El pasado 30 de septiembre la CIA hacía público su informe sobre las armas de destrucción masiva de Iraq (1). El informe fue elaborado para la Central de Inteligencia por Charles Duelfer, actual jefe del denominado Iraq Survey Group de la Agencia y anteriormente vicepresidente ejecutivo de la Comisión de Desarme de Iraq de Naciones […]
El pasado 30 de septiembre la CIA hacía público su informe sobre las armas de destrucción masiva de Iraq (1). El informe fue elaborado para la Central de Inteligencia por Charles Duelfer, actual jefe del denominado Iraq Survey Group de la Agencia y anteriormente vicepresidente ejecutivo de la Comisión de Desarme de Iraq de Naciones Unidas (NNUU) (2). Las conclusiones del voluminoso informe son categóricas y ya conocidas: en el momento de la invasión, Iraq no disponía de armas de destrucción masiva y el gobierno iraquí no tenía ni capacidad ni intención de fabricarlas. Una vez recocido este hecho, el informe parece derivar hacia el esfuerzo de poner en evidencia violaciones por parte del gobierno de Sadam Husein del régimen de sanciones impuesto al país desde agosto de 1990, tras la invasión por parte de Iraq de Kuwait, y prolongado después de la Guerra del Golfo hasta la invasión de marzo de 2003.
Así, la primera parte del que se ha denominado Informe Duelfer dedica un capítulo final («Regime Finance and Procurement») a los mecanismos empleados por el gobierno de Iraq para la provisión «ilícita» de fondos aprovechando el programa «Petróleo por alimentos», que, establecido por el Consejo de Seguridad (CS) en la resolución 986 de abril de 1995, entraría en vigor en diciembre de 1996 tras una ardua negociación con el gobierno iraquí en el período más duro para la población de Iraq. Por medio de la resolución 986, el CS autorizaba a Iraq a comercializar su crudo bajo un estricto control de NNUU, a fin de que el país pudiera comprar productos de primera necesidad, siempre tras el visto bueno -contrato a contrato- del denominado Comité de Sanciones, una instancia que reproducía la estructura y el derecho de veto del propio CS.
El programa «Petróleo por alimentos»
El programa recibió entonces el calificativo piadoso de humanitario, pese a haber sido impuesto por EEUU y Reino Unido como alternativa al levantamiento paulatino e incondicional de las sanciones que Francia, China y Rusia habían comenzado a plantear en el seno del CS desde que en fecha tan temprana como -nada menos- el otoño de 1994 la comisión de desarme especial para Iraq, la UNSCOM, creada tras la Guerra del Golfo, y la Agencia Internacional de la Energía Atómica dieran por concluida la fase de desarme efectivo del país y se hubiera puesto ya en marcha una segunda denominada de «control y verificación» del mismo. Esta segunda fase de control estratégico de Iraq se basaba en un complejo sistema de injerencia indefinida (de «inimaginable aceptación» por cualquier otro país que no fuera Iraq, dijo entonces el que por esas fechas era secretario general de NNUU, Boutrus Boutus Ghali) que debía impedir el rearme del país.
Además de postergar indefinidamente el fin de las sanciones y tener un efecto paliativo muy discreto sobre la situación de la población iraquí (dos de sus coordinadores dimitieron por estos motivos uno tras otro, Dennis Halliday y Hans von Sponeck), la entonces Administración demócrata del presidente Clinton contempló en la puesta en marcha del programa «Petróleo por alimentos» un mecanismo que permitiría a EEUU acceder al petróleo iraquí. Ciertamente, la resolución 986 contemplaba que la tercera parte de los ingresos por la venta del crudo iraquí se destinara al pago de las llamadas compensaciones por la ocupación de Kuwait y la posterior guerra: miles de millones de dólares han fluido desde entonces y hasta el día de hoy por este procedimiento a las arcas patrimoniales de las petromonarquías del Golfo aliadas árabes de EEUU (esencialmente Kuwait y Arabia Saudí), a sus petroleras y al propio Israel. Con estos fondos Arabia Saudí y Kuwait pudieron resarcirse del pago íntegro de la operación Tormenta del Desierto de 1991: casi 80 mil millones de dólares.
