Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Mahdi Saleh Abd, de 32 años, sigue traumatizado por las imágenes de sus hermanos asesinados. Unos pistoleros les dispararon a los dos en el interior de su casa. La familia, de confesión chií, huyó de la ciudad de Habbaniyah, situada en la provincia de Anbar, de mayoría árabe sunní. Pero antes de que lograran escapar, unos criminales tendieron una emboscada a la familia y le rajaron la garganta a un tercer hermano delante de Abd y de su madre.
Eso fue hace dos años, pero cuando cuenta su historia en el interior de un trailer en un campo para personas desplazadas situado al sur de Iraq, su rostro refleja toda la angustia del mundo.
El Ministro para los Desplazados y las Migraciones ha ordenado el cierre del campo de tiendas de campaña y trailer situado en el desierto, donde la familia de Abd vive junto con otros 230 familias musulmanas chiíes en las afueras de la ciudad sureña de Nayaf, casi todos desplazados de la provincia de mayoría sunní de Anbar o de las barriadas sunníes de Bagdad. Los funcionarios dicen que el gobierno está planeando cerrar otros campamentos para desplazados en Iraq. Un funcionario los describió como «falsos campos», llenos de criminales que se aprovechan de la ayuda proporcionada por organizaciones no gubernamentales.
«Llevo dos años buscando trabajo. No tenemos donde ir», dijo Abd, con los ojos llenos de lágrimas ante el solo pensamiento de volver al lugar donde fueron asesinados sus hermanos. «Habbaniyah sólo tiene ahora gente sunní. Cuando les necesites no van a defenderte. Mataron a tres miembros de mi familia».
Pero las presiones continúan y las organizaciones privadas de beneficencia han empezado también a dar por finalizadas sus operaciones.
Los chiíes no son los únicos afectados. En Faluya, al oeste de la provincia de Anbar, familias sunníes desplazadas de barriadas chiíes habitan en un edifico sin ventanas que una organización benéfica islámica les cedió hace dos años.
No hay agua corriente; los huecos de la escalera están llenos de basura, y las familias han ido separando habitaciones con chapas onduladas de hojalata. El edificio es tan sólo el armazón de lo que debió haber sido, pero es un puerto seguro.
Ahora la Sociedad Islámica, un grupo sin fines lucrativos que es quien ostenta la propiedad del hospital a medio terminar, les ha ordenado que lo abandonen. Los residentes, en espera del desalojo, han recibido una notificación para que se presenten en un tribunal. Bagdad es bastante seguro, dijo Abdul Nasser al Qubaisi, representante de la organización. Las familias tienen que irse, dijo.
Según la Organización Internacional de Migraciones, una organización no lucrativa afiliada a las Naciones Unidas, más de 2,8 millones de iraquíes están internamente desplazados y dos millones más han huido a otros países.
El Ministerio para los Desplazados y las Migraciones no ha dado explicación alguna de su intento de cerrar los campos para desplazados, de los cuales el mayor es el ubicado en Nayaf.
En la cultura iraquí se considera humillante vivir en tiendas y trailer y sólo los más desesperados de la sociedad iraquí residen en el campo. Muchos de ellos habían estado viviendo en casas improvisadas hechas con carrizo antes de que esos hogares fueran arrasados con buldózer. Alrededor de un mes después se abrió este campo.
El gobierno prometió un millón dinares iraquíes, alrededor de 847$, a los desplazados que regresaran a los hogares donde hubieran estado anteriormente registrados y seis meses de renta para aquellos que se han tenido que convertir en ocupas.
«No queremos que la gente permanezca allí y se convierta en un lugar para criminales y prácticas ilícitas», dijo Ali Sharlan Moha, director de departamento en el Ministerio para los Desplazados y las Migraciones. «No queremos tener campos. Esto no es Darfur… Queremos ayudarles a recuperar sus vidas».
Actualmente, el gobierno provincial ha bloqueado los esfuerzos del Ministerio para cerrar el campo.
