Dueños de vidas y haciendas, cerca de 100 poderosos clanes familiares se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y han levantando gigantescos latifundios, mientras millones de campesinos están sumidos en una virtual hambruna y en el minifundio. El más reciente Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo […]
Dueños de vidas y haciendas, cerca de 100 poderosos clanes familiares se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia y han levantando gigantescos latifundios, mientras millones de campesinos están sumidos en una virtual hambruna y en el minifundio.
El más reciente Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), difundido hoy, establece que la distribución de la tierra es tan desigual en el país, que menos de 100 familias son propietarias de 25 millones de hectáreas, mientras que dos millones de familias campesinas-casi todas indígenas- apenas si tienen acceso a este recurso natural y trabajan en cinco millones de hectáreas.
Esto quiere decir que las 100 familias de poderosos oligarcas, que tienen fuertes lazos con el poder político y económico y están asentados en todo el país y en especial en el oriente, disponen de cinco veces más de tierras que los campesinos pobres, que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.
La aguda desigualdad en el acceso a las tierras aptas para la agricultura y ganadería explica, en parte, la cruel ironía que vive Bolivia, al contar con un territorio extenso y extremadamente rico, dotado de grandes riquezas naturales y una envidiable diversidad, y una mayoría de su población extremadamente pobre.
Según el informe de Naciones Unidas, esta aguda desigualdad, entre unos pocos que tienen mucho y los más que casi no tienen nada, es el motor de los constantes conflictos que vive el país y la causa principal de su inestabilidad política y social. Los especialistas advierten, además, que la persistencia de estas desigualdades torna inviable la democracia y la convivencia pacífica.
LA OLIGARQUÍA TERRATENIENTE
A despecho de 50 años de reforma agraria, el agro boliviano está partido en dos, parcelado entre los gigantescos latifundios, la mayor parte de ellos improductivos, y cientos de miles de pequeñas propiedades campesinas que ya no abastecen para los agricultores indígenas. Pese a ello, la economía campesina aporta más alimentos y producción agrícola al mercado local, que la producción de los latifundios que prefiere la exportación de soya y los cultivos de arroz, azúcar, algodón y la depredadora explotación de maderas preciosas.
Según los datos recogidos por Econoticias, hay al menos 250 mil campesinos sin tierra, que deambulan en los barrios más pobres de las ciudades y que constantemente ocupan tierras de los latifundistas, de las que son desalojados a bala y látigo por los mercenarios contratados por los terratenientes y por el Ejército y la Policía, que resguardan los mismos intereses, aunque sin costo alguno.
Y es que los clanes familiares que se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia tienen enorme poder en las instituciones públicas y entidades privadas. Así, han mantenido una poderosa e invariable influencia en el Ministerio de Agricultura, en la Superintendencia Agraria y en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, controlando la concesión de tierras y propiedades. Estas familias también tienen enorme peso en los partidos políticos de derecha y casi siempre han controlado el Congreso y el Gobierno. Sin embargo, su mayor influencia está en las asociaciones empresariales de agropecuarios y productores agrícolas del oriente como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, desde donde controlan el poder regional y tejen alianzas con las empresas transnacionales del petróleo y el gas.
No es casual, por ello, que el poder latifundista y petrolero maneje a su antojo la región más rica de Bolivia como es Santa Cruz, y desde allí articule un proyecto secesionista en contra de las organizaciones sociales, laborales y populares del país que pugnan por la nacionalización de los hidrocarburos y por una nueva y genuina reforma agraria.
Estas dos consignas (nacionalización y reforma agraria) ya emergieron con fuerza en las revolucionarias jornadas de octubre del 2003 y de mayo-junio del 2005, que culminaron con el derrocamiento de los ex presidentes neoliberales Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, fervorosos defensores de las petroleras y de los latifundistas.
HAMBRE DE TIERRA
Entre campesinos e indígenas, la consigna mayor es la recuperación de las tierras y la segunda reforma agraria, expropiando a los grandes latifundistas. Con un 90 por ciento de la población indígena y campesina sumida en la pobreza, la sed de tierra está generando actualmente la ocupación de extensos latifundios improductivos, que están en manos de empresarios, militares y adherentes a las dictaduras de las décadas del 70 y 80, y del esquema neoliberal de los 90.
