Imagine un programa que analiza información sobre los ciudadanos de EE UU extraída de bases de datos públicas y privadas. Usando inteligencia artificial, el software busca perfiles sospechosos y elabora listas de posibles terroristas que luego son detenidos, a los que se prohíbe volar, o se niega créditos sin motivo. Defensores de los derechos civiles […]
Ayer, la Unión de Derechos Civiles de América (ACLU, en sus siglas en inglés), denunció que esta compañía ha desarrollado un software que cruza los datos personales disponibles y proporciona una lista de posibles terroristas. El resultado de uno de estos trabajos devolvió un listado de 120.000 personas que fue entregado a las autoridades y que, según reconoce Seisint y aparece reflejado en un documento oficial, de la administración estadounidense, dieron lugar a varias detenciones.
Para determinar si las personas analizadas -todos los ciudadanos, con antecedentes y sin ellos- el programa desarrollado por Seisint analiza criterios como la edad, sexo, etnia, historial de conducción, licencias de vuelo, tarjetas de crédito, proximidad a algunos puntos clave, datos de investigaciones policiales, números de teléfono ligados a crímenes, etc.
Exclusión del polémico software de Matrix
ACLU afirma que el programa informático que permite obtener los listados de sospechosos -desarrollado aplicando ingeniería inversa a un manual secreto sobre hábitos de los terroristas- era uno de los puntos fuertes utilizado a la hora de publicitar Matrix, pero la autoridades aseguran que ese software ya no está incluido en el programa de los Estados.
Associated Press requirió a las autoridades del Estado de Florida -al frente del cual está Jeb Bush, hermano del presidente, y que ha sido uno de los principales impulsores del proyecto- documentos oficiales que demostrasen la desaparición del polémico software del programa interestatal, pero la administración ha sido incapaz de encontrar ninguno.
Dirección, control y financiación de la administración Bush
Sí que hace referencia esta agencia de noticas a otro documento oficial que refleja los puntos a tratar por Seisint en un encuentro con el vicepresidente Dick Cheney, litado de asuntos que también habrían sido expuestos al gobernador de Florida y al jefe de policía de este estado. Entre estos puntos se encontraría también el uso del software que elabora listas de sospechosos. En mayo de 2003, el departamento de Justicia concedió a Seinsint el contrato para desarrollar las herramientas informáticas necesarias para el funcionamiento de Matrix.
Posteriormente, el departamento de Seguridad Interior -dependiente del Gobierno Federal y al frente del cual se encuentra Tom Ridge, zar antiterrorista nombrado por Bush- dio ocho millones de dólares para financiar el programa y, según documentos de la propia administración conseguidos por ACLU a través de cauces oficiales, el acuerdo de financiación dio a cambio al Ejecutivo federal «poder de dirección y control del proyecto».
Petición de retirada de la financiación federal
El programa Matrix genera polémica desde su creación en 2002. En ese momento 13 estados en los que vive más de la mitad de la población estadounidense se embarcaron en el proyecto para compartir y analizar de forma más eficiente las bases de datos. Pero muchos han abandonado por la preocupación acerca de los peligros para la privacidad y el elevado coste del programa. Actualmente sólo Florida, Pennsylvania, Connecticut, Michigan y Ohio -en los que vive el 19% de la población de EE UU- trabajan en Matrix.
La organización de defensa de derechos ha pedido al Congreso que suspenda esta aportación de fondos a Matrix, un programa que según ACLU es muy similar al fallido ‘Total Information Awareness’ (TIA). Éste fue creado por el Pentágono para establecer un sistema global de recopilación y análisis de datos personales informatizados, pero el Congreso se negó a aportar fondos públicos para su desarrollo.
El listado de 120.000 sospechosos, creado por iniciativa de la propia Seisint, es según ACLU una preocupante «invasión de la privacidad» que permite a la policía investigar a millones de ciudadanos respetuosos con la ley sin que ellos lo sepan. «Estar asociado a una lista de terroristas va a hacer la vida de la gente miserable», afirma Barry Steunhardt, director del programa de privacidad y tecnología de esta organización.