«Quienesquiera que fueran los miembros del CS durante los doce años de sanciones, como individuos y como representantes de sus países, conocían todos los aspectos de la catástrofe humana que se estaba desarrollando en Iraq. Todos ellos podían haber contribuido mucho más a poner fin a este castigo impuesto a la población iraquí del que […]
«Quienesquiera que fueran los miembros del CS durante los doce años de sanciones, como individuos y como representantes de sus países, conocían todos los aspectos de la catástrofe humana que se estaba desarrollando en Iraq. Todos ellos podían haber contribuido mucho más a poner fin a este castigo impuesto a la población iraquí del que era responsable la comunidad internacional. En lugar de aunar esfuerzos con los gobiernos que compartían la misma opinión y utilizar su fuerza conjunta para insistir en que se llevaran a cabo los cambios, se conformaron con aceptar lo que ocurría sin auténtica convicción.»
Hans C. von Sponeck esgrime durante una comparecencia en Naciones Unidas una foto de una deterioriada escuela de Iraq como denuncia de la situación humanitaria del pueblo iraquí debido a las sanciones, foto que ilustra la portada de su libro en las ediciones en inglés y castellano
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¿Cuáles eran las opciones políticas que tenía el Consejo de Seguridad CS [de Naciones Unidas (NNUU)] y que no utilizó? Cuando en agosto de 1990 se adoptó la primera resolución (661) para imponer sanciones económicas a Iraq [tras su ocupación de Kuwait] se debía haber realizado una evaluación de las necesidades básicas para determinar el alcance de la exención humanitaria. Aunque no se hizo en 1990, hubo otra oportunidad de hacerlo después de la Guerra del Golfo y la adopción de una segunda resolución fundamental (687) en abril de 1991.
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No se habían establecido las necesidades, ni tampoco el nivel de recursos necesarios para cubrirlas. Los planes de distribución negociados por el gobierno iraquí y NNUU se consideraban «complementarios» y «temporales» y se llevaron a cabo sin tener conocimiento de los recursos disponibles a nivel local. Cuando se constató que dichos recursos eran insuficientes, el CS se dio cuenta de que había puesto a los iraquíes en un aprieto. En ese momento, pudo haber establecido unos niveles de recursos más realistas. Cabía la posibilidad de complementar los ingresos del petróleo con fondos de los llamamientos y contribuciones internacionales de aquellos gobiernos que insistieron en imponer unas apretadas y duras sanciones económicas. El Secretario General hizo la propuesta, pero el CS no la tomó en consideración.
Cuando se constató que las sanciones no eran temporales, el Consejo pudo haberlas reestructurado de forma que se cubrieran los costes necesarios para garantizar el funcionamiento de una nación. Sin embargo, durante muchos años el CS siguió adelante con la aplicación de lo que, en esencia, era un programa de suministros de «emergencia». No se trataba sólo de financiar los gastos ordinarios. Una vez que estuvo claro que las sanciones no eran «temporales», el Consejo pudo haber ampliado el alcance del programa Petróleo por Alimentos con el fin de garantizar el funcionamiento de las instituciones de los sectores de servicio público, sanidad, agricultura y educación.
No pasó mucho tiempo antes de que se diera cuenta de que la burocratización de la adquisición de suministros humanitarios y la excesiva cantidad de recursos usados para retener el material y los recambios para la industria petrolífera, el material para los programas de sanidad y agricultura y el material químico y de pruebas, había tenido unos efectos devastadores en el funcionamiento del programa Petróleo por Alimentos. El Consejo podía haber suavizado estas restricciones y confiado el control de la distribución de los suministros al equipo de NNUU en Bagdad, pero prefirió no hacerlo.
Durante el período de las sanciones, todos los miembros del CS expresaron su consternación por la precaria situación de la población iraquí. Eran cada vez más conscientes de la insuficiencia de los recursos disponibles. Su preocupación podía haberse traducido en medidas especiales de protección para los grupos más vulnerables, en particular para los jóvenes, en las áreas de educación, formación y sanidad. Algunos miembros del Consejo politizaron la lenta aplicación de los programas especiales de nutrición del gobierno iraquí. Los retrasos se debían a problemas técnicos y no a un intento deliberado del gobierno iraquí de aumentar el sufrimiento, algo que el Consejo ya sabía porque las agencias de NNUU le habían informado de ello. No obstante, optó por decir lo contrario. A causa de la guerra y el abandono, el mal estado de las infraestructuras, incluidas carreteras, puentes, redes ferroviarias, agua, saneamiento y electricidad, la vuelta a la normalidad de los iraquíes se hacía casi imposible. A menudo el Consejo trataba el tema de las necesidades de infraestructura, pero avanzaba despacio en la concesión de subvenciones para llevar a cabo algunas rehabilitaciones. El bienestar de la juventud hubiera mejorado significativamente si hubiera existido un sentimiento de urgencia y los cambios se hubiesen efectuado con mayor rapidez.