El dinero obtenido por medio del programa era gestionado exclusiva y directamente por el secretario general de NNUU siguiendo lo determinado en las resoluciones del CS; es decir, el gobierno iraquí no accedía materialmente al fondo de la venta del petróleo y, por ello, carecía de dinero en efectivo y de divisas (3). El dinero era ingresado en una cuenta abierta en Nueva York de la Banca Nacional de París. Asimismo, los contratos que Iraq firmaba con gobiernos o particulares de terceros países para comprar productos debían ser aprobados por el Comité de Sanciones, antes mencionado. Al gobierno de Iraq solo le restaba la potestad de determinar a quién vendía su petróleo para que fuera comercializado en el exterior y a quién le compraba los productos autorizados por el CS.
Este limitado margen de libertad fue determinante para que el gobierno de Iraq, seleccionado a determinados países (Francia, Rusia, China, España, a sus vecinos árabes y Turquía, a India e Indonesia o Malasia), fuera paulatinamente, a partir de 1997, rompiendo su aislamiento económico y diplomático (por ejemplo, el gobierno de Aznar será el primer país de la UE en reabrir por entonces su Oficina de Negocios en Bagdad). Aquí radicará la razón por la cual la Administración Clinton determinará en el otoño de 1998 poner punto final a la denominada política de contención frente a Iraq (es decir, de prolongación indefinida del embargo) y pasar a la de «cambio de régimen» (aprobación por el Congreso estadounidense del Acta de Liberación de Iraq): esta es la fecha del inicio de los planes de invasión de Iraq por parte de EEUU, no el 11-S de Bush.
Los contratos petrolíferos
El informe de la CIA incluye en el apartado «Deceptive Trade Practices Supporting Illicit Procurement» la relación de todos los contratos de comercialización del crudo iraquí firmados por el gobierno de Iraq y empresas, gobiernos, organizaciones y particulares de todo el mundo durante las 13 Fases (semestrales, a contar desde el primer semestre de 1997) en que estuvo en vigor el programa y hasta el inicio de la invasión, en marzo de 2003. Según la CIA, la lista corresponde a la original en inglés elaborada por SOMO, la empresa pública iraquí encargada de comercializar el petróleo; es decir, es la auténtica y está completa. La lista en inglés y su versión gemela en árabe fueron entregadas por un responsable del ministerio iraquí de Petróleo el 16 de junio de 2004 al equipo de la CIA dirigido por Duelfer. La lista -en realidad 13 listas- ha sido incluida escaneada en el informe de la CIA y puede revisarse en su Anexo B, páginas 167 a 200.
Si bien el título de esta sección del Informe Duelfer hace referencia a prácticas ilegales por parte del gobierno de Sadam Husein para proveerse de fondos, la propia CIA reconoce tanto que la posible desviación de fondos no estaba encaminada a lograr un rearme estratégico (sí a procurarse de liquidez y divisas para otros fines), como que los contratos que aparecen en las listas son todos ellos legales, dado que fueron suscritos en el marco del programa de NNUU. Tenían que ser presentados por ambas partes -por SOMO y por el adjudicatario- ante la Comisión de Sanciones del CS de NNUU antes de el que crudo pudiera ser embarcada desde las terminales de Fao, al sur de Basora. De igual manera, tanto SOMO como el adjudicatario o la empresa que le representara estaban obligados a dar cuenta al organismo internacional del destino final de la partida, es decir, a dar por concluida la transacción, a fin de que las propias Naciones Unidas pudieran contabilizar en la cuenta de Iraq el ingreso efectuado por el comprador final del petróleo embarcado.
