Que se cumpla la Ley y los responsables políticos y técnicos vayan a la cárcel. Es la primera y única reflexión que se me ocurre cuando escucho ilegalidades que se cometen casi a diario por nuestros responsables políticos y técnicos, personas que han sido elegidas para que gestionen de forma eficiente nuestro dinero, y no […]
Que se cumpla la Ley y los responsables políticos y técnicos vayan a la cárcel. Es la primera y única reflexión que se me ocurre cuando escucho ilegalidades que se cometen casi a diario por nuestros responsables políticos y técnicos, personas que han sido elegidas para que gestionen de forma eficiente nuestro dinero, y no para unos u otros caprichos o beneficio propio.Y es que no hay semana que no escuchemos como hay un juicio, un escándalo, un procedimiento,… porque uno u otro político, con la connivencia de técnicos ha robado, ha estafado o ha defraudado a la ciudadanía.
Por eso, no me cansaré de denunciar como se despilfarra el dinero público a favor de multinacionales extranjeras (que además pagan sus impuestos y generan riqueza en otros países) en detrimento de nuestras empresas. Esto es moralmente reprochable, y por supuesto denunciable, pero resulta que por fin se confirma, y es completamente ilegal. Algo que ya quería recordar, pero que por fin ahora dispongo de jurisprudencia, gracias a lo publicado por el amigo JavierCantos y que uno de los posts denuncia fue publicado en Rebelión.org, El abogado y presidente de Hispalinux dice claramente en Linux Magazine:
«La actual Ley de Contratos del Sector Público, art. 101, como la anterior Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece la prohibición general de la especificación de marcas concretas y sólo cabe de forma excepcional y justificada, con la única finalidad de hacer una descripción más comprensible del contrato, sin que ello conlleve en ningún caso la exclusión de otros productos que puedan ser considerados equivalentes. La propia Ley exige que al lado de la marca mencionada deberá ir acompañada de la mención «o equivalente». Es decir la mención de la marca no puede ir dirigida a cerrar el acceso a productos equivalentes. En este caso ni hay justificación alguna en los pliegos ni cabe forma posible de la admisión de variantes equivalentes y la concurrencia de tecnología distinta. Para el que sepa leer el contrato dice en su propio título: Señores empresas de programación y desarrolladores españoles (y europeos y norteamericanos distintos de Microsoft), márchense a casa.
Un contrato de 2 millones de euros supone uno de los últimos cartuchos que podrían servir a nuestra industria perpetuamente pendiente. La exigencia de una marca concreta supone una discriminación y en todo caso una restricción y una especificación abusiva al acceso a la contratación, una discriminación en toda regla a favor del monopolio de siempre. Esto extingue toda competencia posible para productores tecnológicos y deja sólo la de distribuidores, cierra la contratación pública a la industria tecnológica local e incumple la Ley de Contratos del Sector Público.»
Y tras todo ésto, ¿cómo es posible que no haya aún ningún responsable político o técnico en la cárcel, o al menos juzgado?. Hispalinux sestá considerando llevar a cabo acciones legales para impugnar la licitación, ¿y mientras tanto? ¿ningún partido político que quiera reivindicar la bandera de la transparencia, la libertad y sobre todo la apuesta por la protección del empleo en nuestro país?
Parece que la crisis sigue avanzando, que los gobiernos se plantean frenar el despilfarro, que nos quedaremos sin leche en los supermercados,…. y seguimos permitiendo que nuestros dirigentes enriquezcan a las mismas multinacionales extranjeras, sigan limitando, condicionando o incluso expulsando a nuestras empresas de los concursos públicos,… ¿Hasta cuándo? ¿Cómo hacemos para que todos esos responsables, que están creando tanta desesperanza, están destruyendo tanto empleo, … (independientemente que se estén lucrando, sean invitados a viajes,…) vayan de una vez por todas a la cárcel?
Deben asumir su rol, que no es otro que poner la tecnología al servicio de la sociedad y no a sus intereses personales, por eso, el software Libre en los gobiernos es la única opción.
Fuente: http://ramonramon.org/blog/2011/09/12/que-se-cumpla-la-ley/