Llamamientos sin respuesta
A pesar de conocer la gravedad de la situación humanitaria, no existía un sentimiento real de urgencia dentro del CS. Los llamamientos del Secretario General para poner fin a la miseria de los iraquíes se escucharon a menudo durante esa década, sin embargo, casi nunca recibieron respuesta, o únicamente provocaron que se realizaran más estudios e informes. Si NNUU hubiese aceptado a tiempo realizar una evaluación de las condiciones en Iraq, incluidas las propuestas específicas del grupo de Amorim de 1999 [1], se hubiesen evitado muchas muertes y mucha pobreza. En cambio, se siguieron dejando las cosas para más tarde, lo que provocó años de retrasos en la aplicación de los cambios acordados, como por ejemplo, el nivel de ingresos permitidos o las normas para el flujo de suministros. La situación hubiese sido muy distinta si estos cambios se hubiesen efectuado antes.
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El Consejo sabía que el índice de desempleo era elevado. Las sanciones no permitían que la industria civil y el comercio resucitaran para reducir el desempleo. Una de las opciones que tenía el Consejo era facilitar el relanzamiento de las actividades del sector privado, junto con un control apropiado por parte de NNUU. Aunque estudió está posibilidad en varias ocasiones, nunca la llevó a cabo.
Durante el período de las sanciones, los miembros del CS hicieron referencia a sus efectos negativos sobre la población iraquí y criticaron el statu quo que a menudo caracterizaba el debate sobre Iraq en el Consejo. Las resoluciones clave de NNUU que regían las exhaustivas sanciones económicas carecían del lenguaje preciso, de los objetivos específicos y del tiempo estipulado para permitir un debate objetivo. Por supuesto, este tema estaba en manos de aquellos que dominaban la situación de Iraq dentro del Consejo. El Consejo hubiese podido intentar superar esta debilidad con más persistencia, puesto que de haberlo hecho «habría actuado según los intereses de la comunidad internacional» -especialmente de los iraquíes- y no según los intereses de los miembros poderosos del CS.
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El CS tuvo muchas oportunidades de ponerse en contacto con el equipo de NNUU en Bagdad, tanto para recibir informes detallados sobre la situación del país, como para interactuar con los representantes del gobierno de Iraq, pero prefirió no hacer uso de estas oportunidades y sucumbir a aquellos que preferían el aislamiento de Iraq a la comunicación con Iraq. El CS contaba con una amplia gama de posibilidades que contenía los elementos para gestionar las sanciones económicas de una forma mucho más humana. […]
Quienesquiera que fueran los miembros del CS durante los doce años de sanciones, como individuos y como representantes de sus países, tanto a nivel individual como colectivo, conocían todos los aspectos de la catástrofe humana que se estaba desarrollando en Iraq. Todos ellos podían haber contribuido mucho más a poner fin a este castigo impuesto a la población iraquí del que era responsable la comunidad internacional. En lugar de aunar esfuerzos con los gobiernos que compartían la misma opinión y utilizar su fuerza conjunta para insistir en que se llevaran a cabo los cambios, se conformaron con aceptar lo que ocurría sin auténtica convicción.
Predominio de línea dura
Prevaleció la línea dura y, con ello, prácticamente toda una nación se vio sometida a la pobreza, a la muerte y a la destrucción de sus fundamentos, tanto física como mentalmente. Los defensores de este planteamiento rechazarán esta conclusión por falsa, parcial o incluso «carente de sentido» y pondrán de manifiesto las mejoras que contribuyeron a incorporar al programa humanitario de Iraq. Es cierto, se hicieron mejoras, mejoras progresivas, pero poco más.
Los protagonistas no admitirán que, incluso los cambios para mejorar las condiciones de vida de los iraquíes se llevaron a cabo de cualquier manera, muy despacio y, en definitiva, por la presión ejercida por los miembros de NNUU en general, algunos miembros del CS y la opinión pública internacional. No surgieron de la voluntad genuina de aliviar el sufrimiento de una gente que vivía bajo sanciones y en manos de un dictador.
Los que estaban a favor de la línea dura argumentaban también que el único culpable de la precaria situación en que se encontraban los iraquíes era Sadam Husein. «Siempre ha estado en sus manos poner fin a la miseria de su gente». Si, puede que así fuera. Pero el hecho de que él no cumpliera su parte, no exime al CS de no haber cumplido la suya. EEUU y el Reino Unido, como partidarios principales y permanentes de la línea dura dentro del CS durante los doce años que duraron las sanciones económicas, insistían en mantener el vínculo entre el desarme y las sanciones económicas. No estaban dispuestos a aceptar que era posible llevar a cabo un control humanitario más intensivo por parte en NNUU en Iraq para evitar la llegada de mercancías que pudieran ser utilizadas para armas de destrucción masiva, ni que ello hubiera permitido desvincular el embargo militar de las sanciones económicas. Si se hubiese realizado dicho control, el impacto de las sanciones económicas se hubiese visto reducido notablemente. Los que eran incapaces de ver más allá de sus necesidades, insistieron en que no había otro planteamiento más realista que mantener dicha vinculación. «Es absurdo sugerir que el desarme de Iraq puede realizarse sin las sanciones económicas», me dijo el embajador de Australia, John Dauth, después de un debate abierto sobre Iraq entre Charles Duelfer, anteriormente en la [comisión de desarme para Iraq] UNSCOM y yo mismo, en la misión canadiense de NNUU en mayo de 2002. Este era uno de los ejemplos del planteamiento intransigente de aquellos incapaces de establecer un equilibrio entre sus objetivos políticos y los principios humanitarios.
Un estudio de las declaraciones de EEUU y el Reino Unido en el CS durante el período del programa Petróleo por Alimentos (1996-2003), pone de manifiesto una posición muy coherente, aunque excepcionalmente rígida. […] En palabras de Jeremy Greenstock del Reino Unido: «Hay dos principios que nos han guiado y que deben seguir guiándonos […] para evitar que Iraq represente una amenaza: […] garantizar el desarme total de Iraq» y «aliviar el sufrimiento de la población iraquí y dar los pasos que podamos desde fuera para asegurar que se cubren sus necesidades». El mensaje de EEUU transmitido por el embajador Burleigh era el mismo: «EEUU ha demostrado un interés sincero y constante por el bienestar de los ciudadanos iraquíes que viven bajo la tiranía y el mal gobierno de Sadam Husein […] Iraq no ha cumplido con las obligaciones estipuladas en las resoluciones anteriores, por lo que las sanciones deben seguir y seguirán hasta que Iraq cumpla con lo pactado».
A esto se le llama testarudez, hipocresía y crueldad, con un alto precio para los iraquíes y la integridad institucional de NNUU. No se les ocurrió que actuar «de conformidad con los principios de justicia y derecho internacional» y «de acuerdo con los Propósitos y Principios de NNUU» y «el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos…» era tan vinculante para los gobiernos de EEUU y el Reino Unido y para el CS, como lo era para el gobierno de Iraq.
En un futuro, decidir si el planteamiento más apropiado hubiese sido adherirse al statu quo o adaptarse a las circunstancias de Iraq será tema de debate durante mucho tiempo. Haber dejado claro, durante la evaluación anterior, cual era la situación de Iraq, sirve para tomar una decisión sobre cuál sería el planteamiento más aceptable del CS en relación a los iraquíes y la maquinaría de paz internacional. El CS es responsable de la política internacional sobre Iraq desde 1990 hasta 2003. No es fácil responder a la pregunta de si la Secretaría de NNUU, como órgano subsidiario, había tenido algún margen de libertad para influenciar la política del Consejo. Al responder a esta pregunta hay que tener en cuenta la catástrofe humanitaria provocada por las exhaustivas sanciones económicas.
