Los movimientos de trabajadores de la Economía Popular volvieron a ganar las calles

En Buenos Aires, hubo asambleas y concentraciones en las estaciones de Constitución y Once, La Plata, La Matanza, José León Suárez (San Martín), Burzaco, Guernica, Monte Grande, Quilmes y Del Viso (Pilar), entre otras localidades. Las acciones se replicaron en Córdoba, Jujuy Capital, Abra Pampa y La Quiaca (Jujuy), Resistencia (Chaco) y Formosa Capital, entre otros puntos. En tanto, la UTEP realizó una asamblea y protesta frente a la entrada del Country Club Indio Cua, donde tiene una propiedad el cuestionado jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni.
También, en la Ciudad de Buenos Aires las organizaciones sociales realizaron asambleas y concentraciones en las estaciones de Constitución y Once, en defensa de los planes sociales que sostienen comedores y ayuda en los barrios populares y en la lucha por trabajo genuino. Allí también se convocó con fuerza a movilizar el martes 7 de abril con la más amplia unidad de clase en defensa contra la ofensiva del gobierno de Javier Milei.
También hubo asambleas y concentraciones en el Conurbano bonaerense, en La Plata, Laferrere (partido de La Matanza), José León Suárez (San Martín), Burzaco, Guernica, Monte Grande, Quilmes y Del Viso (Pilar), entre otras localidades.
Desde las organizaciones sociales aseguran que el programa “Volver al Trabajo” le cuesta al Estado apenas el 0,1% del PBI: “No es por la economía, el verdadero plan es robarle el plato de comida a casi 1 millón de trabajadores para financiar corporaciones. La estrategia fue planificada: primero lo congelan para destruirte. Mantuvieron el ingreso en 78.000 pesos desde noviembre de 2023. Con esto generaron una brutal pérdida del poder adquisitivo del 74% real. Te matan de hambre y después te dicen que el programa ‘no sirve para vivir’. Con la eliminación, hunden a las provincias. Esto no es un problema de Capital. Hay casi 1 millón de titulares en todo el país. Solo en la Provincia de Buenos Aires hay 430.000, en Jujuy más de 42.000 y en Salta más de 39.000. Son millones de pesos que dejan de circular en las economías regionales. La gran estafa: ‘enseñar a pescar’ en el desierto. ¿A qué empleo vas a volver si Milei destruyó más de 300.000 puestos? Te quitan el trabajo en la cooperativa para darte un voucher en cursos de Arcos Dorados (McDonald’s) o Sinteplast. El Estado le paga a una multinacional para que le enseñe a un cartonero o a una cocinera comunitaria a sonreír detrás de un mostrador, sin ninguna garantía de contratación. Es una transferencia directa de recursos de los más pobres hacia las corporaciones concentradas. No buscan ‘autonomía’. Buscan destruir los lazos comunitarios. Al eliminar el Salario Social, quiebran la cooperativa, el club y el comedor. Quieren individuos aislados, desesperados por migajas, peleando por un curso inútil mientras el mercado los descarta”, advirtieron desde la Unión de Trabajadorxs de la Economía Popular (UTEP), una de las organizaciones convocantes.
Junto con el plan de lucha, que exige además políticas de promoción del empleo y formación laboral, el cese de los despidos y recortes en el área, las organizaciones sociales presentarán un amparo en los tribunales para frenar la eliminación del Volver al Trabajo.
“El impacto de la pobreza en las regiones va a crecer entre un 8 y 15% según la población en donde se condensan los trabajadores y trabajadoras que perciben 78.000 pesos. Por eso, contextualicemos, no es un problema de un sector específico, es un problema del conjunto de la sociedad y hay que asumir que hay que resolverlo. Por eso, desde acá en adelante vamos a anunciar las medidas de lucha que vamos a desarrollar en los próximos días”, reflexionó Gramajo.
Volver al Trabajo es un programa derivado del antiguo Potenciar Trabajo, que la ministra de Capital Humano, dividió en dos hace dos años, y uno de ellos es el que ahora decidió cerrar. Desde entonces, Volver al Trabajo dependía de la Secretaria de Trabajo, y tenía entre sus objetivos dar capacitación para el empleo a sus beneficiarios.
La ministra anunció que lo reemplazará por vouchers educativos que se supone deben formar a los desocupados, pero los movimientos sociales descreen de esa promesa ya que hasta ahora el sistema de vouchers impulsado por Pettovello, en convenio con algunas empresas, sólo dio cursos pilotos para alrededor de 80 personas.

