«Este código deja a las mujeres y las niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad, ya que, por ejemplo, el art. 16 del proyecto de ley establece que las niñas de 9 años pueden contraer matrimonio» .
Una de las tantas mentiras esgrimidas por EEUU y sus aliados para justificar la guerra y la posterior ocupación de Iraq fue la liberación del pueblo iraquí ―y especialmente, de sus mujeres― del régimen de Saddam Huseín y de sus «salas de violación«. Este cinismo ha quedado sobradamente manifiesto con la destrucción del país y el asesinato de más de un millón y medio de iraquíes, además de las múltiples atrocidades cometidas, como las detenciones arbitrarias, la tortura, la violación y humillación de hombres y mujeres llevadas a cabo por soldados estadounidenses y que ahora continúan a manos del régimen impuesto por la ocupación, como la sistemáticas campañas de asesinato de académicos y profesionales de todos los ámbitos del conocimiento.
Además de las consecuencias directas del conflicto armado, las mujeres iraquíes han tenido que hacer frente a innumerables dificultades, a lo que se suma la perdida de los derechos por los que ellas, sus madres y abuelas han luchado desde principios del siglo XX.
Uno de los principales frutos de esta lucha fue la promulgación del Código de Estatuto Personal (CEP) Nº 188 de 1959, una ley de familia, que regulaba los aspectos relativos al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos, etc. Esta ley de familia se consideró la más progresista de la región, ya que emana de las disposiciones más equitativas de las distintas escuelas jurídicas islámicas existentes en Iraq. Además de proteger los derechos de las mujeres, este código es aplicable a todos los musulmanes iraquíes bajo el principio integrador de la ciudadanía y de la igualdad ante la ley por encima de las diferencias confesionales u otras creencias de origen cultural o tribal.
Por el contrario, de las primeras decisiones tomadas en 2003 por el Consejo de gobierno ―órgano asesor de la Autoridad Provisional de la Ocupación, liderada por Paul Bremer― que en aquel entonces estaba presidido por Abd al-Aziz al-Hakim, líder del Consejo Supremo Islámico Iraquí, fue la publicación de la resolución 137 que pretendía abrogar el CEP para transferir las cuestiones relativas al estatuto personal bajo el control directo de los ulemas de cada comunidad religiosa. Finalmente, la resolución fue abortada gracias a la movilización de importantes sectores de la sociedad civil dentro y fuera de Iraq. Sin embargo, la constitución de 2005, y en particular el art. 41, abrió de nuevo la puerta a la creación de múltiples códigos que minarían el principio de igualdad ante la ley; alentarían las divisiones sectarias, inexistentes antes de 2003 por el elevado número de matrimonios interconfesionales en Iraq antes de 2003; y pondrían en jaque los derechos de las mujeres y el lugar que éstas ocupan en la sociedad. De hecho, las feministas hoy día en Iraq luchan por no perder los derechos conseguidos durante el siglo XX, en lugar de trabajar por avanzar y enmendar el CEP, al igual que se hacía antes de la ocupación.
A partir de 2003, es claro el intento de coartar el avance de las mujeres y de alejarlas de los procesos de decisión, lo que se ha materializado de nuevo con la aprobación en el Consejo de Ministros el pasado mes de febrero de un proyecto de ley llamado yaafarí porque se basa en los principios de la Escuela Yaafarí, aplicable a los musulmanes de confesión shií.
La aprobación de la ley presentada por Hasan al-Shimari, ministro de Justicia y uno de los dirigentes del partido islamista al-Fadila -´partido de la ‘virtud’-, obedece a los intereses electoralistas del primer ministro Nuri al-Maliki y de su partido al-Dawa, que prevé la necesidad de renovar sus alianzas entre los partidos shiíes de cara a las próximas elecciones parlamentarias del 30 de abril para poder continuar en el poder. Como sucede siempre cuando se trata de los intereses partidistas, las mujeres se convierten en moneda de cambio.
