El 8 de julio, el presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, ampliaba el plazo para que los diputados firmasen una declaración muy crítica con el ACTA. Lo decidió al creer que podía haber más parlamentarios que quisiesen firmar y aún no hubieran podido. Era una buena noticia contra el enésimo ataque a derechos fundamentales que […]
El 8 de julio, el presidente del Parlamento europeo, Jerzy Buzek, ampliaba el plazo para que los diputados firmasen una declaración muy crítica con el ACTA. Lo decidió al creer que podía haber más parlamentarios que quisiesen firmar y aún no hubieran podido. Era una buena noticia contra el enésimo ataque a derechos fundamentales que van más allá del mero intercambio de archivos.
Es difícil saber qué es el ACTA. De los muchos reproches que se le hacen, uno explica mejor que ningún otro el temor que despierta: el pasmoso secretismo de las negociaciones. Desde que varios países anunciaron el inicio del proceso en 2007, sólo alguna filtración vía Wikileaks ha servido para que la opinión pública pueda hacerse una idea de sus derroteros.
La última versión del texto se filtraba este mismo 15 de julio a la web francesa La Quadrature du Net. Un mes antes, un grupo de 90 académicos, juristas y organizaciones se reunía en la Universidad de Washington para tratar de poner algunos puntos sobre las íes. La declaración final fue desoladora: «ACTA impondrá restricciones al goce de los derechos y libertades fundamentales, incluyendo derechos humanos internacionalmente protegidos, tales como el derecho a la salud, privacidad y protección de datos personales, libertad de expresión, derecho al debido proceso, incluido el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia».
Un acuerdo comercial pensado para proteger las patentes de los medicamentos había extendido su ámbito de actuación hasta ser la mayor amenaza contra los internautas al establecer un nuevo marco legal que podría ir más allá de las estipulaciones de la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual o la propia ONU. Incluso el Reino Unido, muy severo contra el p2p, se ha desmarcado por considerar que introducía demasiadas sanciones penales en las leyes de propiedad intelectual.
Entre las agresiones concretas que contempla el ACTA están algunas viejas conocidas de los internautas. Las operadoras tendrán la obligación de vigilar que sus clientes y los contenidos que circulan por sus redes acaten sus disposiciones sobre propiedad intelectual, la ley de los tres avisos podría estandarizarse y se podrían proscribir avances tecnológicos susceptibles de ser usados para eludir estas normas.
LA PRESIÓN AL PARLAMENTO
Si más de la mitad de los eurodiputados firman la declaración crítica con el ACTA, se establecería que ésa es la posición oficial del Parlamento, lo que obligaría, por ejemplo, a hacer transparentes las negociaciones de la Comisión.
La Red se ha movilizado para tratar de presionar a las señorías que todavía no han firmado. Para ello, varios sitios han publicado listas de parlamentarios ‘pendientes’ junto a sus correos electrónicos y números de teléfono. Para saber cómo puedes animar a los eurodiputados del Estado español, puedes entrar en internautas.org, nacionred.com o laquadrature. net. Estas páginas siguen a diario el proceso y actualizan la lista de diputados firmantes.
http://www.diagonalperiodico.net/Dos-meses-para-que-Europa-salve.html