Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Alrededor de 4,7 millones de ciudadanos iraquíes -una quinta parte de la población- han sido forzosamente desplazados dentro y fuera de su país a causa de la ocupación estadounidense y de las políticas de los gobiernos sectarios que dicha ocupación ha venido estableciendo desde la ilegal invasión de Iraq en el año 2003. La situación de los refugiados supone una catástrofe humana, una tragedia nacional y un factor desestabilizador para la región. Este éxodo, denominado como «la crisis humanitaria que más velozmente ha ido desencadenándose de todo el planeta», es una crisis sin precedentes en alcance y profundidad desde los tiempos de la Nakba, que en 1948 arrancó de sus hogares y de su tierra al menos a un millón de palestinos.
Aunque la propaganda alardea del retorno de alrededor de 25.000 iraquíes, la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), la principal agencia internacional responsable de los refugiados, advirtió el pasado mes que no se daban sobre el terreno condiciones de seguridad para que los iraquíes desplazados pudieran regresar y que los pocos que habían vuelto en noviembre de 2007 no lo habían hecho -contrariamente a lo que el supuesto gobierno de Iraq pretende- por las mejoras experimentadas en la seguridad en Iraq, sino más bien porque sus medios de supervivencia habían sufrido tan grave merma que les impedía poder permanecer en cualquier otro sitio. Entre las principales razones que han llevado a algunos a regresar están las durísimas nuevas restricciones en los países anfitriones para conseguir permisos de residencia, a las negativas a que sus hijos puedan acceder a la escolarización y a la educación superior y al agotamiento de los ahorros para situaciones de emergencia. Muchos de los retornados se encontraron con que había otras personas ocupando sus hogares en Iraq, lo que les ha obligado a salir de nuevo en busca de refugio. Finalmente, el gobierno de Iraq tuvo que admitir que no podría hacer frente a un retorno masivo en caso de que se produjera.
Los 4,7 millones de refugiados iraquíes que huyeron para salvar sus vidas, desarraigados de sus hogares por la fuerza desproporcionada utilizada por la ocupación y las campañas de limpieza étnica realizadas por las milicias afiliadas a sus gobiernos sectarios, son el testimonio viviente de la inhumana invasión -y de la violación de los derechos humanos- y ocupación estadounidense de Iraq. Al menos 1,5 millones de iraquíes han sido brutalmente asesinados, miles han desaparecido o están detenidos, cientos de miles de mujeres han enviudado. La moderna y educada clase media iraquí, vital ahora y en el futuro para dirigir el estado, la economía, y construir la cultura iraquí, ha sido diezmada. Tras los asesinatos sistemáticos, encarcelamientos, ataques y asedios militares, amenazas y discriminación, la mayoría de los que aún permanecían salieron del país. La ausencia de esta clase media ha producido la descomposición de todos los servicios públicos para todo el conjunto de la sociedad iraquí. Ninguna propaganda puede defender que la ocupación es un éxito cuando tantas personas están sufriendo sus consecuencias.
De los 4,7 millones de desplazados, las cuatro quintas partes son mujeres y niños. Ninguno dispone de adecuado o de algún acceso a la seguridad, alimentos, refugio, educación, alcantarillado, servicios higiénicos o sanitarios, ni a necesidades básicas como agua y electricidad. Además de la fuga de cerebros que Iraq ha sufrido desde el comienzo de la ocupación, bien a causa de los asesinatos sistemáticos o de los desplazamientos, los niños refugiados están actualmente perdiendo su derecho universal a la educación al no poder asistir a clase. Es una tragedia individual para los refugiados y un desastre total para el futuro de Iraq. El ACNUR está drástica e insuficientemente subvencionado para poder resolver las necesidades de estos millones de desplazados. Ha venido lanzando repetidamente peticiones de ayuda para conseguir que las donaciones internacionales se incrementen y apoyen su funcionamiento básico y así poder cumplir con su misión humanitaria.
Aunque los iraquíes no pueden volver sin peligro a sus hogares, no pueden estar esperando a que termine la violencia en Iraq para poder satisfacer sus necesidades. Los principales países anfitriones que soportan a los millones de desplazados iraquíes ya albergaban anteriormente grandes poblaciones de refugiados y son países en vías de desarrollo. Con sus propios ciudadanos sufriendo desempleo, a los refugiados iraquíes se les niegan los permisos de trabajo y de residencia permanente. Además, estos estados anfitriones no son signatarios de la Convención para los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 y, por tanto, no están obligados por sus principios -incluso hay casos en que se rechaza la habitual obligación legal internacional de no devolución (prohibición de expulsar a los refugiados hacia una zona donde tengan que enfrentar persecución). Como consecuencia, a los iraquíes se les niega el estatuto de refugiado, considerándoseles turistas sin pasaporte o residencia reconocida, abandonados económicamente y socialmente vulnerables. Todos los indicadores de la desesperación social están presentes a la vez que aumentan los informes señalando que los recursos se limitan a degradantes medios de supervivencia.