Ciertamente, quiénes firmaban el contrato de comercialización del petróleo iraquí en Bagdad, en las oficinas del ministerio de Petróleo, podían disponer del beneficio obtenido de su puesta en venta en el mercado internacional, una ganancia con la que el gobierno iraquí contaba, al ofrecer las partidas a un coste inferior al internacional. Esta práctica tuvo su origen en las dificultades que encontró Iraq para poder vender su crudo al inicio del programa, debido a las presiones de otros proveedores o de las grandes petroleras. Buena parte del petróleo iraquí así exportado desde diciembre de 1996 tuvo por destino final las refinerías de EEUU.
A partir de la octava fase -como era entonces sabido y recuerda el informe de la CIA- el gobierno iraquí exigió el ingreso en cuentas clandestinas al margen de Naciones Unidas, abiertas en Líbano y Jordania, de una determinada cantidad de fracción de dólar por barril comercializado, lo cual reducía al mínimo el margen de beneficio, máxime si había varios intermediarios. Con esta medida, el gobierno de Sadam Husein confirmaba el grado de fiabilidad de sus interlocutores políticos y económicos exteriores, al tiempo que se proveía de divisas y dinero en caja. Algunas empresas –Repsol-YPF, por ejemplo- indicaron entonces consternados a las autoridades iraquíes no poder desviar tal cantidad de dinero de los contratos firmados con SOMO: la preocupación por perder pie frente a competidores europeos en el inmenso campo de la recuperación de la industria y explotación petrolífera iraquí que se estaba abriendo en el país fue entonces evidente.
Tras el informe de la CIA hoy tenemos una nueva confirmación de que ese dinero no fue destinado, como decíamos, al rearme ofensivo de Iraq, ni tuvo por destino cuentas secretas en paraísos bancarios a nombre de los dirigentes iraquíes, como en su día balbuceó algún responsable estadounidense. La mayoría de ese dinero fue a parar al Banco Central de Iraq, como si de impuestos se tratara. Con esos fondos el régimen iraquí compraba las piezas de recambio prohibidas por el CS (todas las relativas a electrificación, telecomunicaciones e industria petroquímica), cuya falta impedía la normalización socioeconómica del país; modernizaba los obsoletos sistemas de defensa antiaérea, en unos años de impunes ataques diarios de la aviación estadounidense y británica en las llamadas «zonas de exclusión aérea»; o pagaba a las familias de los mártires de la Intifada palestina o los estipendios de abogados europeos enfangados en una batalla legal con los del CS por muchas irregularidades incluidas en las resoluciones aprobadas desde 1991, por ejemplo.
En cualquier caso, la cantidad ilegalmente recaudada por este procedimiento por el régimen iraquí puede considerarse calderilla comparada con las cantidades que Iraq dejó de recibir desde la Guerra del Golfo de 1991 por la prolongación del embargo petrolífero (y de dátiles, por ejemplo), pese a la liberación del emirato kuwaití: un promedio de unos 20 mil millones de dólares anuales.
Las listas de la CIA, de ‘al-Mada’ y de MEMRI
Ciertamente, el interés de las listas de SOMO incluidas en el informe de la CIA es múltiple. En primer lugar, están completas, a diferencia de las dadas a conocer el pasado 25 de enero por el diario iraquí en lengua árabe al-Mada, que incluía tan solo 270 compañías, organizaciones e individuos de medio centenar de países que habrían recibido contratos para la comercialización de crudo iraquí por parte del gobierno de Sadam Husein.
La selección de nombres tuvo entonces un doble objetivo: el primero, demostrar que el depuesto régimen iraquí había premiado a organizaciones o individuos por su oposición al régimen de sanciones, o que había pretendido comprar el apoyo a sus tesis de círculos oficiales y económicos internacionales; el segundo, al excluir premeditadamente a otros adjudicatarios del crudo iraquí (como ahora veremos, por ejemplo, en el caso del Estado español, a Repsol-YPF o Cepsa), darle un carácter secreto a la relación de nombres y al procedimiento, como si hubiera otra lista pública y se hubiera procedido eludiendo el mecanismo establecido por el CS. En suma, era la lista de los destinatarios de las propinas de Sadam Husein que se espera encontrar en el ministerio de Petróleo en Bagdad, el único ciertamente -damos fe de ello- que los bombarderos estadounidenses no convirtieron en arenisca durante la guerra.
