I La tortura y otros abusos contra los detenidos bajo la custodia de los Estados Unidos en Irak fueron autorizados y habituales, incluso después del escándalo de Abu Ghraib en 2004, según las declaraciones de soldados recogidas en un informe de Human Rights Watch publicado en julio de 2006. El informe contiene testimonios de primera […]
I
La tortura y otros abusos contra los detenidos bajo la custodia de los Estados Unidos en Irak fueron autorizados y habituales, incluso después del escándalo de Abu Ghraib en 2004, según las declaraciones de soldados recogidas en un informe de Human Rights Watch publicado en julio de 2006. El informe contiene testimonios de primera mano de personal militar estadounidense y se detallan los abusos en un centro dentro de una zona cerrada del aeropuerto de Bagdad y en otros centros de detención de Irak.
En «No Blood, No Foul: Soldiers’ Accounts of Detainee Abuse in Iraq» («Si no hay sangre no hay falta: Testimonios de soldados sobre el maltrato a detenidos en Irak») los soldados describen cómo se sometió habitualmente a los detenidos a duras palizas, dolorosas posturas incómodas, privación severa de sueño y la exposición a temperaturas extremas de frío y calor. Los testimonios proceden de entrevistas realizadas por Human Rights Watch, complementados con memorandos y declaraciones juradas contenidas en documentos desclasificados.
«Se dijo a los soldados que los Convenios de Ginebra no eran aplicables, y que los interrogadores podían usar técnicas abusivas para hacer hablar a los detenidos», dijo John Sifton, autor del informe e investigador senior sobre terrorismo y antiterrorismo de Human Rights Watch. «Estos testimonios refutan las afirmaciones del gobierno estadounidense de que la tortura y el abuso en Irak no fueron autorizados y fueron excepcionales -por el contrario, fueron permitidos y empleados habitualmente».
Los testimonios revelan que el maltrato a detenidos fue una parte establecida y autorizada de los procesos de detención e interrogatorio en Irak durante gran parte del período 2003-2005. También sugieren que los soldados que intentaron denunciar el abuso fueron repulsados o ignorados.
Algunos de los abusos más graves detallados en el informe están relacionados con una fuerza de tarea especial que operaba en un centro de detención de una zona cerrada del aeropuerto de Bagdad, llamado Campamento Nama. En el informe también se describe los graves abusos ocurridos en un centro cercano al aeropuerto de Mosul y en una base cerca de al-Qaim, en la frontera con Siria. Según los testimonios de los soldados, los detenidos en el Campamento Nama no fueron registrados con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en violación del derecho internacional, siendo regularmente desnudados y sometidos a palizas, ejercicios forzosos, privación severa de sueño y varias formas de tratamiento degradante e inhumano. Un interrogador que sirvió en el Campamento Nama dijo que los responsables de su unidad de interrogatorio fomentaron el maltrato. «La gente quería tratar con más y más dureza a todos», señaló. «Creían que ese era su deber y lo que tenían que hacer, y que tenían que hacerlo todo el tiempo», agregó.
Los testimonios ofrecidos por los soldados revelan que la cadena de mando militar autorizó muchas técnicas abusivas. Un interrogador localizado en un centro cercano a Mosul en 2004 mencionó el caso de un oficial responsable de su unidad de interrogatorio que le ordenó a él y a otros interrogadores que emplearan técnicas abusivas con una serie de detenidos. Utilizaban perros en los interrogatorios, a la par que forzaban a los detenidos a hacer ejercicios duros, soportar posiciones de estiramiento, arrodillarse en la grava y caminar de rodillas sobre ella, estar de pie con los brazos estirados sosteniendo botellas de agua en las manos durante períodos prolongados, todo con la ayuda cómplice de los guardias de la prisión.
En el Campamento Nama el comandante de la unidad de interrogatorio del centro tenía que autorizar el uso de técnicas abusivas; sin embargo, las autorizaciones eran tan normales que los interrogadores usaban una plantilla para rellenar los formularios de autorización.
