En este desfile de bolsos, valijas e inflación de empresarios y exfuncionarios «arrepentidos» es bueno recordar que no estamos ante héroes que merecen el tratamiento de patriotas. Se trata de malandrines que se beneficiaron con sus vínculos con el poder estatal de turno, pagando fuertes sumas para ello. Desde hace un par de semanas Argentina […]
En este desfile de bolsos, valijas e inflación de empresarios y exfuncionarios «arrepentidos» es bueno recordar que no estamos ante héroes que merecen el tratamiento de patriotas. Se trata de malandrines que se beneficiaron con sus vínculos con el poder estatal de turno, pagando fuertes sumas para ello.
Desde hace un par de semanas Argentina asiste a la impúdica exhibición de lo peor de la Argentina. Las principales pantallas televisivas y las tapas de los diarios hegemónicos están ocupadas en el recuento de bolsos y valijas que habrían contenido las coimas, sobornos o aportes de variados empresarios de primera línea.
Este fenómeno, con toda la importancia que tiene, fue largamente superado por la catarata de «arrepentidos» que en los pasillos del cuarto piso de los tribunales federales, literal y no metafóricamente, estaban a los codazos para adelantarse a sus colegas en la tarea de llegar primero al acto de delatar para no ir presos, mejorar su situación procesal y -al final- tener una condena menor. En esa pretensión no le fueron a la zaga algunos renombrados políticos.
¿Qué estaba pasando? Una fotocopia de varios cuadernos, de la reconocida marca escolar «Gloria», textos hechos con una «escritura perfecta» habían llegado a los estrados judiciales. Lo escrito, muy ordenado, cargado de llamativas informaciones formaba parte de lo que estaba instalado en buena parte del imaginario colectivo.
Un chofer, ex (¿ex?) policía, en su rol de alcahuete y mantenido del poder, relataba historias de las cuales nos llegaban noticias desde hace varios años y practicadas desde los mismos orígenes de nuestra historia. Se trata de los «favores del poder» con los cuales convivimos desde que tenemos memoria.
Claro está que esta práctica tiene proporciones y metodologías diversas. Los sectores políticos involucrados en estas denuncias no pertenecían al riñón del poder económico y los montos que cambiaron de destino fueron muy significativos. Es probable que quienes hoy los suceden -en la administración estatal- que sí forman parte del sistema de poder económico, usen otras formas más disimulables (fuga cibernética de capitales) aunque su daño no sea menor.
Esta denuncia puso sobre la superficie un dato imaginado, pero pocas veces expuesto: se trata de la corroboración del estrecho maridaje de las grandes fortunas con las prebendas estatales. El vínculo de estos grandes empresarios con el poder mediático hizo que una vez que eligieron la estrategia del «arrepentimiento» fueran siendo presentados, ante la opinión pública como unos patriotas que estaban haciendo un favor a la ética pública.
Sobre esto hay que ser preciso. Son bandidos que haciendo el cálculo entre costo-beneficio evalúan que el camino que han tomado les dará algunas ventajas frente a quienes han preferido callar.
Los «beneficios» se podrán medir en función de la posibilidad de retener una mayor porción del fruto de los delitos cometidos, tener sensibles mejoras en la condena final y no tener que pasar ahora por la incomodidad de dormir en condiciones muy distintas a las acostumbradas.
De todas maneras, lo inédito del caso, el peso económico y político de los que están metidos en el baile hace dudar sobre los efectos legales del mismo. Aunque, sin lugar a dudas reforzarán la impresión colectiva sobre el origen de las grandes fortunas y el uso indebido -que hacen algunos funcionarios- de la facultad de ejercer la administración del Estado.
Si todo esto fuera llevado a fondo serían muy pocos los empresarios y políticos que podrían «tirar la primera piedra». Es posible que los miembros del actual gobierno, cegados por sus necesidades coyunturales, no hayan reparado en todo lo que significa su contribución a que se abra esta «caja de Pandora».
Acorralados por una inflación que llena de padecimientos a los que menos tienen y por un grupo de gobernadores que no están dispuestos a ser el «pato de la boda» no ven más allá de sus narices. Ni siquiera olfatean el triste final de su aventura gubernativa y quieren aprovechar una situación que posiblemente termine envolviéndolos en los pliegues de lo mismo que están acusando.
Aunque también lleva a pensar que otros escalones de esta maniobra, típica de servicios de inteligencia, tengan intereses -nacionales e internacionales- que hoy nos cuesta imaginar. Con o sin condena final lo que está pasando es otro sopapo al sistema institucional argentino y el futuro de los involucrados nunca más recuperará los brillos de otros tiempos.