Según las normas del derecho humanitario internacional, la comunidad internacional, las potencias ocupantes y el gobierno de Iraq están obligados legalmente a ayudar y proteger a los refugiados iraquíes. Ni la ocupación, con los gobiernos que ha instalado, ni estados individuales ni la comunidad internacional han cumplido con sus obligaciones legales y morales hacia los desplazados iraquíes o los países que los albergan. Los refugiados iraquíes son temporalmente ciudadanos iraquíes desplazados que tienen todo el derecho a vivir con dignidad, el derecho a beneficiarse de los recursos nacionales y el derecho a regresar a sus hogares. Son personas protegidas por las Convenciones de Ginebra y las Regulaciones de La Haya, así como por varios instrumentos del derecho internacional relativos a los refugiados.
INICIATIVA INTERNACIONAL IRAQUI SOBRE LOS REFUGIADOS (Iraqi International Initiative on Refugees): El 25 de noviembre de 2007, la Iniciativa Internacional Iraquí para los Refugiados (www.3iii.org) hizo pública una propuesta para apoyar, proteger y defender a los refugiados y sus derechos como ciudadanos iraquíes para transformar el sistema de financiación de las agencias responsables y los países anfitriones. La propuesta pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que apruebe una resolución por la que se ordene que el estado iraquí destine parte de los ingresos obtenidos del petróleo iraquí -en proporción al número de ciudadanos iraquíes desplazados temporalmente- para los refugiados iraquíes en los países de acogida.
Esa resolución es urgentemente necesaria, está legalmente justificada y es políticamente apropiada. Es la única forma eficaz para que el país de origen y la comunidad internacional cumplan con sus obligaciones morales y legales tanto hacia los refugiados iraquíes como hacia los países anfitriones, a la vez que se preservan los derechos de los refugiados y su dignidad como ciudadanos iraquíes. Además, tal resolución no sólo está justificada sino que respeta la jurisprudencia existente sobre la responsabilidad estatal y la protección de los refugiados, en concordancia con la misión fundamental de las Naciones Unidas de preservar la paz y la seguridad internacionales, proteger las poblaciones civiles y fortalecer la civilización humana. No se puede hacer objeción legal alguna en contra de esta propuesta. Además, en el caso de Iraq ya existe un ejemplo de redistribución equitativa de los recursos nacionales a través de una resolución del Consejo de Seguridad.
En 1991, Turquía cerró sus fronteras al flujo de refugiados que provenían principalmente del norte de Iraq, negándose a aplicar el principio de no devolución. Como consecuencia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, consciente de que este principio no bastaba para proteger a la población refugiada, instituyó nuevas prácticas de protección de los refugiados. El artículo 8b de la resolución 986/1995 del Consejo de Seguridad obligaba al estado iraquí a destinar parte de los recursos nacionales iraquíes a la población que no estaba bajo la autoridad del gobierno iraquí (los tres gobernorados del norte). Esa Resolución se aprobó a partir de supuestos humanitarios, para «asegurar una distribución equitativa de la ayuda humanitaria en todos los segmentos de la sociedad iraquí», incluyendo a los ciudadanos iraquíes que no estaban residiendo en los tres gobernorados del norte y que no estaban supervisados a nivel administrativo por el gobierno central. Los actuales refugiados iraquíes están en la misma situación, están fuera de la supervisión del gobierno central que gobierna en Iraq.
Las resoluciones 1314 y 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas subrayaron aún más la tendencia existente en la jurisprudencia internacional sobre protección de poblaciones refugiadas al insistir en la responsabilidad de los Estados a la hora de asistir a los civiles, incluidos los refugiados y los desplazados. Esta tendencia se refleja aún más en los llamamientos del ACNUR y en la declaración final de la Cumbre Mundial de 2005. Las resoluciones 986, 1314 y 1325 crearon un antecedente legal que obliga y permite al CSNU a redactar y aprobar una resolución que requiera ahora que se asigne una parte proporcionada de los ingresos del petróleo iraquí a los actuales refugiados iraquíes, a fin de proteger sus derechos humanos reconociendo que el petróleo iraquí es propiedad de todos los iraquíes, dentro y fuera de Iraq, como estableció la resolución 986 del CSNU.