Características de la Jornada de Lucha

En muchos puntos de lucha se recurrió a la quema de neumáticos sobre el asfalto, principalmente en los accesos a la Capital y las bajadas de autopistas o rutas. Para ello, la norma fue la presencia de militantes con los rostros cubiertos, palos como elementos de seguridad, bidones de nafta y un esquema elemental de organización para la autodefensa, al viejo estilo piquetero. En La Rioja la movilización se realizó frente a la casa de la familia Menem, repitiendo el método del escrache a funcionarios en sus domicilios que el MTE (UTEP) había realizado una semana atrás en el country donde tiene su casa Adorni, combinando factor sorpresa y efectividad. En algunas provincias se realizaron concentraciones frente a la gobernación, con un estilo más tradicional.
Las movilizaciones más nutridas se dieron en Rosario, Jujuy y también en Córdoba, donde no suele ser tan usual la masividad en este tipo de jornadas. Hubo marchas y cortes en Neuquén, Rio Negro, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Tucumán, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Salta, Entre Ríos, Chubut y Tierra del Fuego, y acciones menores en distintas localidades. En todas las provincias del país hubo algún tipo de actividad de lucha.
En el Gran Buenos Aires se habían anunciado seis bloqueos a la Ciudad, que se cumplieron, al menos parcialmente porque no llegaron a ser cortes totales: en Puente Pueyrredón (donde las organizaciones instalaron la “cabecera”), Puente La Noria, Puente Saavedra, Gral. Paz y Ruta 3 y Gral. Paz y Rivadavia, a lo que se sumó la Autopista Buenos Aires – La Plata, con dos cortes que tuvieron su particularidad, en la rotonda de acceso a La Plata y a la altura de Sarandí (ver más adelante). También hubo un corte de ruta en la rotonda del Vapor, en Burzaco.
En la provincia de Buenos Aires hubo protestas, además, en Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás y Pergamino.
Los momentos más tensos se dieron principalmente en las protestas en el Conurbano. El factor de conflicto fue la quema de neumáticos. Las fuerzas federales de seguridad buscaron apagar el fuego y retirar las cubiertas sin provocar escenas violentas de represión ni capturar manifestantes (salvo la detención por un breve lapso de un militante en Puente Saavedra, que enseguida fue liberado). En general lo lograron en Puente Pueyrredón, Gral. Paz y Ruta 3 y Puente La Noria, donde la Policía Federal, la Prefectura Nacional y en algunos casos la Policía de la Ciudad (saliendo de su jurisdicción) procedieron en apoyo al personal de Bomberos de la Federal. Allí se dieron empujones, forcejeos y en algún caso uso de gas pimienta por parte de la Federal, aunque no pasó a mayores. En la bajada de la Autopista Buenos Aires – La Plata el piquete con gomas encendidas bajo control de los manifestantes se instaló con más holgura cortando completamente la mano de acceso a La Plata, ante la ausencia de fuerzas federales; eso sucedió, además, después de una movilización muy nutrida que algunos participantes estiman en cerca de 3.000 personas.
Recién cuando había pasado más de una hora de la protesta con las gomas ardientes arribó Gendarmería, que garantizó la acción de los bomberos. Durante todo el tiempo previo un grupo de jóvenes organizados preparaban cascotes y mostraban gomeras en actitud de confrontación, aunque finalmente esa posibilidad no se dio. En el corte de esa misma autopista, pero a la altura de Sarandí, en cambio, sí hubo piedrazos a las fuerzas de seguridad cuando avanzaron contra los manifestantes para apagar el fuego, situación que se sostuvo de manera organizada durante varios minutos. Como sucede en otras marchas, el despliegue policial terminó complementando a la manifestación y el efecto final terminó siendo, en varios cortes, la imposibilidad total de circulación. Sin embargo, esta vez las fuerzas federales no efectuaron detenciones ni ataques directos a los manifestantes (salvo los empujones y gas pimienta mencionados).
Un dato relevante sucedió en los días previos a la jornada de lucha, donde se recuperaron algunas asambleas de base a las que volvieron integrantes de las organizaciones que habían dejado de participar. La institucionalización de los “movimientos sociales” y el desinfle que padecieron durante los años recientes había provocado la falta de participación, no solo en cantidad sino también por la ausencia de espacios de decisión asamblearios.
El escrache a Adorni que se había realizado una semana antes de la jornada nacional de lucha había sido precedido por asambleas donde los militantes encontraron mejor sintonía con su base social que en ocasiones anteriores, porque, ahora, quienes recibían el programa de empleo asumen que el gobierno ya no va a pagar. La combinación de militancia decidida y base dispuesta a la lucha da como resultado una potencia que aún no se traduce en masividad, pero sí en mayor firmeza en la protesta.
Lo que sigue son testimonios de militantes de distintas organizaciones que protagonizaron los piquetes:
“Sabemos que abrir algún tipo de negociación es imposible, aun así hubo ánimo de lucha”
“El malestar en los barrios se siente más ahora que hace 6 meses”
“Esto [la eliminación del programa Volver al Trabajo] va a implicar un proceso de más achique todavía”, aunque “nuevas personas se acercan a pedir lo básico, la comida”
“Nosotros creemos que la descentralización quita masividad, pero abre participación a lo local, a lo que no llega a la Ciudad”.
“Ayer estuvieron todos los movimientos, que convivieron armoniosamente”
“Los cortes son menos masivos que antes, por la desmovilización propia del sector y por los despliegues represivos que vienen siendo intimidantes”
“La combatividad tiene un objetivo básico: romper la matriz del miedo. Ahora cuando hay lío se va cada vez menos gente”.
Las organizaciones aún no definieron día para una próxima jornada de lucha; algunos militantes creen que podría ser cerca de la fecha de cobro, cuando las personas vean que no estará depositado el dinero. Si bien los militantes no pueden dar precisiones por cuestiones de seguridad, se refuerza la idea de apelar a formas de lucha contundentes, pero a la vez creativas, que logren llamar la atención y sorprender a los dispositivos represivos más aceitados, que son los que el gobierno despliega en los lugares habituales de piquetes (en la Ciudad de Buenos Aires y los accesos). Esos puntos seguirán siendo parte de las jornadas, al igual que las gobernaciones y municipios, lo que permite a los movimientos generar presión a gobernantes locales en busca de logros parciales que amortigüen los efectos del ajuste.
La posibilidad de volver a marchar en CABA se evalúa, por ahora, como posible “coronación del plan de lucha”, ya que eso implicaría medir fuerzas con el operativo represivo más concentrado. Algunos sectores no lo descartan, al contrario: creen que ese es un escenario que se va a tener que dar. Pero saben que para ello no solo deberán tener capacidad de resistir, sino también mayor masividad.

Olla popular frente al departamento de Adorni en reclamo por el cierre del programa Volver al Trabajo

La organización social Barrios de Pie instaló una olla popular frente al departamento donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio porteño de Caballito, en repudio al presunto enriquecimiento ilícito del funcionario y en rechazo al cierre de planes sociales como el programa ‘Volver al Trabajo’, que afectó a casi un millón de beneficiarios.
La manifestación se concentró sobre la calle Miró al 500, donde se sitúa una de las propiedades del funcionario libertario y que, actualmente, es objeto de una investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar si el patrimonio de Adorni puede ser justificado en base a sus ingresos.
La jornada se realizó bajo la consigna “mientras los comedores cierran, Adorni viaja en primera”, donde denunciaron el contraste entre el ajuste social que implementa desde el inicio de su gestión el presidente Javier Milei, con el estilo de vida de los funcionarios y, particularmente, con los viajes al exterior que realizó el jefe de Gabinete junto a su familia.
“Las cuidadoras comunitarias sostenemos la vida en nuestros barrios: cuidamos a las infancias, acompañamos a personas mayores y garantizamos un plato de comida en contextos cada vez más críticos. Sin embargo, hoy lo hacemos sin salario, sin derechos y sin reconocimiento”, se quejó la referente de Barrios de Pie Norma Morales.
Y agregó: “Nuestros objetivos son visibilizar el trabajo de las cuidadoras comunitarias como trabajo esencial, exigir reconocimiento salarial y derechos laborales, denunciar el impacto real de las políticas de ajuste en los barrios populares de todo el país, instalar en la agenda pública el rol clave de la economía popular en el sostenimiento de la vida”.
En tanto, más de 200 trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizaron una asamblea y protesta frente al Country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde el Jefe de Gabinete Manuel Adorni posee una de las viviendas que adquirió desde que es funcionario y que no incluyó en su declaración jurada. 
La medida impulsada por la UTEP se inscribe en la respuesta de las organizaciones sociales a la decisión del Gobierno de eliminar definitivamente, durante el mes de abril, el Salario Social Complementario, ex Potenciar Trabajo, hoy fragmentado bajo el nombre de “Volver al Trabajo”.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó un cambio estructural en su política social