La elección del medio que debía dar a conocer la lista fue además muy significativa: el recién creado diario iraquí antes mencionado, el humilde al-Mada, dirigido por Fakhri Karim, un individuo con intereses empresariales en EEUU, vinculado al Partido Comunista Iraquí e interlocutor encubierto de su dirección con las sucesivas Administraciones estadounidenses en los años previos a la invasión.
Pero la efectiva difusión internacional de la lista no se debió a este medio árabe, ni a la primera página en árabe que la recoge, al-Bawaba: lo hará en francés y en inglés Middle East Media Research Institute (MEMRI), una institución creada en 1998, con sede en Washington y actual presencia en Iraq, y que ha sido denunciada como la filial del Mossad en este país (4). De estas versiones se harán eco, por ejemplo, El Mundo en su edición del 29 de enero y el diario Le Monde al día siguiente.
Esta segunda lista fue nuevamente manipulada sin duda a partir de datos aportados por servicios de información occidentales e israelíes: asigna a determinados nombres de adjudicatarios de contratos petrolíferos de varios países el nombre de organizaciones o partidos políticos, como si éstos fueran los destinatarios reales de la partida de petróleo. Es el caso de Basem Qaqish, empresario jordano nacionalizado español, y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA). La impronta de la asociación ha resultado tan perdurable que 10 meses después el diario El País, en su edición del 8 de octubre, sigue identificando a Basem Qaqish y al CSCA, pese a que las listas publicadas en el informe de la CIA, al que hacía referencia el redactor en su artículo, no los asocia, como ahora veremos. En su día, La Razón y La Clave se hicieron eco malintencionadamente y con muy poco seso (5) de esta vinculación espuria establecida por MEMRI, que por lo demás no debería obligar a ocultar la bien conocida relación militante de Basem Qaqish con el CSCA, muy anterior a la aprobación del programa «Petróleo por alimentos» y ejemplo de la generosidad, la dedicación y el compromiso de algunos -muy pocos- miembros de la comunidad árabe de este país con su propios pueblos.
‘Repsol-YPF’ y ‘Cepsa’, en las listas
Ciertamente, las listas originales habían sido recortadas por al-Mada y vueltas a manipular por MEMRI. Por el contrario, las 13 listas incluidas ahora en el informe de la CIA, si se acepta que son las auténticas (y deben de serlo pues aparecen ocultos los nombres de adjudicatarios estadounidenses), confirman que no había dos instancias de concesión de contratos para la comercialización de su petróleo por parte de Iraq, una secreta y la otra sometida al control de Naciones Unidas: todas ellas se hacían por el mismo procedimiento, es decir, el impuesto por el programa «Petróleo por alimentos».
Así, si se repasan las 19 listas, ahora sí podrán encontrase los contratos adjudicados, por ejemplo, a las grandes petroleras europeas, entre ellas Repsol-YPF y Cepsa, que no aparecían en las listas de al-Mada y MEMRI. Repsol recibió 12 partidas de petróleo iraquí en sucesivas Fases y desde la primera de ellas; Cepsa cuatro, la primera en la tercera Fase. Ambas compañías serán adjudicatarias hasta la última Fase, la 13, previa a la invasión, lo cual confirma la confianza del gobierno iraquí en el papel que el Estado español podría jugar en una resolución negociada de la crisis,… o igualmente la apuesta hasta el final de éstas empresas respecto a un sistema ya condenado, incluso por el gobierno Aznar. También aparece en las listas publicadas por la CIA Expansión Exterior, la empresa mixta de promoción del comercio exterior español, que recibe desde la primera Fase -aún con el nombre de Sirecox– seis partidas de petróleo.