DEBILITANDO LA LOGICA DE LA VIOLENCIA: Además de establecer el deber de protección, frecuentemente, la jurisprudencia internacional sobre los refugiados da mucha importancia a que se ayude al país de origen a erradicar las causas de la violencia que hacen que la población se desplace. La propuesta de la Iniciativa Internacional Iraquí sobre los Refugiados se adhiere también a esta lógica. Desde 1991, la política estadounidense hacia Iraq ha buscado destruir sus capacidades políticas, militares y económicas en un intento de dividir el país en tres o más entidades para poder apropiarse de sus recursos naturales. La limpieza étnica que está actualmente teniendo lugar bajo instrumentación estadounidense va intrínsicamente unida al reciente intento de controlar los recursos de Iraq fomentando y manipulando las identidades sectarias.
Desde el primer día de la ocupación, EEUU ha venido apoyando a las fuerzas sectarias, suficientemente débiles, ilegítimas y en conflicto entre ellas mismas como para poder crear un estado operativo, por tanto, necesitan de la dirección, protección, presencia y ayuda sin fin de los mismos EEUU. Sólo se tolera el denominado proceso político en el que participan esas fuerzas en tanto en cuanto sirva para controlar y asegurar el desmantelamiento del unificado y soberano Estado iraquí, sus instituciones e infraestructuras; para desintegrar a la sociedad iraquí y a su tejido social mediante límites sectarios y confesionales; y para ayudar a la ocupación a reprimir la resistencia popular nacional del pueblo iraquí. Esta estrategia es la que se ha estado ejecutando a través de toda la ocupación como medio para destruir a Iraq como Estado y como nación, para obligar a su pueblo a entregar sus recursos nacionales a las corporaciones e intereses estadounidenses.
No obstante, a pesar de quince años de intentos continuos para someter a Iraq y a su pueblo, bien a través de sanciones económicas, guerra de agresión u ocupación, la política de EEUU ha sido un fracaso. En 2006, después de apoderarse de sus recursos, la ocupación optó por delegar en las diversas fuerzas sectarias y milicias que habían promovido la tarea de desarraigar a la fuerza a la población local residente. El proceso político y la limpieza étnica perpetrados no es sino una lucha de poder instrumentalizada entre las varias facciones sectarias que compiten por la recompensa económica y/o política concedida por la ocupación por privar al pueblo iraquí de su soberanía desplazándole y conseguir el control local sobre zonas y recursos.
Una u otra milicia han venido purgando zonas enteras de las minorías que residían en ellas, cambiando de hecho la estructura demográfica de regiones y barriadas enteras, especialmente en Bagdad, mientras mantienen a una de las milicias colaboradoras controlando, en cualquier escenario dado, a la gente y sus recursos. Aunque el sectarismo comienza atacando a las minorías y a los débiles, pronto se extiende a todos los integrantes de la sociedad, los cuales pueden ser, dependiendo de los lugares, mayoría o minoría. La ocupación cambia sus filiaciones como si no necesitara considerarse a sí misma permanentemente atada a las respectivas agendas de cada facción y defiende sólo sus propios intereses. Esta estrategia criminal asegura un ciclo interminable de violencia que sólo puede cortarse poniendo fin a su causa primigenia: la ocupación estadounidense. Por ahora, todos los iraquíes se han visto afectados, todos los sectores de la sociedad iraquí se han visto forzados a huir.
Aunque la ocupación utiliza el desplazamiento forzoso como medio de chantaje para, por turno, aterrorizar a la población, desestabilizar a los países anfitriones y saquear las riquezas iraquíes, una resolución del CSNU que demande que el Estado iraquí destine la porción proporcionada y legítima de la riqueza nacional iraquí a los refugiados iraquíes anularía eficazmente los objetivos de la ocupación y privaría a sus fuerzas sectarias de los beneficios conseguidos al desplazar a la población para conseguir réditos políticos o económicos. Inutilizaría por completo la táctica de desplazar a la población, mientras sus víctimas tendrían garantizada por ley la porción de los ingresos nacionales que por derecho les corresponde.
LA OBLIGACION DE ACTUAR: El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como órgano supremo de las Naciones Unidas, tiene el deber y autoridad moral, legal y política de actuar protegiendo a los millones de iraquíes desplazados. Tras trece años de desastrosas sanciones impuestas por Naciones Unidas que, según antiguos ayudantes de secretarios generales de UN, cumplieron por demás el contenido de la definición de genocidio enunciada por el derecho internacional, el CSNU fracasó a la hora de actuar para proteger al estado y al pueblo de Iraq, o condenar y censurar a los responsables del lanzamiento de una guerra ilegal de agresión contra un estado miembro de las Naciones Unidas. Su silencio acerca de los horrendos costes humanos y materiales pagados por los iraquíes desde la ilegal invasión estadounidense en 2003 no sólo es vergonzoso, también es criminal.