Anunció que eliminará los planes sociales vigentes y los reemplazará por un programa enfocado en la capacitación y la inserción laboral. La medida fue establecida mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y alcanzará a unas 5.000 personas.
El nuevo esquema propone una transición de hasta 12 meses, durante la cual los beneficiarios deberán capacitarse y vincularse con el mundo del trabajo. El objetivo oficial es abandonar el modelo asistencial y avanzar hacia un sistema basado en la autonomía económica.
“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar”, sostuvo Jorge Macri al anunciar la medida.
Uno de los ejes centrales del nuevo programa es la eliminación de intermediarios. A partir de ahora, los pagos serán directos a los beneficiarios, con el objetivo de mejorar la trazabilidad del gasto y reducir posibles desvíos.
Durante el proceso de revisión del sistema, el Gobierno porteño informó que detectó 1.274 beneficiarios irregulares. El esquema anterior implicaba un costo anual cercano a los $10.000 millones y se sostenía a través de 85 convenios que serán dados de baja.
En paralelo, se establecerán criterios más estrictos de elegibilidad, vinculados a residencia, nivel de ingresos y situación socioeconómica, con el fin de focalizar la asistencia en quienes realmente lo necesitan.
El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, señaló: “Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban sin un horizonte de progreso”.
El nuevo programa está basado en la formación educativa, la capacitación laboral, el trabajo con impacto concreto y la vinculación con el sector privado. Para ello, se establecieron acuerdos con nueve cámaras empresariales, empresas y universidades. Además, la participación en instancias de formación será obligatoria. «Los beneficiarios deberán avanzar en su educación —cuando corresponda— y cumplir con estándares de desempeño. Quienes no cumplan con estas condiciones en el plazo establecido perderán el beneficio», señalaron en la misiva oficial.
Además, en ese comunicado resaltaron los puntos que consideran de máxima relevancia:
– Formación obligatoria: los beneficiarios deberán cumplir con instancias de capacitación laboral y educativa para mantener el apoyo.
– Plazo de un año: el programa tendrá una duración máxima de 12 meses.
– Articulación con el sector privado para brindar prácticas formativas y facilitar la inserción laboral: se suman empresas de servicios, salud, hotelería y mantenimiento como Hilton, Limpiolux, Farmacity y Trasa, además de Cámaras empresariales y Universidades.
– Criterios de elegibilidad claros: se establecen requisitos explícitos de residencia y situación social.
Llegando al final del comunicado que emitieron desde el Gobierno de la Ciudad, resaltaron que en el marco de estas políticas, la gestión que están llevando a cabo ya había avanzado en la implementación de una aplicación para los comedores: «ahora cada persona carga su DNI y esto permite tener un registro de cuántas raciones se entregan».
En esta línea, destacaron que en una fiscalización del Gobierno porteño «se reveló más de 5.000 raciones irregulares y beneficiarios que estaban muertos, o que tenían autos, inmuebles y hasta jubilaciones millonarias. Además, 40 comedores fueron cerrados», señalaron para finalizar el anuncio.

Informe sobre la crisis alimentaria en barrios populares

La presentación de los resultados de la Encuesta Socioalimentaria 2025 en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires puso sobre el tapete una experiencia institucional que interpela los modos tradicionales de producir información para la política pública.
Con esta presentación, el Observatorio Social por la Inclusión de la Misión Padre Pepe, surgido desde una organización comunitaria del Barrio 21-24 de Barracas, se posicionó como un actor que combina trabajo de base, sistematización de datos y lectura crítica del contexto económico y social.
El relevamiento –basado en 759 encuestas realizadas entre julio y septiembre de 2025 en comedores comunitarios de las comunas 1, 4, 7 y 9– confirmó que la alimentación se ha vuelto un eje crítico de la vida cotidiana en los sectores populares. El 65% de las personas encuestadas asiste entre tres y cinco veces por semana a comedores, mientras que un porcentaje significativo recurre a más de uno para completar su dieta. A su vez, el 70% declaró haber modificado su alimentación por razones económicas, principalmente reduciendo la cantidad o calidad de los alimentos.
“La discusión apunta a que pensemos quién produce la información con la que se toman decisiones”, sostuvo Julián Eyzaguirre, director del Observatorio, en la presentación realizada el 11 de diciembre pasado en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña. “Desde hace años las organizaciones comunitarias sostienen la alimentación y otras necesidades en los barrios. Hay legislación que acompaña el trabajo de los grupos comunitarios, pero no alcanza en el contexto actual. Por eso nos proponemos transformar esa experiencia del día a día en evidencia, en insumo para el diseño de políticas públicas, para disputar sentido y dar respuesta a lo urgente y necesario”, agregó.
La presentación del informe estuvo a cargo del equipo del Observatorio –integrado también por Facundo Ritterband, coordinador del proyecto; Mirna Florentín, directora de la Misión Padre Pepe; y Nilce Samudio, presidenta de la Asociación Civil y Centro de Participación Comunitaria “Padre Pepe de la Sierra”– y contó con la participación de funcionarios y referentes institucionales como Facundo Ramírez, director de Políticas Alimentarias del Gobierno porteño; Claudia Negri, legisladora de Unión por la Patria y vicedecana de la Facultad de Medicina de la UBA, y Andrea Pins, coordinadora técnica de la Dirección de Políticas Alimentarias.
Uno de los ejes del estudio fue la relación entre alimentación y salud. Casi el 39% de los hogares relevados convive con alguna restricción alimentaria, principalmente vinculada a diabetes e hipertensión. Sin embargo, un segmento significativo no cumple con las dietas indicadas.
Si bien una parte importante de los hogares recibe asistencia de la Dirección de Políticas Alimentarias porteña, el Observatorio advierte que los recursos muchas veces son insuficientes para garantizar una dieta equilibrada. “Cuando el ingreso alcanza solo para harinas y ultraprocesados, el resultado es pan hoy y problemas de salud mañana”, sintetizó, a su turno, Mirna Florentín, directora de la Misión Padre Pepe.
Desde el Ejecutivo comunal, en tanto, se valoró la articulación con el Observatorio. “La producción de datos desde el territorio permite ajustar las políticas alimentarias”, afirmó Facundo Ramírez, director de Políticas Alimentarias, quien además ratificó el compromiso de su cartera y su rol, en atender las necesidades que se plantean en este contexto.
Además, la legisladora Claudia Negri subrayó la importancia que la Legislatura cuente con información empírica para el debate normativo. “Sin datos, las políticas públicas quedan atrapadas en consignas”, afirmó, por último, la diputada de UxP.

