La noticia apenas ha cruzado las fronteras de Liberia, cuya modesta prensa le concedió una importancia que los grandes medios habrían de negarle: pese a los cambios prometidos por Obama, prosigue la contratación de mercenarios para prestar servicios en Irak. Tras explotar la cantera sudamericana, las empresas paramilitares estadounidenses han pasado a reclutar efectivos en […]
La noticia apenas ha cruzado las fronteras de Liberia, cuya modesta prensa le concedió una importancia que los grandes medios habrían de negarle: pese a los cambios prometidos por Obama, prosigue la contratación de mercenarios para prestar servicios en Irak. Tras explotar la cantera sudamericana, las empresas paramilitares estadounidenses han pasado a reclutar efectivos en países africanos con abundante mano de obra castrense, experta en métodos despiadados y que parecen garantizar una mayor discreción.
El escándalo saltó hace un par de semanas en la ciudad portuaria de Buchanan, pero se hizo todo lo posible por sofocarlo antes de que cundiera. El 4 de marzo, la agencia African Press informaba a sus abonados de que el gobierno de Liberia había ordenado a la Corporación Internacional C&J que interrumpiera el reclutamiento de jóvenes con entrenamiento militar. Seis días antes, dicha compañía había solicitado permiso para la contratación de 250 hombres de entre 17 y 30 años, para efectuar tareas de seguridad en Irak. El ministro de Trabajo, Samuel Kofi Woods, argumentó su negativa por «violar la sección 1506 de las prácticas de trabajo en Liberia»»
La paga ofrecida por C&J resultaba tentadora: un mínimo de 3000 dólares al firmar y 300 por cada día de servicio. Una fortuna para los antiguos combatientes de una guerra civil caracterizada por su extrema crueldad, con el constante recurso a las mutilaciones de pies o manos. Una suma de dinero que permitiría pagar deudas, dejar a la familia atrás con cierta seguridad y soñar con un regreso próspero. Por eso, la noticia de la prohibición oficial del reclutamiento corrió como la pólvora entre miles de aspirantes a mercenarios. (Puede leerse en www.liberianobserver.com)
Enseguida, la embajadora norteamericana corrió a echar agua sobre el incipiente incendio político: Linda Thomas-Greenfield aseguró que los Estados Unidos no tenían nada que ver con los negocios de C&J. Y que desautorizaba sus actividades por considerarlas «contraproducentes». Desde entonces todo fue muy rápido. El 6 de marzo ya había dejado de existir el centro de reclutamiento habilitado en Bushrod Island (Monrovia), donde días atrás centenares de jóvenes liberianos habían recibido información sobre las tareas a desempeñar protegiendo instalaciones norteamericanas en Irak.
Finalmente, el ministro de Información liberiano, Lawrence Bropleh, explicó que mister John K. Mannie, director ejecutivo de C&J, había sido citado por su gobierno para ordenarle el cese de sus actividades. Pero matizó que «se trataba de reclutar guardias de seguridad sin fines militares, contra lo dicho en un principio». Desde entonces no se volvió a saber más del tal Mannie ni de la Corporación Internacional C&J. Todas sus pistas se han perdido.