Al cumplirse 5 meses de cautiverio ilegal del Cantor Julián Conrado en Venezuela, y en vísperas de reuniones diplomáticas entre representantes de los gobiernos de Colombia y Venezuela..
Al cumplirse 5 meses de cautiverio ilegal del Cantor Julián Conrado en Venezuela, y en vísperas de reuniones diplomáticas entre representantes de los gobiernos de Colombia y Venezuela, publicamos esta síntesis del caso Julián Conrado, fundamental para entender su situación, y más allá de ella, lo que las entregas de perseguidos políticos al régimen colombiano ponen de relieve.
Las reuniones de los representantes de los gobiernos de Colombia y Venezuela podrían conllevar grandes riesgos de vulneración para el respeto de la ética, para el devenir de la política venezolana en materia de cooperación en entregas ilegales al régimen colombiano, y para el devenir de Julián Conrado, dado que podría sellarse en estas reuniones otra entrega ilegal de perseguido político, y la continuidad de esta deleznable política colaboracionista con el régimen colombiano. Obviamente existe ese temor en los sectores progresistas, pero también pervive la esperanza de que el gobierno venezolano cese las entregas ilegales y violatorias de la ética, y decida la cesación de la complicidad con el régimen colombiano, cesando la colaboración con sus siniestros organismos de persecución política y cesando las entregas de perseguidos políticos a la tortura.
El cantor Julián Conrado fue detenido por un operativo de fuerzas colombianas y venezolanas en Barinas, el 31 de mayo 2011. Desde entonces se halla preso en Venezuela de manera ilegal, dado que no tiene ningún delito imputado por el Fiscal para Venezuela, y que por otro lado el gobierno colombiano disponía de un plazo de 60 días a contar de la detención de Conrado para solicitarlo en extradición, y que dicha solicitud no fue efectuada en legalidad, pues el gobierno colombiano ni siquiera se tomó el trabajo de efectuar el trámite en el debido plazo. El gobierno colombiano ni siquiera inició la tramitación legal de extradición, ni mucho menos adjuntó los debidos recaudos, tal vez por intentar obtener la entrega del cantor de manera ilegal, como logró obtener de Venezuela a otro perseguido político, entregado en abril 2011, de manera flagrantemente ilegal: el periodista Joaquín Pérez Becerra fue entregado en violación de la propia constitución venezolana, privado de acceso a defensa, privado de acceder a su representación consular (Suecia) en lo que es una Violación a la Convención de Viena. Joaquín Pérez Becerra fue entregado en violación a la Convención de Ginebra, a la Convención Contra la Tortura, al Pacto de San José, en violación del Estatuto del Refugiado, a todo el DIH, y eso pese a ser un sobreviviente del genocidio que perpetró el estado colombiano (consta ante la CIDH) contra el partido político opositor Unión Patriótica (UP). Pérez Becerra fue alcalde de Corinto Cauca, y vio caer a miles de comunistas, de militantes de la UP, sus compañeros, asesinados por las herramientas del terror del estado colombiano; entre las víctimas del exterminio que dejó al menos 5000 asesinados, está la esposa de Pérez Becerra.
El manejo ilegal de la humanidad de los perseguidos políticos por parte de la colaboración de fuerzas represivas colombianas y venezolanas, es altamente preocupante, pues desemboca la mayoría de las veces en entregas de perseguidos políticos, en las que éstos son privados de todos sus derechos, y entregados a un estado torturador como el colombiano, quién sólo en el primer semestre de 2011 ha asesinado a 7 presos políticos. En efecto se cuentan ya pordecenas los perseguidos políticos entregados de manera ilegal al régimen colombiano por parte de Venezuela: cabe recordar que un ser humano, sea éste civil o guerrillero, tiene por ley derecho al acceso a defensa, y a un proceso de extradición en legalidad, en el cual mediante su derecho a defensa, puede rebatir y revocar los motivos aducidos por el estado requiriente, y lograr en muchos caso su no-extradición: por ejemplo cuando el perseguido esté enfermo, herido (han sido entregados varios heridos en violación al DIH), o que se compruebe el ensañamiento judicial del régimen colombiano contra todo opositor (el caso del periodista es flagrante). Esta cacería humana que implementa el régimen colombiano, bajo las directrices estadounidenses, es una medida de guerra sucia contra la población civil, opositores, disidentes y opositores insurgentes, que busca involucrar enCrímenes de Estado de Lesa Humanidad al estado requerido (Venezuela), dada la realidad de tortura sistemática que perpetra el estado colombiano en el sistema carcelario y fuera de este, drama denunciado por la OMCT. El derecho a defensa para todo perseguido político es contemplado en las leyes internacionales, y por la propia constitución venezolana que también contempla ese derecho fundamental, aunque lamentablemente la constitución está siendo violada por las propias las autoridades venezolanas contra los perseguidos políticos.