Crece la demanda en comedores y merenderos

Así lo revela el informe “Situación de comedores, merenderos y ollas populares en la región” realizado por la Universidad Nacional de La Plata-Conicet. En comparación con el año pasado, aumentó la cantidad de personas que asisten en todos los grupos de edad, pero fue especialmente fuerte entre niños, niñas y adolescentes: más del 70% de los comedores reportó un incremento en este grupo. También hubo un aumento entre personas mayores, alcanzando casi al 64% de los espacios.
El estudio fue elaborado en los alrededores de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, por equipos de investigación UNLP-CONICET, docentes y estudiantes de la carrera de Nutrición y residentes hospitalarios. Se realizaron entrevistas a 61 servicios de asistencia directa (SDA), ubicándose la mayoría en los barrios populares del Gran La Plata.
Casi el 30% de los SDA presta atención dos días a la semana, seguido de aquellos que atienden uno (21%) y tres (19%). Los que asisten cinco días o más representan menos del 20%.
En cuanto a la población que asiste a los SDA, en la mayoría se registran un promedio de más de 180 personas (casi el 40% de la muestra) seguido por aquellos que asisten a más de 120 personas (27%).
El 90% de los SDA ofrece viandas para consumo domiciliario, más de un 34% distribuye productos sin elaborar y el 16% brinda comida elaborada para consumir en el local. A su vez, más del 35% de los SDA presenta una combinación de modalidades.
El servicio de merienda es el que se ofrece en mayor medida (75,4%), seguido por la cena (49,2%). De todos modos, muchos de los espacios suelen ofrecer más de un servicio: 36,1% brinda almuerzo y merienda; 34,4% merienda y cena y el 8,2% almuerzo y cena.
Respecto a los alimentos que más escasean, predominan el aceite (65,6%), azúcar (50,8%), carnes y verduras (36,1%), arroz y harina (29,5%) y fideos o puré de tomate (24,6%).
“La centralidad de estos alimentos dentro del funcionamiento diario de comedores, merenderos y ollas populares evidencia una profundización de las limitaciones detectadas en el relevamiento 2024, indicando un deterioro en la disponibilidad de insumos esenciales para garantizar aportes nutricionales mínimos y la sostenibilidad de la asistencia alimentaria comunitaria”, expresaron los investigadores.
Más del 76,7% de los referentes de los SDA señaló que hubo cambios en la calidad de la comida elaborada y ofrecida en relación a 2024, y en casi la totalidad de los casos ese cambio tuvo un carácter negativo. La disminución de cantidad y variedad de alimentos (sobre todo verduras y carnes) y aumento de la demanda, fueron las principales causas.
En relación al rol del Estado, el 64% de los SDA afirmó que recibe alimentos del gobierno provincial y aproximadamente 18% recibe también dinero. Mientras que la ayuda del gobierno nacional presenta una disminución significativa: solo 5% de los sitios recibe alimentos y 3% dinero. Más de la mitad de los SDA realizan actividades extras para poder sostener sus servicios.
El informe señala que las organizaciones sociales, iglesias, movimientos territoriales y espacios comunitarios siguen siendo el principal sostén alimentario, emocional y organizativo de los barrios.

Festival contra el desalojo de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes

El Gobierno Nacional, a través de la AABE, amenaza con desalojar a la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes de un local en el que se encuentra con la modalidad de comodato. La notificación la realizaron con un papel pegado en la puerta. En el lugar funcionan desde hace 20 años una radio comunitaria, una cooperativa de consumo, una olla popular, talleres de apoyo escolar y propuestas para las infancias, un ropero comunitario, además de actividades culturales como ciclos de cine, charlas y seminarios, y actividades para adultos mayores.
Compartimos la convocatoria de la Asamblea:
GRAN FESTIVAL ARTÍSTICO EN DEFENSA DE LA ASAMBLEA
 Sábado 14 de marzo
 Desde las 19:30
 Av. Corrientes 6114
Desde hace más de dos décadas, la asamblea es un espacio central para el desarrollo de múltiples actividades comunitarias como la FM 94.1 Radio Asamblea, Cooperativa de consumo La Yumba, Olla popular y merendero, Ropero comunitario, Talleres de apoyo escolar y propuestas para las infancias, actividades, talleres de radio y tango, ciclos de cine, recitales, presentaciones de libros, seminarios, etc.
Exigimos que el gobierno nacional revea está decisión.
PROGRAMACIÓN:
* Pintada de pañuelos
* Clases de Tango y Folklore
* Narradores
* Judith Martínez Canto
* Georgi Andino Canto
* Dúo Laureles Tango
* Hernán Fernández Tango
* Matemurga
* Quiero Retruco Coro
Con la participación especial de La Ferni

“La Biblio no se toca ¡no al desalojo!”

