La mayor parte de los análisis post-electorales del triunfo -menos contundente de lo esperado- del PSUV y sus aliados en los comicios parlamentarios del 26 de septiembre, coincide en señalar que la merma en la holgada ventaja histórica del voto chavista sobre el voto de la derecha opositora, se debe principalmente al creciente descontento de […]
La mayor parte de los análisis post-electorales del triunfo -menos contundente de lo esperado- del PSUV y sus aliados en los comicios parlamentarios del 26 de septiembre, coincide en señalar que la merma en la holgada ventaja histórica del voto chavista sobre el voto de la derecha opositora, se debe principalmente al creciente descontento de los sectores populares por la ineficiencia y la corrupción de la gestión socialista de las instituciones públicas.
Aunque se reconocen los avances logrados en materia de salud, educación y seguridad social, son cada vez más frecuentes los reclamos de las comunidades populares por el irregular funcionamiento de los programas de distribución de alimentos (como lo evidenció el caso de la descomposición de los productos de PDVAL); las fallas en los servicios de electricidad, agua potable y recolección de basura; el estado de abandono de algunos hospitales públicos; el deterioro de las vías y del transporte colectivo; la inseguridad y la criminalidad desbordadas; la carencia de vivienda y una persistente inflación. Estos males se atribuyen a la incompetencia y la corrupción de alcaldes, gobernadores, ministros y, en general, de diversos funcionarios públicos que militan en las filas del bolivarianismo, pero carecen de la voluntad de servicio y el compromiso revolucionario demostrados por el máximo líder de la Revolución Bolivariana.
De aquí se desprende que la principal responsabilidad por no haber alcanzado la meta de los dos tercios de los diputados en la Asamblea Nacional recae fundamentalmente en esta casta de funcionarios venales, que no han sabido -o no han querido- dar respuesta a las necesidades más elementales de la población y han contribuido a enfriar el entusiasmo de muchos simpatizantes de Chávez con respecto a la promesa de bienestar, justicia y equidad de su propuesta de transición al socialismo.
Así pues, el mayor desafío que enfrentará el proceso revolucionario venezolano, durante los próximos dos años, será mejorar radicalmente la calidad de la gestión pública a nivel municipal, estadal y nacional, a fin de convencer a un creciente número de escépticos de que la apuesta colectiva por el socialismo vale la pena, mostrándoles evidencias concretas de que una mejor calidad de vida sólo es posible bajo un gobierno revolucionario.
Vistas así las cosas, el mayor de los obstáculos al que nos enfrentamos los bolivarianos, en la presente coyuntura, no es la pérdida de la mayoría calificada (de dos tercios) en la Asamblea Nacional, y la exigencia incómoda -pero manejable- de lidiar con una minoría derechista en el Parlamento para aprobar el Presupuesto Nacional, las Leyes Orgánicas, designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal, el Contralor, el Defensor del Pueblo y la directiva del Consejo Nacional Electoral. Mucho más apremiante que la pugnacidad parlamentaria es el poco tiempo disponible, antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 2012, para mejorar ostensiblemente la calidad de la gestión pública en medio de la dura recesión, con altos niveles de inflación, que viene afectando a la economía venezolana desde el 2009.
En efecto, no debemos olvidar que fue la racha de crecimiento económico del período 2004-2007, alentada por el alza mundial de los precios del petróleo, la que hizo posible el vigoroso impulso dado a las Misiones Sociales para atender las necesidades más urgentes de la clase trabajadora y los sectores excluidos del país, con base en una red de estructuras paralelas a las instituciones tradicionales del Estado burgués.
A partir del 2008, esta fase de expansión llegó a su fin y se inició un retroceso del crecimiento interno, más o menos sincronizado con la recesión en la que se encuentran sumidos desde entonces los centros hegemónicos del sistema capitalista mundial, como lo revelan las cifras siguientes:
TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB VENEZOLANO (2005-2010):
2005 = 9,3%
2006 = 10,3 %
2007 = 8,4 %
2008 = 4,7 %
2009 = -3,3 %
Primer trimestre 2010 = -5,8 %
Segundo trimestre 2010 = -1,9 %
Como puede observarse, en 2008 se produjo un punto de inflexión que dio inicio a una fase recesiva, con crecimiento negativo en 2009 de 3,3%. En el primer semestre de 2010, el retroceso del PIB fue de 3,5 %, si bien se anuncia una recuperación para el segundo semestre de este año o tal vez el primero de 2011, que dependerá del comportamiento de la economía mundial, poco alentador -por cierto- si nos atenemos a los síntomas de agudización de la crisis hoy visibles en Europa, Japón y los Estados Unidos.
