Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Iraq está arrojando una inmensa sombra sobre la carrera presidencial estadounidense mientras en el país, con relativa calma, los candidatos se dedican a debatir acerca del ritmo de los plazos en que las tropas estadounidenses deberían abandonar Iraq. El calendario de retirada de dieciséis meses del Senador Barack Obama cuenta con el apoyo de los dirigentes iraquíes y la misma administración Bush aprueba ahora un «horizonte temporal» para ir recortando tropas. Pero en el debate ni siquiera se ha sometido a discusión el destino de los casi 21.000 prisioneros que las tropas estadounidenses mantienen en Iraq. Obama y su republicano rival, el Senador John McCain, deberían empezar a hablar ya de lo que piensan hacer con los detenidos que el ejército estadounidense tiene en Iraq bajo vigilancia.
La Fuerza Multinacional en Iraq (MNF, siglas en inglés) dirigida por EEUU se ha abrogado la autoridad de retener a los detenidos a pesar de las sucesivas Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, la última de las cuales expira a finales de año. Las perspectivas para un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas (SOFA, siglas en inglés) y los pactos que podrían llenar el vacío legal aparecen plagados de nubarrones a causa de las incapacidades de la administración bush.
A los detenidos -todos iraquíes, excepto un pequeño número de extranjeros- se les niega el más básico de los derechos que tienen, que es el de no ser retenidos indefinidamente sin acusación ni juicio. Muchos son jóvenes que se vieron atrapados en arrestos arbitrarios y masivos. Se les prometió que cada seis meses se revisarían sus casos, aunque la MNF ha dicho a Human Rights Watch que las revisiones se hacen en la práctica con mayor frecuencia. No obstante, los detenidos permanecen bajo custodia una media de más de 300 días, según las cifras de la MNF de mayo. Los detenidos, divididos entre una remota prisión cerca de Basora y otra más pequeña cerca del aeropuerto de Bagdad, apenas tienen acceso a sus familiares, a quienes, en muchos de los casos, no se les permite visitarles o no lo hacen por miedo a las represalias. Aunque alrededor del 10% de los detenidos se enfrentan a acusaciones en un tribunal criminal iraquí, la inmensa mayoría no son acusados de nada.
La MNF ha argumentado que se retiene a los detenidos por amenazas imperativas a la seguridad y que no tienen derecho a un proceso criminal debido. El derecho internacional permite en efecto la detención administrativa, pero EEUU ni siquiera cumple los requerimientos básicos para poder tener a los detenidos bajo esas circunstancias. Los casos son revisados por una comisión militar, que no contempla ni el asesoramiento legal ni la revisión judicial, cuando el derecho internacional señala que los detenidos deben tener ambos derechos.
Hay alrededor de 360 niños entre los detenidos, cifra que ha disminuido desde los 500 que había en mayo. Muchos de ellos llevan meses retenidos y algunos más de un año, a menudo sin acceso a los servicios educativos que se debería proporcionar a los niños en unas instalaciones que la MNF debería implementar. Los niños derivados a enjuiciamiento por la MNF están retenidos en una instalación iraquí descrita por las Naciones Unidas como tan atestada que constituye una amenaza para la salud de los menores.
Pocos se atreverían a discutir que las condiciones de detención del ejército estadounidense hayan mejorado desde las imágenes de los atroces abusos que aparecieron en 2004 desde la prisión de Abu Ghraib. Está también claro, que a pesar de los intentos de la MNF por agilizar las liberaciones de detenidos, nadie va a moverse mucho en un plazo breve. El jefe saliente de las operaciones con los detenidos por EEUU estimaba el pasado junio que se había liberado a unas 10.000 personas mediante los procedimientos de revisión que se introdujeron en septiembre de 2007, pero la población global apenas va lentamente disminuyendo desde la cifra de 26.000 prisioneros en 2007. Gran Bretaña, el socio principal estadounidense en la invasión de Iraq, ha dado por finalizado su papel de carcelero en Iraq -los funcionarios del Foreign Office dicen que las fuerzas británica tienen ahora dos detenidos en el país-, dejando al ejército estadounidense a cargo de las detenciones que un ejército extranjero perpetra en Iraq.
En la disputa por un acuerdo bilateral que regule la presencia de tropas estadounidenses en Iraq, el significado de la soberanía iraquí ocupa un lugar preponderante. Gran parte de la clase política de Iraq rechaza la idea de una presencia militar estadounidense indefinida (no es fácil de vender frente a las elecciones provinciales fijadas para este año), decantándose por un acuerdo a corto plazo y por llevar a cabo las negociaciones con la siguiente administración. La administración Bush parece aceptar esa posibilidad.
Todas las partes en ese debate deberían apoyar su retórica acerca de la soberanía iraquí y poner fin al vacío legal en el que la MNF mantiene a los detenidos. Un paso en esa dirección sería un acuerdo entre EEUU e Iraq para ajustar el estatuto de esos detenidos a la legislación internacional sobre los derechos humanos y las leyes de la guerra para conflictos como el de Iraq. El Pacto Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles, que Iraq ha ratificado, requiere, entre otras cosas, que los detenidos sean sometidos a juicio con prontitud y que asimismo tengan rápido acceso al asesoramiento legal y a poder mantener contacto con sus familiares. Tal compromiso animaría a las autoridades iraquíes a mejorar sus propios y escasos registros sobre la detención y malos tratos a detenidos.
Los Estados Unidos deberían también liberar de inmediato a todos los prisioneros que probablemente no van a ser acusados de nada y transferir a aquéllos de los puedan presentar alguna prueba a los tribunales iraquíes para que se proceda a someterlos a juicio, con la garantía de que ninguno debería ser transferido allá donde exista el más mínimo riesgo de ser sometido a malos tratos.
Los candidatos presidenciales estadounidenses están ahora compitiendo para proclamar la victoria de sus planes para Iraq. Lo que deberían hacer ambos es comprometerse a poner fin al limbo legal en que transcurre la detención en Iraq, defendiendo los estándares legales internacionales en ese país y restaurando la justicia para todos los miles de seres que injustificadamente retienen.
Joseph Logan es investigador en cuestiones de Iraq para Human Rights Watch.
Enlace con texto original:
http://www.newstatesman.com/middle-east/2008/08/iraq-detainees-held-mnf-rights