Grandes empresas informáticas abusan de su posición dominante para manipular intereses y controlar el conocimiento en sintonía con los gobiernos autoritarios. El Software Libre como herramienta de lucha. Avance tecnológico mediante, los nuevos imperios comerciales se mueven independientemente de las políticas del país donde nacen y de formas un tanto más abstractas que las conocidas […]
Grandes empresas informáticas abusan de su posición dominante para manipular intereses y controlar el conocimiento en sintonía con los gobiernos autoritarios. El Software Libre como herramienta de lucha.
Avance tecnológico mediante, los nuevos imperios comerciales se mueven independientemente de las políticas del país donde nacen y de formas un tanto más abstractas que las conocidas popularmente. Es decir, que mientras los gobiernos de las naciones pugnan entre sí por intereses ideológicos, las trasnacionales suman poder económico, amparadas por leyes y por operadores literalmente «infiltrados» en las instituciones que, según el caso, impulsan o bloquean legislaciones que las afectan financieramente.
La metodología no es nueva; desde que existen las grandes empresas, coexisten con ellas los grandes intereses económicos que las alimentan acorde al marco que el capitalismo propone. En estos tiempos, el planteo mercantilista, muy ágil y reactivo a la coyuntura global, adquiere nuevas y variopintas formas, que simulan ser estrategias comerciales tradicionales, pero a su vez permiten a las multinacionales mantener intactos sus antiguos vicios y conservar su esencia lucrativa.
No es casual, entonces, que las nuevas tecnologías también reciban el descomunal impulso del poder político y económico que las desarrolla, y uno de los sectores donde más notoria es esa inyección de capitales es en la industria del software o programas para computadoras personales. La más grande de estas corporaciones es la estadounidense Microsoft, empresa que factura miles de millones de dólares por año y que basa su expansión en prácticas monopólicas e imposiciones arbitrarias en el mercado.
Microsoft y su agresiva política expansionista son un fiel reflejo de la decadencia moral de los otrora fundamentales e iluminados valores de la democracia estadounidense. En un país donde se pregona la participación y la libre elección, mientras en la práctica los abusos a sus ciudadanos son moneda corriente, las grandes empresas informáticas no están al margen del ejemplo que se manifiesta desde Washington.
Pero el problema afecta, como casi todas las decisiones políticas, económicas y militares que se impulsan desde Estados Unidos o cualquier otra potencia, a una escala planetaria que no excluye rincón del mundo, por más recóndito y olvidado que éste sea. Prueba de esto es la preponderancia de las citadas multinacionales en lugares tan disímiles y antagónicos como Europa o China, donde la lucha por la imposición de sus metodologías roza, desde hace tiempo, la ilegalidad y el colaboracionismo.
Meses atrás, la Comisión Europea que regula la competencia de los mercados y estudia los abusos comerciales, obtuvo un fallo favorable de la Corte de Primera Instancia del bloque que impuso una multa de 700 millones de dólares contra el monopolio impulsado por Microsoft. La resolución judicial basó su veredicto en que la empresa desplazaba a la competencia al crear programas más compatibles con su sistema operativo, que se autoejecutan con la instalación de los sistemas operativos de las PC’s y no permiten modificaciones o exclusiones dentro del mismo.
La Comisión Europea sostuvo que la empresa limitaba la elección del consumidor y la Corte con sede en Bruselas la respaldó, obligando a Microsoft a compartir con sus rivales información técnica esencial. Pero la compañía no es la única que se arroga la decisión de permitir o no el libre acceso a los contenidos, ya sean técnicos o públicos; en países donde la libertad de expresión está cooptada por intereses gubernamentales, las prácticas de censura y el acceso a datos sensibles o «peligrosos» para el Estado son comunes, sencillas y efectivas.
Un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicado este año, señala que «China ejerce un control implacable sobre las informaciones producidas y descargadas» por los usuarios de Internet, y que ésta manipulación resultaría imposible sin la valiosa colaboración de las empresas extranjeras que trabajan en el sector, denunciando además que «Yahoo!, Google, Microsoft y Cisco Systems han acordado censurar sus buscadores para hacer desaparecer los sitios demasiado críticos a Pekín».
La organización agrega que «al hacerlo, facilitan inmensamente el trabajo de las autoridades chinas, ya que sus herramientas son las principales puertas de entrada en la Web». Ahondando en ejemplos, la investigación de la RSF va más allá de los gobiernos con recursos suficientes para controlar la información electrónica y se posa particularmente en otros regímenes autoritarios, quizás más exóticos, pero no menos férreos que los de las potencias.
