Desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo de Presidente de Brasil, en enero de este año, vivimos la incertidumbre hacia la barbarie, no solamente en materia de educación, sino también en medio ambiente, trabajo, pensiones y otros derechos sociales conquistados hace mucho pero que en muy poco tiempo han visto quebradas sus perspectivas de continuidad […]
Desde que Jair Bolsonaro asumió el cargo de Presidente de Brasil, en enero de este año, vivimos la incertidumbre hacia la barbarie, no solamente en materia de educación, sino también en medio ambiente, trabajo, pensiones y otros derechos sociales conquistados hace mucho pero que en muy poco tiempo han visto quebradas sus perspectivas de continuidad y avance. Es más: está en curso un proceso de despiece del estado democrático, iniciado en Brasil tras 21 años de dictadura (1964-1985), por obra de un liberalismo clásico reformado que impulsa hacia un capitalismo violento.
En la mañana de 30 de abril de 2019, el Ministro de Educación anunció recortes del 30% en tres universidades públicas brasileñas, sin informar sobre los criterios de selección aplicados. Por la noche, ese mismo día, comunicó que el recorte valdría para todas las universidades e institutos federales. Según declaró a un periódico de gran tirada: «Las universidades responsables de altercados tendrán una reducción en su financiación». En su opinión, las universidades están promoviendo «manifestaciones partidistas» y «fiestas inapropiadas» en el ámbito universitario. Las «manifestaciones partidistas» a las que se refería eran los debates organizados el 25 de abril de 2019 en una de las tres universidades afectadas, con presencia de los candidatos de la izquierda brasileña a la presidencia Fernando Haddad y Guilherme Boulos, y que tuvieron una participación masiva y repercusión nacional; mientras que las «fiestas» a las que hacía alusión son en realidad las acciones culturales y artísticas realizadas como forma de contestación al gobierno. No han bastado, por lo visto, los ataques de partidarios de Bolsonaro a dichas universidades. Ni han frenado el renovado impulso represor las grandes manifestaciones de protesta organizadas a nivel nacional.
A esta andanada hay que sumar el anuncio de Bolsonaro (por twitter, su principal canal de comunicación, y el mismo que utiliza preferentemente Trump), este mismo mes, de que el Ministro de Educación estudia retirar la inversión pública en las facultades de Filosofía y Sociología, al considerar que no aportan nada a los contribuyentes en contrapartida a su esfuerzo impositivo (a diferencia de las carreras de ingeniería, medicina o veterinaria).
Hay, por lo tanto, una evidente ofensiva contra la producción del conocimiento en Brasil, sobre todo en las universidades públicas, que son las responsables del 95% de la investigación nacional. A lo que se suma un evidente rechazo a las políticas de expansión y democratización de la universidad pública realizadas en los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff (2003-2016), responsables, por ejemplo, de la inclusión de población negra (en 2005 era el 5,5% y en 2015 el 12,8%) y de bajos ingresos (el 66,19% tiene renta per cápita inferior a 1,5 salarios mínimos -aproximadamente 335,00 euros-).
En este contexto, el 15 de mayo, sólo dos semanas después del anuncio del 30 de abril, la comunidad académica se ha movilizado, con amplio apoyo social, en lo que se ha venido a llamar «Paro Nacional de la Educación» y/o «Tsunami de la Educación», la primera gran protesta tras 5 meses de gobierno «bolsonarista». El impacto ha sido fuerte: calles llenas, vivas, potentes, repletas de amor por la educación pública, gratuita y de calidad. Más de 200 ciudades en Brasil han participado de los actos con una presencia estimada de 2 millones de personas, en afectuosa diversidad de géneros, colores, etnias y clases sociales. La sociedad brasileña parece tener aún capacidad de movilización.
Principalmente se reclaman dos cosas: por un lado la defensa de la continuidad de la universidad pública y de las políticas de estado implementadas por el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y, por otro, el freno a la política de recortes del gobierno. Por ahora, el gobierno se muestra insensible, pese a que dos rectores ya han apuntado que, si el gobierno no da marcha atrás, las universidades no estarán en condiciones de operar después de septiembre.
El Presidente, durante un viaje a Dallas, ha llamando «idiotas útiles» e «imbéciles» a los estudiantes, profesores y demás participantes en las marchas, llegando a afirmar que, por no saber, no sabían ni la fórmula del agua. La guerra que ha entablado con estudiantes y profesores no parece tener límite. A su vez, el Ministro de Educación, Abraham Weintraub, ha manifestado que los responsables son los gobiernos de Rousseff y Temer (presidente de 2016 a 2018, tras el golpe blando, y ahora procesado por corrupción). Con una indudable actitud despótica, ha interpretado unilateralmente el mandato constitucional sobre la autonomía de las universidades, que en su opinión no equivale a la soberanía de las mismas y por tanto no limita la intervención de la policía en los campus.
A pesar del éxito de las movilizaciones, quienes apoyan al gobierno las descalifican acusándolas de ideología marxista y difundiendo innumerables fake news (uno de los motores de la victoria electoral de Bolsonaro). El actual presidente, de muy baja formación intelectual, confunde comunismo con valores sociales y con la libre producción y manifestación artística, a la que responsabiliza de manipular las mentes de las personas. Está seguro, junto a sus ministros y seguidores, de que Brasil ha sido tomado por lo que llama «marxismo cultural», en realidad luchas sociales que reclaman el respeto a la diversidad de ideas. Para él, los movimientos sociales feministas, indígenas, negros, LGBTI, campesinos y todo aquello que pueda intimidar al hombre de traje y corbata (el blanco en el poder) es pura ideología izquierdista.
En Brasil se está viviendo una confrontación radical entre «bolsominios» y «comunistas»: entre quienes apoyan el oscurantismo y quienes defienden la educación y el desarrollo; entre quienes defienden el estado mínimo, el final de los derechos conquistados, y quienes promueven un estado interventor y promotor de derechos. Una lucha alimentada desde un gobierno autoritario que incita el odio a las diferencias y a los pobres, que se enorgullece de su ignorancia, mediocridad e incapacidad política para gestionar la mayor economía de Sudamérica, mientras echa por tierra las ilusiones y posibilidades de un Brasil de futuro, genuinamente plural, intercultural y bonito por natureza, mas que beleza!
Márcia Bertoldi es Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Pelotas (Brasil)
Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-180/notas/15m-en-brasil-un-tsunami-en-la-educacion