Los acontecimientos de estas últimas semanas en Iraq con la toma de Mosul, segunda ciudad del país, que ha provocado la salida de más de 500.000 personas, y de otras ciudades por una coalición heteróclita de grupos reaccionarios compuesta principalmente por el Estado Islámico de Iraq y de Levante (EIIL), exbaasistas y jefes de tribus, […]
Los acontecimientos de estas últimas semanas en Iraq con la toma de Mosul, segunda ciudad del país, que ha provocado la salida de más de 500.000 personas, y de otras ciudades por una coalición heteróclita de grupos reaccionarios compuesta principalmente por el Estado Islámico de Iraq y de Levante (EIIL), exbaasistas y jefes de tribus, son la continuación de la larga agonía del pueblo iraquí desde 2003 e incluso, desde muchos puntos de vista, desde antes.
En efecto, hay que recordar que el país vivía bajo la sangrienta dictadura del clan de Saddam Hussein que había causado la muerte, el exilio y el encarcelamiento de varias decenas de miles de personas sin olvidar el gaseo de los kurdos en 1988 en Halabja. Este régimen se erigió sobre un aparato represivo totalitario, con bases clientelares, tribales y comunitarias, que no aceptaba ninguna oposición política ni la independencia de los sindicatos ni tenía nada de nacionalista como dicen algunos.
Sin embargo, la situación catastrófica actual en el país se debe fundamentalmente a la invasión militar americana y británica de 2003, a sus políticas hacia el país, a la intervención de los países regionales, particularmente Irán y Arabia Saudita, que no han dejado de alimentar el fuego del comunitarismo como medio para hacer avanzar sus intereses…, sin olvidar las políticas comunitarias y represivas del gobierno Maliki.
Contrariamente a lo que afirman algunos medios y «analistas», los acontecimientos actuales en Iraq no son el fruto de un odio ancestral, que dataría de hace más de 1000 años, entre sunitas y chiítas sino el resultado evidente de las políticas actuales.
Además de la invasión militar que provocó la muerte de un millón de iraquíes y el desplazamiento forzado de otros 4 millones, todo ello tras más de 10 años de sanciones inhumanas, en el origen de la debacle actual está la política de ocupación de los Estados Unidos: represión feroz de toda oposición política a la ocupación americana, aplicación forzosa de políticas neoliberales y represión de movimientos sindicales independientes, destrucción de las instituciones estatales (ejército, administración, sistema universitario, etc.), puesta en pie, como en Líbano, de un sistema político basado en el confesionalismo político como base de construcción de las nuevas administraciones estatales, etc. Este último elemento dará pié entre 2005 y 2008 a una terrible guerra confesional entre a grupos extremistas chiítas y sunitas, provocando una media mensual de 3000 muertos.
Al mismo tiempo, Arabia Saudita e Irán apoyan grupos confesionales extremistas y reaccionarios para favorecer sus propios intereses, de la misma forma que lo hacen en otros países de la región como Líbano y Siria.
No obstante, el ascenso espectacular el EIIL y de sus aliados a lo largo de estos últimos meses hay que situarlo en el marco de las políticas autoritarias y comunitarias del gobierno de Maliki de estos últimos años.
En primer lugar, es necesario recordar las manifestaciones populares que sacudieron el país a principios del año 2011 en la onda de los levantamientos populares de la región: el 25 de febrero de 2011 se lanzó un ciclo semanal -todos los viernes- de protestas bajo el lema de «El Día de la cólera» en la mayor parte de las grandes ciudades del país. Las reivindicaciones eran diversas: la lucha contra el paro, que sigue siendo muy elevado, contra el deterioro o la ausencia de servicios básicos como la electricidad, la liberación de las y los presos políticos, la oposición al conjunto del régimen comunitario instalado por la ocupación estadounidense… El movimiento estaba compuesto de personalidades de la sociedad civil, grupos feministas, sindicalistas, etc.
A veces, las concentraciones populares superaron las decenas de miles de personas y en la ciudad de Mosul, por ejemplo, se convocó una huelga general que empujó al gobernador local Atheel al-Nujaifi a apoyar las manifestaciones y a apoyar también la violación del toque de queda impuesto por el gobierno.
Las manifestaciones populares representaron un desafío serio al gobierno de Maliki, dimitieron numerosos políticos locales (entre ellos dos en Basora) y las plazas en las que se desarrollaban las protestas se convirtieron en lugares de poesía politizada y de espectáculos culturales basados en el rico patrimonio cultural de Irak.
