El ministro de Relaciones Interiores de la época utilizó dineros públicos para comprar vehículos a su partido. La Casa Militar, custodia del presidente de turno, recibió el lote. Nadie vio los vehículos. 10 años después se encontraron 3 culpables… pero ya era demasiado tarde para castigarlos.
Para julio de 1998, Venezuela estaba sumida en la campaña electoral que meses más tarde llevaría a Hugo Chávez a la presidencia de la República, con amplísimo respaldo popular. Los partidos de derecha, históricos enemigos entre sí, terminaron aliándose para intentar evitar lo que ya se respiraba en el ambiente: el triunfo de las fuerzas bolivarianas.
No obstante, mediaba el séptimo mes del año y las elecciones no serían sino hasta diciembre. El país venía presenciando el derrumbe de los partidos políticos «tradicionales» (fundamentalmente Acción Democrática y COPEI) que gobernaron el país por más de 8 lustros consecutivos, y a medida que aumentaba en popularidad la propuesta bolivariana, también se gestaban las simpatías para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente que le diera nuevos lineamientos legales a la nación y terminara por remover las estructuras del Estado.
Jueves 23 de Julio de 1998. Las noticias de ese día eran las propias de una contienda electoral, veamos: «El CNE gastó en publicidad siete mil 426 millones de bolívares«, «Eduardo Fernández no aceptó ser candidato a senador por Copei«, «Miguel Rodríguez fue inscrito como candidato presidencial de «Apertura», pero la más importante no era el titular que abría los periódicos de esa jornada.
El diario Notitarde de Valencia, estado Carabobo, colocó en sus páginas el siguiente titular: «Sala de Casación Penal votó por unanimidad. CSJ absolvió a Blanca Ibáñez en el caso de los jeeps al prescribir acción penal.
En el cuerpo de la información, tomado de la agencia de noticias Venpres y redactada por Ludovico Quiñones, se lee lo siguiente: «Caracas, julio 22.- Por unanimidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) absolvió a Blanca Alida Ibáñez Piñate, ex secretaria privada del entonces presidente de la República, Jaime Lusinchi, por el caso de los jeep adquiridos por el Ministerio de Relaciones Interiores, al prescribir la acción penal en su contra, en la cual también estaban involucrados José Ángel Ciliberto y Jorge Mogna Salazar«.
Una sentencia simple a primera vista, pero que liquidaba, finalizando la década de los noventa, la aspiración popular de que las instituciones por fin castigaran a los culpables de al menos un caso de corrupción, del cual se escuchó hablar por primera vez, el 20 de junio de 1989.
LOS JEEP DE LA DISCORDIA
Según se hacía constar en el oficio del MRI número 4027000-58, fechado el 11 de julio de 1988, dirigido al coronel Ramiro Zambrano, sub jefe de la Casa Militar (Guardia pretoriana que brinda seguridad al presidente de la república y al palacio presidencial) el despacho ministerial a cargo de José Ángel Ciliberto, hacía entrega de un lote de 15 vehículos rústicos marca Jeep. Al día siguiente, por medio del oficio número: 4027000-61, se entregaban al edificio militar otros 5 jeep que sumaban un total de 20.
Jorge Mogna fue encargado por Ciliberto para adelantar la operación de la entrega de los vehículos a la Casa Militar que, para ese momento, servía a Jaime Lusinchi. Coincidencialmente este funcionario había sido nombrado adjunto a la secretaría de finanzas del partido de gobierno, Acción Democrática (AD).
Los jeep fueron comprados por Ciliberto, como comprobó el Tribunal Superior de Salvaguarda pero de eso hablaremos más adelante; para ser utilizados por los secretarios de organización de la tolda blanca, en el área metropolitana de Caracas para la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez.
Aunque la prensa nacional obtuvo copia de los oficios mediante los cuales MRI entregaba los jeep a la Casa Militar, el destinatario de tales documentos, coronel Ramiro Coromoto Zambrano declaró el 22 de junio de 1989: «nunca vi los jeep en Miraflores«.
Hasta ese momento, nadie parecía haber visto nada y por supuesto, nadie sabía nada acerca de los jeep. Pero lo cierto es que el entonces ministro Ciliberto, había utilizado el dinero de la partida secreta de dicho ministerio (unos 337.060 dólares americanos entregados por el presidente Lusinchi) para la adquisición, no sólo de los 20 jeep denunciados por la prensa, sino de un total de 65 que fueron repartidos luego por la Secretaria Privada del presidente, señora Blanca Ibáñez.
Los mencionados jeep fueron comprados a través de «El Pao. CA..», una constructora que estaba en quiebra y que al reabrir sus puertas se vincula a las transacciones que derivan en esta venta destinada, supuestamente, «para una operación de defensa y seguridad nacional«. Más adelante se conocería que el propietario de la constructora era el dirigente adeco, Omar Camero quien declaró que «por amistad al gobierno recibía las órdenes de Ciliberto, para la entrega o venta de los jeep«
MENUDENCIAS
¿Qué sabes usted de la entrega de 20 vehículos del Ministerio de Relaciones Interiores (MRI) a la Casa Militar cuando usted era el ministro de ese organismo?