«Esas tierras las vamos a ocupar, si es que el gobierno no tienen la capacidad y la voluntad política de revertir estas propiedades que no cumplen ninguna función económica y social, y sólo sirven para negocios y tráfico de tierras», dijo a Econoticias hace un tiempo el líder de los campesinos sin tierra, Angel Durán.
«Estas concesiones a propietarios grandes no son trabajadas agrícolamente (más del 95 por ciento están sin trabajar) y se encuentran generalmente en manos de especuladores, que guardan esas buenas tierras agrícolas para venderlas posteriormente, cuando el Estado las beneficie con caminos y otro tipo de infraestructura», dice convencido de que el único camino viable para que haya paz y progreso en el campo es la reforma agraria.
Las autoridades de la Superintendencia Agraria y del Ministerio de Agricultura avalan, con datos precisos, que la mayor parte de estos neolatifundios se levantaron en base a concesiones ilegales y prebendales de tierras.
MINIFUNDIO EMPOBRECEDOR
En cambio, en el occidente del país, la tierra va perdiendo su fertilidad y ya no abastece para los campesinos, que están transitando dolorosamente del minifundio al «surcofundio».
«El proceso de fragmentación extrema de la tierra en el altiplano y los valles, en superficies cada vez menores, presenta problemas para la aplicación de tecnologías más eficientes, las cuales posibilitarían la generación de excedentes y la acumulación de capitales», señala un informe oficial al que tuvo acceso esta agencia
El minifundio y la crisis productiva están condenando a la ruina a la economía campesina del altiplano y los valles, donde predomina una bajísima productividad, reina la pobreza y crece el descontento.
A 50 años de la reforma agraria, que intentó redistribuir equitativamente la tierra en Bolivia, se generó un proceso de fragmentación de la tierra tan extremo y acelerado en estas regiones que, según un informe del Ministerio de Agricultura, surgen cada año 16 mil nuevos minifundios, lo que dificulta los procesos productivos y los torna inviables en muy corto tiempo.
Hoy, en promedio, cada campesino del altiplano y los valles tiene mucho menos tierra que antes, por lo que se está dando también un acelerado proceso de abandono de las áreas tradicionales y una fuerte migración del campo a las ciudades y del occidente al oriente.
El resultado de este proceso es el ensanchamiento de los cinturones de pobreza y marginalidad en las principales ciudades y crecientes conflictos por la posesión de tierras especialmente en el oriente, según establecen diversos estudios.
DIFERENCIAS ABISMALES
En los últimos años, esta extrema desigualdad e inequidad existente en área rural ha potenciado las abismales diferencias de ingresos en el área urbana y en todo el país. El Informe del PNUD establece que el ingreso del 10 por ciento más rico de la población supera 90 veces al ingreso del 10 por ciento más pobre.
Estas diferencias basadas en la riqueza son el primer eslabón de un ciclo de desigualdad que persigue a la gente durante toda su vida, apunta el estudio. Y esto se repite de manera dramática en todas las esferas de la vida de los bolivianos. Las mujeres de hogares pobres tienen mucho menos probabilidad de recibir atención prenatal y en el parto por personal médico especializado y sus hijos tienen también menos probabilidad de sobrevivir y completar la escolaridad, y los niños que no la completan tienen más probabilidades de percibir menores ingresos. Así, el ciclo de privaciones se transmite de una generación a otra, señala el documento.
Respecto de la educación, se informa que si bien en promedio los bolivianos tienen entre cinco años y cinco años y medio de escolaridad, existe una diferencia de siete años de escolaridad media entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre de la población.
La tasa de pobreza, que había disminuido a 48,7 por ciento en 1999, aumentó a 61,2 por ciento en 2002. La cifra es más alarmante si se considera a la población indígena: el 88 por ciento es pobre.
Las cifras también reflejan las desigualdades entre las zonas rurales y las urbanas. Por ejemplo, «las tasas de mortalidad son 1,9 veces mayores entre los niños del campo que entre los que viven en la urbe».