influencia de los intereses extranjeros en algunos organismos del Estado.
Quien dirige la oficina de patentes y marcas en ese pais, Mario Aramburu, parece profundizar en un acuerdo con la OMPI, la universidad del Opus Dei y el Grupo Clarín haciendo un gran favor a los estudios de abogados representantes de las empresas y laboratorios extranjeros, quienes poseen el control de varios estamentos del Estado argentino en sus tres poderes.
Traumático fue para el gobierno de Cristina Kirchner intentar sin éxito procesar y apartar del cargo al juez de la Cámara Civil y Comercial, De Las Carreras, quien asistió, en 2012, a una Cumbre de Propiedad Intelectual y Medios de Comunicación organizada por la «ONG» CERTAL en un lujoso Hotel de Miami.
El evento fue auspiciado por una de las empresas pertenecientes al grupo Clarín, quien presento una demanda contra el gobierno argentino que estaba en manos del juez, quien disfruto junnto con su esposa de 15 dias pagos por los organizadores. El juez fue restituido en su cargo y finalmente (como era de esperarse) fallo a favor del grupo monopolico. Hoy, la ley de medios audiovisuales no esta vigente en su totalidad luego de 3 aniversarios de su sancion por el Congreso Nacional argentino.
La propiedad intelectual posee la capacidad de hacer creer a quienes intentan interpretarla que realmente favorece el desarrollo de la ciencia y la tecnología aunque en realidad aliente a los grupos monopólicos, que como Clarín, corrompen a funcionarios para jugar en su favor.