El pasado 31 de enero se celebraban en Iraq las elecciones impuestas por la Administración Bush. Parecería que ello permite hacer tabla rasa de lo ocurrido en el país en estos últimos 20 meses, o lo que es lo mismo, ignorar que la convocatoria electoral surge de una guerra de agresión y de una ocupación […]
El pasado 31 de enero se celebraban en Iraq las elecciones impuestas por la Administración Bush. Parecería que ello permite hacer tabla rasa de lo ocurrido en el país en estos últimos 20 meses, o lo que es lo mismo, ignorar que la convocatoria electoral surge de una guerra de agresión y de una ocupación ilegal. Conviene, ciertamente, no perder el hilo. He aquí un guión básico para ello.
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El marco de la convocatoria
El objetivo de las elecciones: ‘legitimar’ e ‘internacionalizar’ la ocupación. Junto con la aprobación, a comienzos del pasado año, de la constitución interina (la denominada Ley Administrativa Transitoria) y el «traspaso de soberanía» de junio de 2003 de la Autoridad Provisional de la Coalición (APC) -que se disuelve entonces- al nuevo gobierno interino de Iyad Alawi, la convocatoria de los comicios del 31 de enero de 2005 se inscribe en el esfuerzo estadounidense de controlar la debacle a la que se ve sometida la primera fase -o el proyecto inicial- de dominación imperialista de Iraq.
Esta crisis de la ocupación, en cuanto a ejercicio estable y hegemónico por parte de EEUU y Reino Unido de su poder en el país y la zona, se debe a la temprana, contundente y en expansión resistencia iraquí, que apenas transcurridos los meses de verano de 2003 logra desbaratar la estabilización del proyecto en todos sus aspectos: de legitimación, político, económico y militar.
No hay pretensión alguna por parte de EEUU de democratización real de Iraq ni de devolución de la soberanía a su población. Las elecciones de enero de 2005 no son más que un paso más en el intento de la Administración Bush de apuntar la ocupación presentando nuevas instancias iraquíes -ahora una Asamblea Nacional y un nuevo gobierno- que faciliten: a) justificar la continuación de la presencia militar estadounidense en el país, ahora avalada por la petición de instancias iraquíes supuestamente electas; y b) la implicación de la comunidad internacional en el escenario iraquí -quizás a través de instancias multilaterales (Naciones Unidas, la OTAN)- cuando EEUU se encuentra al límite de su capacidad militar y financiera (casi 5.000 millones de dólares a la semana) en el esfuerzo bélico en Iraq.
Se trata, en suma, de legitiminar e internacionalizar la dominación neocolonial sobre Iraq. Por ello, el único beneficiario directo de las celebración de las elecciones es la propia Administración Bush (además, claro está, de los actores iraquíes asociados a los ocupantes). Lo podemos apreciar en la aceptación del proceso y de las nuevas instancias que de él puedan surgir que han mostrado ya los gobiernos de la zona y de fuera de ella, entre éstos el español de Rodríguez Zapatero.
La elecciones no favorecerán la salida de las tropas de ocupación. El proceso en curso no determinará, como se ha especulado, una salida en el futuro de las tropas de ocupación, ni tan siquiera una reducción de los actuales contingentes extranjeros a corto o medio plazo. El mismo martes día 1 de febrero, el actual presidente interino de Iraq, Ghazi al-Yawer, dejaba bien claro que «[…] carece absolutamente de sentido» una petición por parte de las nuevas instancias iraquíes de una salida de las fuerzas de ocupación «[…] en este caos y con este vacío [actual] de poder» [1]. Al-Yawer indicó que «[h]acia finales de este año podríamos ver una reducción del número de fuerzas extranjeras». De igual tenor se han manifestado otros responsables iraquíes, entre ellos, el ministro interino de Defensa, Hazem Shaalan. Más significativa sin duda es la posición mostrada poco después por quienes supuestamente son los ganadores de los comicios: Mohammad Juzai, uno de sus portavoces de la jerarquía shí’i, ha confirmado que ésta no solicitará la salida de las tropas de ocupación por el momento, según informa The Washigntonm Post el 3 de febrero.