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Presiones sobre los débiles
La pregunta de «por qué» el CS no dio continuidad a las opciones que tenía para humanizar las sanciones económicas, no puede responderse diciendo que fue únicamente debido a la mano dura de dos de sus miembros. El tiempo límite de dos años en el Consejo de los diez miembros elegidos y la consecuente falta de conocimiento sobre Iraq, acentuada en muchos casos por la falta de recursos económicos y humanos disponibles en sus misiones permanentes para profundizar en el debate sobre Iraq, están relacionados con la poca capacidad de convicción y la falta de peso de su posición dentro del Consejo, o con su ambivalencia en relación a la política del Consejo sobre Iraq. El factor más importante es, sin duda, la presión ejercida implacablemente por los gobiernos de EEUU y el Reino Unido a los países más débiles del Consejo, a cambio de favores políticos, económicos y militares, en otras áreas. En este aspecto, China, Francia y Rusia, el grupo P3, se encontraban en una situación similar, ya que estaban constantemente sometidos a esta política de presión.
El Consejo era perfectamente consciente de las limitaciones del programa Petróleo por Alimentos desde sus inicios en diciembre de 1996, como lo había sido también de la insuficiencia económica de la asistencia humanitaria internacional en años anteriores. Los insuficientes niveles de ingresos para el programa humanitario siguieron siendo tema de preocupación para muchos de los miembros del CS durante las trece fases del programa. El Consejo había establecido una base económica de 1.300 millones de dólares para el período inicial de seis meses del programa Petróleo por Alimentos en 1996-97, sin haber hecho una rigurosa evaluación de las necesidades. Considerando el estado de la industria petrolífera iraquí, la eliminación del tope de los ingresos del petróleo en 1999, no proporcionó, ni podía proporcionar niveles adecuados de ingresos para el programa humanitario. A pesar de que el Secretario General del NNUU presentó en repetidas ocasiones propuestas de financiación complementaria, además de los ingresos provinentes de la venta de petróleo, al igual que hizo el embajador Amorim en 1999 (descongelar los activos de Iraq en el extranjero, contribuciones internacionales voluntarias, revitalizar la economía del sector privado, etc.), el CS nunca tomó una decisión al respecto.
Los iraquíes fueron abandonados al antojo del volátil mercado internacional del petróleo y de la debilitada industria petrolífera iraquí, en lugar de realizar evaluaciones constantes y detalladas de las necesidades del programa Petróleo por Alimentos, con el fin de proporcionar dotaciones económicas adecuadas y realizar los ajustes apropiados a la política sobre Iraq.
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Una generación de iraquíes alcanzó su adolescencia sin haber conocido una etapa sin sanciones económicas. Según Naciones Unidas, 600.000 menores de cinco años murieron a consecuencia directa de las sanciones
Violación de las leyes internacionales
No existe un acuerdo entre los protagonistas, ni en la comunidad internacional sobre si las exhaustivas sanciones económicas habían llevado a la violación de las leyes internacionales o no. Incluso existen disputas entre los que creen que las sanciones fueron provocadas por dicha violación. Algunos mantienen que el CS quebrantó las leyes internacionales premeditadamente, mientras que otros, opinan que no fue más que una violación de la ley por negligencia y prioridades cuestionables.
No puede haber desacuerdo alguno acerca de la legalidad de las sanciones económicas impuestas a Iraq por el CS en agosto de 1990 como respuesta a la invasión de Kuwait. Iraq había violado las leyes internacionales y el Consejo había decidido que dicha violación constituía una grave «amenaza para la paz» y que era un «acto de agresión» al que la comunidad internacional tenía derecho a responder con acciones militares y con sanciones económicas. Podemos discutir sobre si la Guerra del Golfo de 1991 se hubiera podido evitar con negociaciones, pero no era esta la cuestión. Sin embargo, son de gran importancia las preguntas sobre cómo se utilizó el derecho de imponer sanciones económicas a Iraq para aplicarlas, y si su imposición se convirtió -y cuando- en una violación de los derechos internacionales y en la causa de una catástrofe humanitaria. Al hacer estas preguntas, me pongo de parte de aquellos que sostienen que el CS no fue capaz de aplicar sus normas dentro de los límites prescritos por la Carta de NNUU.
Como hemos visto, la exactitud de esta afirmación es sencillamente abrumadora. En primer lugar, NNUU aplicó duras sanciones económicas sin haber determinado minuciosamente de antemano las necesidades de la población civil. Las resoluciones que se adjuntaron a dichas sanciones no estaban formuladas de forma precisa, dejando espacio para la interpretación y la explotación política, por lo que no era posible realizar una aplicación objetiva y controlable de las sanciones para proteger a la población iraquí.