El declive del ritmo de la actividad económica nacional ha coincidido además, en los últimos tres años, con un preocupante incremento en la tasa de inflación, que se disparó desde un 14 % en 2005 hasta un 30%, aproximadamente, estimado para el cierre del 2010, como lo ilustran los datos siguientes:
TASA DE INFLACIÓN ANUAL EN VENEZUELA (2005-2010):
2005 =14,4%
2006 = 17,0%
2007 = 22,5%
2008 = 30,1%
2009 = 25,1%
2010 [estimación]= 30%
La contracción económica y el alza sostenida de los precios, desde el 2008 hasta el presente, se han traducido no sólo en una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, sino también en una elevación del endeudamiento público, para poder mantener a flote las Misiones Sociales, la abultada nómina del Estado y las nuevas estructuras socio-económicas para-estatales (Empresas de Producción Social, Cooperativas, etc.). Algunos analistas han advertido además que PDVSA, la principal fuente de recursos del Estado, está enfrentando problemas de liquidez y crecientes niveles de endeudamiento. Así mismo, muchos sindicatos del sector público -incluso socialistas- han comenzado a impacientarse a causa del incumplimiento en los incrementos salariales establecidos en los convenios de contratación colectiva.
En consecuencia, no es descartable que la necesidad de aumentar el gasto público para atender las demandas sociales y apuntalar el triunfo del comandante Chávez en las elecciones del 2012, se traduzca en un aumento del endeudamiento del Estado, en caso de que se retrase la recuperación económica nacional e internacional, con el indeseable resultado de que la tasa de inflación podría continuar elevándose. En estas circunstancias, corremos el riesgo de quedar atrapados, por varios meses, en una espiral de alza de precios y pérdida de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, con el consecuente malestar político de los sectores económicamente más vulnerables de nuestra sociedad.
En pocas palabras, la menor disponibilidad de recursos, las trabas que seguramente la oposición impondrá a la gestión de gobierno desde la Asamblea Nacional, el deterioro de los servicios públicos si no se corrigen las perversiones de la ineficiencia y la corrupción, así como una posible espiral inflacionaria, conforman un cuadro crítico que podría contribuir a la extensión del descontento en el seno de los sectores populares, con consecuencias inconvenientes para el liderazgo revolucionario en las votaciones del 2012.
La materialización de un escenario adverso como el que hemos dibujado, sólo podrá evitarse si se produce un viraje radical en el modelo de gestión del gobierno, en todos sus niveles y dependencias. Este viraje inmediato deberá traducirse, en primer lugar, en un relanzamiento de la actividad productiva nacional que minimice los desequilibrios acumulados entre masa monetaria y oferta de mercancías. En segundo lugar, en una maximización de la eficiencia en la administración de los recursos públicos para elevar la calidad de los servicios básicos de los que depende la vida cotidiana de la ciudadanía: distribución de alimentos, transporte colectivo, suministro de energía eléctrica y agua potable, seguridad, aseo urbano, atención médica, etc. En tercer lugar, urge acelerar la transferencia de la toma de decisiones de los cogollos burocráticos a los consejos comunales y organizaciones de base, a fin de desbaratar los «anillos de corrupción» enquistados en el aparato del Estado. Este «salto cualitativo» deberá producirse cuanto antes a fin de que los sectores populares desencantados puedan comenzar a apreciar los resultados de una mejora en la calidad de la gestión pública, antes de las elecciones presidenciales de diciembre de 2012.
De no ser así, podríamos vernos inmersos, en el transcurso de unos pocos meses, en una situación en la que el desánimo popular y la acción conspirativa de la burguesía y el Imperio, coincidan peligrosamente hasta un punto en que debiliten las posibilidades de reelección del presidente Chávez y amenacen la continuidad del proceso revolucionario. Dependerá entonces de la decidida acción política del gobierno bolivariano y la militancia de base que lo respalda, conjurar estos riesgos y consolidar el avance indetenible del proceso de cambio por el que han apostado los pueblos de Venezuela y América Latina.
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