La Biblioteca Popular 20 de Diciembre está ubicada en pleno centro de Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires. Su primer nombre fue Biblioteca Rivadavia, allá por el año 1932, en su fundación por iniciativa de un grupo de jóvenes del Partido Socialista del distrito. Durante la dictadura cívico militar debieron cerrar sus puertas y retomaron la tarea cultural y educativa en los años 90. Tenía su sede en la calle Ameghino, hasta que en el año 1999 fue trasladada a su sede actual en Hipólito Irigoyen 514, lugar que hoy está en riesgo debido a un proceso judicial iniciado en 2018 por la propiedad del inmueble.
Desde la Biblio sus integrantes afirman que recién hace menos de un año tomaron conocimiento de ese juicio “a raíz de unas citaciones como testigos de ex autoridades de la biblioteca ante el Juzgado de Paz letrado en Escobar. Un grupo de personas entablaron una demanda de prescripción adquisitiva donde alegan que hace más de cincuenta años antecesores de ellos ocuparon esa propiedad, pese a no ser propietarios”. Ante la sorpresa inicial quienes activan y sostienen la Biblio denuncian que “en este proceso judicial no se nos dio intervención. La parte litigante omitió incluir a la Biblioteca como parte interesada”.
La Biblioteca está haciendo uso del inmueble desde hace 27 años con fines culturales y educativos, además de sumar solidariamente en cualquier actividad comunitaria. Por allí pasaron varias generaciones de la zona y  cuentan con un fondo bibliográfico de más de 20.600 ejemplares de todas las áreas de conocimiento. Dicha colección posee una marcada orientación en Humanidades y Ciencias sociales, destacándose el sector de Derechos Humanos – Arte – Literatura Infantil y Juvenil – Género y ESI. La colección de literatura para todas las edades e intereses incluye una destacada selección de poesía y teatro, la más amplia de las bibliotecas de la zona.
En el inmenso recorrido que realizan para la comunidad se pueden contabilizar por ejemplo las actividades y talleres de lectura gratuitas a cargo del grupo de mediadoras de la biblioteca, “una figura que cumple un rol clave para que más personas se sumen a leer, es quien genera ese contacto” explican desde la Biblio. El Taller de mediadores de lectura se realiza en conjunto con el IFDS N°55 de Escobar y la Universidad Nacional de Luján.
Dentro del espacio de la biblioteca se sostienen encuentros mensuales de mediaciones de lectura: Bebeteca (pequeñxs lectores de 0 a 3 años), Travesías de lectura (para adolescentes y jóvenes lectores), Club de lectura (para adultxs), taller de escritura para jóvenes y adultxs. Rondas de lecturas (un sábado al mes ambientan la Biblio con una temática en especial. Actividad para toda la familia).
Se reciben anualmente practicantes de bibliotecología del IFSD N°15 de Campana y grupo de estudiantes practicantes del IFSD N°55.
Anualmente participan de la Feria del Libro con el programa libro de CONABIP y han acompañado la creación de bibliotecas en distintos espacios: bachilleratos populares, merenderos, escuelas primarias y de adultxs, organizaciones sociales y donan libros para esos espacios.
Fuera de la biblioteca promueven la lectura a través de actividades en las plazas del distrito, organizaciones, comedores, escuelas públicas, Institutos de Formación, radio, bachilleratos populares, entre tantos lugares.
En busca de darle la mayor difusión posible a la situación de posible desalojo  comenzaron una campaña por redes sociales “para lograr el apoyo de toda la comunidad en la defensa del espacio para que la Biblioteca siga abierta garantizando el derecho a la cultura y la educación”.
En una entrevista brindada para el medio alternativo y comunitario Radio Activa, integrantes de la Biblio anunciaron la realización de un Festival para el sábado 18 de abril en la puerta del lugar que hoy les alberga y que defienden para toda la comunidad.
Mucha historia está en juego, por lo que la solidaridad y la participación son fundamentales en estos momentos.
Redes sociales de la Biblioteca Popular 20 de Diciembre de Escobar:
Instagram: @biblio20dediciembre
facebook https://www.facebook.com/BiblioLa20/

La Pampa: el sector cooperativo alerta sobre las dificultades que enfrenta por las políticas de Milei

El ajuste del gobierno nacional impacta cada vez más en los sectores productivos y las economías regionales.
El presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas (FEPAMCO), Jorge Páez, alertó: “Se le complica a los socios pagar en la cooperativa, a la cooperativa se le complica pagar a la Administración Provincial de Energía, a los municipios se le complica pagar a la cooperativa y al gobierno también se le complica pagar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A, es una cadena donde todos quedamos expuestos”.
Páez también mostró preocupación por el nuevo esquema de subsidios e incertidumbre por la falta de información oficial clara: “No tenemos la resolución de la Secretaría de Energía para saber a ciencia cierta cómo va a ser, porque cambian las reglas de juego permanentemente, lo que viene de Nación era de una manera, después de otra”.

«Colectiva La Picante» organiza una rifa para el techo de un comedor comunitario

La Colectiva La Picante es un espacio chiquito y emergente de exploración gráfica que utiliza el arte y los medios gráficos —en cualquiera de sus formatos— para ensayar acciones en la esfera pública, tanto en la calle como en el territorio digital. Nace de la experiencia sostenida de habitar la plaza de les jubilades, donde el hacer colectivo fue tomando forma.
No funciona como una estructura rígida, sino como un espacio abierto y poroso que se organiza a partir de la práctica. Su propósito es fortalecer vínculos en clave horizontal y tejer redes para unificar las luchas. Buscan contribuir a la construcción de “comunes”, potenciar las acciones artísticas y activistas que ya existen en la plaza y generar alianzas con otros colectivos, espacios autogestionados y grupos independientes.
La Colectiva también busca disputar la imagen que construyen los medios hegemónicos sobre la lucha de los jubilados. Si bien cumplen un rol clave al visibilizar la represión y la violencia institucional que ocurre cada miércoles en la Plaza del Congreso, la circulación casi exclusiva de esas escenas funciona como un arma de doble filo.
Por un lado habilita una denuncia necesaria; por otro, contribuye al disciplinamiento que busca imponer el protocolo anti piquetes. Mostrar sólo esas escenas alimenta el miedo y contribuye a naturalizar la idea de que el derecho a la protesta ya no existe.
A través de remeras, afiches, piezas gráficas y un foto libro actualmente en proceso, proponen mostrar otra escena: la de los gestos mínimos y potentes, los abrazos, las risas, los bailes y la creatividad desplegada para enfrentar a las fuerzas de seguridad.
Una plaza que no se agota en el espacio público, sino que se expande hacia lo doméstico y fortalece redes de cuidado. En esas imágenes y grafías reconocen una potencia política fundamental.
Hoy, las estrategias de cuidado colectivo son herramientas clave para enfrentar el disciplinamiento en un contexto de avance neofascista. Allí radica la apuesta: construir una postura crítica frente a las imágenes hegemónicas y las narrativas de revictimización que presentan a los jubilados como “pobres viejos”, en detrimento de su potencia como sujeto político combativo. Se trata, en definitiva, de poner en circulación otras imágenes, otras palabras.
En ese marco aparece la idea de “picantes”. En la jerga de la calle, “se va a picar” alude a la tensión, a la inminencia de la represión, al estar en alerta. La Colectiva toma ese significante y lo invierte: el picante ya no es sólo el gas pimienta ni el operativo desmedido; el picante está de su lado.
Picantear es proyectar colectivamente, es explorar nuevas imaginaciones políticas. La estampa elegida es la de Norma Plá, una figura que forma parte del imaginario popular que atraviesa generaciones. Pero no se trata sólo de una imagen: lo que les interesa es su gesto. Los brazos en alto, el cuerpo expandido, ocupando espacio, diciendo “estoy acá”, “estamos acá”. Un gesto contundente: acá nos plantamos, nadie se da por vencido.
En esos brazos levantados conviven la efervescencia de la murga y la fiesta, la potencia del abrazo, la alegría del encuentro y también la voz alzada de la ronda que pide justicia para Pablo Grillo.
La estampa incorpora además un guiño: en esta versión aparece la frase “jubilados picantes” y Norma lleva un chile en su propia remera. Un pequeño desfasaje temporal, un rulo irónico. Usan su imagen y, al mismo tiempo, la imaginan usando su propio picante.
La operación dialoga con su historia y con su picardía. Muchos recuerdan cuando colgó un chorizo frente a la casa de Cavallo. Esa chispa irreverente es la que inspira a La Colectiva.
En la plaza, hoy, una de las picantes pasea un morrón atado a un hilo frente al cordón policial. En las imágenes hay huellas y supervivencias, escenas que se repiten y se reinventan. También les gusta pensar que la remera funciona como una invitación al acercamiento. En la plaza, cuando aparece otrx “picante”, se activa una sonrisa, una conversación, un baile: se arma red.
En la escala que manejan, permite reconocerse rápido, saber que ahí hay un cuerpo dispuesto a acompañar si algo sucede. Y cuando aparece fuera de la plaza —en la calle, en un reel— la magia se expande: incluso en el anonimato, siguen estando. Cuando el Estado abandona y sólo ofrece violencia, la respuesta es comunidad.
Cómo funcionan las remeras
Cada persona que compra una remera financia otra para cada jubilada o jubilado. La lógica es simple y circular: el precio cubre exclusivamente el costo de producción de dos prendas. No hay margen de ganancia ni espíritu de emprendimiento. La rueda solidaria es la que sostiene el proyecto.
De este modo, quienes no pueden acercarse a la plaza de los miércoles —por trabajo, distancia o miedo— encuentran una forma concreta de acompañar. También es posible colaborar con tiempo y trabajo: la autogestión se construye con muchas manos.
Las remeras se producen mediante impresión DTF y plancha doméstica. La idea inicial era hacer una pequeña tirada para amigues, pero ya se vendieron más de 150. Circulan por la plaza, por la provincia e incluso llegaron a Chile, Alemania, Francia y España.
El crecimiento llevó a repensar técnicas y tiempos, aunque quieren conservar el carácter artesanal del proyecto: cada remera se lava, se plancha, se estampa, se etiqueta a mano y se guarda perfumada en su bolsa. Defienden ese hacer manual porque cada jornada compartida es también un espacio de encuentro: trabajan, se ríen y bailan cumbia. Hoy cuentan con la complicidad de sus compañerxs de la Cooperativa Imprenta Chilavert, que les presta un espacio para planchar y agilizar el proceso.
Ir por la plaza regalando remeras es una forma de interrumpir la agenda que reparte palos y gases. En cada entrega circulan abrazos, cuidados y complicidades. No se trata de lo material, sino de demostrar aguante: no importa cuánta guita tengas en tu bolsillo, la remera llega.