En cuanto al contenido de esta ley son varios los artículos que contradicen las disposiciones del CEP iraquí, además de las interpretaciones más justas del Corán y del Hadiz, y de las convenciones internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño , ambos ratificados por la Iraq en 1986 y 1994 respectivamente. Este código deja a las mujeres y las niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad, ya que, por ejemplo, el art. 16 del proyecto de ley establece que las niñas de 9 años pueden contraer matrimonio -los varones lo son a los 15 años-, mientras que la edad legal para el matrimonio en el CEP es de 18 años para ambos sexos.
Con este artículo el gobierno pretender legalizar la pedofilia, además de determinados matrimonios que encubren la prostitución y la venta y el tráfico sexual de menores de familias que viven situaciones de pobreza extrema, en lugar de abordar los problemas que han llevado al país al colapso económico y hacer un reparto social de la riqueza del país, teniendo en cuenta que en 2012 el Estado ingresó 90.000 millones de dólares de beneficios del petróleo, y que en febrero de este año se registró el récord de exportación con 3,6 millones de barriles de petróleo por día.
Además de esta violación flagrante de los derechos de la infancia, existen otros artículos que dejan a las mujeres legalmente desprotegidas, como el art. 63 sobre la prohibición del matrimonio permanente entre un hombre musulmán y una mujer no-musulmanas. De este modo, se propicia el llamado matrimonio temporal conocido por zaway al-mut’a (matrimonio de placer), que sirve para legitimar la prostitución y que puede aumentar su duración temporal si el hombre así lo desea.
Otro artículo intolerable de esta ley es el art. 101, que establece que el marido tiene derecho a disfrutar sexualmente de su esposa siempre que él lo desee, es decir, legitima la violación dentro del matrimonio; también prohíbe que la mujer salga de casa sin permiso del marido. Por otro lado, el art. 104 abre las puertas de par en par a la libre práctica de la poligamia, ya que suprime toda la casuística que, de acuerdo al CEP, limitaba a casos excepcionales esta práctica. Por su parte, el art. 126 establece que las niñas y las mujeres mayores no tienen derecho a la nafaqa -manutención por un tiempo determinado tras el divorcio-, ya que por edad son incapaces de satisfacer sexualmente al esposo.
A las pocas horas de salir a la luz la noticia de la aprobación, las redes sociales han ardido en indignación y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos han iniciado una serie de protestas y campañas para que esta ley no progrese en el parlamento. Tanto Organizaciones internacionales, como Human Rights Watch , e iraquíes como y la Asociación de Ulemas Musulmanes de Iraq han expresado. En concreto la Asociación de Ulemas ha declarado que esta ley: «[…] dividirá a la sociedad iraquí e impulsará la anulación de la identidad común, que será sustituida por identidades menores o subidentidades que no se ajustan a la naturaleza de los iraquíes».
Incluso dentro de la shía se han producido controversias , puesto que el proyecto de ley ha contado exclusivamente con la opinión del líder religioso del partido Fadila, sin buscar el consenso entre los juristas ni con la autorización de la hawza , máximo órgano religioso de la shía.
A pesar de todas estas movilizaciones y respuestas de los pueblos del mundo, es llamativo que no haya habido declaraciones formales de denuncia de organismos internacionales como Naciones Unidas, así como una postura clara y contundente contra este proyecto de ley por parte de la Unión Europea que, a su vez, debería revocar de manera indefinida los Acuerdos de Cooperación y Asociación entre la UE e Iraq.
La Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (CEOSI) nos manifestamos total y absolutamente en contra de esta nueva violación de los derechos de los y las iraquíes y exigimos a los organismos competentes que apoyen de una vez por todas las diversas luchas emprendidas por el pueblo iraquí por mantener su identidad y la unidad nacional frente a un proceso sectario y corrupto que sólo ha conseguido extender la violencia y la división iniciada por la ocupación, cuya máxima responsabilidad recae sobre EEUU, Reino Unido y de todos y cada uno de los gobiernos que han participado en esta guerra de destrucción de una nación soberana e independiente.
Igualmente os animamos a que apoyéis y difundáis la campaña internacional contra esta ley retrógrada, que va en contra de los derechos humanos en su trato degradante de la mujer y por ende del hombre al que embrutece, firmando aquí (inglés) o aquí (árabe).
*Esta nota ha sido posible gracias a la activa participación de Nadia Hindi, arabista y especialista en mujer y mundo árabe y miembro de la CEOSI.