Parece que, por fin, la SGAE está siendo investigada y sus directivos van a ser juzgados. J unto con CEDRO y otras sociedades gestoras de los derechos de autor, cuyas oscuras actividades confiamos se investiguen más pronto que tarde, constituyen un entramado-tapadera de turbios negocios con grandes beneficios a costa de autores y creadores y […]
Parece que, por fin, la SGAE está siendo investigada y sus directivos van a ser juzgados. J unto con CEDRO y otras sociedades gestoras de los derechos de autor, cuyas oscuras actividades confiamos se investiguen más pronto que tarde, constituyen un entramado-tapadera de turbios negocios con grandes beneficios a costa de autores y creadores y del derecho básico a la cultura.
Amparados por legislaciones, Gobiernos y una política europea que antepone el concepto de industria cultural y de negocio a valores éticos y al libre acceso a la cultura, estas gestoras han mostrado su cara oculta y su falta de escrúpulos a la hora de obtener beneficio a cualquier precio: desde contratar espías para vigilar establecimientos y celebraciones públicas de todo tipo -bares, peluquerías, festejos, bodas, etc- hasta exigir el cobro de un canon de 0,20 cts. de euro por cada préstamo bibliotecario, en un afán desmedido de pillaje recaudatorio.
¿Quiénes han demostrado ser los verdaderos piratas? Para ellos, la cultura no es sino mero negocio. Los directivos de la SGAE, de CEDRO y de la mayoría de empresas de gestión de derechos, desconocen intencionadamente los principios recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial, su art. 27: «Toda persona tiene derecho… a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten [… y] a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora». Este desconocimiento intencionado de la Declaración Universal -cuyos principios ningún Gobierno ni Administración Pública o privada está, por desgracia, obligado a cumplir, como se demuestra día a día desde su promulgación en 1948- permite a las entidades gestoras ejercer los derechos recogidos en el art. 27 de la Declaración justamente en su propio beneficio: es decir, sus actividades están decididamente encaminadas «a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten»… sus propios directivos y sus círculos más próximos, incluidos legisladores, a costa, obviamente, de los propios autores y creadores. La actual ministra española de Cultura es socia de SGAE y su famosa Ley Sinde , contestada por amplios sectores de la cultura, una muestra de legislación en beneficio de una industria, es decir, de un negocio, no de un derecho social.
Si desconocen la Declaración Universal, para qué mencionar el Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Pública y otras declaraciones y manifiestos de la Unesco relacionadas con la diversidad cultural y otros aspectos del derecho a la cultura y a la educación. » La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad», reza el preámbulo del Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Pública. ¿Acaso el afán de lucro de las sociedades gestoras facilita la existencia de ciudadanos bien informados -y añadimos: cultos- para preservar valores humanos fundamentales como la libertad, la prosperidad y el desarrollo? A juzgar por sus actitudes, su modus operandi y su filosofía, no parece que el fin último de estas empresas -es decir, de los organismos públicos que permiten su existencia- haya sido la preservación de valores humanos y éticos, el fomento y la difusión de la cultura, de las artes, de la lectura, del acceso a la educación, del conocimiento o de la investigación científica, sino, justamente, todo lo contrario.
Justo ahora que se está intentando desenmascarar la mayor factoría de fraude que en torno al supuesto derecho y propiedad existe en nuestro país, viene al pelo la muy recomendable lectura del libro crítico sobre el derecho de autor y la propiedad intelectual que publicó en 2007 la autora cubana y poeta Lillian Álvarez Navarrete, «Derecho de ¿autor? El debate de hoy», publicado por el Instituto Cubano del Libro y la Ed. de Ciencias Sociales, cuyo texto completo puede bajarse gratuitamente en Rebelión:
http://www.rebelion.org/docs/
O en CopySouth. Derechos de autor en el Sur Global:
http://copysouth.org/imgs/
Vivamente recomendables son asimismo los artículos que sobre estos asuntos la autora ha ido publicando frecuentemente en Rebelión desde 2005 y cuya relación indicamos al final.
El libro de Lillian Álvarez, poeta, licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, miembro de la Red cubana «En defensa del conocimiento y la cultura para todos», asesora del Centro Nacional de Derecho de Autor, profesora del Centro de Superación para la Cultura de Cuba, pone el dedo en la yaga sangrante de todo este fenómeno. Como señala Julio Fernández Bulté en el prólogo, «el Derecho es, sobre todo, un sistema de valores», y en este sentido, la autora, «levanta con fuerza profundas reflexiones sobre el alcance moral de las normas que protegen los derechos del autor, sobre la base ética, social e histórica de esos derechos y, sobre todo, en relación con los mismos en el complejo mundo de hoy».
En el capítulo 3, «Derecho de autor e industrias culturales», Lillian Álvarez afirma: «El derecho de autor no puede convertirse en la rama del derecho que, a través de la aplicación de medidas tecnológicas y jurídicas cada vez más sofisticadas, realice el recaudo y la distribución de los ingresos por las diferentes formas de explotación comercial de una obra. No puede vaciarse de su contenido cultural y trascender solo su repercusión económica y su andamiaje jurídico».
Es justamente aquello que denuncia la autora lo que hacen las sociedades gestoras: vaciando todo contenido cultural de las obras de creación para transformarlas en vulgar mercancía, recaudan y distribuyen únicamente entre sus socios -y no de modo equitativo- los ingresos procedentes de la explotación de los derechos de autor con afán y ánimo de lucro, para lo cual, las propias entidades gestores -legalmente sin ánimo de lucro- crean sus propias empresas recaudatorias .
Javier Gimeno es Bibliotecario de la Universidad Complutense. Miembro de la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.