En el caso específico del cantor Julián Conrado, un cantor ya entrado en años, que ha sobrevivido a varios bombardeos y a enfermedades devastadoras como el paludismo o la leishmaniasis, éste está gravemente enfermo, además ha solicitado el Asilo a Venezuela, y es flagrante el expediente amañado que el gobierno colombiano aduce en su contra. En efecto los delitos que dice imputarle el régimen de Colombia, son delitos realizados en una fecha en la que Conrado se hallaba en las Audiencias Públicas y Mesa de Negociaciones de Paz en el Caguán ante miles de cámaras internacionales. Y el Caguán está situado a más de 1000 kilómetros del sitio donde el estado colombiano le armó el montaje judicial a Conrado: queda en evidencia la patraña montada por el régimen colombiano; a menos que las autoridades venezolanas decidan creer que Conrado dispone de un teletransportador que le permite cruzar mil kilómetros en minutos, éstas no pueden dar credibilidad al nuevo ‘falso positivo judicial’ del régimen colombiano. De ser entregado Julián Conrado al régimen colombiano, quedaría al desnudo otra ilegalidad manifiesta y se evidenciaría la complicidad activa de las autoridades venezolanas en estos deleznables montajes.
El caso del cantor Conrado es emblemático y ha suscitado una amplia solidaridad internacional, dado que sus canciones y música son testimonio de su alta sensibilidad social, que una mirada a su historia personal corrobora plenamente: Julián Conrado era un cantor popular, nacido con el nombre de Guillermo Torres Cuéter, que en su juventud presenció los horrores y las masacres cometidas por la fuerza pública contra su pueblo. Conrado siempre fue un cantor comprometido con la causa de la justicia social, y cómo tal se vio perseguido por el régimen colombiano teniendo que ingresar a la guerrilla para salvar su vida, tras ver a decenas de compañeros morir en la tortura, asesinados a quemarropa, o «desaparecidos» por la fuerza pública y las herramientas paramilitares del estado colombiano. A mediados de los años 80 Conrado fue parte de los guerrilleros que ingresaron nuevamente a la vida civil, integrando el partido político Unión Patriótica, y en ese proceso tuvo que asistir nuevamente al gigantesco Crimen de Estado perpetrado por el régimen con el exterminio de miles de militantes de la UP: nuevamente Conrado tuvo que volver a la clandestinidad para salvar su vida del terrorismo de estado.
El cantor Julián Conrado se dirigió a Venezuela debido a su grave estado de salud, y allí vivía como agricultor en Barinas junto con su compañera esposa (venezolana), mientras encaminaba el tratamiento médico que urgentemente necesitaba; lamentablemente sobre él se abatió un funesto operativo represivo de una colaboración que estremece a los pueblos de América: ¿Cómo pueden colaborar las autoridades venezolanas en operativos de cacería humana con las fuerzas represivas colombianas y sus conocidos paramilitares, todo evidentemente bajo la dirección de la CIA y con altísima probabilidad de la mano operativa del Mossad israelí?
Tras su arresto, la ilegalidad fue total. Las autoridades de Colombia y Venezuela procedieron de manera irregular: el régimen de Colombia no inició una tramitación en legalidad, aparentemente porque esperaba ‘obtener’ al cantor de la forma oscura e ilegal en que obtuvo al periodista Becerra; y por su parte las autoridades venezolanas dejaron al cantor en el aislamiento total, sin derecho a defensa.
El cantor Conrado estuvo preso en Venezuela bajo la figura de detenido-desaparecido durante más de 2 meses, dado que fue sólo hasta día 67, que pudo por fin ser presentado ante la legalidad y tener un incipiente derecho a defensa, del cual fue privado totalmente los 67 primeros días de su cautiverio en Venezuela. Pasando incluso una semana atado de manos y pies y con los ojos vendados.
Hoy se espera que las autoridades venezolanas recobren el sentido de la coherencia revolucionaria y NO entreguen a una tortura segura al cantor Julián Conrado. Se espera que le sea otorgado el asilo político y humanitario al cantor Julián Conrado, o que, en su defecto, sea remitido a un tercer país que sea neutral, como lo estipula el DIH que ampara al cantor.
Recomendamos leer la carta que está circulando a nivel mundial para el presidente Hugo Chávez y su gobierno:http://www.
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