Barcelona, 21 de mayo.- El Tribunal Internacional de Iraq ha analizado la situación del país desde el inicio de la ocupación hasta la actualidad y los procesos que han tenido lugar de desmantelamiento del estado y la economía, inducción al conflicto civil, y generalización del miedo y la violencia. A lo largo de las tres […]
Barcelona, 21 de mayo.- El Tribunal Internacional de Iraq ha analizado la situación del país desde el inicio de la ocupación hasta la actualidad y los procesos que han tenido lugar de desmantelamiento del estado y la economía, inducción al conflicto civil, y generalización del miedo y la violencia.
A lo largo de las tres sesiones celebradas en el Aula Magna de la Universidad de Barcelona se han juzgado los decretos Bremer, el proceso de cesión de la soberanía, el proceso electoral y las nuevas instituciones iraquíes. Se han analizado asimismo las condiciones de vida de la población bajo la ocupación y las violaciones del derecho humanitario. En todas las sesiones se ha seguido el mismo esquema: los testigos iraquíes han sido interrogados después de las exposiciones de los relatores. Durante el día se han presentado además las conclusiones de las sesiones preliminares de Asturias, Valencia, Málaga, el País Vasco y Madrid.
Antoni Pigrau, profesor de Derecho Internacional, ha dejado claro que Bremer ha violado la legalidad internacional al no respetar las leyes vigentes, cambiar el estatuto jurídicopolítico del país y asegurarse de blindar sus decisiones durante un largo período. Aunque desde agosto de 2004 técnicamente no hay ocupación, el gobierno provisional que ha pedido la continuación de la fuerza multinacional, ha sido designado directamente por ella y, en la práctica, la autoridad última está en manos del mando unificado militar.
En relación a las elecciones los testimonios iraquíes han manifestado su desconfianza respecto a los resultados oficiales de participación, porque no fueron unas elecciones libres y, además, no había prensa independiente ni observadores internacionales, aunque el Congreso Nacional Fundacional Iraquí los solicitó expresamente a las Naciones Unidas. El imán al-Jalisi ha afirmado que no cree que la participación haya sido del 59% sino, como máximo, del 30%, y que no entiende como los norteamericanos podían cuestionar las elecciones en Líbano, por ser un país ocupado, y considerar legítimas éstas. Al-Jalisi ha explicado también la impotencia que sienten algunas personas que forman parte del gobierno electo, al no poder hacer nada para acabar con la ocupación.
Guerra civil o guerra de religiones
El mismo al-Jalisi, como imán de la mezquita de al-Khadimiya objeto de un ataque con misiles, ha tenido un papel destacado a la hora de contestar todas aquellas preguntas relacionadas con la posibilidad de un conflicto civil o religioso en Iraq. Ha recordado que en la historia de Iraq no hay ningún episodio de guerra civil y que, en contra de lo que se pretende hacer creer, las dictaduras no trabajaron para evitar el conflicto religioso sino para alentarlo.
Al-Jalisi está convencido de que el proyecto de los norteamericanos, desde los años 80, consiste en dividir el estado iraquí en varios estados, a través de la división de sus religiones y etnias. Según él, el actual Consejo de Gobierno y la ley de administración del Estado, creados sobre la base de la representación religiosa, contienen muchas «minas» que pueden explotar en cualquier momento, y cuyo único objetivo es debilitar el país. La división artificial entre sunitas, chiítas y kurdos, mezclando lo étnico con lo religioso, sería la mejor muestra de que lo que pretenden es desactivar la conciencia de ciudadanía iraquí. Los ocupantes pretenderían así romper la resistencia social, económica y moral del pueblo iraquí para dominarlo, y la idea del federalismo sería, según sus palabras «el principio de la fragmentación».
La periodista Iman Jamás, por su parte, ha insistido en que la mayoría de la población es religiosa en un ámbito personal pero que no vive volcada en la religión, y en que los chiítas y sunitas viven absolutamente mezclados en las familias. Las fuerzas de ocupación intentan, por lo tanto, atizar el conflicto alimentando el discurso de varios partidos que llegaron con ellos. Según la señora Jamás, la mejor demostración de que en Iraq no existe el extremismo es que después de una intensa presión durante estos dos años, el conflicto civil o religioso no ha estallado.
Los testigos iraquíes han sido contundentes a la hora de afirmar que la resistencia no tiene ninguna relación con el terrorismo y los ataques a civiles, y han explicado algunos casos en los cuales la población entera de una ciudad ha salido con piedras y palos a enfrentarse a los ocupantes, aunque eso no haya sido retransmitido por los medios de comunicación.
La vida bajo la ocupación
Los profesionales de la educación, la sanidad y el sector petrolero han dado múltiples detalles sobre la situación de destrucción absoluta de la economía y los servicios básicos.