En varios casos descritos en el informe, el maltrato a los detenidos fue aparentemente denunciado a los responsables militares en Bagdad y Washington, pero se tomaron escasas o ninguna medida para detenerlo. Por ejemplo, una investigación sobre un centro de detención en el aeropuerto de Mosul a principios del 2004, iniciada después de que le rompieran la mandíbula a un detenido, reveló que los detenidos en Mosul eran maltratados habitualmente. No obstante, no se adoptó ninguna medida para castigar a los responsables y un interrogador localizado en el centro dijo que los abusos continuaron a lo largo del 2004. Las muertes de detenidos no eran hechos excepcionales.
Los abusos en el Campamento Nama continuaron durante gran parte de 2004, incluso después de que varios oficiales militares presentaran denuncias sobre el maltrato en ese centro. El Coronel Stuart A. Herrington, un oficial retirado de la inteligencia militar, fue trasladado a Irak para evaluar el proceso de reunión de información de inteligencia. Informó en un memorando a la General Barbara Fast, jefa de inteligencia militar en Irak, que la Fuerza de Tarea 21 estaba maltratando a los detenidos y no los estaba inscribiendo en los registros de detención de las fuerzas armadas ni informando de ellos al Comité de la Cruz Roja.
El informe también muestra cómo los soldados que consideraron erróneas o ilegales las prácticas abusivas se enfrentaron a obstáculos significativos cada vez que intentaron denunciar o exponer los abusos. Por ejemplo, a un guardia de la policía militar en un centro cercano a al-Qaim, que se quejó a un oficial sobre las palizas y otros abusos que presenció, le dijeron: «Tiene que dejar este asunto, sargento». El guardia dijo a Human Rights Watch: «Me insistieron repetidamente de que no era inteligente seguir por ese camino».
En otro caso, después de que un interrogador se quejó sobre el abuso en un centro cercano al aeropuerto de Bagdad, los comandantes pidieron a los abogados militares que realizaran una presentación en Power Point para los interrogadores. Durante la presentación, los abogados, mintiendo, informaron a los interrogadores de que los Convenios de Ginebra no eran aplicables a los detenidos en su centro, y que las técnicas que estaban usando eran aceptables. «Nos dijeron que son combatientes enemigos, no prisioneros de guerra, y entonces podemos hacerles todas estas cosas y demás», señaló el interrogador.
El informe demuestra que la investigación penal de los abusos tendría que seguir la cadena de mando militar, en lugar de concentrarse en soldados de bajo rango. Hasta la fecha, no se ha celebrado ningún consejo de guerra a un solo oficial de la inteligencia militar en relación con las denuncias de abusos en Irak.
II
Las tropas del Ejército de Estados Unidos sometieron a detenidos iraquíes a graves golpizas y otras formas de tortura en una base en el centro de Irak entre 2003 y 2004, con frecuencia bajo las órdenes o con la aprobación de oficiales superiores, según las declaraciones de soldados hechas públicas hoy por Human Rights Watch.
En el informe «Leadership Failure: Firsthand Accounts of Torture of Iraqi Detainees by the U.S. Army’s 82nd Airborne Division» («Fallo de liderazgo: Testimonios de primera mano de la tortura a detenidos iraquíes por parte de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos») se recogen testimonios de solados sobre los abusos contra detenidos cometidos por tropas de la 82ª División Aerotransportada basadas en la Base Avanzada de Operaciones Mercury, cerca de Fallujah.
Dos sargentos y un capitán estadounidenses describen cómo prisioneros fueron sometidos a golpizas graves realizadas de manera rutinaria, así como otras formas de trato cruel e inhumano. En un incidente, se acusa a un soldado de haberle roto una pierna a un detenido con un bate de béisbol. También se obligaba a los detenidos a sostener garrafas de agua de 5 galones con los brazos abiertos y a realizar otros actos hasta que se desmayaran. Los soldados aplicaron sustancias químicas en la piel y los ojos de los detenidos, sometiéndolos, además, a posturas incómodas, privación de sueño y temperaturas extremas, tanto frías como calientes. Los detenidos fueron apilados en pirámides humanas y se les negó comida y agua.