El senador y cineasta Fernando Pino Solanas denunció penalmente a los empresarios «arrependitos» Angelo Calcaterra (constructor, primo del presidente Mauricio Macri), Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción) , Aldo Roggio (empresario de la construcción y de Metrovías), Jorge Guillermo Neira, Héctor Zavaleta, Javier Sánchez Caballero, Armando Loson y Juan De Goicoechea por evasión fiscal y lavado de activos.
Pero, dice Solanas en su denuncia ante la justicia, el dinero que entregaron a los distintos funcionarios no podía ser declarado por las empresas que dirigían, por tratarse de dinero que iba a ser utilizado en fines ilícitos: era dinero proveniente de lavado de activos, a través de distintas operaciones ilícitas, o proveniente de ganancias lícitas de las empresas, pero cuyas sumas no eran declaradas, a los efectos de evitar el pago de los tributos, con la utilización de facturas apócrifas, algo muy común en los ámbitos empresarios.
El calvario de los presos «comunes»
En momentos de tanta y confusa desesperación cabe aclarar algunas cuestiones vinculados a los presos comunes y el sistema carcelario. El tema viene como consecuencia de un difundido Informe que acaba de publicar la reconocida Comisión Provincial de la Memoria (de la Provincia de Buenos Aires), presidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En este sentido es interesante volcar algunos datos sobre la evolución de la cantidad de presos, la cuestión carcelaria, la opinión callejera y lo que dice nuestra Constitución. Las conclusiones quedan a cargo de cada uno. Dice el Artículo 18 de la Constitución, en su parte final: «Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice».
A ese texto lo podemos complementar con varios pensamientos que pululan en diferentes estratos de la sociedad, particularmente alimentados por los grandes medios de comunicación. «La cárcel es una puerta giratoria»; «Los extranjeros vienen a la Argentina para delinquir»; a lo cual hay que agregar una idea fuertemente instalada en la sociedad como una cuestión defensiva frente a una variada cantidad de hechos que nos agobian.
Frente a esas situaciones buscamos o tenemos un responsable e inmediatamente planteamos: «Hay que meterlo preso». Como si la cárcel fuera una solución para nuestros males.
El Informe de la Comisión caracteriza al año 2017 como «un período récord de detenidos, hacinamiento, torturas y muerte en las cárceles», a lo cual agregan que «es otra prueba del fracaso del punitivismo y la crisis del sistema penal». Los presos, en toda la provincia, la más poblada del país, pasaron de 38 mil en 2016 a más de 43 mil en 2017.
Las cárceles bonaerenses alojan cerca del 90% de los presos, con una superpoblación del 90%. En esos penales se produjeron -en ese período- 134 muertos. Los enfermos de tuberculosis pasaron de 187 a 436 y hubo 2.800 casos de tortura por golpizas y otros métodos. Mientras tanto en las comisarías bonaerenses, para el 2017, que alojaron un poco del 10% del total de presos, la superpoblación superó el 200% y los muertos fueron 22.
En la Provincia de Buenos Aires en el 2017 el número de presos creció un 13%, en los años anteriores (2006/2016) dicho aumento había sido del 57%, en tanto que el crecimiento nacional, para el mismo período, rondaba el 41%.
En estos 10 últimos años el número de presos triplicó al aumento de la población.
Suele decirse que nuestras cárceles están llenas de extranjeros. Los datos indican que el 5,9% de los presos son extranjeros (año 2017), apenas un poco más que el 4,8% de extranjeros residentes en el país.
Nacionalmente, dos de cada tres presos son menores de 35 años y el 72% de los mismos no terminó la escuela primaria, todos ellos -obviamente- pobres. Aquí tenemos una de las grandes paradojas del sistema en el que vivimos. Es una auténtica fábrica de pobres, pero también tiene un método para reducir sus efectos: ¡Meterlos presos! Los efectos de esta política están a la vista, crecen los hacinamientos y las cárceles transformadas en escuelas del delito.
Como cierre dejemos un dato y una tendencia que son importantes y explicativos de lo que pasa. La información actual indica que la población penitenciaria mantiene un crecimiento sostenido. Hay otro detalle significativo, la desproporción entre los recursos asignados a la infancia y a seguridad. En la Provincia de Buenos Aires, el presupuesto para la infancia (0,3%) es significativamente inferior al destinado a seguridad (9%). Los efectos son públicos y notorios.
Juan Guahán, Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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