En los meses y años que condujeron a la invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos, marcharon juntos a la vanguardia de quienes propugnaban la guerra; como cabilderos, asesores en relaciones públicas y consejeros confidenciales de importantes funcionarios del gobierno, lanzaron advertencias contra las armas iraquíes de destrucción masiva, ensalzaron al líder exiliado Ahmed Chalabi […]
En los meses y años que condujeron a la invasión de Irak, encabezada por Estados Unidos, marcharon juntos a la vanguardia de quienes propugnaban la guerra; como cabilderos, asesores en relaciones públicas y consejeros confidenciales de importantes funcionarios del gobierno, lanzaron advertencias contra las armas iraquíes de destrucción masiva, ensalzaron al líder exiliado Ahmed Chalabi y sostuvieron que derrocar a Saddam Hussein era una cuestión de seguridad nacional y un deber moral.
Ahora, mientras los combates continúan en Irak, cobran decenas de miles de dólares en honorarios por ayudar a empresas clientes a buscar contratos federales y otras oportunidades financieras en Irak.
Por ejemplo, un antiguo asistente del Senado que contribuyó a obtener fondos del gobierno para opositores a Hussein en el exilio, los cuales tienen hoy día participación activa en asuntos iraquíes, posee un contrato por 175 mil dólares para asesorar a Rumania en la obtención de negocios en Irak.
La facilidad con que estas personas han pasado de promover políticas y aconsejar a altos funcionarios del gobierno para ganar dinero en actividades ligadas con sus políticas y consejos, refleja los borrosos límites existentes en ocasiones entre los intereses públicos y privados en Washington. En la mayoría de los casos, las leyes federales sobre conflicto de intereses no se aplican a ex funcionarios o a quienes fungen sólo como asesores.
Larry Noble, director ejecutivo del Centro para Políticas Responsables, señaló que las acciones de ex funcionarios y otros que participan en juntas de asesores del gobierno, si bien no son ilegales, pueden plantear la aparición de conflictos de interés. »Ponen en duda si el consejo que dan es por su propio interés más que por interés público», expresó.
Michael Shires, profesor de política pública en la Universidad Peppeddine, piensa de otra manera. »No veo una cuestión ética en eso», opina. »Lo que veo son individuos que miran por sus propios intereses».
El caso Woolsey, ex director de la CIA
El ex director de la CIA, R. James Woolsey, es un ejemplo prominente del fenómeno, al mezclar sus intereses de negocios con los que, según él, son los intereses estratégicos del país. Salió de la CIA en 1995, pero sigue siendo consejero del gobierno en asuntos de inteligencia y seguridad nacional, Irak entre ellos. Al mismo tiempo trabaja para dos empresas privadas que hacen negocios en el país árabe y es socio de una compañía que invierte en firmas especializadas en servicios de seguridad y antiterrorismo.
Woolsey declaró en una entrevista que no participa directamente en las actividades de la empresa relacionadas con Irak. Sin embargo, como vicepresidente de la firma consultora Booz Allen Hamilton, fue orador en mayo de 2003 en una conferencia copatrocinada por la compañía, en la cual unos 80 ejecutivos de empresas y otros pagaron hasta mil 100 dólares cada uno para escucharlo disertar sobre el panorama económico y las oportunidades de negocios en Irak.
Antes de la guerra, Woolsey fue miembro fundador del Comité para la Liberación de Irak, organización fundada en 2002 a solicitud de la Casa Blanca para ayudar a ganar apoyo público para la guerra. También escribió sobre la necesidad de un cambio de régimen y formó parte del comité asesor de la CIA y del Consejo de Política de la Defensa, cuyos miembros honorarios han dado asesoría sobre Irak y otros asuntos al secretario de la Defensa, Donald H. Rumsfeld.
Woolsey es parte de un pequeño grupo que muestra con inusitada claridad la forma, semejante a un engranaje, en que puede operar el sistema de los »iniciados»: moviéndose en los mismos círculos sociales, a menudo participando juntos en comités gubernamentales y con grupos de reflexión y de asesoría que tienen ideas similares, escribían cartas a la Casa Blanca para exigir la acción militar en Irak, formaban organizaciones que presionaban por la invasión e impulsaban la legislación que autorizaba la ayuda a grupos en el exilio.