En algunos países, como Etiopía, Zimbabwe, Tailandia o Myanmar, los gobiernos han dedicado sus esfuerzos a la creación de sistemas de censura de la red, bloqueando sitios, palabras claves y blogs, inclusive extranjeros, que los critican abiertamente. Sin embargo, la resistencia a estos sistemas autoritarios crece exponencialmente a su aplicación. Al respecto, RSF indica que los usuarios, «frente a estas ‘dictaduras 2.0’, se organizan y hacen alardes de imaginación para evitar los filtros y proteger su anonimato, se apropian, o crean, nuevas tecnologías, codificando correos electrónicos o utilizando diversas herramientas».
El combate ideológico por el libre acceso a la información tiene vetas que en la actualidad se hacen cada vez más populares y reconocidas, no sólo en lugares donde la libertad de expresión se encuentra acotada a la histeria del poder de turno. Para Internet, al igual que para la informática moderna, existen sinónimos como libertad, conocimiento desregulado o comunicación sin exclusión. Entonces:
¿Por qué, desde los grandes imperios tecnológicos, se insiste en pagar por algo que en teoría nos pertenece a todos? O mejor aún, ¿Por qué, si tenemos la posibilidad de elegir cómo y cuándo usar una computadora o la información que esta nos proporciona, deberíamos rendir cuentas ante el sistema económico o político?
Pero también es cierto que muchos productos de la informática son el resultado de un sistemático trabajo de miles de profesionales a los que les pagan por ello. Entonces el planteo ya no sólo pasa por el acceso a las estructuras que dan forma a un programa de PC, y los límites entre lo público, o lo que debería serlo, se resume en una lógica de mercado que establece arbitrariamente los márgenes en la llamada «propiedad intelectual» o «derechos de autor» de los contenidos y de la producción.
Si bien es justo que por un trabajo se perciba una remuneración económica, las cosas cambian de color cuando detrás de la excusa que resguarda la competencia creativa o científica de un grupo de personas reales que producen conocimiento, se escuda el interés específico de las empresas que los impulsan con el único objeto de acumulación de capital y expansión de influencias. Pero a la imposición corporativa se enfrentan viejos estratagemas y valores que perduran en ciertos estratos de la comunidad que desarrolla los programas informáticos.
El nuevo impulso que estos sectores reciben a través de la masificación de Internet hizo que la comunicación entre los expertos y usuarios comunes sea más fluída, lo que permite la divulgación de contenidos que los programadores «liberan» al público, sin restricción ni imposición alguna. Los productos que esta comunidad genera son llamados «Software Libre» y forman parte de una tendencia que podría revolucionar el esquema actual en contraposición al tributo pagado por todos los que utilizan algún programa que podrían haber adquirido «legalmente» o no.
La importancia radical de la difusión de la información a través de la red o la grabación también incluye prácticas que la ley considera marginales, prohibidas y, por lo tanto, criminales y factibles de ser reprimidas. Pero la misma no medita ni divide entre quienes acceden a ella con el objeto único de recabar conocimiento que de otra forma no tendría, ya sea por las limitaciones económicas como por la distancia u otra restricción y quienes buscan simplemente algún rédito financiero.
El «Software Libre» cumple un rol múltiple, simple y fundamental; puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente, la mayoría de las veces es gratuito y no condiciona al usuario. Para lograr esto, el programa proporciona la opción de acceder a su «Código Fuente», que no es más que el esqueleto o forma original, tal y como fue escrito por el programador, con todos sus comandos y apariencia reducidos a miles de letras, números y símbolos, algo así como un automóvil con todas sus piezas a la vista.
Uno de los debates sobre la libertad de información es el acceso a la misma que se esconde en el «Código Fuente», lo que permite, como se dijo anteriormente, la libre manipulación de los programas. Pero las grandes distribuidoras y desarrolladoras informáticas se oponen a ello por la simple razón de que sería violada su propiedad, pero a su vez también permitiría eliminar ciertas «trampas» o códigos espías que inspeccionan y recaban datos sobre los gustos y preferencias del usuario, algo que a su vez podría ser utilizado por gobiernos o privados para controlar y cercenar las libertades y los derechos individuales de las personas.
Mientras tanto, algunos países de la región, como Cuba y Brasil, ya reemplazan programas tradicionales tipo Windows u Office por software libre, como Linux, Firefox, códigos PHP y GNU, entre otros, en sus instituciones, lo que se traduce en un sustancial ahorro presupuestario y cierta independencia de las multinacionales. Faltaría que el impulso de recambio de los sistemas informáticos habituales se masifique entre los usuarios comunes y quizás esto sea sólo cuestión de tiempo.