En este artículo se analizan los graves sucesos realizados contra la comunidad originaria mapuche-tehuelche al sur de Bariloche en tierras que reclama la comunidad por parte de las fuerzas represivas del estado en un operativo policial sin precedentes y en contra de lo manifestado por el obispado de San Isidro y otros organismos públicos nacionales.
En un procedimiento en el que se violaron derechos y garantías elementales, siete mujeres mapuche fueron detenidas el martes 4 de octubre por un comando unificado de fuerzas federales de seguridad y la policía de Río Negro, que se creó especialmente para desalojar a una comunidad de espacios territoriales que reivindican desde 2017 dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, al sur de Bariloche. A la vez, el mega-operativo revirtió de hecho la voluntad del Obispado de San Isidro y de otros organismos públicos nacionales de no ejecutar desalojos en seis de esas nueve parcelas reivindicadas por la comunidad mapuche-tehuelche, tal como consta en expedientes del mismo Juzgado Federal de Bariloche.
Una de las detenidas fue alojada en el hospital público local por su embarazo prácticamente a término; dos fueron mantenidas con sus bebés lactantes en una cárcel alejada del centro de la ciudad, y otras cuatro fueron trasladadas a más de 1.500 kilómetros del lugar de origen, incomunicadas y aisladas, por lo que realizan una huelga de hambre. Un grupo de niñxs y adolescentes escapó del dispositivo de represión y permaneció más de doce horas aislado en la montaña, sin alimentos y bajo una llovizna constante, sin que la jueza federal a cargo del operativo, Silvina Domínguez, permitiera a sus familiares ingresar al lugar en conflicto a retirarlos. El dispositivo a cargo de la Policía Federal se mantiene por el pedido de captura de al menos 14 varones, cuyas identidades y cargos se desconocen.
La presidencia del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (SNPT), solicitó formalmente en el expediente que se reviertan los traslados a unidades de Buenos Aires de las cuatro mujeres.
En una cárcel de la Policía Aeroportuaria, en el aeropuerto de Bariloche, está detenida con su bebé Betiana Colhuan Nahuel, de 20 años, machi (autoridad espiritual) de la Lof Lafken Winkul Mapu, comunidad acusada de presunta usurpación del territorio tradicional que reivindica. Es prima de Rafael Nahuel, asesinado el 25 de noviembre de 2017 de un disparo por la espalda por un efectivo del grupo especial Albatros de la Prefectura. Esta fuerza también integra el comando especial que debutó en Mascardi. Persiste la incertidumbre respecto a si fue dañado el rewe (espacio ceremonial de la machi) durante el allanamiento, secuestro y destrucción de bienes de la Lof iniciado el martes, por lo que se presentó una medida cautelar.
Este desalojo masivo de nueve parcelas revirtió la voluntad de no impulsar esa acción por parte del Obispado de San Isidro (titular de un predio) y del propio Estado Nacional. La Administración Nacional de Parques Nacionales, titular de dominio de tres parcelas, desistió de impulsar el desalojo y no se plegó al pedido de elevación a juicio; otra fracción volvió al Estado por las deudas del gremio que la poseía. Así le consta al propio gobierno, ya que intervino a través de la Secretaría de Derechos Humanos, tal como informamos en su momento.
Todo el procedimiento, incluida la apertura del expediente judicial de origen, está plagado de irregularidades y avasallamiento de derechos, de acuerdo a los abogados que intervienen en defensa de las detenidas, organismos de derechos humanos y la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otros espacios. El jueves pasado Elizabeth Gómez Alcorta renunció como titular del Ministerio de las Mujeres a consecuencia de esas violaciones a los derechos humanos. En numerosos puntos del país salieron a la calle organizaciones y expresiones del pueblo mapuche-tehuelche, espacios políticos, ambientalistas, sindicales y de derechos humanos, que reclamaron la liberación de las presas políticas, la reanudación del diálogo y contra la militarización del conflicto territorial.