Una vez que comenzó la guerra, y a pesar de la violencia y la inestabilidad en Irak, se han colocado en consorcios privados.
Los otros
En el grupo, además de Woolsey, figuran:
* Neil Livingstone, antiguo auxiliar del Senado que fue asesor del Pentágono y del Departamento de Estado y lanzó repetidos llamados públicos a derrocar a Saddam Hussein. Encabeza la empresa GlobalOptions, radicada en Washington, que proporciona contactos y servicios de consultoría a compañías que hacen negocios en Irak.
* Randy Scheunemann, antiguo asesor de Rumsfeld que ayudó a redactar la Ley de Liberación de Irak de 1998, la cual autorizaba una partida de 98 millones de dólares en ayuda estadunidense a grupos iraquíes en el exilio. Fue presidente fundador del Comité para la Liberación de Irak. Ahora ayuda a los estados que formaron parte del bloque soviético a obtener negocios allá.
* Margaret Bartel administró fondos federales canalizados al grupo de Chalabi en el exilio, el Congreso Nacional Iraquí (CNI), inclusive los destinados al programa de inteligencia de preguerra sobre las supuestas armas de destrucción masiva iraquíes. Ahora dirige una firma consultora de la zona de Washington que ayuda a presuntos inversionistas a encontrar socios iraquíes.
* K. Riva Levinson, cabildera en Washington y especialista en relaciones públicas, recibió fondos federales para conseguir apoyo para el CNI antes de la guerra. Tiene estrechos vínculos con Bartel y ahora ayuda a compañías a abrir puertas en Irak, en parte mediante sus contactos con el CNI.
Otros promotores de la acción militar contra Hussein buscan ahora oportunidades de negocios en Irak. Dos ardientes partidarios de la acción militar, Joe Allbaugh, que dirigió la campaña del presidente Bush para la Casa Blanca en 2000 y más tarde encabezó la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, y Edward Rogers hijo, asistente del presidente Bush, ayudaron en fecha reciente a crear dos empresas para promover negocios en el Irak de posguerra. El bufete jurídico de Rogers cuenta con un contrato por 262 mil 500 dólares para representar al Partido Demócrata del Kurdistán iraquí. Sin embargo, ni Rogers ni Allbaugh tienen el alto perfil de Woolsey.
Poco después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Woolsey escribió un artículo de opinión en The Wall Street Journal en el que afirmaba que un Estado extranjero había ayudado a Al Qaeda a preparar los ataques. Nombró a Irak como el principal sospechoso. En octubre de 2001 el subsecretario de Defensa, Paul D. Wolfowitz, envió a Woolsey a Londres para recabar información de inteligencia que vinculara a Hussein con los ataques.
En la conferencia de mayo de 2003 en Washington, titulada Compañías en el terreno: el reto para las empresas en la reconstrucción de Irak, Woolsey habló sobre cuestiones políticas y diplomáticas que podrían afectar el progreso económico. También se manifestó a favor de la decisión del gobierno de Bush de dar preferencia a empresas estadunidenses en los contratos de reconstrucción.
En una entrevista, Woolsey sostuvo que no veía conflicto entre promover la guerra y después asesorar a empresas para hacer negocios en Irak. Su firma Booz Allen es subcontratista de un convenio en telecomunicaciones por 75 millones de dólares en Irak y también ha dado apoyo para la administración de donaciones federales. Woolsey aseguró que no participó en esa tarea.
El ex director de la CIA fue entrevistado en la oficina en Washington del Paladin Capital Group, firma de capital de riesgo de la cual es socio. Paladin invierte en compañías dedicadas a la seguridad interna y a la protección de infraestructura, declaró. También es consejero por honorarios de GlobalOptions, la empresa de Livingstone. Sostuvo que su trabajo en esa empresa no tiene que ver con Irak.
