Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos
Un informe publicado el lunes [13 de septiembre de 2010] por la organización de derechos humanos basada en Londres Amnistía Internacional (AI) [1] documenta el trato criminal que padecen los iraquíes detenidos sumariamente en redadas por las tropas estadounidenses de la ocupación, encarcelados y que ahora han sido entregados a los torturadores a sueldo del régimen iraquí respaldado por Estados Unidos como parte del «final de las misiones de combate».
La transferencia de unos 10.000 presos se ha llevado a cabo bajo los términos negociados entre Washington y el régimen iraquí en el SOFA (siglas en ingles de Acuerdo del Estatuto de las Fuerzas) de 2008 que proporcionaba una cobertura legal a la ocupación estadounidense tras expirar el mandato de la ONU para la presencia de las fuerzas militares estadounidense en el país.
Este es el mismo acuerdo que pide la retirada completa de las fuerzas estadounidenses de Iraq para finales de 2011. El gobierno Obama mantiene actualmente unos 50.000 soldados de combate en el país. Aunque la Casa Blanca proclamó a bombo y platillo el mes pasado que había terminado la «misión de combate», las tropas estadounidenses siguen entrando en combate, más concretamente el domingo pasado cuando una unidad estadounidense proporcionó fuego de apoyo a fuerzas iraquíes que combatían contra insurgentes al noreste de Bagdad.
Según la parte del acuerdo que se refiere a los presos, Washington accedió a poner bajo control iraquí las prisiones en las que hay presos capturados por las fuerzas iraquíes, lo que incluye Camp Cropper, cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, Camp Taji, al norte de Bagdad, y Camp Bucca, cerca de la ciudad de Basora al sur de Iraq. Según el informe de AI, a fecha de 1 de enero de 2009 había 15.500 iraquíes encarcelados en estos tres campos estadounidenses.
Camp Bucca se cerró en setiembre del año pasado y las autoridades estadounidenses trasladaron a los presos a custodia iraquí o a los otros dos centros de detención estadounidenses que quedaban. En marzo se entregó a las fuerzas de seguridad iraquíes el control de Camp Taji, mientras que el 15 de julio se entregó al régimen de Badgdad el control de Camp Cropper, entre cuyos presos hay altos cargos del anterior gobierno de Sadam Husein y de su partido en el poder, el Partido Ba’ath.
Entre estos presos entregados a los carceleros iraquíes está Tariq Aziz, de 74 años, ex-ministro de Exteriores de Iraq. Badie Arif, abogado de Aziz, afirmó que su cliente no espera sobrevivir a esta transferencia. «Aziz me dijo que estaba seguro de que lo iban a matar porque tiene demasiada información», declaró a Reuters. «Dijo: ‘Me matarán directa o indirectamente, o bien impidiéndome conseguir medicación o envenenándome la comida'».
Las fuerzas de ocupación estadounidenses siguen teniendo presos a unos doscientos «presos de alto valor» en la cárcel de Karkh a las afueras de Bagdad.
En su informe titulado «New Order, Same Abuses: Unlawful Detentions and Torture in Iraq» [«Nuevo orden, los mismos abusos: detenciones ilegales y tortura en Iraq»] AI señala en relación al SOFA: «En ninguna parte del acuerdo se hace mención alguna a las obligaciones de derechos humanos de cada Estado».
«Las fuerzas de seguridad de Iraq han sido responsables de violar sistemáticamente los derechos de los detenidos y se les ha permitido hacerlo con impunidad», afirmaba en el informe el director de AI para Oriente Medio y Norte de África, Malcolm Smart.
«A pesar de ello, las autoridades estadounidenses, cuya trayectoria en relación a los derechos de los detenidos ha sido tan pobre, han entregado ahora a miles de personas detenidas por las fuerzas estadounidenses para que se enfrenten a este catálogo de ilegalidad, violencia y abusos, renunciando así a toda responsabilidad en relación a sus derechos humanos».
Es una clara violación del derecho internacional el que cualquier gobierno transfiera detenidos a un régimen en cuyas manos se enfrentan a la tortura o a otras violaciones graves de los derechos humanos. Estas transferencias ponen a Washington en una situación de violación del derecho internacional y de los tratados que regulan la tortura, y lo convierten en culpable de otro crimen de guerra más derivado de la guerra de agresión emprendida en marzo de 2003.
Como deja claro el informe, la gran mayoría de las personas presas en cárceles iraquíes, incluyendo aquellas entregadas por las fuerzas de ocupación estadounidenses, nunca han sido acusadas y mucho menos juzgadas. Muchas fueron detenidas en redadas sobre la base de informaciones suministradas por informantes pagados o capturadas en redadas estilo operación de captura.
La mayoría de estas personas están detenidas según la ley antiterrorista adoptada en 2005 que estipula la pena de muerte para aquellas personas que «provoquen, planeen, financien [atentados terroristas] y todas aquellas que permitan a los terroristas» llevar a cabo atentados. También estipula la cadena perpetua para cualquier persona que oculte o dé «cobijo a terroristas».
La minoría de personas que han sido llevadas ante un tribunal son acusadas a base casi únicamente de confesiones que se obtienen rutinariamente bajo tortura. «Muchas personas han sido acusadas por el Tribunal Penal Central de Iraq (CCCI, en sus siglas en inglés), incluyendo a cientos de personas que posteriormente han sido condenadas a pena de muerte sobre la base de confesiones supuestamente obtenidas a consecuencia de la tortura», afirma el informe.
