15 de agosto, Venezuela: Chávez o un proyecto de país

15 de Agosto: Referéndum…¿Ratificatorio o revocatorio? El pueblo venezolano, polarizado como nunca, se juega su futuro en esta votación. Se vota sí o no a Chávez, y con ello, mucho más que el rechazo o el apoyo a un presidente cualquiera. Se vota, entonces, ratificarle para consolidar un proyecto político, económico y social de marcado carácter progresista, o revocarle para impedirlo. Se decide así, algo más que la continuidad en el cargo del que fuera democráticamente electo Presidente. Más allá de ello, el resultado del referéndum supondrá la consolidación de un modelo de país.

Y hay dos modelos de país que pueden consolidarse. Ambos se definen por contraposición al otro. Si gana Chávez, podríamos estar ante la consolidación de un proyecto concentrado en superar la tradicional exclusión política, económica y social de una gran masa de la población venezolana. Si pierde Chávez, y el Presidente es revocado, se abre el camino para consolidar el modelo que defiende la oposición: el de las élites del Punto Fijo de 1958, el mismo que ha resultado económicamente empobrecedor y que ha derivado en sistemática exclusión.

Sólo la confrontación en los contenidos de ambos modelos, así como la identificación de los beneficiarios de cada uno de ellos, permite entender quienes apoyan al Presidente y quienes lo detractan, y, por qué, el Gobierno de Chávez ha tenido que construir su proyecto político en medio de la polémica constante y el conflicto social.

Así, el proyecto bolivariano se ha desarrollado a través de un conjunto de actuaciones legales y de cambios políticos y económicos que han respondido a unas necesidades demandadas por el propio pueblo venezolano. Con enormes dificultades, pero con una muy firme voluntad política, el proceso bolivariano no ha dejado de luchar y pelear esas reformas con un importante y masivo apoyo popular de los trabajadores y los pobres, sin duda la mayoría social, a los que ha sabido ofrecer una participación activa, entusiasmar y sumar al proyecto, así como incorporar a las reformas económicas y a los proyectos sociales. Sin embargo, Chávez ha llegado hasta aquí en medio de un brutal acoso mediático, y haciendo frente a una no menos brutal estrategia de desgaste. Esta última, ha sido conducida por las élites tradicionales venezolanas quienes, siendo todavía los poderes fácticos del país, recelan del proyecto de Chávez al temer que éste no les permita mantener los privilegios de los que han gozado durante décadas. Dentro de esta estrategia es bien conocido el recurso al boicot de la actividad económica (con un paro empresarial y otro petrolero), a la desestabilización continua de las instituciones y de la vida política, así como a la provocación de disturbios en las calles.

Pero conocer la alternativa específica de la oposición al proyecto de Chávez no ha sido tarea fácil. Y es que esta oposición sigue, a pocos días del referéndum, sin un liderazgo claro. Y sin un programa común que vaya más allá de su antichavismo. De hecho, los marcados enfrentamientos entre quienes se aglutinan contra Chávez son tan patentes que algunos analistas consideran, incluso, que la desunión en torno a un único líder fue una de las causas del fracaso del Golpe de Estado del 11 de Abril. A este efecto, y en los últimos días de julio, la oposición ha intentado «superar este déficit» con la presentación de su «Acuerdo Nacional por la Justicia Social y la Paz Democrática». Este «acuerdo» intenta establecer las bases de un proyecto político, económico y social común a todos los que se sienten «antichavistas», que sea liderado por un único candidato a elegir a través de unas elecciones primarias.