Los soldados también describieron los abusos que presenciaron o en los que participaron en otra base de Irak y durante su anterior despliegue en Afganistán.
Según los testimonios de los soldados, el personal estadounidense maltrató a los detenidos como parte de un proceso de interrogatorio militar o simplemente para «desahogarse». Dijeron que, en muchos casos, el abuso había sido ordenado específicamente por personal de Inteligencia Militar antes de los interrogatorios. Los oficiales superiores de Inteligencia Militar y otros cuerpos sabían de los abusos generalizados. Los testimonios demuestran que los abusos fueron el resultado de fallos en el liderazgo civil y militar y de confusión sobre las normas de interrogatorio y la aplicación de los Convenios de Ginebra. Todo contradice las afirmaciones del gobierno de Bush conforme a las cuales los abusos contra detenidos por parte de las fuerzas estadounidenses en el extranjero han sido infrecuentes, excepcionales y ajenos a las políticas públicas.
«El gobierno ordenó a los soldados que extrajeran información de los detenidos sin decirles qué estaba permitido y qué estaba prohibido», señaló Tom Malinowski, Director de la Oficina de Washington de Human Rights Watch. «Sin embargo, cuando los abusos se produjeron inevitablemente, los líderes acusaron a los soldados en el terreno en lugar de asumir la responsabilidad».
Los soldados mencionaron técnicas abusivas como «fumarse» («smoking») o «chingarse» («fucking») a detenidos, conocidos como «PBC», Personas Bajo Control (PUC, Persons Under Control). «Fumarse a un PBC» se refería a agotar a los detenidos con ejercicios físicos, a veces hasta el punto de la inconsciencia, u obligarles a mantenerse en posiciones dolorosas. «Chingarse a un PBC» quería decir golpearle y torturarle con dureza. Los soldados dijeron que el personal de Inteligencia Militar les ordenaba habitualmente que «se fumaran» a detenidos antes de los interrogatorios.
Un sargento dijo a Human Rights Watch: «Todo el mundo en el campamento sabía que si uno quería sacarse de encima la frustración, uno iba a la tienda de los PBC. En cierto modo era como un deporte… Un día, [un sargento] se presentó y le dijo a un PBC que se agarrara a un poste. Le dijo que se agachara y le rompió la pierna con un bate de metal».
El oficial que habló con Human Rights Watch hizo constantes esfuerzos durante diecisiete meses para que los superiores en su cadena de mando oyeran su preocupación por el maltrato a detenidos y su interés en obtener reglas más claras sobre el trato adecuado a los detenidos, pero le dijeron que ignorara los abusos y «considerara su carrera». No lo tomaron en serio hasta que se dirigió a miembros del Congreso para plantearles sus preocupaciones. El oficial dijo que, cuando concertó una cita este mes con asistentes de los senadores John McCain y John Warner, su oficial superior le negó el permiso para salir de la base.
Los testimonios de los soldados demuestran una confusión generalizada en las unidades militares sobre las normas legales aplicables a los detenidos. Uno de los sargentos citados en el informe describió cómo se aceptaba el maltrato de los detenidos en las unidades militares: «Se aceptaban las tendencias. Los líderes no ofrecieron directrices claras por lo cual sencillamente las desarrollamos. Querían inteligencia. Mientras no saliera muerto un PBC se hacía. Escuchamos rumores de PBC que habían muerto así que teníamos cuidado. Nos limitamos a brazos y piernas rotas y otra mierda de este tipo».
Los testimonios de los soldados también desafían la afirmación del gobierno de Bush conforme a la cual los líderes militares y civiles no jugaron ningún papel en los abusos. El oficial citado en el informe dijo a Human Rights Watch que cree que los abusos presenciados en Irak y Afganistán fueron en parte consecuencia de la decisión, adoptada por la administración Bush en 2002, de no aplicar los Convenios de Ginebra para proteger a los detenidos capturados en Afganistán.