Por primera vez desde el inicio de la ocupación de Iraq, tres mujeres han sido condenadas a morir en la horca por el Tribunal Central de lo Criminal (TCC) por actividades de resistencia. Son Wassan Talib de 31 años, Zeynab Fadhil, de 25, y Liqa Qamar, también de 25 años, cuya fecha de ejecución ha sido fijada para el próximo día 3 de marzo.

Wassan Talib y Zeynab Fadil fueron sentenciadas a muerte por el TCC el 31 de agosto de 2006. Wassan Talib fue acusada y condenada a muerte por el asesinato de cinco miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes en 2005, durante un ataque armado contra un centro de seguridad iraquí en el barrio de Hayat al-Furat, en Bagdad. Por su parte, Zeynab Fadil está acusada, junto con su marido y su primo, de atacar a una patrulla conjunta de la Guardia Nacional (el nuevo ejército iraquí) y fuerzas estadounidense en Bagdad. Ambas mujeres niegan la autoría de los hechos, y Zeynab Fadil insiste en que no se encontraba siquiera en Iraq cuando éstos sucedieron.

Finalmente a Liqa Qamar se la acusa de participar junto a su marido y su hermano en el secuestro y posterior asesinato en 2005 de un alto cargo en la «Zona Verde», área de máxima seguridad de la capital. Liqa Qamar fue sentenciada a muerte el 6 de febrero de 2006. Su marido ha sido detenido y acusado del mismo delito.

Tanto Zeynab Fadhil como Liqa Qamar mantienen con ellas en prisión a dos hijos. La primera a su hija de tres años de edad; la segunda, a una niña de un año, nacida mientras su madre ya esta detenida.

Una cuarta mujer, Samar Saad Abdullah, de 25 años, podría ser ejecutada de inmediato después de que su apelación fuera rechazada. Samar Saad Abdullah ha sido condenada a muerte acusada de matar a su tío, la esposa de éste y los hijos del matrimonio.

Las cuatro mujeres mencionadas se encuentran en la cárcel del barrio bagdadi de Kadimiya.

Walid Hayali, abogado y miembro del Sindicato de Abogados Iraquíes, ha informado que el TCC impidió que las tres mujeres acusadas de acciones de resistencia tuvieran asistencia letrada por tratarse de delitos de seguridad.

Según informa Amnistía Internacional, el gobierno interino de Iraq reinstauró la pena de muerte en agosto de 2004 para diversos delitos. Las tres primeras ejecuciones, tras la reimplantación de la pena de muerte, se llevaron a cabo el 1 de septiembre de 2005 y durante el año 2006 al menos 65 hombres y mujeres han sido ejecutados, entre ellos, el ex presidente Sadam Husein. En 2007 al menos dos altos cargos del depuesto gobierno iraquí fueron ejecutadas el 15 de enero.

Se desconoce el número exacta de mujeres detenidas por las fuerzas de ocupación o las nuevas autoridades iraquíes de entre los casi 31.000 presos oficialmente reconocidos por ambas instancias, cifra recogida en el último informe de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Iraq [1]. El pasado 6 de abril de 2006, Mohamad Jorshid, representante de una red de ONG de Derechos Humanos en Iraq, declaraba al periódico Asharq al-Awasat que 2.000 mujeres iraquíes permanecían por entonces detenidas «por motivos de seguridad» en varias cárceles y centros de detención del país tanto bajo control del gobierno iraquí como de las fuerzas de ocupación. Recientemente, en comparecencia ante el Parlamento iraquí, la ministra iraquí de Derechos Humanos reducía esta cifra a en torno un millar de mujeres, en contraposición a su propia declaración realizada pocos días antes.

Nota:

1. http://www.iraqsolidaridad.org/2007/docs/econ_23-01-07_nnuu.html .