Existe un Gran Misterio entorno al nuevo plan del presidente Bush para Iraq. Si pretende enviar al ejército a combatir a Moktada al-Sadr en los suburbios de la ciudad de Sadr, ¿qué sucederá al primer ministro al-Maliki que depende del bloque de 40 escaños con que cuenta Sadr en el parlamento? Bush tendrá entonces que […]
Existe un Gran Misterio entorno al nuevo plan del presidente Bush para Iraq. Si pretende enviar al ejército a combatir a Moktada al-Sadr en los suburbios de la ciudad de Sadr, ¿qué sucederá al primer ministro al-Maliki que depende del bloque de 40 escaños con que cuenta Sadr en el parlamento? Bush tendrá entonces que deshacerse de al-Maliki en favor de una camarilla gobernante bendecida por el Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Iraq (SCIRI) y de los partidarios kurdos de línea dura; ¿acaso es eso posible y cómo?
Sepultada en las últimas líneas de la historia publicada en el New York Times el 11 de enero aparece la referencia al «Plan B», así como una declaración hecha por un funcionario de la Casa Blanca en la que afirma que «hay otras vías para lograr nuestro objetivo».
Es de esperar que el Plan B sea objeto de cuestionamiento por parte del Congreso y de los medios de difusión antes de convertirse en realidad.
A todas luces, el nuevo plan de los Estados Unidos no cuenta con apoyo en Iraq, donde el 61 por ciento de la población respalda los ataques armados contra las tropas estadounidenses. Si se obvia esta realidad, el plan militar consiste en lo siguiente:
• Tomar la ofensiva en al-Anbar con 4 000 efectivos estadounidenses más y bombardeos aéreos de niveles desconocidos. Al-Anbar es la provincia en que las fuerzas de los Estados Unidos han sufrido la mayoría de las bajas en la guerra. La provincia se encuentra bajo el control de tribus sunitas y alberga a miles de combatientes incondicionales; incluida la facción de al-Qaeda con sede en Iraq
• Lanzar la ofensiva contra la zona urbana con 17 500 efectivos estadounidenses más, inspirados en las doctrinas de contrainsurgencia en Malasia, Argelia y Vietnam, construyendo por la fuerza «comunidades confinadas» a fin de separar a los pobladores de los insurgentes mientras estos últimos son perseguidos y asesinados.
En realidad, nadie puede predecir las posibilidades de «éxito» militar estadounidense en estas operaciones. La regla general presente en los manuales de contrainsurgencia consiste en que el invasor debe tener una ventaja de 10 contra uno respecto del insurgente. Por ejemplo, en la exitosa campaña malaya realizada por Gran Bretaña la proporción entre los efectivos de la colonia y las guerrillas fue de 300 000 a 9 000. En la situación actual no existe semejante ventaja. En todo caso, nada impedirá que nuevos insurgentes reemplacen a los que han sido asesinados en la lucha, ni que una nueva resistencia siga a la pacificación temporal.
La elección de Baghdad y de al-Anbar [que contiene a Fallouja] garantiza que el mundo estará muy pendiente de los medios de difusión, lo que representa un enorme problema para la guerra mediática de los Estados Unidos.
En cuanto al lenguaje agresivo de Bush contra Irán y Siria, incluida dos redadas contra iraníes en Iraq, puede que se trate de provocaciones que conduzcan a un conflicto mayor o simplemente una mascarada de agresividad antes de que se establezca el Gobierno en alguna parte para dedicarse a la diplomacia como propugnó el Grupo de Estudios sobre Iraq. El hecho de que las fuerzas armadas hayan «llegado a su límite» [Baker-Hamilton], indica que engañar puede ser riesgoso.
La reacción del Congreso, la opinión pública y los medios de difusión debe ser sorprendente para los activistas y observadores que descartaron una «estrategia del Congreso» a favor del movimiento anti-guerrerista calificándola de ilógica. Luego de casi siete años de gobierno de partido único, el inicio de audiencias, preguntas y debate constituye una sacudida a un sistema moribundo y opresivo que se recibe de buen grado. El hecho de que tantos políticos estén organizando campañas presidenciales, lo que requiere que participen en la política fuera de los círculos oficiales de Washington, sólo entrañará mayores críticas al presidente procedente de todas partes.
La imperiosa interrogante es sí cualquiera de las Cámaras puede bloquear la autorización y financiamiento de los 21 500 efectivos que detendría de manera eficaz la escalada y sumergiría al gobierno en una lucha constitucional respecto de los poderes del Congreso. El representante Sam Farr, que constituye el baluarte anti-guerrerista de Santa Cruz, ha presentado precisamente ese instrumento legislativo, y el personal del senador Kennedy está analizando opciones similares para el Senado.
A pesar del grato retorno del sistema bipartidista del Congreso, no se puede contar con ninguno de los dos partidos para que ponga fin a la guerra por sí mismo, debido a la tradicional razón maquiavélica de que las grandes potencias nunca admiten la derrota. No obstante, los partidos pueden ser llevados al punto en que los costos sobrepasen tanto los beneficios que se busque silenciosamente una estrategia de salida. El movimiento anti-guerrerista tiene que aumentar los costos ejerciendo presión sobre los pilares que sostienen la política.
Uno de esos pilares es la capacidad militar. Es importante apoyar las voces discrepantes en el ejército, en las campañas en contra del reclutamiento, y exigir al Congreso que oponga resistencia a los esfuerzos de Bush para obligar a las unidades de la Guardia Nacional a que realicen más rotaciones.
Otro pilar es el costo presupuestario. Los demócratas informaron que no impugnarán el financiamiento de la guerra, aunque pudieran oponerse al financiamiento de la escalada propuesta. Los demócratas anti-guerreristas y el movimiento a favor de la paz podrían extender la oposición hacia la zona del centro urbano, concentrándose en los votantes de la tercera edad y del sector sindical. Según informaciones emitidas ayer, el costo presupuestario de esta guerra fue de 357 millones 500 mil dólares, lo que en cambio podría haber sido utilizado para pagar 17 millones de becas universitarias gratis de cuatro años de duración. Hasta el momento, ni siquiera un solo vocero demócrata ha dado respuesta al discurso pronunciado por el presidente insistiendo en el tema de los costos nacionales.
El movimiento anti-guerrerista puede intervenir mediante acciones de distritos congresionales locales, el envío de correos electrónicos y la participación en la marcha que se celebrará el 27 de enero. Si Bush continúa con su curso actual, tiene el poder de comenzar una resistencia anti-guerrerista y prodemocrática no vista desde la década de los años sesenta.