Oscuro objeto del deseo
El domingo 25 de septiembre a la noche autores anónimos atacaron una casilla de vigilancia móvil de la Gendarmería que custodiaba una propiedad privada dentro de la jurisdicción de Parques Nacionales, a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. El juzgado federal local le atribuyó el ataque a la Lof Lafquen Winkul Mapu, según argumentó Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, en los fundamentos del decreto de creación del comando unificado Villa Mascardi. El decreto se publicó en el Boletín Oficial el martes 4, el mismo día en que se inició el operativo que se mantiene al cierre de esta nota.
El Ministerio de Seguridad creó el “Comando unificado de seguridad zona Villa Mascardi para la gestión y coordinación interfuerzas de actividades preventivas del delito (como) auxiliar de los órganos del sistema de administración de justicia (para) aseguramiento de las personas y los bienes de la localidad”. Ese fue el reclamo de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, y de los defensores de la propiedad privada supuestamente amenazada por los derechos de los pueblos originarios en la Argentina.
El decreto está hecho a la medida del expediente secreto de la fiscal María Cándida Etchepare y de la jueza Domínguez a partir del ataque violento contra el destacamento móvil de Gendarmería. Ese episodio lo protagonizaron encapuchados y nadie se adjudicó el hecho. Sin embargo, la justicia federal se lo atribuyó a la Winkul, el ministro de Seguridad lo repitió en potencial y se decidió el desalojo forzoso, las detenciones y la persecución de “entre 15 y 20 personas con el rostro cubierto” que resistieron una inspección ocular del 27 de setiembre.
El incendio de la casilla fue intencional, aunque según quién lo haya realizado cambia sustancialmente la intención. Lo cierto es que ese incendio le permitió a la jueza Domínguez iniciar un nuevo expediente que pasó por encima de decisiones judiciales tomadas en otras causas que tramitan en su propio juzgado así como en el fuero provincial. Dispuso un allanamiento general a las nueve parcelas en conflicto, pese a que solo tres promovían el desalojo. A pesar de lo que se decidió y consta en expedientes particulares, el comando desalojó tres parcelas de Parques Nacionales, una de la Unión Personal de Gas del Estado (que volvió al Estado Nacional por deudas) y la del complejo de cabañas del Obispado de San Isidro.
El 3 de octubre, el día anterior a la creación formal del comando unificado, Domínguez libró la orden de allanamiento al comisario general Dante Cardozo, de la jefatura de la Policía Federal, indicando el desalojo de las nueve parcelas y la detención de sus ocupantes en la causa por incendio intencional y atentado a la autoridad. Ese mismo lunes por la mañana arribaron al aeropuerto de Bariloche personal y vehículos, hecho que anticipó la proximidad de la medida. La semana anterior, el ministro Fernández había recibido primero a la gobernadora Carreras y luego a Betiana Minor, su par de Seguridad en Río Negro.
Las nueve parcelas por las que se creó el comando suman 27,7 hectáreas. El Parque Nacional Nahuel Huapi tiene 710.000 hectáreas. El country Arelauquen, del grupo belga BURCO, tiene 780 hectáreas. Tavistock Group tiene más de 12.000, incluido el lago Escondido. Los capitales de los Emiratos Árabes tienen por lo menos 22.000 hectáreas rurales en el paraje El Foyel, sólo por citar algunos casos ubicados muy cerca del lugar en conflicto. La superficie realmente ocupada por la Winkul en cinco años fue variando a partir de algo menos de dos hectáreas del primer reasentamiento, que se amplió después del crimen –todavía impune– de Rafael Nahuel.
Los números formales de las parcelas demuestran lo desproporcionado del dispositivo, tanto en número de efectivos como en gastos de recursos públicos. De este modo, no es la superficie lo que está en juego ni el peso específico de los propietarios que reclaman mano dura lo que parece haber definido la militarización del área en esta última etapa. El predio La Escondida está inscripto como propiedad de Magdalena Giménez de Tournier; La Cristalina, de Catalina y Lucía Frutos, y Los Radales, de Mercedes Josefina Olivera (esposa de Luis Dates, vocero del conflicto).
El caso de Olivera es llamativo ya que formalizó la compra en 2019, cuando ya estaba bastante avanzado el conflicto. Suele argumentarse que la conflictividad territorial atenta contra la actividad inmobiliaria, lo que no ocurrió en este caso.
Violación de derechos
Andrea Reile, abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, interviene en representación de las detenidas. Nunca pudo acceder al expediente por las que están privadas de la libertad las siete mujeres. El juzgado tampoco le notificó del traslado en avión, de madrugada, de cuatro de ellas a Buenos Aires, ni respondió el pedido de excarcelación. Reile asegura que se vulneraron derechos consagrados por tratados internacionales respecto a mujeres, niñxs y adolescentes y pueblos originarios.
Esos mismos incumplimientos argumentó Gómez Alcorta en su renuncia al cargo, que presentó el jueves y el Presidente le aceptó el viernes. En cambio, funcionarias del gabinete rionegrino consideraron que se respetaron los derechos, a pesar de que la Subsecretaría de Derechos Humanos jamás fue notificada y se presentaron en el lugar al conocer los hechos por la prensa.
Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), requirió a Domínguez que revierta la medida respecto a las cuatro detenidas trasladadas a Buenos Aires. Al argumentar, destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya falló contra el Estado Nacional por traslados similares, refiriéndose al caso de cuatro detenidos de una unidad de Neuquén. Una delegación del organismo entrevistó a Luciana Jaramillo, Débora Vera, Andrea Despo y Florencia Melo, quienes “manifestaron que se encontraban en huelga de hambre porque entendían vulnerados sus derechos, en tanto hasta el momento de la entrevista no habían sido debidamente notificadas de los delitos que se les imputaba ni de las medidas de coerción en su contra, y no tenían conocimiento acabado de la situación de sus hijos/as menores de edad, entre otras situaciones relatadas”. Estas detenciones “no se ajustan a los estándares internacionales y nacionales en materia de derechos de pueblos originarios, derechos de las personas privadas de su libertad, a ser alojadas en cercanía de sus hogares, principio del interés superior de niños y niñas y de los/as hijos/as de las mujeres privadas de libertad, y derecho de defensa”.
Además, en el caso de “de la persecución penal de integrantes del Pueblo Indígena Mapuche, la Corte IDH resaltó (…) que el deber de facilitar su alojamiento en centros penitenciarios más cercanos es especialmente importante dada la importancia del vínculo que tienen estas personas con su lugar de origen o sus comunidades”.
El ministro Fernández consideró impecable el accionar del comando.
Conflicto ampliado
En 2021, el mismo Comité contra la Tortura intervino por el conflicto de la Lof Quemquentreu, en el paraje Cuesta del Ternero, unos kilómetros al sur de Mascardi. En ese momento, Minor reconoció que la provincia “no cuenta con un protocolo específico para la intervención de la fuerza de seguridad ante los pueblos originarios”, pero que “se está trabajando junto a la Secretaría de Derechos Humanos provincial en el diseño de un trayecto de formación para agentes policiales, orientado especialmente a las intervenciones ante situaciones que involucren conflictos territoriales con comunidades”. El antecedente de recuperación territorial en la modalidad contemporánea del pueblo mapuche en Río Negro es el de Pampa Amarilla, de 1993, cerca de Ingeniero Jacobacci.
De todos modos, no importaría mucho si Minor no avanzó demasiado con esos compromisos pendientes. Al parecer, hubo un acuerdo entre la Nación y la provincia por el que el operativo dejó a resguardo al gobierno provincial y a la justicia local. Tan es así que Carreras viajó a Roma para la celebración de la canonización de Artémides Zatti, enfermero salesiano de recordada trayectoria en Viedma. Nunca está de más el bálsamo del Vaticano.