La música en formato mp3 se ha convertido en un bien público económico, no rival y no excluyente, y cualquier intento de impedir su difusión gratuita basado en la propiedad intelectual o en la implementación de medidas legislativas que persigan salvar un modelo industrial compuesto por empresas capitalistas está condenado al fracaso gracias a la […]
La música en formato mp3 se ha convertido en un bien público económico, no rival y no excluyente, y cualquier intento de impedir su difusión gratuita basado en la propiedad intelectual o en la implementación de medidas legislativas que persigan salvar un modelo industrial compuesto por empresas capitalistas está condenado al fracaso gracias a la innovación tecnológica o el desarrollo de las fuerzas productivas. La estrategia de negocio de las discográficas está hoy obsoleta no sólo debido al fin del formato cd o a que la venta de música en soporte físico se transforme progresivamente en un mercado menor de objetos de lujo, artísticos o de coleccionista, sino ante todo porque han perdido dos de las armas sobre las que las multinacionales establecían su hegemonía: el oligopolio en la promoción comercial y distribución de música y el alto coste de las tecnologías de grabación que les otorgaban una posición de intermediarios ineludibles.
Con el fin de mantener su posición dominante, dado el descenso de ingresos por ventas de discos, las discográficas han introducido un nuevo tipo de contratos en los que se apropian de las demás áreas de negocio en las que existen beneficios, los conciertos y el management. En la mayor parte de los casos, se trata de prácticas abusivas donde se cobra por un servicio que no se presta adecuadamente o no se presta en absoluto, en detrimento de los músicos que aceptan encadenarse a ese tipo de contratos a cambio de que se les adelante el dinero de la grabación de un disco y que se haga publicidad de la banda. Son estos dos aspectos, la financiación de las grabaciones y la promoción o marketing las funciones que, después de que la industria discográfica capitalista quiebre, alguien tendrá que asumir. Y, dada la naturaleza económica de bien público de la música, debe asumirlas el Estado.
Un modelo de industria discográfica con un cuasimonopolio estatal de hecho, en el que subsidiariamente las actuales multinacionales se dediquen principalmente a la gestión de su catálogo y algunas pequeñas empresas mantengan una especialización muy concreta (vinilos, singles, estilos minoritarios con un público fidelizado por esa discográfica como marca de prestigio, etc.), un modelo con estas características sería no sólo viable sino deseable. En él, las bandas tendrían capacidad de elegir entre diversos tipos de contratos de coparticipación en los beneficios o pérdidas de acuerdo con la necesidad de financiación requerida y el riesgo asumido, tendrían acceso a seguir grabando discos en estudios profesionales, con una calidad de sonido y una producción óptima, huyendo de la tendencia al amateurismo de grabaciones caseras o demasiado baratas que amenaza con imponerse, y el Estado incluso podría recuperar los costes. Si los costes fijos de una grabación son cada vez menores y los costes marginales de la distribución de música en formato inmaterial son nulos, los ingresos que compensarían esos costes totales tendrían que provenir del porcentaje de derechos de autor que las discográficas se arrogan en ocasiones y de los derechos de comunicación pública con finalidad comercial. Ello implica una imprescindible necesidad de nacionalizar las entidades de gestión de derechos, terminando con la larga y deplorable lista de prácticas mafiosas de este tipo de monopolios privados, consiguiendo, y el avance tecnológico lo permite, que quienes cobren esos derechos sean los músicos cuyas canciones realmente se reproducen, participando el Estado en el cobro de esos derechos de la misma forma que hacen las empresas discográficas.
Naturalmente, el prerrequisto de todo lo anterior radica en que el Estado se abstenga de prolongar artificialmente la vida de las grandes empresas discográficas, deje que éstas desaparezcan inexorablemente y destine los ingentes recursos públicos que benefician en exclusiva a unos pocos al conjunto de la industria, bajo control y dirección estatal.