El gobierno no tardó en reaccionar con una represión sistemática: desde gases lacrimógenos a fuego real y la puesta en pie de numerosos check points, forzando a la gente a andar durante horas bajo un sol abrasador para ir a plazas públicas que normalmente son de fácil acceso. Las fuerzas de seguridad prohibían igualmente que la gente llevara rotuladores, carteles y botellas de agua cuando iba a las plazas a manifestarse.
La consolidación política en el seno de la élite dirigente de Irak permitió sin embargo al primer ministro Nouri al-Maliki cooptar a los políticos locales disidentes como en Basora a la vez que continuaba la represión del movimiento popular.
Al mismo tiempo, el gobierno Maliki proseguía con una política cada vez más comunitaria contra la población sunita. En concreto, se negó a integrar en el ejército a los Consejos del «despertar sunita» que habían combatido a Al Qaeda; mantuvo la ley antibaasista puesta en pie tras la invasión americana contra los antiguos dirigentes cercanos a Saddam Hussein, pero utilizada sobre todo por el primer ministro iraquí para reprimir a todas las fuerzas políticas sunitas. Acusaba a importantes políticos de confesión sunita de apoyar a los terroristas, en lo que constituye un uso habitual de los regímenes represivos de la región para reprimir toda oposición, tal y como como se ha podido ver actualmente en Egipto y en Siria. El gobierno de Maliki ha discriminado también de forma sistemática a los sunitas en el seno de la administración pública.
Durante el año 2013, el movimiento popular en las regiones de mayoría sunita llevó a cabo una campaña masiva de resistencia no violenta contra el gobierno de Maliki y particularmente contra las políticas comunitarias y autoritarias. En ese período tuvieron lugar manifestaciones y concentraciones populares de masas reivindicando la liberación de presas y presos políticos, en particular las miles de mujeres detenidas, más empleos y mejores servicios públicos y la anulación de la Constitución iraquí. Los y las manifestantes se oponían sobre todo a las «leyes antiterroristas» utilizadas por el gobierno iraquí para reprimir a los y las opositores bajo la acusación de mantener lazos con Al Qaeda o el partido Baas de Saddam. En esa época, dirigentes iraquíes chiítas del bloque del Consejo Supremo Islámico de Irak y del bloque de Moqtada al-Sadr, que tenían sus propios enfrentamientos contra el régimen de Maliki, expresaron su solidaridad con esas manifestaciones, compuestas en su casi totalidad por iraquíes de confesión sunita, y comenzaron a organizar sus propias manifestaciones. Desgraciadamente no se materializó ninguna solidaridad transconfesional ni interétnica, a pesar de las críticas y la oposición de los grupos kurdos contra el gobierno de Maliki.
Esta ola de protestas populares fue ahogada en sangre por el gobierno de Maliki, como lo había hecho con el movimiento del 25 de febrero de 2011 cuando Irak conoció manifestaciones populares por todo el país. Utilizó también tácticas sacadas directamente de la ocupación americana: destrucción entera o parcial de barrios, detenciones masivas y tortura. La intensificación de la represión del gobierno Maliki llevó a una parte de los y las manifestantes y a determinados grupos a aliarse con el EIIL, que se opone al régimen iraquí por razones comunitarias, lo que le ha permitido ganar una importancia creciente en las regiones de mayoría sunita. En las regiones de mayoría sunita, la población percibe al ejército iraquí, reconstruido sobre bases comunitarias por el gobierno Maliki y minado por la corrupción, cada vez más como un ejército de ocupación y, por esta razón, algunos han visto en su partida una liberación, pero sin considerar a los recién llegados como liberadores. En efecto, las prácticas del EIIL (imposición de leyes religiosas reaccionarias, que afectan en particular a las mujeres, asesinatos comunitarios, autoritarismo, destrucción de objetos arqueológicos preislámicos, etc.) serán, muy probablemente y en un plazo corto, objeto de resistencia de las poblaciones locales, como ha ocurrido en Siria.
Por su parte, Maliki ha utilizado la amenaza comunitaria del EIIL para empujar a Sadr a organizar manifestaciones de apoyo al Estado iraquí y solicitar el apoyo del gran ayatolá Sistani, la más alta autoridad religiosa chiíta de Irak. Maliki ha movilizado igualmente milicias sectarias chiítas para oponerse al EIIL.
La solución es por supuesto oponerse a las fuerzas reaccionarias yihadistas del EIIL, aliadas a las exbaasistas, pero también al gobierno Maliki con sus políticas comunitarias y autoritarias y a las fuerzas reaccionarias que le sostienen. Esos dos actores se alimentan mutuamente y hay que derrotarles para poder construir un movimiento popular social y progresista que se oponga al comunitarismo y permita salir a Irak de una pesadilla que ya dura demasiado.
Traducido de la versión publicada en francés el 26/06/2014 en
Trducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR