El dolor y el desamparo una vez más invadieron los hogares y los sentimientos de las áreas pobres de Río de Janeiro. Nosotros, familiares de víctimas de la violencia policial, habitantes de comunidades y militantes del movimiento popular, infelizmente conocemos bien lo que es el dolor de la pérdida acompañada de la desconfianza de que […]
El dolor y el desamparo una vez más invadieron los hogares y los sentimientos de las áreas pobres de Río de Janeiro. Nosotros, familiares de víctimas de la violencia policial, habitantes de comunidades y militantes del movimiento popular, infelizmente conocemos bien lo que es el dolor de la pérdida acompañada de la desconfianza de que jamás se hará justicia y de que los asesinos y sus dirigentes difícilmente serán punidos.
Desgraciadamente, tampoco podemos decir que la matanza de 30 personas en Nova Iguaçu y Quemados fuera una sorpresa para nosotros. Hace tiempo venimos denunciando que la impunidad de policías (hayan cometido sus crímenes uniformados o no) y de sus jefes y dirigentes tiene como consecuencia ineludible la continuidad y agravamiento de la violencia sobre las favelas, periferias y comunidades pobres en general.
En verdad, «violencia» aún es un término muy suave para describir la situación en que viven las poblaciones pobres y excluidas de Río de Janeiro, y de todos los grandes centros urbanos de Brasil. Vivimos bajo un verdadero régimen dictatorial implantado por la policía, los grupos de exterminio y la estructura empresarial y política que financia todo ello. Un régimen igual o peor a la dictadura militar que se implantó en el país en 1964, sólo que hoy sólo la parte pobre de la población es la que vive sin derechos.
Esa dictadura se manifiesta cuando testigos de masacres y otros casos de violación de derechos no tienen ninguna condición de ejercer su derecho y deber de testificar con libertad y justicia. Las amenazas, los asesinatos («quemas de archivo») y el simple hecho de que sepan que continuarán encontrándose con policías en las áreas pobres donde viven, hacen que la mayoría de los posibles testigos simplemente dejen de testificar. Los pocos que se arriesgan generalmente son llevados a testificar en comisarías y batallones, rodeados de agentes y policías, y casi siempre niegan que vieran u oyeran alguna cosa. La pequeña minoría que sostiene las denuncias acaba teniendo que contar con los lamentables programas de protección de testigos existentes, donde generalmente su «seguridad» es realizada por miembros de la misma corporación policial de la que forman parte los acusados.
La dictadura continúa cuando los interrogatorios e investigaciones ya comienzan totalmente viciados, no sólo debido al miedo de los testigos, sino también por ocultación de pruebas, pruebas ficticias, acuerdos de coartada entre policías y varios otros tipos de fraudes y manipulaciones. En todas las comunidades es conocido el hecho de que policías y exterminadores (que son, generalmente, policías sin uniforme), después de matar, aún se quedan un buen tiempo en el local del crimen, recogiendo cartuchos e incluso retirando proyectiles de los cadáveres, bajo cobertura de sus colegas armados que mantienen alejados a los habitantes.
La participación del Estado en esta dictadura se manifiesta, por ejemplo, cuando la política de seguridad ya estableció como norma el «auto de resistencia» para justificar asesinatos y matanzas perpetradas por policías. Provistos del «Kit asesino», los exterminadores uniformados «plantan» armas y drogas junto a sus víctimas, fingiendo sucesos que son inmediatamente aceptados y refrendados por los comandos de los batallones.
La contribución del sistema judicial a la dictadura acontece cuando los pocos policiales asesinos que van a juicio acaban absueltos como consecuencia de los interrogatorios y procesos viciados (las amenazas a los testigos continúan durante los procesos), de la inversión de la cúpula del exterminio en abogados carísimos para defender a sus comandados, y del prejuicio de la mayoría de los miembros del jurado, generalmente influenciados por la gran prensa que sirve de vehículo de reproducción de las versiones de los policías y gobiernos. Así, aún en casos de repercusión internacional como Vigário Geral (1993) o Borel (2003), los policías fueron o están siendo absueltos en su mayoría.
La gran prensa participa de la dictadura cuando acepta sin contestación las versiones de la policía y omite o falsifica los testimonios de familiares, supervivientes y habitantes en general. Y, principalmente, cuando mantiene una campaña permanente de alarma y sensacionalismo sobre la criminalidad que contribuye decisivamente para la creación de una opinión pública favorable a la violencia policial y al exterminio.
Empresarios y políticos constituyen la principal base de la dictadura, cuando financian directamente escuadrones de la muerte, o cuando ejercen su juego de presiones e influencias para favorecer comandantes de batallones, delegados e inclusive secretarios de estado alineados con su concepción de exterminio social, utilizando para eso sus clubes y asociaciones. En las asambleas estaduales y cámaras municipales organizan verdaderos grupos de presión pro-exterminio, que permanecen como un secreto sólo para aquellos que no quieren ver. Esa élite de la matanza tiene sus propios encuentros, como el realizado anualmente por oficiales militares y de la PM, jubilados y activos, donde recuerdan los «buenos tiempos» de la dictadura militar. También tiene sus homenajes mutuos, como la Medalla Tiradentes recibida en la Alerj en 24/06/2003 por el coronel Murilo Leite, comand ante del 6.º BPM (Tijuca) en la época de la masacre de Borel, o sea, poco más de dos meses después de la masacre ejecutada por sus comandados en abril, y cuatro días antes de otra matanza, en Acari (5 muertos), realizada por policías del 9.º BPM (Rocha Miranda), para el comando del cuál Murilo había sido transferido en 11/05/2003. La condecoración fue iniciativa del diputado provincial Domingos Brazão.
Este esquema político y empresarial del exterminio es todavía más aterrador en la Bajada Fluminense y otros municipios, donde los matadores no se contentan en quedar en la retaguardia, sino que ocupan directamente los ayuntamientos y cargos claves de la maquinaria del Estado. Aquí, como en el estado de Espírito Santo, la dictadura policial y del exterminio asumió su forma más refinada y cruel. Se consideran tan propietarios de la policía que comenzaron a reaccionar violentamente cuando el actual comandante del 15.º BPM comenzó a tomar actitudes que ni siquiera pueden considerarse como un «poco radicales», como mandar de vuelta a los cuarteles PMs que hacían «seguridad particular» de políticos y empresarios, hecho denunciado y documentado por la prensa en los últimos días. Los «insatisfechos» ( policías y sus patrones) resolvieron hacer una demostración de fuerza de la manera como están acostumbrados, matando pobres.
A pesar de las declaraciones de indignación y de las medidas «de emergencia» tomadas en los últimos días, tenemos todo el derecho de dudar de que las investigaciones y posteriores juicios resulten en punición de los asesinos, mucho menos en la identificación de los dirigentes y en el desmantelamiento del esquema del exterminio. Nuestra desconfianza se alimenta no sólo por toda la historia de impunidad en tantos casos que vivimos y conocemos, sino también por la realidad política en que vive la Baixada. Hoy todos los partidos que participan de todos los niveles de gobierno (federal, provincial y municipales) mantienen alianzas políticas y electorales con los clanes políticos basados en el exterminio que hace décadas dominan la Baixada. No creemos que tengan voluntad política para desvelar de ve rdad este crimen y llevar las investigaciones hasta al final, lo que conduciría ineludiblemente a los dirigentes, organizadores y patrocinadores de toda la dictadura de la policía y del exterminio en la región, con consecuencias en todo el estado de Río e incluso a nivel nacional.
Frente a esto, como medida inmediata, proponemos la creación de una Comisión Independiente de la Sociedad Civil, formada por organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales, que tenga acceso a todo el proceso de investigación y medidas de protección l testigos, con la participación y fiscalización de organizaciones internacionales.
Sin embargo, sabemos que la lucha contra la dictadura no se limita a la resolución de esta última masacre. Continuaremos nuestra lucha de movilización social, sensibilización y denuncia, como hicimos en la marcha «Puedo identificarme» de 16 de abril del año pasado, y en las actividades que desarrollamos en el V Foro Social Mundial y posteriormente en comunidades, universidades, sindicatos y otros espacios. También continuaremos luchando para que las propuestas que presentamos en 2004 y que fueron respaldadas en las Conferencias Provincial y Nacional de Derechos Humanos salgan del papel y sean puestas en práctica por el poder público. Finalmente, continuaremos trabajando junto a los diversos sectores de la sociedad para llevar adelante las redes de apoyo y denuncia y otras propuestas que formulamos durante el Foro Social en Porto Alegre y que discutiremos de for ma más concreta en nuestro Encuentro los días 7 y 8 de Mayo próximos.
Desde ya, convocamos a todas y todos a participar de la manifestación Contra la Violencia de Estado y de las Elites, que acontecerá el próximo día 15 de Abril, con concentración a las 14 horas frente a la Iglesia de la Candelária, centro de Río.
Rio de Janeiro, 07/04/2005