Una resolución del CSNU sobre los refugiados iraquíes pondría fin a la complicidad de Naciones Unidas en este crimen, revelaría la ilegalidad e hipocresía de la ocupación, así como la naturaleza brutal e inhumana de las políticas que EEUU ha estado imponiendo en Iraq desde su ilegal invasión en 2003. Si queremos reestablecer un orden internacional pacífico, es necesario poner límites al imperialismo estadounidense. No hace sino promover el sectarismo en todas partes. Y después utiliza la dramática situación de los refugiados forzosos a causa de la violencia sectaria como herramienta política para chantajear y desestabilizar tanto a los países de origen como a los países anfitriones. Finalmente, utiliza a los refugiados como justificación para lanzar una intervención «humanitaria», sin respeto a la soberanía estatal, mientras trata de ocultar las crisis masivas humanitarias generadas por sus propias políticas sectarias.
Como muestran las cifras del ACNUR, la mayoría de los iraquíes desplazados rechazan que se les trate como refugiados. Consideran que la concesión ese estatuto y su reubicación es una victoria de facto para la ocupación y para sus políticas de empujar a la población fuera de Iraq, privándola de sus derechos nacionales. Todos los iraquíes saben que los planes de la ocupación han fracasado completamente y que no pueden empezar de nuevo. Como ciudadanos iraquíes, saben que son soberanos sobre los recursos de Iraq, ahora y en el futuro. Es más, son colectivamente conscientes de la situación dramática de sus hermanas y hermanos palestinos, a quienes, a pesar de tener garantizado el inalienable derecho al retorno por la resolución 194 de las Naciones Unidas, se les niega la posibilidad de regresar desde hace casi 60 años. Mientras este derecho esté siendo objeto de regateo por algunos y utilizado como chantaje político por otros, se ven forzados a vivir en campamentos y de la caridad internacional. Los iraquíes se niegan a perder sus derechos sobre Iraq, o a aceptar la humillación de tener que mendigar aunque sean soberanos de uno de los países más ricos en recursos del mundo. Confían en que Iraq sea pronto liberado, permitiéndoles volver con seguridad a sus hogares.
Finalmente, una resolución del CSNU como la descrita protegería y defendería los derechos del pueblo iraquí a la vez que defendería valores humanos universales. Resaltaría la soberanía permanente del pueblo iraquí sobre sus recursos nacionales, desbaratando de ese modo los objetivos fundamentales de agresivos estados imperialistas de violar las economías de estados más pequeños, su población y recursos, doblegándolos por medios militares. Esto representaría una victoria para la humanidad entera a la vez que ratificaría la superioridad de la ley puesta en peligro y el deber de proteger la vida humana por encima de estados exclusivos o privados, corporaciones e intereses individuales.
Además de proteger los derechos soberanos de Iraq y su pueblo, ahora y en el futuro, una resolución del CSNU como la descrita condenaría la plaga feudal del sectarismo, vinculando el futuro y destino de los ciudadanos iraquíes como miembros del mismo estado y nación, beneficiándoles equitativamente en la distribución de sus recursos nacionales. Para desgracia de la ocupación, aunque hay diferencias religiosas y culturales entre los refugiados iraquíes, todos son ciudadanos iraquíes con derechos protegidos, y todos están unidos unos a otros por el pasado, presente y futuro de su nación, así como por su situación y destino común. Al considerar y tratar a todos ellos como ciudadanos iguales de un país unificado libre de cualquier forma de discriminación, ya sea étnica, confesional o de género, una resolución del CSNU como la descrita prepararía el camino para establecer una base razonable donde empezar a restañar las heridas de Iraq como nación, afianzando también el concepto de ciudadanía -la base de cualquier estado moderno- contra el actual concepto de identidad feudal, sectario y tribal de la ocupación. Sería una acción preventiva contra las políticas que persiguen dividir para dominar y el uso de la limpieza étnica como instrumento político para controlar las riquezas comunes de un pueblo.
El CSNU debería redactar y aprobar una resolución como la descrita si quiere rehabilitarse a si mismo de su consiguiente fracaso a la hora de defender su propia carta legal, proteger al pueblo y al estado de Iraq, así como la paz y estabilidad internacional. Tal resolución defiende el principio de igualdad ante la ley, la soberanía permanente de un pueblo sobre sus recursos nacionales y el inalienable derecho de los refugiados a volver a sus hogares, dando así la oportunidad al CSNU de acabar con su perpetuo doble rasero en la implementación de la justicia internacional.
Los iraquíes han pagado un precio inconmensurable al defender la vida y valores humanos. La humanidad debería sentirse responsable de proteger a este pueblo en su lucha heroica por su liberación nacional y dar pasos inmediatos para defender sus derechos y su soberanía.
Hana Al-Bayati es coordinadora de la Iniciativa Internacional Iraquí para los Refugiados (www.3iii.org).
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