Durante el período de las sanciones de 1990 a 2003, no se puede precisar la fecha concreta en que el CS pasó de ser una molestia soportable para un pueblo inocente a convertirse en «daño colateral», en un trato inaceptable e ilegal hacia la población iraquí. Yo diría que el primer paso hacia la violación del derecho internacional tuvo lugar en 1991, cuando el Consejo no respondió adecuadamente, en su política humanitaria, a las advertencias del Secretario General Adjunto de NNUU, Athisaari, y del Delegado Ejecutivo de NNUU, el príncipe Sadruddin Aga Khan, sobre la catástrofe de extraordinarias dimensiones que se estaba avecinando. El segundo paso importante hacía la ilegalidad estaba relacionado con la manera en que el CS llevó a cabo su mandato de supervisión.
Las resoluciones formuladas sin demasiado rigor, la falta de una evaluación de las necesidades, la negligencia con que se llevaba a cabo el control y los insuficientes recursos, eran la senda que llevó al Consejo de un destino inicial legal a uno ilegal. La protección humanitaria a los iraquíes se vio pronto anulada por el peso de las sanciones económicas a principios de los noventa.
Dejaremos que sean los expertos en derecho internacional los que aporten los detalles. Basta con recordar la indiferencia del CS por los principios básicos y el profundo impacto sobre la población iraquí. ¿Puede mantenerse de buena fe que se tuvo en cuenta el artículo 50 de la Convención y las Regulaciones de La Haya de 1907 al concebir las exhaustivas sanciones para Iraq?: «No se infligirá a la población penalización alguna, ni pecuniaria ni de ningún otro tipo, a causa de actos llevados a cabo por algunos individuos y por los que la población no puede ser considerada responsable, ni conjunta ni individualmente «. ¿No son los indicadores sobre mortalidad infantil, malnutrición y analfabetismo durante los años de las sanciones y sus causas, la prueba de que se había violado el artículo 50? Justo al inicio de la fase VIII del programa Petróleo por Alimentos en junio de 2000, el profesor Mark Bossuyt dio a la Comisión de Derechos Humanos de NNUU la valoración legal de las sanciones. Bossuyt, eminente abogado y juez del Tribunal de Arbitraje de Bélgica, sugirió la adopción de una prueba de seis pasos para evaluar la legalidad de las sanciones: Esta prueba está relacionada con la validez de las razones por las que existen las sanciones, el objetivo, la duración, la efectividad y la aceptación de dichas sanciones por parte de la comunidad internacional. A medida que transcurrían los años, la validez inicial de las sanciones fue desapareciendo. Iraq abandonó Kuwait, se inició el proceso de desarme, el régimen de Bagdad se benefició de la existencia «invernadero» provocada por el aislamiento internacional y los iraquíes sufrieron la dictadura y las sanciones.
El embargo militar tenía justificación, pero las exhaustivas sanciones económicas no. Esto también responde a la pregunta sobre si las sanciones económicas iban dirigidas a las partes, bienes u objetos correctos. Un hombre mayor en Irbil fallecido por no disponer de las medicinas necesarias para tratar su enfermedad coronaria, o un niño muerto en Basora porque el hospital carecía de líquidos rehidratantes para tratar el cólera, o la joven de Hilla [Babilonia], analfabeta porque sus padres no tenían dinero para mandarla a la escuela, o los gemelos de Bagdad, discapacitados de por vida debido a una grave atrofia que padecieron de muy pequeños porque sus padres no les pudieron alimentar adecuadamente -¿eran ellos los objetivos correctos de las sanciones económicas?-.
El hecho de que el CS en la imposición de las sanciones no incluyera ninguna cláusula de finalización en un período determinado de tiempo en este caso único de sanciones había tenido un efecto prejudicial para los iraquíes. La referencia del profesor Bossuyt al efecto «importante coste futuro» es de especial importancia en el contexto de Iraq. Un niño o una niña iraquí con seis años de edad al comienzo de las sanciones en 1990, tenía diecinueve años al finalizar las mismas en 2003. En contraste con sus padres, habrán recibido, en el mejor de los casos, una educación «precaria»: maestros con falta de preparación, incluso maestros sin preparación alguna, ayudas limitadas para la enseñanza, escuelas de primaria y secundaria con libros de texto obsoletos o sin libros de texto y, desde luego, sin acceso al conocimiento más avanzado en grados superiores -éstas eran las características de la educación bajo sanciones-.
