Tras WikiLeaks, Anonymous o el ataque a Sony desde Amazon, todos movimientos que golpean en la seguridad de muchos estamentos de Estados Unidos, el gobierno de Obama está decidido a endurecer y mucho este tipo de acciones de los hackers. Con el fin de erradicar el daño sustancial que este tipo de ataques ocasiona a […]
Tras WikiLeaks, Anonymous o el ataque a Sony desde Amazon, todos movimientos que golpean en la seguridad de muchos estamentos de Estados Unidos, el gobierno de Obama está decidido a endurecer y mucho este tipo de acciones de los hackers. Con el fin de erradicar el daño sustancial que este tipo de ataques ocasiona a las infraestructuras del país, Obama presentó ayer en el Congreso una propuesta legislativa: Pena de prisión obligatoria de un mínimo de tres años para todos los hackers.
No sólo eso, el gobierno también presentó una propuesta de ley nacional de datos con la que refuercen la seguridad de los mismos ante posibles ataques, así como una especie de inmunidad de responsabilidad civil con todas aquellas empresas de infraestructuras crítica (es decir, las empresas defensa, seguridad y de índole económica más importantes del país) con el fin de que exista un intercambio continuo de información con el gobierno vía Homeland Security.
En cualquier caso, detrás de este movimiento está claro que existe la necesidad en el país de potenciar la ciber-seguridad, una vez que han visto la vulnerabilidad de sus sistemas. En el caso de los hackers, se trata de una medida sin igual, ya que en caso de declararse culpable bajo el epígrafe de «seguridad nacional», no habría posibilidad de reducción de condena o indemnización como en la actividad ordinaria, sino que la figura del «ladrón» informático pasaría a ser un reo «especial» sin varios de los derechos fundamentales del país para un preso.
En definitiva, un estado de alerta, el que se quiere enfatizar desde el gobierno, con todo lo relacionado a la seguridad en la red y los posibles ataques de los que puedan ser blancos. Un movimiento que de aprobarse, se unirá a las normas incluidas en la Payment Card Industry, el sistema impuesto por la Industria de las tarjetas de crédito que obliga a las empresas a adherirse a una lista de protocolos se seguridad como la encriptación de información sensible o la instalación de firewalls o antivirus.