En estos últimos años, pero especialmente los dos últimos, la presidenta Cristina Fernández ha repetido innumerables veces la importancia de seguir la senda de la aplicación de ciencia y tecnología para crear valor agregado en los productos primarios y por ende, trabajo para la inclusión social. En este objetivo se instruyó en todo momento al […]
En estos últimos años, pero especialmente los dos últimos, la presidenta Cristina Fernández ha repetido innumerables veces la importancia de seguir la senda de la aplicación de ciencia y tecnología para crear valor agregado en los productos primarios y por ende, trabajo para la inclusión social.
En este objetivo se instruyó en todo momento al Ministro de ciencia y tecnología, Lino Barañao, a que implementara políticas que propicien la innovación nacional desde el campo de la investigación científica.
El modelo vendido a la presidente y abogada Cristina Kirchner fue el implementado por medio del Conicet y la Agencia nacional de Ciencia y Tecnología basado en la protección mediante patentes de los resultados de las innovaciones logradas por científicos y tecnólogos argentinos y financiados por medio de créditos del BID con fondos específicos orientados a desarrollos supuestamente autóctonos e indepedendientes de toda influencia extranjera.
Sin embargo, y de acuerdo a información volcada por el INTA lego del intento de los fondos buitres por expropiar las patentes «argentinas» en Estados Unidos; de las 14 patentes presentadas por el Conicet en la Oficina de Marcas y Patentes de ese país, 13 están relacionadas a innovaciones de semillas transgénicas adaptadas a suelos nacionales y otras tantas en procesos de desarrollo.
La estrategia disfrazada como innovación argentina supone desarrollar una variedad de semilla de soja, maíz o algodón resistente a insecticidas o plaguicidas en sociedad con empresas norteamericanas alimentarias como Monsanto, registrar la patente en EE. UU y transferir la titularidad de la patente a la empresa que realizará las inversiones en producción de las semillas adaptadas a los suelos argentinos, comercializadas finalmente junto a otras empresas como Nidera, Syngenta o Dreyfus, entre otras.
Estas semilleras globales pagarán luego regalías al Conicet y sus científicos luego de investigar y patentar los resultados con créditos que todos los argentinos debemos pagar lo cual representa una privatización encubierta de los resultados científicos financiados con dinero público cuyo reultado es el bolsillo de los científicos repatriados por el Estado argentino que ya no lavan platos como los mandaba Cavallo pero que unos pocos ahora tendrán ingresos extraordinarios a expensas del resto de los científicos que nada reciben (pues unos pocos son quienes reciben los fondos para patentar) pagados con dinero del conjunto del pueblo, sin recibir los supuesto beneficios de esta ciencia y tecnología que si reciben las corporaciones semilleras de Monsanto.
Esta empresa consiguió alcanzar un acuerdo directo con Cristina Kirchner para instalar plantas de tratamiento de semillas en la provincia de Córdoba a cambio de recibir protección por propiedad intelectual de los futuros desarrollos de semillas transgénicas para ser exportadas a China, si este país acepta las variedades genéticamente modificadas en Argentina.
El negocio de los granos transgénicos fue aceptado por la presidenta pero el establishment sin embargo optó por financiar la campaña del principal contrincante en las recientes elecciones primarias, Sergio Massa, quien también aseguró a los voceros de la multinacional transgénica aprobar los proyectos de propiedad intelectual de las semillas de Monsanto para el actual y el próximo período parlamentario. Varios de los científicos del Conicet apoyaron la lista de Massa en Buenos Aires.