El contenido exacto de este programa de gobierno alternativo al de Chávez prácticamente no ha trascendido, aunque su futura presentación (el 31 de julio) ya ha sido anunciada a «bombo y platillo». Salas Römer, líder fundador de Proyecto Venezuela, ya adelantó, no obstante, que el objetivo principal consiste en conseguir «recuperar SU democracia». Pero quienes han accedido al documento, ya han destacado el «sorprendente» parecido entre el contenido de este acuerdo y el denominado Plan de Consenso elaborado por la CIPE (Center for International Private Enterprise) de los EEUU, y el CEDICE (Centro de Divulgación del Conocimiento Económico) de Venezuela, con financiación procedente, básicamente, del primer socio. Leído el documento, se pueden destacar los rasgos diferenciales más importantes de los «modelos de Venezuela» que se enfrentan en el referéndum del 15 de agosto.

En lo político, Chávez daría continuidad a un proyecto que ha reformado una constitución que hasta su llegada había avalado un sistema político clientelar y corrupto. Pero, sobre todo, un proyecto que ha primado, indudablemente, la democracia participativa. La concesión de cédulas de identidad a más de cinco millones de venezolanos que hasta hace muy pocos meses no habían estado nunca censados, es una prueba más del esfuerzo del Gobierno de Chávez por reconocer a sus ciudadanos y, con ello, la extensión universal a todos ellos del ejercicio real de todos los derechos civiles y políticos, así como del acceso con garantías a los derechos sociales, económicos y culturales. Este proceso ha devuelto la dignidad a un pueblo, y los ha incorporado a la vida política del país, a todas sus luchas colectivas. Y para reconocer la importancia de todo ello basta recordar que fue ese mismo pueblo, tras el golpe del 11 de abril, el que se echó a la calle en masa para recuperar la democracia y liberar a Chávez del secuestro de los militares golpistas.

La oposición, por su parte, propone un proyecto de «Paz Democrática» fundamentado en la inexistencia del conflicto social, superable si el Gobierno regresa a su antiguo carácter «corporativista» y, se pone, por lo tanto, en manos de las élites económicas del país (básicamente Fedecámaras, CTV y la gerencia de PDVSA). Para consolidar este nuevo Gobierno, la oposición propone volver a renovar la Constitución, lo que quizás signifique, «darle vuelta atrás».

En lo económico, el proyecto de Chávez también está más definido que el de la oposición. A grandes rasgos, el actual Gobierno ha intentado (en la medida en que le ha sido posible) implantar un modelo de desarrollo endógeno, que permita que la economía deje de gravitar casi exclusivamente sobre la producción y exportación de petróleo. Así, el quinto exportador mundial de este valioso combustible fósil, pretende diversificar su economía. Ello contribuiría a una menor dependencia de las importaciones y a la extensión de nuevas actividades económicas que dieran una solución al desempleo estructural del país. Además, la aplicación de la reforma agraria permitiría avanzar hacia una soberanía alimentaria y, la cooperativización, a impulsar un nuevo modelo de propiedad que contribuya a la creación de empleo con formas de ingreso más autónomas. En el sector externo, Chávez apuesta por la integración económica con los países latinoamericanos de mayor afinidad política, en un intento por contrarrestar el ALCA y sus posibles efectos.

En la propuesta económica de la oposición, las pocas medidas que se proponen no dan lugar a una política económica integral, que sigue estando ausente. Entre éstas, algunas son muy incoherentes (como la defensa de una utilización competitiva del tipo de cambio cuando se propone, simultáneamente, no intervenir sobre él); o claramente negativas en términos de la defensa de la justicia social (por ejemplo, con la propuesta de «abaratamiento de los costos sociales de la gestión productiva»). La única medida claramente definida compete, claro está, a la política petrolera. En este sentido, se propone sacar las acciones de la empresa petrolera estatal (PDVSA) a «oferta pública», teóricamente, para «distribuirla al pueblo» que pueda acceder a ella; prácticamente, para privatizarla.

El impacto social de cada uno de estos proyectos económicos está claro, especialmente cuando se tiene en cuenta que, en el caso específico del Gobierno de Chávez, la política social articulada en torno a las denominadas «misiones» han conseguido mejorar sustancialmente los indicadores de salud y educación del país, como así mismo lo ha reconocido el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El mayor impacto positivo de la propuesta bolivariana frente a la de la oposición se vería reforzada, además, por la política ante PDVSA. En este sentido, la privatización de PDVSA acabaría con la actual reversión de sus beneficios en mejoras e inversiones sociales: escuelas, centros de salud, cooperativas, viviendas o carreteras.

