Un desastre humanitario de grandes proporciones se avecina sobre Iraq, y la comunidad internacional responde con una «apatía global», alertó un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la crisis de refugiados en ese país de Medio Oriente. El informe «Millones en vuelo: la crisis iraquí de refugiados», divulgado este lunes, exhorta a la comunidad internacional, […]
Aunque no hay cifras oficiales, las estimaciones sitúan al número de refugiados iraquíes en unos 4,2 millones. Unos 2.000 son desplazados de sus hogares cada día, es decir, unos 80 por hora, señaló el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El trabajo fue divulgado en el marco de una serie de acciones de Estados Unidos para aliviar la crisis, incluyendo la presentación de un proyecto de ley en el Senado que facilitaría el acceso al estatus de refugiado para los iraquíes y la creación de dos nuevos cargos en el Departamento de Estado (cancillería) y en el Departamento de Seguridad Nacional para atender el problema.
«La comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, tiene la obligación moral de asumir en un grado justo la responsabilidad de proteger y asistir a los refugiados iraquíes», sostuvo el director ejecutivo de la oficina estadounidense de Amnistía, Larry Cox.
«De otra manera, habrá una mayor crisis humanitaria y una gran inestabilidad política en la región», añadió.
Nuevas restricciones a la inmigración en Siria –aunque temporales por motivo del mes sagrado musulmán de Ramadán– y un inminente endurecimiento de las normas en Jordania bloquearán el ingreso de iraquíes a los dos principales países de recepción.
En territorio sirio hay ya 1,4 millones de refugiados, mientras que en el jordano residen entre 500.000 y 750.000. Los iraquíes representan ocho y 10 por ciento respectivamente de las poblaciones de ambos países.
Las nuevas leyes en Siria efectivamente cerrarán la frontera, alertaron dos delegados de Amnistía que viajaron a la región. Sólo permitirán el ingreso a los trabajadores capacitados y harán algunas pequeñas excepciones. Estas leyes tienen el objetivo de aliviar la creciente presión que sufre Damasco para proveer vivienda, alimentos, empleos y servicios como educación y atención médica a los iraquíes.
Aunque Amnistía pidió que las fronteras de Siria y Jordania permanecieran abiertas a los refugiados, destacó los esfuerzos que han hecho ambos países hasta ahora. Por otro lado, hubo pocos elogios para el resto de la comunidad internacional, particularmente para Estados Unidos.
«Aunque las autoridades estadounidenses anunciaron que aceptarían más refugiados iraquíes que ningún otro país, los números propuestos son pequeños comparados con la necesidad y con la capacidad potencial de Estados Unidos», indica el informe.
El estudio señala que el objetivo fijado por Washington en febrero era recibir a unos 7.000 refugiados iraquíes, aun cuando la secretaria de Estado asistente, Ellen Sauerbrey, admitió que la capacidad de su país era de al menos 25.000.
No obstante, ambas cifras fueron descartadas por una más modesta meta de recibir a 2.000 iraquíes antes de que termine el actual año fiscal, el 1 octubre. Pero, hasta ahora, Estados Unidos ha reubicado a menos de 1.000 refugiados.
El director de la oficina de admisión en el Buró de Población, Refugiados y Migraciones del Departamento de Estado, Terry Rusch, señaló que Estados Unidos permitirá el ingreso de 12.000 iraquíes el año próximo, porque ya se ha construido la infraestructura necesaria y está pronta para funcionar, tanto en territorio estadounidense como en Siria y en Jordania.
Por su parte, la organización Refugiados Internacional, con sede en Washington, criticó a la Organización de las Naciones Unidas por su lenta reacción ante la crisis, señalando que existe un deficiente financiamiento, una inadecuada participación de las agencias del foro mundial aparte de Acnur, y una insuficiente coordinación entre esas agencias y los gobiernos.
Frente a la crisis, los senadores estadounidenses Gordon Smith y Sam Brownback, del gobernante Partido Republicano, y Ted Kennedy y Joe Lieberman, del opositor Partido Demócrata, presentaron un proyecto de ley que facilitaría el acceso al estatus de refugiado en Estados Unidos, fortaleciendo al personal del Departamento de Estado en Bagdad, donde antes los iraquíes no tenían lugar donde presentar su solicitud.
El proyecto también incluye esfuerzos del Departamento de Estado para asistir a países saturados con refugiados iraquíes.
«Sin importar cuál sea nuestra posición sobre la guerra en Iraq, estamos unidos en nuestra convicción de que Estados Unidos tiene la obligación fundamental de asistir a los iraquíes que valientemente han apoyado a nuestras fuerzas y cuyas vidas están en peligro como consecuencia», dijo Kennedy.