Todo parece indicar que la tendencia -la necesidad- es la inversa, como anticipan mandos militares y expertos estadounidenses ante la estabilización, cuando no expansión, de la actividad insurgente [2]. EEUU ha incrementado hasta 150.000 efectivos su presencia en Iraq con motivo de las elecciones y la previsión es que tenga que aumentar aún más su número en un futuro inmediato. Ciertamente, su continuidad en el país es incuestionable: de ella depende la supervivencia efectiva de las nuevas instancias internas. Respecto al desarrollo de las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes, las elecciones se han celebrado con la concurrencia de menos de la mitad del contingente previsto inicialmente, en cualquier caso varias decenas de miles de hombres menos que el contingente de 170.000 tropas extranjeras a día de hoy presentes en Iraq.
Por si había alguna duda, el propio presidente Bush lo confirmaba en su discurso sobre el Estado de la Unión de la madrugada del 2 al 3 de febrero: la celebración de las elecciones en Iraq ratifica la corrección de la política seguida por su Administración en este país y avala la permanencia de EEUU en el mismo; es decir, ninguna previsión de retirada de tropas.
La elecciones no favorecerán la recuperación de la soberanía. Por lo demás, las instancias que surjan de estas elecciones (una nueva Asamblea y un nuevo gobierno) seguirán sometidas a la fiscalización de los más de 40.000 asesores civiles y militares estadounidenses que, bajo la dirección de John Negroponte, embajador de EEUU en Iraq, supervisan cada uno de los ámbitos administrativos e institucionales del país.
Si bien estas nuevas instancias iraquíes deberán redactar una definitiva Constitución que sustituya a la actual transitoria, el marco jurídico del país ha sido modificado esencialmente por los edictos establecidos en su día por Paul Bremer, particularmente en aspectos económicos y financieros, edictos irrevocables. De hechos, la actualmente vigente Ley Administrativa Transitoria recogió, como no podía ser de otro modo, este nuevo marco jurídico definido por los estadounidenses, y cabe imaginar que las nuevas autoridades (ni una cosa, ni la otra) lo mantengan por puro interés en la Constitución definitiva que han de elaborar.
Por lo demás, puestos claves de gestión y control del nuevo y enflaquecido Estado fueron designados por Bremer por un período de cinco años entre exilados iraquíes de confianza de Washington, al igual que los miembros de la nueva judicatura iraquí y de los medios públicos de comunicación, cargos en los que han de continuar ajenos a las elecciones [3].
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Las elecciones, como la propia ocupación, son ilegales
Elecciones bajo ocupación. Las elecciones se han celebrado bajo un régimen de ocupación, tras un acto de agresión militar. Las elecciones no legitiman la ocupación: la ocupación deslegitima las elecciones. Toda la legislación internacional desarrollada a lo largo del pasado siglo considera ilegal el cambio de estatuto interno -en cualquier aspecto- de un país bajo ocupación por parte de la potencia ocupante.
Más allá de este hecho palmario, las elecciones han presentado al pueblo iraquí una oferta limitada de candidaturas (no ya candidatos clandestinos), solamente aquéllas que aceptan el actual marco de ocupación y de tutela extranjera. Antes que la violencia y la coacción que hayan podido sufrir los ciudadanos iraquíes que deseaban votar este domingo, los ocupantes y los colaboracionistas han ejercido la suya propia al restringir el derecho a ejercer el voto entre opciones que, todas ellas, se someten a la lógica y los intereses de EEUU.
El día de las elecciones había en las cárceles y centros de detención de Iraq 10.000 prisioneros políticos.
Como se ha reiterado, unas elecciones sin cobertura informativa real, sin observadores internacionales independientes, gestionadas directamente por instancias directamente asociadas a los ocupantes (el Instituto Nacional Democrático para Asuntos Exteriores y el Instituto Republicano Internacional, ambos estadounidenses [4]) con un país parcialmente bajo Estado de excepción y todo él cerrado al exterior, no son particularmente fiables. Como ha señalado a The Guardian Salim Lone -quien fuera director de comunicación de Sergio Viera de Mello, muerto en atentado en Bagdad en agosto de 2003-, si estos comicios se hubieran celebrado en similares circunstancias en cualquier otro país del mundo, Occidente los hubiera denunciado sin paliativos [5].
La participación no legitima las elecciones. Como señala en su artículo Lone: «Una alta participación no cambia el hecho de que son las elecciones ilegales del ocupante». Es la misma formulación que, con otras palabras, establece Phyllis Bennis: «La legitimidad [de las elecciones] no está determinada por el número de personas que han votado»[6]. Pero, ¿ha sido significativo el voto?