También es de gran interés tener en cuenta que las listas del Informe Duelfer incluyen, junto con el nombre del adjudicatario, el de la empresa que se hará cargo en primera instancia de comercializar el crudo otorgado por SOMO, además de la cantidad adjudicada y embarcada. En el caso de las petroleras españolas, la entidad adjudicataria de la partida de petróleo y la que habrá de comercializarlo serán ellas mismas; en las partidas adjudicadas a Basem Qaqish será la empresa de la que es socio, Lubna. Este dato restituye la honorabilidad de Qaqish y sus relaciones con el CSCA, puesta en duda en su día por La Razón y La Clave: desde la firma del contrato en Bagdad con SOMO hasta su cierre en Nueva York, la empresa que se hace cargo de la partida es siempre la misma, registrada en el Estado español y fiscalizada. En suma, no se recurre a testaferros o a empresas creadas ex profeso para borrar la pista que conduciría al adjudicatario original en Iraq, como ocurre en otros casos que ahora veremos. En síntesis, se puede especular -si se desea- que Basem Qaqish financió en su día con los beneficios de la comercialización del crudo iraquí al CSCA, pero en cualquier caso lo tuvo que hacer una vez que el ministerio español de Exteriores (como era su competencia) gestionara los contratos firmados por Lubna y SOMO ante el Consejo de Seguridad, y que la Agencia Tributaria y sus propios socios en Lubna conocieran el balance de cada operación.
¿Javier ‘Robert’ o Javier Rupérez?
Ya en las listas parciales dadas a conocer por al-Mada, al-Bawaba y finalmente por MEMRI aparece identificado como «español» un individuo de nombre Javier Robert, del que nada se sabe. El primer contrato de petróleo que recibe Javier Robert de Iraq corresponde a la Fase séptima, (primer semestre de 2000). Tras éste recibirá de SOMO otros cinco contratos más, el último de ellos en la Fase 13, la previa a la guerra. El volumen de petróleo de cada partida se sitúa entre 1,5 y 2 millones de barriles de crudo.
Como muestran las listas publicadas por la CIA, Javier Robert carece de empresa propia con la que levantar (este es el término empleado) el crudo iraquí en las terminales de carga de Basora, y cambia en cinco ocasiones de empresa intermediaria: Amposta (que es española), Alcon Petroleum (suiza), Fenar Petroleum (radicada en Liechtenstein) y Aredio Petroleum (francesa). Excepto la primera de ellas y quizás la francesa, las otras dos empresas, ubicadas en paraísos bancarios donde se preserva por ley la identidad de los socios, puede que carezcan de existencia efectiva y que hayan sido creadas con la finalidad de ocultar la identidad del adjudicatario, como antes decíamos. Estas empresas, sean o no reales, tenían que vender la partida de crudo a intermediarios o directamente a una petrolera.
¿Quién es Javier Robert? Dos medios de comunicación, La Clave e Interviú, afrontan en estos momentos sendas querellas presentadas por los abogados de Javier Rupérez, a quién identificaron con Javier Robert (6). Javier Rupérez fue desde el año 2000 y hasta el cambio de gobierno de marzo de 2004 embajador de España en EEUU y previamente presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los diputados, además de responsable de Relaciones Exteriores del Partido Popular (PP). Según estos medios, Robert sería la trascripción incorrecta del árabe del apellido Rupérez. Traductores de árabe jurados han acreditado esta consideración para ambos medios.
Particularmente la redactora de Interviú, Soledad Juárez, argumentaba entonces sólidamente que al identificar a Robert con Rupérez se pondría en evidencia la existencia de un grupo de interés del PP vinculado a Iraq, ubicado en las más altas esferas del partido gubernamental, en la comisión de Exteriores de la calle Génova y en algún gobierno autonómico, pero articulado en torno a la dirección de la Fundación del PP, Humanismo y Democracia, que hoy preside José María Aznar y cuyo patronato estaba presidido, al menos hasta hace poco tiempo, por el propio Rupérez.