Bajo la dirección de Livingstone, Global-Options »ofrece una amplia gama de servicios de seguridad y manejo de riesgos», según su sitio web. En un artículo de opinión para Newsday, en 1993, Livingstone escribió que Estados Unidos »debe emprender un masivo programa encubierto destinado a derrocar a Hussein».
En una entrevista reciente, Livingstone aseguró que tenía reservas respecto de la guerra, sobre todo por el fracaso en encontrar armas de destrucción masiva. Pese a ello ha sido orador regular en seminarios sobre inversiones en Irak.
En tanto Livingstone se ha enfocado en oportunidades para estadunidenses, Scheunemann se ha concentrado en ayudar a estados del antiguo bloque soviético. Encabeza una firma de cabildeo en Washington llamada Orion Strategies, la cual comparte el domicilio del vocero del Congreso Nacional Iraquí en la capital estadunidense y la del ahora extinto Comité para la Liberación de Irak.
Entre los clientes de Orion está Rumania, que firmó un contrato por 175 mil dólares a nueve meses a principios de este año. Entre otras cosas, el contrato indica que Orion promoverá los »intereses de Rumania en la reconstrucción de Irak». Scheunemann también ha viajado a Latvia, antiguo cliente de Orion, y se reunió con un grupo de empresarios para analizar prospectos sobre Irak.
Pocas personas abogaron por la guerra con tanto vigor como Scheunemann. Apenas una semana después del 11 de septiembre, se unió a otros conservadores para enviar una carta a Bush en la que exigían el derrocamiento de Hussein. En 2002 se convirtió en el primer presidente del Comité para la Liberación de Irak, el cual obtuvo su mayor éxito el año pasado, cuando 10 países de Europa oriental respaldaron la invasión estadunidense. Conocidos como »los 10 de Vilnius», mostraron que »Europa está unida por un compromiso para poner fin al régimen sanguinario de Saddam», dijo Scheunemann en esa ocasión.
Scheunemann se negó a hablar sobre sus actividades relacionadas con negocios en Irak. »No puedo ayudar en eso», respondió. Scheunemann, Livingstone y Woolsey desempeñaron sobre todo en público su papel de promoción de la guerra. En contraste, Bartel y Levinson operaron más que nada fuera de la mirada pública.
A principios de 2003, Bartel se volvió directora de Boxwood Inc., empresa de Virginia fundada para recibir fondos estadunidenses para el programa de inteligencia del Congreso Nacional Iraquí. Hoy, críticos en el Congreso afirman que el CNI suministró información falsa sobre los esfuerzos de Hussein por desarrollar armas de destrucción masiva y sus vínculos con Osama Bin Laden.
Bartel comenzó a trabajar para el CNI en 2001. Fue contratada para supervisar su uso de fondos del gobierno después de varias auditorías oficiales adversas. Luego del comienzo de la guerra, fundó una empresa en Virginia, Global Positioning. Afirma que el objetivo principal de la compañía es »introducir a sus clientes al mercado iraquí, ayudarlos a encontrar socios potenciales iraquíes, preparar reuniones con funcionarios del gobierno… y prestar apoyo en el terreno para sus intereses de negocios».
La empresaria trabaja en estrecha colaboración con Levinson, directora gerente de la firma de cabilderos de Washington BKSH & Associates. Francis Brooke, asistente directo de Chalabi, señaló que BKSH recibía 25 mil dólares al mes por promover al CNI, y que Levinson »hizo un gran trabajo en nuestro nombre». En 1999 Levinson fue contratada por el CNI para manejar relaciones públicas. Según ella, su contrato terminó el año pasado. Antes de la invasión y en los primeros días de combates, Chalabi y el Congreso tenían vínculos estrechos con el gobierno de Bush, pero la relación se ha enfriado.
Levinson declaró al diario británico The Times: »No vemos conflicto de interés en utilizar el conocimiento y contactos que obtuvimos en Irak mediante nuestro trabajo previo con el CNI para apoyar el desarrollo económico del país. A decir verdad, lo veo como una tarea complementaria hacia un objetivo compartido de construir un país democrático».