Cabría afirmar, como se hacia en la época del depuesto gobierno de Sadam Husein, que sin fiscalización internacional independiente, los resultados y, particularmente, el porcentaje de voto emitido no puede ser sancionado como válido. De igual manera, las coloristas (¿coloreadas?) crónicas de los/as periodistas occidentales, limitadas al perímetro de seguridad impuesto por los ocupantes en algunas ciudades del país, son tan inefables como irrelevantes a la hora de poder componer el panorama real y general que ha vivido el país en esa jornada. En amplias zonas de Iraq no habido presencia alguna de medios de comunicación internacionales.
De los 20 millones de potenciales votantes, se habían inscrito para poder hacerlo 14 millones (según fuentes oficiales), es decir el 70% [7]. De los 1,2 millones de expatriados (quizás hasta más de dos millones), solo 280.000 se registraron para poder votar y de éstos solo la mitad finalmente votaron. Ciertamente, el porcentaje de participación va disminuyendo a medida que pasan las horas, desde un inicial 70% anunciado poco después del cierre de las urnas por la Comisión Electoral Iraquí. Si la estimación de que votaron 7 millones de iraquíes se da por buena, ello significa que votó finalmente la mitad de los que se inscribieron para hacerlo, o el 35% de todos los potenciales votantes [8].
3. Unas elecciones contra la integración, la convivencia y la democratización de Iraq
Unas elecciones en clave confesional y sectaria. Lo relevante no es, de todas formas, el porcentaje de abstención o de votos -y ello no solamente por que las matemáticas no van a aportar un ápice de legitimidad al proceso. Pese a los cínicos llamamientos a la concordia nacional del día después emitidos por el primer ministro Alawi, lo relevante es que las elecciones han sido impuestas por EEUU y Reino Unido siguiendo una lógica de fragmentación social y territorial del país, de igual manera que su justificación previa y su posterior evaluación se han realizado en clave asimismo confesional y comunitaria. Es decir: se ha procurado presentar la resistencia a la ocupación y el rechazo a las elecciones como expresión de la voluntad de hegemonía de una determinada comunidad -la sunní y árabe- sobre las otras -la shi’í y la kurda-; o dicho de otra manera: no se habría abstenido legítimamente la parte de la población iraquí que está en contra de la ocupación y a favor de un proceso efectivo de restitución de la soberanía y de desarrollo democrático del país, sino que se han abstenido quienes están en contra de todo ello.
La perversión del razonamiento es evidente y encuentra su expresión más extrema en la identificación exclusiva y abusiva de la resistencia armada con las supuestas acciones de la red al-Qaeda en Iraq y la figura de az-Zarqawi, hasta el punto que, mientras barrios y el centro de Bagdad y varias ciudades del país registraban ese día y durante horas enfrentamientos armados entre contingentes guerrilleros y tropas de ocupación, según fuentes árabes y medios independientes, la atención pública internacional procuraba centrarse en acciones suicidas puntuales dentro de los colegios electorales.
La jornada electoral parece haber aportado dos imágenes bien contrapuestas: en barrios de la capital, en la ciudades del oeste, centro-norte y centro-sur del país, y en Mosul y Kirkuk los colegios electorales permanecieron vacíos o no se llegaron a abrir. En otros barrios de Bagdad (además del limbo territorial que supone la denominada «Zona Verde»), en el extremo norte del Kurdistán y en algunas ciudades de mayoría shi’í del en las que las fuerzas confesionales del Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Iraq (CSRII) y del partido ad-Dawa son predominantes, se ha votado ampliamente. Sin embargo, fuentes israelíes indican que el voto ha podido ser masivo en Nayaf y Karbala, pero que incluso en las ciudades de Diwaniya, Mussana, Qadasiya y Amara el porcentaje no habría alcanzado al 40% de los electores registrados, con porcentajes en Basora aún menores (32-35%) [9], quizás por que el clérigo Moqtadar as-Sadr finalmente no ha respaldado la lista conjunta de as-Sistani, el CSRII y ad-Dawa, y ha rechazado, como otros religiosos shi’ies, las elecciones.