Ciertamente, las visitas a Iraq de Ricardo de León -coordinador general de Humanismo y Democracia- y de José Félix González Noriega -secretario de la Fundación- fueron muy frecuentes en aquel período (incluso al cumpleaños del mismísimo Sadam Husein). Javier Rupérez viajó también a Iraq antes de asumir su nuevo cargo de embajador en Washington, si bien en visita calificada entonces de privada (su hermano Ignacio era entonces encargado de Negocios de España en Bagdad). Pese a este carácter no oficial de su viaje, Rupérez se entrevistó con Tareq Aziz, viceprimer ministro de Iraq.
Este grupo, dada su situación dentro del partido en el poder y en determinadas instituciones oficiales, se habría reivindicado como lobby ante las autoridades iraquíes, obteniendo, a cambio de su compromiso en apoyar la postura de Iraq dentro del partido, del gobierno español y de instancias internacionales, contratos comerciales del programa «Petróleo por alimentos», tanto de comercialización de crudo como de venta a Iraq de productos, como documentó Interviú. Todos estos contratos serían, ciertamente legales, suscritos en el marco del programa humanitario de NNUU, si bien poco honorables y nada legítimos, por cuanto supondrían lucro personal y habrían sido obtenidos gracias al desempeño de cargos públicos o por la proximidad partidista a centros de toma de decisión gubernamentales.
Javier Robert recibió de Iraq su primer contrato petrolífero en la Fase séptima, es decir, en el primer semestre de 2000, cuando Javier Rupérez se hizo cargo de la embajada de España en Washington. Si fuera cierto que Javier Robert es Javier Rupérez, éste habría obtenido a través de empresas interpuestas contratos petrolíferos del gobierno de Sadam Husein cuando era nada menos que embajador español en EEUU e incluso en fases en las que los adjudicatarios -como hemos dicho antes- debían ingresar buena parte de sus beneficios en cuentas secretas iraquíes.
Gracias al informe de la CIA ahora ya son conocidas las empresas a las recurrió Robert, al menos aquéllas que debían hacerse cargo inicialmente del crudo en Iraq, y quizás sea posible determinar cuál es la identidad del titular de la cuenta donde se ingresaba el beneficio de la venta de ese petróleo. Quizás ayude a esta identificación un detalle inédito hasta ahora, sin duda importante, también aportado por el informe de la CIA y sobre el que incluso ha ironizado el conservador diario ABC en su edición del pasado 8 de octubre: en las dos últimas adjudicaciones de las seis otorgada a Javer Robert (Fases 12 y 13) las autoridades iraquíes identificarán a este personaje como «Spanish Public Party«, es decir, «Partido Público español», adscripción que antecede al nombre en las listas originales publicadas por la CIA (pp.: 195 y 198 del informe). ¿Se trata quizás de una mala traducción del árabe al inglés, esta vez de las palabras popular o gubernamental?
Lucro, mentiras y guerra
Sean o no Javier Robert y Javier Rupérez la misma persona, la existencia de un lobby del PP en Iraq en aquellos años es incuestionable, como bien sabíamos ya entonces quienes viajábamos regularmente al país -como de su dudosa fiabilidad, como luego se demostró. Ciertamente, la reapertura del mercado comercial y energético de Iraq que conllevó la puesta en marcha a partir de diciembre de 1996 del programa «Petróleo por alimentos» suscitó el interés de gobiernos y corporaciones, también en el Estado español, que, como hemos indicado antes, fue vanguardia en Europa -con el gobierno Aznar- en la recuperación de lazos diplomáticos y económicos con un gobierno, el de Iraq, que parecía de día en día más estable y solvente: pese a todas las trabas del programa, Iraq comenzaba a ser de nuevo una potencia comercial, un socio galanteado. Esta línea de recuperación paulatina de relaciones diplomáticas y comerciales bilaterales sería abiertamente apoyada por amplios sectores empresariales españoles, particularmente el de los hidrocarburos.
