Traducido para Rebelión por Germán Leyens
Un informe del británico Sunday Times deja fuera de dudas que el futuro camino para George W. Bush, Tony Blair y numerosos otros políticos debiera conducirlos directamente al banquillo de los acusados.
Una consideración objetiva de la guerra iniciada el año 2003 contra Irak muestra claramente que es una guerra de agresión que viola el derecho internacional.
El secreto «memorando Downing Street» que acaba de ser revelado prueba que la guerra de agresión contra Irak comenzó ya en mayo de 2002 – casi un año antes de su inicio «oficial» y medio año antes de la aprobación de la Resolución 1441 de la ONU, que autoriza el ataque por parte de la «Coalición»- y que había que «crear» las pruebas, que sirvieran de justificación para una invasión.
En mayo de 2002 las fuerzas aéreas británica y estadounidense comenzaron a bombardear sistemáticamente a Irak, para debilitar sus defensas antiaéreas y para preparar la ofensiva terrestre. Lo escribió el general estadounidense Tommy Franks en su autobiografía «American Soldier» («Soldado estadounidense»): quería aprovechar los bombardeos para «debilitar lo más posible» las instalaciones de defensa iraquíes. Además esperaban provocar una reacción por parte de Irak, la que no tuvo lugar.
Una toma de posición legal del Ministerio de Exteriores británico, adjunta al «memorando Downing Street» eliminó toda incertidumbre de que un procedimiento semejante era ilegal. Según el documento sólo estaban permitidos los bombardeos por los aviones de combate de EE.UU. y Gran Bretaña que patrullaban sobre las «zonas de no-vuelo» para evitar ataques de los militares iraquíes contra la población. Elizabeth Wilmshurst, que había redactado la toma de posición del Ministerio de Exteriores, renunció a su puesto en marzo de 2003 en señal de protesta contra la conducción de la guerra sin una resolución correspondiente de la ONU.
Este fin de semana Lord Goodhart, vicepresidente de la comisión internacional de juristas y experto mundialmente reconocido en derecho internacional, dejó en claro que los ataques aéreos fueron ilegales, si fueron realizados para presionar al gobierno iraquí. La Resolución 699 de la ONU, que fue utilizada como justificación de los vuelos de patrullaje no fue adoptada, según Goodhart, ajustándose al Capítulo VII de la Carta de la ONU, que trata todos los casos de autorización de uso de la fuerza militar.
«Si el objetivo fue, como indica aparentemente Franks, debilitar a Irak para una futura invasión o intimidarlo, las fuerzas armadas de la coalición actuaron sin autorización legal», agrega Goodhart. Ya que este hecho les era conocido en el momento de las operaciones por la toma de posición redactada por Wilmshurst, emprendieron deliberadamente el ataque contra Irak, a sabiendas de que era ilegal.
Queda por ver si la comunidad internacional está realmente dispuesta a sacar las consecuencias y en condiciones de hacerlo.