Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
El gobierno iraquí está haciendo cuanto puede para silenciar las voces críticas que le acusan de galopante corrupción eliminando a los funcionarios que tratan de procesar a los mafiosos e intimidando a los políticos y periodistas que les apoyan.
Este pasado mes de septiembre, obligaron a dimitir al director del observatorio contra la corrupción. Y a un importante periodista iraquí, al que habían amenazado por dirigir las protestas contra el gobierno, le metieron dos tiros en la cabeza cuando se hallaba en su hogar en Bagdad.
Cada vez hay sentimientos más fuertes de rabia entre el pueblo iraquí frente a una elite gobernante dedicada a robar y malversar gran parte de los 2.000 millones de dólares que se obtienen a la semana en ingresos del petróleo, lo que merma en gran medida los fondos disponibles para electricidad, agua, atención sanitaria, vivienda, educación y hasta la recogida de basuras. Transparencia Internacional ha informado que el pasado año Iraq fue el cuarto país más corrupto del mundo, de entre los 178 investigados.
El primer ministro, Nuri al-Maliki, y su gobierno parece que han decidido hacer frente a las acusaciones devolviendo el golpe a sus acusadores. Ahora están intentando eliminar la inmunidad parlamentaria de un diputado independiente, Sabah al-Saadi, ex presidente del comité parlamentario para la integridad, para poder arrestarle tras las acusaciones que ha presentado contra Maliki.
Tan pocos son los funcionarios a los que se procesa o acaban perdiendo su empleo por motivos de corrupción en Iraq, que es difícil demostrar lo extendida que está, aunque la mayoría de los iraquíes tienen claro que no hay trabajo ni contrato que se conceda sin pagar sobornos. Un informe publicado esta semana por el International Crisis Group, que tiene su sede en Bruselas, titulado «Failing Oversight: Iraq’s Unchecked Government«, relata cómo se obligó a dimitir al ministro para la electricidad «acusado de haber firmado contratos multimillonarios con una compañía fantasma canadiense [que tenía dirección física pero ni tenía activos ni operaba] y una compañía alemana declarada en bancarrota».
Anteriormente, este mismo año, Saadi avergonzó al gobierno revelando que habían arrestado al general a cargo de su equipo de reacción rápida por haber aceptado un soborno de 50.000 € en una operación fraudulenta.
El informe del ICG dice que el gobierno de Maliki se ha empleado a fondo para impedir que se descubra el saqueo oficial bloqueando los esfuerzos para reforzar las instituciones estatales encargadas de investigar y procesar los hechos. Se cita a un inspector general iraquí diciendo que las estructuras para luchar contra la corrupción son «como una aspirina para el cáncer iraquí».
Al juez Rahim al-Ugaili, director de la Comisión por la Integridad, uno de los principales órganos de control, le obligaron a dimitir de su puesto el 9 de septiembre pasado. El juez declaró que había dimitido porque el gobierno no apoyaba sus esfuerzos contra la corrupción y en cambio se dedicaba a interferir políticamente en su trabajo.
Un alto funcionario de la embajada de EEUU testificó ante el Congreso que la oficina del Primer Ministro había emitido «órdenes secretas» a la Comisión por la Integridad, prohibiéndole que trasladara a los tribunales los casos en los que hubiera implicados «antiguos o actuales funcionarios de alto rango del gobierno iraquí, incluido el primer ministro… La orden secreta es, literalmente, una licencia para robar».
Los críticos al gobierno dicen que han recibido amenazas violentas. El mismo día que obligaron a dimitir de su puesto a Ugaili, un popular locutor de radio, Hadi al-Mahdi, recibió dos tiros en la cabeza en su piso en el normalmente seguro distrito de Karrada de Bagdad. Su asesinato se produjo justo antes de que tuviera lugar una manifestación contra la corrupción y el autoritarismo organizada por él.
Mahdi dirigía un programa de radio sin pelos en la lengua llamado «A quienquiera que escuche», muy crítico con el gobierno. Hace dos meses, se vio obligado a suspenderlo ante los riesgos que su seguridad corría. Este año le había dicho a Amnistía Internacional que a él y a otros tres periodistas más les habían arrestado en una concentración de protesta y les había llevado a un cuartel del ejército donde les golpearon, les aplicaron descargas eléctricas y les amenazaron con violarles. Varias horas antes de que le dispararan Mahdi publicó una nota en Facebook diciendo que sentía que estaba en peligro. «Llevo dos días aterrorizado», escribió.
La razón para la dimisión de Ugaili muestra que la corrupción en Iraq ha alcanzado niveles de saturación. El informe del ICG, citando fuentes gubernamentales, dice que en 2011, la Comisión por la Integridad y el Consejo Superior de Auditoría ha identificado cientos de compañías fantasmas en el extranjero vinculadas con altos funcionarios del gobierno en el ministerio de defensa y en la oficina del primer ministro. Habían ganado contratos en Iraq, muchos de las cuales nunca se llevaron a cabo a pesar de estar pagados. Cuando Ugaili intentó que los tribunales intervinieran, el gobierno le bloqueó y él dimitió.
Patrick Cockburn es autor de «Muqtada: Muqtada Al-Sadr, the Shia Revival and the Struggle for Iraq«.
Fuente: http://www.counterpunch.org/