«No tienen derecho a obligar a toda esa gente a volver», dijo Asaad Abu Galal, gobernador de Nayaf, cuando esperaba en una tienda en el exterior del campo mientras el ejército iraquí repartía la ayuda de una organización benéfica estadounidense en el Equipo de Reconstrucción Provincial local. «Deben regresar por voluntad propia».
Alrededor de treinta familias se fueron a casa y una familia fue asesinada al regresar. Ahora todo el mundo teme que ese pueda ser su destino.
A pesar de las presiones ejercidas sobre la gente para que regrese, la Organización Internacional de las Migraciones, que no ha recomendado el regreso, dice que el gobierno está intentando actuar correctamente.
«Es deber del gobierno ayudar a su propio pueblo y están intentando hacerlo, pero no pueden obligar a nadie y no lo están haciendo. Están tratando de dar respuesta a los pocos que quieren regresar», dijo Rafiq Tschannen, jefe de la misión iraquí en la Organización Internacional para las Migraciones. «Confiamos y rezamos para que esa tendencia aumente de forma positiva y estamos contentos de que el gobierno esté respondiendo en estos momentos».
Pero los miembros del comité para las personas desplazadas del Parlamento están preocupados de que el gobierno esté obligando a la gente a volver antes de que sea conveniente hacerlo tan sólo para reforzar su imagen.
«El gobierno intenta cerrar la cuestión de los desplazados en Iraq para finales de 2008», dijo Bassin al Asan, miembro del comité parlamentario para los desplazados. «Proclaman que hay seguridad y estabilidad política, por lo que no hay razón para mantener esos campos… Eso se llama conseguir un objetivo político a costa de una situación humanitaria».
Este año, el gobierno prometió alrededor de 85 millones de dólares de ayuda a los desplazados en el presupuesto complementario aprobado en agosto. Pero sólo ha gastado hasta ahora 500.000 dólares, dijo Shalan.
Los que regresan semejan más un goteo que una marea. Pero en los últimos meses, por vez primera desde 2003, el número de personas que retorna a sus hogares es ligeramente más alto que el de los que huyen. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en Bagdad, donde la mayoría de sus habitantes se vieron forzados a convertirse en desplazados, ha regresado alrededor de un 8%,
Pero las cifras no importan para los desplazados. Los rumores sobre gente asesinada al regresar son causa suficiente para que ni se les ocurra pensar en hacerlo.
Manal Ghaidan abandonó la barriada de Yihad, situada al oeste de Bagdad, cuando sus tres niños y su marido fueron asesinados hace dos años. Huyó con otro hijo y tuvo que vivir en la calle durante meses antes de poder trasladarse al edificio a medio construir que la Sociedad Islámica de Faluya cedió a los desplazados.
Ahora, el aviso de desalojo le hace temer tener que regresar al lugar del que huyó o tener que encontrar un nuevo hogar que alquilar a precios altísimos.
Ghaidan recuerda cuando tuvo que pasar en su calle por encima de tantos cadáveres y cuando tuvo que recoger a los muertos de su familia en la morgue.
«Si nos vamos de aquí, ¿dónde podremos ir?, preguntó. «Ni siquiera podemos alquilar un coche que nos lleve de regreso. No podemos volver allí. Vimos las matanzas con nuestros propios ojos».
En Nayaf, Abd se mofó de la visita realizada al campo la semana pasada por el Ministro para los Desplazados y Migraciones.
«Todos los días viene alguien y nos amenaza», manifestó.
Una mujer le interrumpió cuando la gente del capo se reunió para protestar en contra del cierre de las instalaciones.
«El Ministerio dijo que volviéramos a casa, pero no tenemos hogar», dijo. «Tengo tres mártires en mi familia. Me preguntó que de dónde venía», recordaba Abd. «Le dije que de Habbaniyah».
«Pues vuelve a Habbaniyah», recordaba Abd que fue la respuesta del Ministro Abdul Samad Rahman Sultan.
«Dicen que la zona es ahora segura, pero no es verdad», dijo. «El gobierno es quien está diciendo eso, pero hay bastante gente que nos aconseja que no regresemos».
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