Una rifa para el techo del comedor de Olga

Una de las picantes es la compañera Olguita, quien sostiene con amor y trabajo cotidiano el comedor comunitario “La Kasa del Pueblo”. Como la red está viva y no deja de expandirse, ahora encaran una nueva aventura: organizar una rifa rabiosa, picante y solidaria para los arreglos del techo del comedor comunitario.
La iniciativa activó una gran cadena de solidaridad fotoperiodistas, imprenteros y proyectos amigos donaron obras, libros y objetos para armar los premios.
A quienes todavía no conocen el proyecto, la invitación es clara: vengan a la plaza de los miércoles, la picanteamos juntos.
Quienes quieran colaborar pueden comprar números de la rifa:
➤ 1 número: $3000
➤ 2 números: $5000
➤ Para participar hay que contactarse con “Colectiva La Picante”

 WhatsApp: 11 7374-0456

Liberaron a las dos personas detenidas por defender el agua en Mendoza
15 abril, 2026

Al mismo tiempo en el que se realizaba en la tarde del lunes 13 de abril, la conferencia de prensa en La Alameda, Ciudad de Mendoza, se informó sobre la libertad de Micaela Guiñazú y Adrián Torres, las dos personas que continuaban detenidxs tras la represión del 8 de abril durante la movilización en defensa de la Ley de Glaciares. Mauro Andrés Etchegaray, Julieta Arias, Cristian Vargas, Jeremías Llave, Cayetano Méndez y Mabel Miatello, fueron liberadxs en la noche del sábado 11 de abril.
A las 8 personas se les aplicó el artículo 194 del Código Penal, una figura utilizada para criminalizar la protesta y en algunos casos se sumaron imputaciones por resistencia a la autoridad. Micaela y Adrián seguían detenidxs, imputadxs por “intento de hurto de arma reglamentaria”.
La T3rca–Asamblea Transfeminista denunció persecución política tras las detenciones ocurridas en la marcha contra la reforma de la Ley de Glaciares. En un comunicado, señalaron que Micaela Guiñazú y Adrián Torres continúan privados de su libertad desde el 8 de abril, mientras otras seis personas ya fueron liberadas.
Según el documento, ambas personas enfrentan una imputación agravada que impidió su liberación inmediata y derivó la causa a otra fiscalía. Además, cuestionaron la demora judicial y el rechazo a un habeas corpus presentado por la defensa.
La organización apuntó contra el gobierno de Alfredo Cornejo y afirmó: “¿Quiénes son los perseguidxs políticos del régimen de Cornejo?”. También denunciaron un patrón de criminalización de la protesta: “El régimen de Cornejo ya va por más de 40 detenidxs”.
Desde la asamblea exigieron la liberación de lxs detenidxs y reafirmaron su compromiso con la defensa del agua y los territorios.
Denunciaron maltratos durante la detención de Micaela
Verónica Villafañe es la madre de Micaela Guiñazú, una de las detenidas durante la marcha contra la reforma de la Ley de Glaciares en Mendoza. Denunció graves irregularidades en el procedimiento policial y en las condiciones de detención en la Comisaría Séptima.
“Desde el primer día están diciendo que no sabían en calidad de qué estaban detenidas”, afirmó, y señaló que ni siquiera se les informó el motivo del arresto. Según relató, los derechos básicos de las detenidas fueron vulnerados: “Las familias no pudieron verlas” y a ella le negaron el ingreso pese a que otros familiares sí pudieron acceder.
También denunció restricciones en la comunicación: “Tenía derecho a una llamada por día (…) y yo no tuve mi primera llamada. Recién la tuve el viernes en la noche”. En ese contacto, su hija le contó que hablaba “en altavoz” y bajo vigilancia.
Al lograr visitarla, la madre aseguró haber visto signos de violencia: “Moretones en el ojo, moretones en los brazos. No me permitieron sacarle fotos”. Además, relató episodios de hostigamiento y negligencia: “No le habían permitido entrar al baño a ninguna de las detenidas desde la mañana”.
“Imaginate el nivel de impunidad, de saber que pueden hacer lo que quieren”, cuestionó. En ese sentido, reclamó mayor visibilización y acompañamiento: “Es ahora cuando las familias necesitan estar más acompañadas”.
Finalmente, la mujer expresó su indignación por el accionar estatal: “Tenemos una democracia disfrazada (…) se vulneran todos los derechos”, y llamó a sostener la protesta: “Que esto no nos amedrente, que sigamos en las calles”.