Un voto cautivo. Si se ha pretendido caricaturizar la abstención y el rechazo a las elecciones como sunní [10], bien cierto es por el contrario que la participación ha seguido esencialmente criterios confesionales o étnicos. Las dos candidaturas más votadas habrán sido sin duda las articuladas en torno a la figura del ayatollah as-Sistani y las formaciones confesionales antes mencionadas, el CSRII y ad-Dawa, integradas con formaciones menores en la denominada Alianza Unida Iraquí, y la de las formaciones kurdo-iraquíes Partido Democrático del Kurdistán (PDK, de Masoud Barzani) y Unión Patriótica del Kurdistán (UPK, de Jalal Talabani), que se presentaban en una misma lista (Alianza del Kudistán) junto a otras nueve formaciones menores de la zona. Esta lista kurda está comprometida en apoyar la renovación como presidente del gobierno de Alawi (que se ha presentado con su propia candidatura, la Lista Iraquí), esencialmente porque, para quebradero de la Administración Bush, estos dos principales polos territoriales y comunitarios en los que se asienta su precario poder en Iraq discrepan abiertamente sobre el futuro modelo de Estado, y las formaciones kurdas esperan de Alawi que limite la que será previsible mayoría confesional shi’í de la nueva Asamblea [11].
Esta configuración de las principales candidaturas electorales de las formaciones asociadas a los estadounidenses ha tenido que alentar un voto cautivo, inducido, no tanto por la libre elección entre programas propuestos, como por las tramas religiosas, clientelistas, mafiosas y represivas que se están afianzando a la sombra de los ocupantes en los territorios dominados por formaciones a ellos sometidas. Además, los al menos 10.000 efectivos de la milicia del CSRII (antes Brigadas Badr, ahora Organización Badr) participan con las fuerzas de ocupación estadounidenses y británicas en el control securitario de zonas del sur del país, quizás con el apoyo de elementos iraníes o del Hezbollah libanés. De igual manera, las milicias kurdas de la UPK y del PDK integran buena parte de los nuevos cuerpos de seguridad iraquíes (la Guardia Nacional, en concreto); su presencia junto a tropas estadounidenses en Mosul y Kirkuk durante la jornada electoral ha sido considerada como abiertamente coercitiva por otras comunidades [12].
Carlos Varea es coordinador de la Campaña Estatal contra la Ocupación y por la Soberanía de Iraq (www.nodo50.org/iraq)
Notas:
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Associated Press, 1 de febrero de 2005.
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Véase en IraqSolidaridad: http://www.nodo50.org/iraq/2004-2005/analisis/balance-dic_11-01-05.html.
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Phyllis Bennis, UFPJ Talking Points 29: «Reading the elections», 1 de febrero de 2005.
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Véase el comunicado emitido tras la elecciones por International Action Center, organización estadounidense que preside Ramsey Clark.
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«An election to anoint an ocupation», 1 de febrero de 2005.
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UFPJ Talking Points 29: «Reading the elections», 1 de febrero de 2005.
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«Iraq: Who voted and who didn’t and why», Frontline, 31 de enero de 2005.
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La ironía es que quienes quisieron votar lo tuvieron que hacer mostrando como documento acreditativo la cartilla familiar de aprovisionamiento establecida por el gobierno iraquí en agosto de 1990, tras la aprobación de las sanciones económicas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, denostada desde entonces y hasta la invasión por quienes hoy han propiciado las elecciones, ocupantes extranjeros y opositores iraquíes, por cuanto se consideraba mecanismo de control social y policial del depuesto régimen (mientras Naciones Unidas elogiaba el procedimiento). Está por confirmar que este hecho pueda haber inducido el miedo entre potenciales abstencionistas a no recibir la ya menguada dotación alimentaria que otorga la cartilla, ni que las autoridades hayan amenazado con ello a quienes no acudieran a votar, como algunos corresponsales árabes han informado.
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Sobre el amplio abanico de fuerzas políticas y sociales, tanto de dentro del país como de la diáspora, opuestas a las elecciones, véase en IraqSolidaridad: http://www.nodo50.org/iraq/2004-2005/docs/elec_26-11-04.html y http://www.nodo50.org/iraq/2004-2005/docs/elec_2-12-04.html.
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Se especula en estos días con que Abdel Aziz al-Hakim, el clérigo que dirige el CSRII, será el portavoz del nuevo parlamento, y que el portavoz de ad-Dawa, Ibrahim al-Jaafari (o quizás Ahmad Chalabi, también shi’í) será primer ministro en el caso de que Alawi no lo vuelva a ser (USA Today, 31 de enero de 2005).