– Todo cuanto hice como Ministro de Relaciones Interiores está consignado en la memoria y cuenta consignada al Congreso de la República. Cualquiera que quiera indagar sobre mi conducta en el ministerio del interior, debe remitirse a la lectura de la memoria.
De acuerdo ¿Pero quiero saber antes si esos jeep están incluidos en su memoria ministerial?
– No recuerdo. La memoria es tan amplia que no recuerdo
Sin embargo, existe un oficio firmado por Jorge Mogna, director general sectorial de Administración y Servicios para ese momento…
– Si así es
Ahora ¿Usted tenía conocimiento de la entrega de esos vehículos?
– ¿De qué? Pregunta el ex ministro
De esos jeep traspasados a la Casa Militar…
– Ya te digo. Todo lo que hice como Ministro del Interior, está registrado en la memoria.
– ¿Usted…?
– De menudencias y cosas de esas yo no me he ocupado
¿Cómo no se ocupaba de menudencias, no recuerda ese lote de vehículos?
– No, en lo absoluto. Honestamente te lo digo
¿Cuándo el señor Mogna le entregaba punto y cuenta semanal de su gestión, no le mencionó los vehículos?
– No recuerdo si él me dijo algo de eso
¿Entonces usted no sabe nada de los jeep?
– No, en absoluto
¿Y quién puede saberlo?
– No sé. Lo que yo hice búscalo en la memoria. Todo está allí
Lo anterior, que no amerita comentario alguno, fue una conversación sostenida entre la periodista Luzmila Vinogradoff y José Ángel Ciliberto. La misma fue publicada por el diario El Nacional, el miércoles 21 de junio de 1989.
EL FALLÓ QUE FALLÓ
Las razones que llevaron al Tribunal Superior de Salvaguarda a declarar «absueltos» a Ciliberto, Ibáñez y Mogna, en 1998 (diez años después de cometerse el delito), fueron expuestas por el magistrado y ponente del caso, Jorge Rosell Sehen, aquel 23 de julio de 1989:
Simplemente «porque transcurrieron los 5 años que establece la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público para que caduque la acción penal, más la mitad de esos 5 años para un gran total de 7 años y medio, y en consecuencia, la Corte Suprema de Justicia decidió en forma definitiva la prescripción de la acción penal en relación al caso«.
Lo más bochornoso que aquella mañana declaró el juez Rosell y que el periodista Ludovico Quiñones registró fue que, y citamos la nota de prensa, se comprobó la adquisición de los jeep por parte del Ministerio de Relaciones Interiores y la asignación de esos vehículos a particulares, quedando «plenamente demostrado la perpetración de los delitos de peculado doloso y peculado culposo, previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, estando incursos en los hechos José Angel Ciliberto, Blanca Alida Ibáñez Piñate y Jorge Mogna Salazar«.
Pero Rosell se puso duro y agregó: el Tribunal Superior de Salvaguarda condenó a los ex funcionarios relacionados con el caso, a penas de prisión, arresto, inhabilitación política y a reparar económicamente los daños ocasionados a la nación, pero todo ha quedado sin efecto al prescribir la acción, es decir que Ciliberto efectivamente si compró los vehículos, como dijimos líneas antes, pero ya no podía ser castigado. En cuanto a la brevedad del lapso para leer el expediente y adoptar la decisión final, el magistrado expresó que todo se redujo a una sumatoria de tiempo para declarar la prescripción y cerrar el proceso penal contra José Angel Ciliberto, Blanca Alida Ibáñez Piñate y Jorge Mogna Salazar.
Luego de esas declaraciones, se dio otra vuelta a las páginas del escabroso libro de los casos de corrupción sin castigo del país. Navegando por la internet encontramos una reseña en el Informe anual de Provea 1997 – 1998. Capítulo: Derecho a la Justicia Pronta, que dejamos acá como colofón.
«El retardo procesal dio por resultado la prescripción de casos de corrupción que involucraban a personas vinculadas al mundo de la política; de ellos el más significativo fue conocido como el caso de los jeeps, por el cual se encontraban procesados Blanca Ibáñez, José Angel Ciliberto y Jorge Mogna y cuya prescripción fue anunciada por la CSJ en julio de 1998. A raíz de este fallo, la presidencia de la CSJ se mostró a favor de eliminar la prescripción en casos que involucran delitos contra el patrimonio público.
Referencias:
Diccionario de la Corrupción Venezolana.bry»>El Nacional: 20, 22, 24, 25/06/1989 y 01/08/1994
El Universal: 22/06/1989
Últimas Noticias: 16, 17/08/198
Notitarde: 23 / 07 / 19
www.angelfire.com/nb/17m/prohibidoolvidar/rusticos.html