Desde el primero hasta el siete de septiembre se realizará en todo Brasil una consulta popular sobre la privatización fraudulenta de la empresa minera Vale do Rio Doce, la deuda externa, las tarifas eléctricas y la reforma a la seguridad social (ver preguntas abajo). Más de 60 organizaciones sociales, sindicales, religiosas y populares, entre las […]
Desde el primero hasta el siete de septiembre se realizará en todo Brasil una consulta popular sobre la privatización fraudulenta de la empresa minera Vale do Rio Doce, la deuda externa, las tarifas eléctricas y la reforma a la seguridad social (ver preguntas abajo).
Más de 60 organizaciones sociales, sindicales, religiosas y populares, entre las que se encuentran la Central Unitaria de Trabajadores, el Movimiento Sin Tierra, la Central de Movimientos Populares, Vía Campesina, las Pastorales Sociales, el Grito de los Excluidos, la Marcha Mundial de las Mujeres, impulsan esta consulta popular que recuerda a otras realizadas anteriormente sobre los temas de la deuda externa (2000) y el Area de Libre Comercio de las Américas y la base de Alcántara (2002) que involucraron a millones de personas.
En esta ocasión, los movimientos sociales se proponen promover la democracia participativa y debatir con el pueblo brasileño el tema de la privatización de la empresa Vale do Rio Doce, que se llevó a cabo en 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso. En esta transacción, realizada con el pretexto de pagar la deuda interna y externa, se cometieron varias irregularidades. Estudios realizados en esa época revelaron que el patrimonio de la empresa estatal, fundada en junio de 1942, era de 92.640 millones de reales, pero fue vendida en apenas 3.300 millones de reales, 28 veces menos de su valor. Cuando fue privatizada, la Vale ya era de una de las mayores empresas estatales brasileñas y la mayor exportadora de hierro del mundo. Uno de los agentes que participó en la valuación de la empresa fue el banco Bradesco que ahora justamente es el mayor accionista de la misma. Cabe indicar que la ley de licitaciones prohíbe que una empresa que participa en las evaluaciones intervenga también en la compra del bien a rematar. Por este motivo, 107 accionistas populares se opusieron a esta privatización y el caso pasó a manos del Poder Judicial que en 2005 reconoció la nulidad del traspaso.
Para los accionistas nacionales y extranjeros, la adquisición de la Vale do Rio Doce fue un negocio redondo pues les permitió acumular enormes infraestructuras y ganancias. La Vale do Rio Doce es la segunda mayor empresa brasileña, luego de Petrobras. Está presente en 14 estados de Brasil y en los cinco continentes, es propietaria de 10 puertos, de una red de ferrocarriles de 9 mil kilómetros y de la mayor flota de barcos transportadores de granos del mundo. Actualmente, no solo es la mayor exportadora de hierro del mundo sino la principal exportadora de oro y bauxita (materia prima del aluminio) de América Latina.
Solo en el segundo semestre del 2005, la Vale obtuvo utilidades de 12.500 millones de reales. Se calcula que entre 1998 y el primer semestre de 2007, sus ganancias totalizaron 50.457 millones de reales, beneficiándose de los altos precios del hierro en el mercado internacional. Si la empresa no hubieses sido privatizada, el gobierno federal habría dispuesto de recursos suficientes como para construir 167 hospitales, 202.000 viviendas, 68 universidades, sostienen los organizadores de la consulta popular.
Actualmente, la empresa tiene autorización para explotar por tiempo indefinido el subsuelo de 23 millones de hectáreas del territorio brasileño, pese a que la ley prohíbe a los extranjeros poseer más de 2000 hectáreas de tierra sin la aprobación del Senado o de las Fuerzas Armadas.
El mal negocio de la privatización de la Vale do Rio Doce y de otras empresas estatales fue uno de los temas que enfatizó el Presidente Lula durante la segunda campaña que permitió su reelección, aunque en la primera no se manifestó sobre el tema.
Para la realización de esta consulta popular se han formado, desde hace dos meses, comités de campaña en cada Estado, en las provincias, municipios y organizaciones de base. En la semana de 1º al 7 de septiembre, se instalarán urnas en sitios públicos de gran circulación como colegios, universidades, sindicatos, iglesias, mercados, etc. La participación es abierta, podrán votar las personas mayores de 16 años quienes deberán presentar un documento de identificación. Se levantará un acta de cada mesa de votación; luego de ser contabilizados los resultados, se entregarán a los poderes Ejecutivo, Judicial, y Legislativo, el 24 y 25 de septiembre, como mecanismo de presión para conseguir la nulidad de la venta fraudulenta de la Vale do Rio Doce y las otras demandas.
En esta consulta popular, participan activamente las organizaciones que impulsan el Grito de la Excluidos/as, manifestación popular que el año anterior se realizó en más de 1500 ciudades brasileñas. Esta décima tercera edición del Grito lleva como lema «! Esto no Vale! Queremos participación en el destino de la nación! Precisamente invocando este tema, el próximo 7 de septiembre, día de la independencia de Brasil, miles de personas saldrán a las calles a gritar por más participación, por el respeto a los derechos de los trabajadores, por la soberanía, por la auditoría de las deudas, porque las políticas de Estado prioricen al pueblo y no al capital.
Preguntas de la consulta popular
1. En 1997, la Compañía Vale Do Rio Doce, patrimonio construido por el pueblo brasileño, fue fraudulentamente privatizada, acción que el gobierno y el poder judicial pueden anular. ¿La Vale debe continuar en manos del capital privado?
2. ¿El Gobierno debe continuar priorizando el pago de los intereses de la deuda externa e interna, en vez de invertir en mejorar las condiciones de vida y trabajo del pueblo brasileño?
3. ¿Usted está de acuerdo que la energía eléctrica continúe siendo aprovechada por el capital privado mientras que el pueblo paga hasta ocho veces más que las grandes empresas?
4. ¿Usted aprueba que una reforma de la seguridad social excluya los derechos de los trabajadores?