Los diputados de la mayoría conservadora francesa se sometieron ayer a la disciplina impuesta por su jefe, Nicolas Sarkozy, y votaron a favor de la nueva versión de la ley contra las descargas P2P en Internet, la llamada Ley Hadopi 2. Así, el rocambolesco culebrón impulsado por Sarkozy con esta ley se enriquece con un […]
Los diputados de la mayoría conservadora francesa se sometieron ayer a la disciplina impuesta por su jefe, Nicolas Sarkozy, y votaron a favor de la nueva versión de la ley contra las descargas P2P en Internet, la llamada Ley Hadopi 2. Así, el rocambolesco culebrón impulsado por Sarkozy con esta ley se enriquece con un episodio más, tras una tramitación que lleva ya 15 meses.
La ley, que prevé la sanción de desconexión de Internet para quienes descarguen o compartan música o películas gratuitamente, había superado innumerables obstáculos parlamentarios la primavera pasada, cuando fue aprobada tras un maratón de un año.
Pero el Consejo Constitucional francés censuró frontalmente su dispositivo central: los expertos estimaron como el Parlamento Europeo que una autoridad administrativa no podía sancionar con la desconexión, y que sólo un juez podía hacerlo.
En vez de reconocer su derrota, Sarkozy ordenó de inmediato un segundo texto para adaptarse a la censura. En la nueva versión, el cambio fundamental consiste en estipular que será una autoridad judicial la que pronunciará la sanción, después de examinar el dossier contra el internauta presentado por la futura Alta Autoridad para la Difusión de Obras y Protección de Derechos en Internet (Hadopi, por sus siglas en francés).
En realidad, la obligación de pasar por el juez deja hueco el texto. El objetivo inicial sancionar de forma generalizada, hasta a 350.000 internautas al año ha tenido que revisarse a la baja. Los jueces no podrán tramitar, en el mejor de los casos, más de 50.000 casos anuales.
El proyecto de ley fue aprobado ayer por una mayoría habitual para Sarkozy: 285 votos a favor y 225 en contra. Pero el vía crucis de la ley va camino de eternizarse. El texto debe volver a la comisión mixta Senado-Asamblea Nacional, antes de otra votación solemne. Hecho lo cual, la oposición dice haber encontrado nuevos motivos de inconstitucionalidad.
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