El informe de AI hace un catálogo de los bestiales métodos empleados por los carceleros e interrogadores de Iraq: «Violación o amenaza de violación. Golpear con cables y mangueras. Suspensión prolongada por las extremidades. Electroshocks en las partes sensibles del cuerpo. Romper las extremidades. Quitar las uñas de los dedos de los pies con alicates. Asfixia utilizando una bolsa de plástico en la cabeza. Perforar el cuerpo con taladros. Obligar a sentarse en objetos cortantes como botellas rotas».
El informe señala que estos «son sólo algunos de los métodos de tortura utilizados por las fueras de seguridad iraquíes contra hombres, mujeres y niños».
El informe cita uno de los casos más conocidos en el que se utilizó la tortura para obtener una confesión: el caso de Mohammad al-Daini, miembro seglar sunní del Parlamento iraquí y claro oponente al primer ministro Nouri al-Maliki, que fue acusado de ser responsable de un atentado terrorista en 2007 en el edificio del Parlamento dentro de la Zona Verde de Bagdad.
La policía antiterrorista del régimen iraquí hizo una redada de doce personas asociadas con al-Daini, incluyendo a siete de sus sobrinos y otros familiares y a sus guardaespaldas, los mantuvo incomunicados y sin acusación en su prisión situada dentro de la Zona Verde. «Desaparecieron» realmente y a sus familiares se les negó durante meses toda información acerca de su paradero.
El Relator Especial de derechos humanos de la ONU concluyó que todas las personas detenidas en relación al caso fueron «maltratadas gravemente, incluyendo el ser golpeadas con cables, ser suspendidos en la celda de los pies o de las manos durante dos días, o [padecer] electroshocks. A algunos les pusieron bolsas negras en la cabeza o eran asfixiados durante minutos hasta que el cuerpo se ponía azul, y ello varias veces seguidas. También se les introdujeron barras de plástico en el ano. Igualemnte fueron amenazados con la violación de miembros de la familia. Fueron obligados a firmar y a poner su huella digital en confesiones preparadas que se recogieron el 24 de febrero de 2009. A consecuencia de los malos tratos varios de ellos tienen heridas visibles en varias partes del cuerpo. Muchas de estas personas han perdido un peso considerable. Riyad Ibrahim Jassem [al-Daini] padece problemas en el hígado a consecuencia de las torturas padecidas».
El informe de AI señala que aunque el Relator Especial de la ONU pudo dar los nombres de las personas responsables de torturas, «no se tiene noticia de que las autoridades iraquíes hayan emprendido acción alguna contra ellos». Se cree que los 12 detenidos continúan en prisión todavía sin haber sido acusados de nada ni juzgados.
El informe cita también casos de presos menos conocidos, como Nasrallah Mohammad Ibrahim, un trabajador de una compañía de electricidad de 41 años y padre de seis hijos, al que los soldados estadounidense se llevaron de su lugar de trabajo en enero de 2008; Youssef Ali Jalil, un estudiante de 25 años que fue detenido en noviembre de 2008 por los soldados estadounidenses y entregado a una prisión iraquí en 2009 donde le han golpeado repetidamente; y Ahmad, un obrero de la construcción de 50 años y su hijo Mounir, estudiante universitario de 20 años que fueron detenidos por las fuerzas de seguridad iraquíes y llevados a la infame cárcel secreta en el viejo aeropuerto Muthanna, donde fueron golpeados, sometidos a electroshocks y asfixiados con bolsas de plástico hasta que firmaron las confesiones
También se cita un informe del Comité de Derechos Humanos del Parlamento iraquí que envió una delegación a la cárcel de mujeres en al-Kadhimiya, donde oyeron de las presas que habían sido violadas repetidamente durante los interrogatorios después de haber sido detenidas.
En una cantidad significativa de casos la tortura acaba en la muerte. El informe cita el caso de Riad Mohammed Saleh al-Oqaiba, de 54 años, que fue detenido en septiembre de 2009 y encarcelado en la Zona Verde de Bagdad antes de ser trasladado a la cárcel secreta de aeropuerto Muthanna donde murió en febrero de 2010.
«Se dice que durante el interrogatorio le golpearon tan violentamente en el pecho que le rompieron las costillas y el hígado resultó dañado», señala el informe. «Murió el 12 o 13 de febrero a consecuencia de un derrame interno. Semanas después se entregó el cuerpo a su familia con un certificado de defunción que señalaba que la causa de la muerte había sido un fallo cardíaco».
AI hace también referencia a un caso espantoso de muertes de presos ocurridas el 12 de mayo de 2010, cuando siete presos murieron de asfixia al ser trasladados desde Camp Taji a la cárcel al-Rusafa. El informe señala que «se metió a casi cien presos en dos camionetas sin ventanas que normalmente sólo podían llevar a unas 20 personas cada una».
Como deja claro el informe, quienes llevan a cabo la tortura y el asesinato de los presos gozan de una completa impunidad. AI afirma que aunque se ha anunciado que se van a investigar algunos de los casos más atroces que se han hecho públicos, en ningún caso ha habido informes con sus conclusiones. Y añade: «En algunos parece que se ha suspendido e incluso detenido a guardias de la prisión casos y a oficiales de seguridad de baja graduación en relación a los abusos cometidos, pero inmediatamente se les concede una amnistía y son liberados».
Al llevar a cabo la transferencia de más de 10.000 presos iraquíes a manos del régimen en Bagdad apoyado por Estados Unidos el gobierno Obama es cómplice de crímenes aún más horribles que los cometidos bajo el gobierno Bush por las fuerzas estadounidense en [la cárcel de] Abu Ghraib.
[1] http://uruknet.info/?p=m69691&fb=1
Fuente: http://www.wsws.org/articles/2010/sep2010/amne-s14.shtml