Detallados cada uno de los proyectos, tenemos todavía más elementos para entender qué se juega Venezuela el próximo 15 de agosto. En este sentido, las élites económicas venezolanas, los empresarios nacionales y extranjeros cuyos intereses multinacionales y petroleros peligran si PDVSA sigue siendo gestionada por un Gobierno Bolivariano, necesitan ganar a Chávez. La oligarquía agraria e industrial rancia que ve un peligro en la tímida Reforma Agraria de Chávez – quien acaba de declarar que si gana el referéndum actuará en este sector porque «el latifundio sigue intacto»-, desean que el presidente sea revocado. Los EE.UU. que reclaman el control petrolero (son el principal importador de petróleo del país) y desean ya la vuelta de las élites políticas y económicas venezolanas que durante años les han garantizado un suministro estable de petróleo a precios inferiores a los del mercado internacional, no pueden tolerar que gane Chávez. Además, y más allá del control de este combustible fósil, EEUU tiene motivos estratégicos adicionales para intentar «favorecer» un sí a la revocación del Presidente. Y es que la revolución bolivariana supone un signo esperanzador para mucha gente de izquierdas, y se convierte en ejemplo y modelo para muchos países. A esto, también le tiene miedo EEUU. No puede tolerar las apuestas de Venezuela por la integración latinoamericana, contra el ALCA, por una política exterior de paz, por el reforzamiento de la OPEP, así como su amistad con Fidel Castro y el acuerdo de colaboración con Cuba (donde se pactó el intercambio de petróleo por médicos, maestros o preparadores deportivos cubanos). Este tipo de posiciones en política exterior chocan con los intereses geoestratégicos, políticos y económicos de los norteamericanos en latinoamérica, su tradicional, «patio trasero».

Por todo lo anterior, es imprescindible que Chávez gane el próximo 15 de agosto. Es imprescindible para el futuro de Venezuela, para que no haya más privatizaciones, para que el programa estratégico económico-social que se está construyendo fuera de las recetas del FMI o el BM sigan adelante, para que el Estado siga cumpliendo su papel de defensa de lo público con una apuesta planificadora para lograr una justa distribución de la riqueza, para profundizar la reforma agraria y en la economía social y cooperativa, para que se defienda la inversión social en educación pública, salud, cultura, deporte, vivienda, por la soberanía alimentaria…En definitiva, por la consolidación de un proyecto de país que defienda la democracia y la justicia social.

Ganemos el 15-A, colaboremos a ello cada uno como sepa hacerlo, por el futuro de Venezuela. Para que ante un proyecto de Reforma Progresista, no se repita el golpe de Estado que terminó con la II República Española en 1936; ni las dictaduras militares que, financiadas por la CIA, terminaron con la década dorada del Gobierno de Arbenz en la Guatemala de 1954; ni en un 11 de septiembre, que termine con el proyecto, y la vida, del Allende del Chile de 1973. Que no ganen las élites económicas, el poder mediático, los intereses estadounidenses, ni quienes defienden que el único mundo posible se construye en torno a las recetas del FMI. Ganemos para que la revolución Bolivariana avance y sus reformas consoliden otra Venezuela. Es posible, si la gran mayoría que apoya a Chávez vota el NO, y si la oposición, además de no poner más votos que los de Chávez, se dedica a acatar el resultado democrática y deportivamente.

En cualquier caso, si gana el gobierno bolivariano, la prioridad debe ser seguir trabajando por Venezuela, porque hoy más que nunca, el 15 de Agosto lo veremos, la votación no dirá Chávez sí o Chávez no: la votación será Chávez o la injusticia social.