Milei y aliados aprobaron la explotación minera de los glaciares

En horas de la madrugada, el gobierno nacional de ultraderecha logró junto a sus aliados la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares, que permite la actividad minera en los glaciares y en el ambiente periglaciar, poniendo en riesgo las cuencas de donde obtienen su agua millones de personas, y balcaniza el control que se ejercía a nivel nacional.
Afuera del recinto, la Policía de la Ciudad atacó a manifestantes buscando desalentar la protesta, que igual fue multitudinaria.
Ahora, tras la aprobación, organizaciones ambientales y ciudadanas buscan responder con una masiva demanda judicial colectiva.
Tras 11 horas de debate, La Libertad Avanza logró flexibilizar la protección de zonas periglaciales, habilitando explotaciones mineras en áreas anteriormente restringidas. A las 2:30, la votación en general resultó con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones.
Junto al bloque de La Libertad Avanza votaron positivamente el interbloque Fuerza del Cambio, integrado por el Pro, la UCR, Karina Banfi y José Luis Garrido (con la excepción del MID); los bloques provinciales de Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo e Independencia, que responden a los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Misiones (Hugo Passalacqua), Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego) y Tucumán (Osvaldo Jaldo); un puñado del interbloque Unidos, y dos integrantes de Unión por la Patria.
En tanto, el rechazo fue del grueso de UP, la mayoría del interbloque Unidos, el Frente de Izquierda y los monobloques Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), Coherencia (Marcela Pagano) y el puntano Jorge “Gato” Fernández de Primero San Luis.

La protesta en las calles

La jornada de protesta se volvió a realizar en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, ya desde las 13 horas había manifestantes ante el Congreso protestando en la plaza del Congreso, separados de la sede legislativa ante el ya permanente vallado.
Allí, la Unión de Trabajadores de la Tierra realizó un verdurazo, y se expresaban también organizaciones de jubiladas y jubilados como cada miércoles.
La concentración central estaba pautada para las 17 horas en Avenida de Mayo y 9 de Julio, para marchar al Congreso. Ese momento y lugar eligió la Policía de la Ciudad para embestir contra las y los manifestantes que se estaban empezando a concentrar.
De forma sorpresiva, la Infantería de Ciudad ingresó desde Lima sobre la vereda de Avenida de Mayo y empezó a empujar a la calle a las y los manifestantes, y a cualquier transeúnte que tuviera la mala suerte de estar pasando por ahí.
Luego, se desplegaron sobre la calle y empezaron a empujar con los escudos. La gente estaba más sorprendida que otra cosa, pero algunos empezaron a responder con insultos a viva voz, razón suficiente para que la Policía de la Ciudad volviera a avanzar con más violencia.
Ahí, en esos empujones, tiraron al piso y detuvieron al abogado de Derechos Humanos Gastón Santamerina de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), en la esquina de Salta (fue liberado al poco tiempo). Ahí apareció de pronto un hidrante y luego las motos de Ciudad.
A partir de ese momento los efectivos de la Policía de la Ciudad, escudos en alto y tropezándose entre sí, siguieron empujando a las y los manifestantes en dirección al Congreso hasta llegar a Sáenz Peña, donde se detuvieron.
El operativo policial ocupaba en ese momento cuatro cuadras, cortando el tránsito totalmente desde la 9 de Julio, donde se seguían concentrando columnas de manifestantes y dirigiéndose al Congreso.
El cordón policial de Sáenz Peña no tuvo más remedio que abrirse y dejar un hueco permanente para que las distintas columnas siguieran entrando al Congreso.
Todo el operativo, absurdo, no tuvo otro sentido más que montar un espectáculo represivo televisivo y desalentar la participación de la gente que pudiera verlo en la pantalla, asustarse y no ir.
De todas formas la manifestación ante el Congreso se volvió multitudinaria.
Se realizó un festival y luego ya entrada la noche se continuó con una pantalla, donde se escuchaba el debate parlamentario.
Voces en el recinto
Entre los defensores de la destrucción de los glaciares se encontró el ultraderechista Gabriel Bornoroni, de la Libertad Avanza.
El legislador y empresario cordobés, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República (FECAC), dijo que el proyecto favorece el federalismo: “Históricamente, las provincias, yo que soy cordobés, le pedimos a la Nación y le pedimos a Buenos Aires, que se establezca y que funcione el federalismo, constantemente lo estamos pidiendo. Bueno, ahora vino alguien, como el presidente Milei y nos trajo el federalismo, nos trae de vuelta la posibilidad de que nosotros seamos los dueños de nuestra tierra”.
Por su parte, Juan Grabois de Unión por la Patria, apuntó contra la reforma: “Es una ley envenenada, porque mienten cuando dicen que la minería en glaciares no envenena, van a envenenar el agua. Esta ley es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa, le van a poner cianuro a los pibes y a las pibas. Nos están embargando, no solamente hipoteca sus casas Adorni, ustedes hipotecan el futuro de la patria”.
Por su parte, la trotskista Miriam Bregman del Frente de Izquierda, denunció la corrupción que implica que representantes de provincias fueron comprados a partir de la distribución del Aporte al Tesoro Nacional, e interpeló directamente al ex ministro de Defensa Luis Petri, actual diputado nacional por la provincia de Mendoza: “Usted estaba en contra, Petri, ¿cómo cambian las cosas, no? A los manifestantes afuera los quieren doblegar a fuerza de represión, a los gobernadores los cooptan a fuerza de ATN, dicen que han repartido ATN y apretado a todo el mundo, y otros como usted aparecen de ser defensores del ambiente a presidir una sesión donde se destruye algo tan valioso como los glaciares y los periglaciares”, y finalizó: “Estamos ante una nueva ofensiva colonial, reprimarizadora de la economía, un verdadero proyecto de saqueo”.
“Se viene la Demanda Judicial Colectiva más grande de la historia por el agua”, anticipó el abogado ambientalista Enrique Viale, parte de un amplio arco de organizaciones que anticiparon que irán a la Justicia. Entre los argumentos para objetar la norma harán referencia a la modalidad que tuvo la audiencia pública, la cual rechazaron como tal. En las exposiciones realizadas el 25 y 26 de marzo pasado, solo habló una ínfima parte de los más de 100.000 anotados para participar.
Aunque en el Senado se había obviado este paso, en Diputados el oficialismo accedió al pedido de la oposición, pero tras la masiva inscripción y la decisión de LLA de destinar solo dos días, alertaron que esa instancia finalmente no cumplía con lo establecido en la Ley de Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
La modificación de la Ley de Glaciares llegó al recinto un día después de haber conseguido dictamen en las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, donde solo se escuchó a funcionarios nacionales y provinciales del área minera que estaban a favor del proyecto y pujaban por su aprobación.
La oposición reclamó que no se recibió a abogados constitucionalistas, al asegurar que la flamante norma es “inconstitucional” porque representa una regresión en el derecho ambiental.