Confirmado el fracaso de las sanciones como mecanismo para inducir un cambio interno en Iraq y confirmados también estos inesperados efectos del programa «Petróleo por alimentos», la determinación primero de la Administración Clinton y, a partir de 2000 y tras el 11-S, de la Administración Bush de forzar militarmente el derrocamiento del régimen de Sadam Husein inducirá al presidente Aznar a optar por el alineamiento abierto con Washington y Londres, asociándose interesadamente a la lógica de llamada «Guerra global contra el terrorismo», una deriva abiertamente desafiada entonces por las grandes petroleras españolas, que siguieron viajando a Iraq.
Y una vez llevada a cabo la invasión, los mismos personajes de la dirección de Humanismo y Democracia que viajan a Iraq antes de la guerra retornarán a un país ya ocupado con el renovado afán de seguir haciendo negocios (7). La cuestión es que, pocos meses después, debido al inesperado fenómeno de la insurgencia armada en el país, la «tarta iraquí» que había que reivindicar que la Administración Bush compartiera con sus aliados se había esfumado.
Pero esa es otra historia.
Carlos Varea fue presidente del CSCA hasta su dimisión en junio de 2004. En la actualidad coordina la Campaña contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq
Notas:
- Comprehensive Report of the Special Advisor to the DCI on Iraq’s WMD, puede consultarse integramente en la dirección de la CIA: http://www.cia.gov/cia/reports/iraq_wmd_2004/index.html.
- Una agria caracterización de Duelfer en la etapa en que fue inspector de NNUU, antes de la invasión, por parte de Scott Ritter, ex marine estadounidense y a su vez polémico miembro entre 1991 y 1998 de la anterior Comisión de Desarme para Iraq de NNUU, la UNSCOM, puede leerse en The Guardian de 9 de octubre de 2004.
- Esta es una de las razones del nulo efecto del programa en la reactivación socioeconómica de Iraq en aquellos años, al no permitir al gobierno iraquí disponer de fondos para la contratación, subida de salarios o acometida de proyectos. Por el contrario, el CS sí autorizó la entrada de dinero en efectivo para la contratación y pago de salarios en la zona del Kurdistán fuera del control gubernamental de Bagdad.
- MEMRI, documento núm. 160, de 29 de enero de 2004 (www.memri.org).
- La Clave, núm. 147, 6-12 de febrero de 2004; y La Razón, edición del domingo 15 de febrero de 2004, en portada y pág. 12. Al respecto, el ministerio de Asuntos Exteriores ruso indicaba el 2 de febrero en relación con la lista publicada por al-Mada que los comentarios que habían acompañado su difusión sobre pagos encubiertos del régimen iraquí demostraban «[..] que tales aseveraciones solo pueden ser realizadas por personas que desconocen completamente el procedimiento para la exportación del petróleo iraquí cuando aún estaban en vigencia las sanciones [contra Iraq]» (RFL/RL Newsline vol. 8, núm. 21, 3 de febrero de 2004). Esta consideración cabe adjudicársela igualmente a los redactores de ambos medios citados.
- La Clave, núm. 147, 6-12 de febrero de 2004; e Interviú, núms. 1.450 y 1.452 de 9-15 de febrero y 23-29 de febrero de 2004, respectivamente.
- Humanismo y Democracia acogió formalmente en Madrid la primera reunión tras la guerra de los grupos y las figuras del exilio iraquí asociados a los ocupantes, una cita que anticipó en pocas semanas la creación por Paul Bremer del Consejo Gubernativo iraquí según criterios sectarios y confesionales (junio de 2003). La web de esta Fundación es www.humanismoydemocracia.org.