En mis visitas a distintas partes de Iraq, no sólo vi el maltrecho sistema educativo, el cierre gradual de las aulas, las bibliotecas vacías, las instalaciones sanitarias destruidas, y las aguas residuales de las alcantarillas por los patios de las escuelas. Escuché quejas tanto de los directores de escuela como de los padres. Hablé con los estudiantes y me di cuenta de su incertidumbre por el mañana, porque sabían que no van a estar bien preparados. Desde luego, es un «importante coste futuro» para los jóvenes inocentes, de quienes se espera que en un futuro desempeñen su papel a nivel regional, nacional e internacional.
Las sanciones económicas impuestas por el CS no escapaban a la protesta internacional. La protesta mundial en contra de estas sanciones indiscriminadas se hizo más fuerte en el transcurso de estos trece años y tuvo un efecto en la actitud de algunos países hacia la política de sanciones, lamentablemente, no en aquellos países que habían adoptado la línea dura e intransigente dentro del CS.
[…] La comunidad internacional no puede dejar de insistir en que tanto el CS en conjunto como cada gobierno miembro representado en el mismo durantes esos años, tenían conocimiento de esta catástrofe y la posibilidad de evitarla. Sin embargo, es más grave la omisión que el simple hecho de ignorar las posibilidades. El conocimiento y la adhesión a la política de Iraq que derivaron en el inmenso sufrimiento de una gente, invariablemente establece una relación fortuita e indica «intención». La prueba de que existe una intención nos lleva a la evidencia de una violación consciente de los derechos humanos y del derecho humanitario por parte de los gobiernos representados en el CS, principalmente de los gobiernos de EEUU y el Reino Unido.
Habrá personas que rechacen esta dura conclusión como un prejuicio insostenible antiamericano y antibritánico, pero no es así. No obstante, aquellos que confunden la realidad de los desmanes de los gobiernos estadounidense y británico y del CS, con los desmanes del dictador Sadam Husein y de su gobierno, están equivocados. Se puede aplicar un razonamiento similar a las medidas humanitarias de exención adoptadas. El CS debía y podía haber dotado al programa Petróleo por Alimentos para que la población iraquí estuviera «exenta» de falta de medicinas, de equipo de diagnóstico, de material educativo, etc. El hecho de que tuviera la posibilidad de hacerlo y prefiriera no hacerlo, nos lleva de nuevo a la cuestión de la «intención» y confirma que el suministro insuficiente de artículos humanitarios bajo las sanciones también constituía una violación del derecho humanitario internacional. El hecho de que, a veces, la falta de suministros humanitarios se debiera a la mala gestión de las importaciones por parte del gobierno de Iraq, no cuestiona la veracidad de esta afirmación. Incluso el uso de la totalidad de los ingresos, como permitía el CS con las sanciones, no habría servido para proporcionar la protección adecuada a la población civil iraquí, especialmente en las seis fases iniciales (1996-1999) del programa Petróleo por Alimentos. Es por tanto sólida la conclusión de que, desde el inicio del programa Petróleo por Alimentos en 1996, el CS había violado, entre otros, la Convención de NNUU sobre los Derechos del Niño, la Convención contra el Genocidio y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; un ejemplo de ello es la imposición de severas limitaciones al derecho de los niños a la educación, al desarrollo de su personalidad y a la sanidad.
Los años de sanciones y asistencia humanitaria, incluido el programa Petróleo por Alimentos, finalizaron con la victoria política de la línea dura del CS y la derrota de esta institución como instrumento para resolver conflictos internacionales, un rechazo al derecho humanitario actual, una afrenta al público internacional y la destrucción de una población que no tenía nada que ver con el conflicto político ni con el desarme.
Notas de IraqSolidaridad:
1. Diplomático brasileño, varias veces ministro de Exteriores de su país, Celso L. N. En 1999Amorim presidió un grupo de análisis del CS sobre Iraq. Amorim es autor del prólogo a la edición en inglés del libro de von Sponeck.
Traducción del inglés de Mercedes Bellavista y Gonzalo Fernández Parrilla