Glaciares: se está construyendo la demanda colectiva más grande de la historia

Más de 750.000 personas ya han acompañado con su firma la demanda colectiva, que no para de crecer.
En la Argentina de hoy —donde el sentido común ha sido invertido— hay que volver a repetir lo mismo: defendemos los glaciares porque defendemos la vida. Los defendemos porque son nuestras reservas de agua, porque desde la cordillera alimentan ríos y territorios enteros, porque sostienen economías regionales, ecosistemas y comunidades. Porque, en definitiva, sin glaciares no hay presente, pero sobre todo, no hay futuro.
Sin embargo, en un contexto de crisis climática cada vez más evidente, con eventos extremos que se multiplican y un estrés hídrico que avanza silenciosamente sobre enormes regiones de nuestro país, el Congreso de la Nación decidió avanzar en sentido contrario. El pasado 9 de abril, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Glaciares que no sólo implica un retroceso ambiental de enorme gravedad, sino que además fue gestada en un proceso institucional profundamente viciado, atravesado por irregularidades, ilegalidades manifiestas y decisiones tomadas de espaldas a la sociedad.
Lo que se presentó como una instancia de participación democrática fue, en realidad, una escenificación. La llamada “audiencia pública” no fue ni audiencia ni pública; más de 100.000 personas se inscribieron para participar, pero menos de 300 pudieron hacerlo. No hubo deliberación real, no hubo escucha, no hubo debate. Hubo, en cambio, una operación diseñada para simular participación, pero no lo lograron.
A esto se suma un dato aún más grave, que erosiona de manera directa la ya frágil credibilidad institucional del Congreso, la participación de legisladores con conflictos de intereses manifiestos, imposibles de disimular.
El caso de Flavia Royón resulta paradigmático. Senadora por Salta y, al mismo tiempo, consultora y proveedora de empresas mineras, participó de la votación sin excusarse, sin abstenerse, como si la incompatibilidad entre su función pública y sus intereses privados no existiera. No se trata de un detalle menor ni de una cuestión opinable, se trata de una violación directa a los principios básicos de ética pública y la configuración de distintos delitos penal, motivo por el cual presentamos desde nuestra organización la correspondiente denuncia penal en la justicia federal.
En la misma línea, el diputado Nicolás Massot, con vínculos empresariales con el sector minero, tampoco se apartó del tratamiento de una norma que impacta directamente en sus intereses. Y como si este cuadro no fuera suficientemente alarmante, el actual secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero —ligado a múltiples corporaciones del sector— no sólo no mantuvo la obligatoria distancia que exige su función, sino que actuó como un verdadero operador del lobby minero, por eso también lo denunciamos ante la justicia federal.
Lo que se aprobó, entonces, no es una simple modificación normativa ni un ajuste técnico. Es un traje a medida de los intereses extractivos, diseñada para habilitar un puñado de proyectos mineros sobre ambientes glaciares y periglaciares. Se trata de una reforma que abre la puerta a la destrucción de las reservas estratégicas de agua dulce, desconociendo no sólo la evidencia científica sino también el marco jurídico nacional e internacional.
Desde el punto de vista legal, estamos frente a una norma abiertamente inconstitucional. No sólo por las irregularidades en su proceso de sanción, sino por su contenido regresivo, que vulnera el principio de progresividad y no regresión ambiental, reconocido tanto en nuestra legislación como en tratados internacionales suscriptos por Argentina.
La Ley de Glaciares nunca fue una concesión del poder político ni económico (nació con un veto presidencial). Fue, desde el inicio, el resultado de una construcción colectiva, de años de lucha, de articulación entre organizaciones, asambleas, científicos, comunidades y sectores comprometidos con la defensa del agua. Y como toda conquista social, no se entrega ni se resigna: se defiende.
Por eso, lejos de cualquier lógica de derrota, lo que se abre ahora es una nueva etapa de lucha. Una etapa que no se limita al plano institucional, sino que lo desborda y lo potencia. En este marco, acabamos de lanzar una campaña para impulsar la demanda judicial colectiva más grande de la historia en defensa del agua y los glaciares, como una herramienta concreta para enfrentar este retroceso y sostener la pelea en todos los frentes posibles.
La convocatoria es amplia, federal, abierta. Está dirigida a toda la ciudadanía, porque lo que está en juego no es un interés sectorial sino el acceso al agua, es la integridad de los territorios, la posibilidad misma de un futuro habitable. Sumarse a esta demanda colectiva no implica asumir obligaciones legales, pero sí formar parte de algo mucho más profundo que es la construcción de una fuerza social imparable.
Porque esta disputa no se va a resolver únicamente en los tribunales, aunque allí también daremos batalla. Se va a resolver, como tantas veces en nuestra historia, en la articulación entre la calle y las instituciones, entre la movilización social y la acción jurídica. El Palacio y la calle. Un pie en Tribunales y otro en las plazas y calles de todo el país, porque entendemos que no hay justicia ambiental sin protagonismo popular.
Más de 750.000 personas
Ya hay señales de que la sociedad no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Más de 750.000 personas ya han acompañado con su firma esta iniciativa, que no para de crecer. Asambleas que se reorganizan, comunidades que se movilizan, organizaciones que articulan a nivel federal, provincias como La Pampa que comienzan a reaccionar frente a los impactos que esta reforma puede generar sobre sus cuencas hídricas presentando un amparo.
La invitación sigue abierta, podés sumarte en https://www.demandacolectivaglaciares.org:

Fuentes: Radio Kermes / Agencia FARCO, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, Agencia Andar/CPM, Tiempo Argentino, Anred, Radio Comunitaria Cuyum / Agencia FARCO, Página 12, argentina.indymedia

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