En el caso de la economía, y según los testigos, el objetivo ha sido la destrucción de toda capacidad de producción y, al tiempo, la «fabricación» del capitalismo. Afirman que aunque todas las empresas públicas son susceptibles de privatización, este proceso se está llevando en secreto y sin informar a la población iraquí. Hamid Mousa, perteneciente a un sindicato de trabajadores del petróleo, ha explicado la ocupación y posterior inutilización de las plantas petrolíferas para justificar su nueva administración.
Respecto a las condiciones de vida bajo la ocupación, se ha certificado desde el intento de eliminar la cartilla de abastecimiento a la imposibilidad de producir suficiente energía eléctrica para las ciudades, por falta de generadores, o la destrucción del sistema sanitario. Los testigos han relatado como lo primero que hacen los ocupantes cuando entran en una ciudad es atacar los hospitales y las ambulancias, y cómo, en el momento de la invasión, protegieron el Ministerio del Petróleo pero no así el de Sanidad, donde fueron destruidos todos los registros, informes y estudios de los últimos 35 años. La cólera y la tuberculosis, antes enfermedades erradicadas, vuelven a tener incidencia y el acoso a los profesionales médicos (secuestros, robos etc.) ha provocado la salida del país de muchos de ellos, que son considerados de los mejores de la región. La señora Araibi, responsable de la sección farmacéutica de un hospital de Bagdag, se interrogaba sobre qué significaba la reconstrucción después de solicitar material sanitario básico, y serle negado alegando falta de presupuesto porque era para la reconstrucción.
Derechos humanos y culturales
Iman Jamás ha afirmado que aunque el discurso de la ocupación es de defensa de los derechos de la mujer, su situación real y cotidiana ha empeorado ya que la mitad de las víctimas de la invasión son mujeres y, además, ahora, no salen a la calle o van a la universidad sin un acompañante masculino.
Respecto a los derechos humanos Imán Jamás ha explicado que los iraquíes han presentado miles de quejas que han sido ignoradas y el señor Yasin Muhammad, de un comité de derechos humanos de Adamiya, ha explicado las violaciones de derechos antes de llegar a las prisiones, (cercos de un km cuadrado para entrar en un casa a las dos de la mañana, puertas dinamitadas, malos tratos en el momento de la detención…) y dentro de ellas. Las familias sólo tienen derecho a un número de identificación del preso, a los tres meses de la detención, número que les sirve para pedir información.
El profesor de la UAM, Joaquín Córdoba-Zoilo, que durante varios años trabajó en el Museo de Bagdad, ha documentado la destrucción del patrimonio históricocultural del país. Este experto ha confirmado que el mercado de antigüedades está inundado en un 90% por piezas provenientes de Iraq.
Faluya como paradigma de la invasión
El ataque a la ciudad de Faluya ha centrado una de las sesiones del Tribunal. El imán al-Jalisi ha explicado como el jefe de los marines le confirmó que el ataque era para capturar a los responsables de la muerte de los cuatro constructores americanos, y como, teniendo fotos de los responsables, optaron por destruir la ciudad entera. El balance según los diferentes testigos es de 3000 muertos, entre 500 y 1000 desaparecidos y miles de heridos, 9000 casas destruidas y, en el momento del ataque, 300.000 personas desplazadas.
La ciudad se ha cerrado también para las organizaciones internacionales y se ha impedido el acceso de ayuda humanitaria. El señor Tariq Abd Allah, director de un centro de derechos humanos en esta ciudad ha denunciado la desatención económica y diplomática por parte de las NNUU, a las que ha calificado de rehén de los países que forman parte del Consejo de Seguridad, y ha explicado que existe la sospecha de que los americanos tuvieron algo que ver con el ataque que sufrió, precisamente, un equipo de NNUU. Este testigo ha hablado de la ciudad como de una gran cárcel sin servicios donde el uso de bombas de fragmentación ha sido habitual, y existen además evidencias de uso de armas químicas como el entierro de cuerpos quemados en fosas comunes, o el nacimiento de un número importante de niños con nuevas enfermedades o sin ojos. Ejemplos como éste o como el de la circulación de un DVD con fotos de 500 cadáveres para que sus familias pudieran identificarlos, han aportado a esta sesión una fuerte carga emocional. La doctora Araibi, después de dejar claro que su país no pide limosna porque es rico, ha solicitado la ayuda internacional recordando que no sólo se trata de Faluya sino que, ahora mismo, otras ciudades, como Adamiya o Ramadi, están siendo atacadas de la misma manera, y que su población permanece en el desierto a 50 grados, sin alimentos ni medicamentos.