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500 días de una prisión ilegal muestran un sistema enfermo

Fuentes: Brasil de Fato

Traducido del portugués para Rebelión por Alfredo Iglesias Diéguez

Este martes (20) se cumplieron 500 días desde que el ex presidente Lula fue trasladado desde la sede del Sindicato de los Metalúrgicos del ABC, en São Bernardo do Campo (SP), a una celda en Curitiba (PR). Desde ese momento se convirtió en el protagonista de innumerables episodios que muestran al desnudo el sistema judicial brasileño y la ilegalidad de su encarcelamiento.

En ese sentido, es destacable el esfuerzo de diversos actores del sistema para impedir que Lula ejerza los derechos más elementales, como el de conceder entrevistas -solamente reconsiderado después de varios meses de demora -, de participar en el velatorio de su hermano Vavá, del acceso de su defensa técnica a los datos sobre las colaboraciones premiadas y los acuerdos de delación.

Cuanto más dura la prisión de Lula, más se profundizan las arbitrariedades. En la misma proporción, aumenta la percepción, tanto a nivel nacional como internacional, de que su proceso fue y sigue siendo político, no jurídico.

Un grupo de juristas, profesores y ex ministros extranjeros de renombre mundial envió una carta al Supremo Tribunal Federal, divulgada el domingo (11), en la columna de Mônica Bergamo, en el periódico Folha de São Paulo, pidiendo la liberación del ex presidente Lula, ante lo que consideran una violación del debido proceso legal brasileño.

Por otra parte, hace más de dos meses, las revelaciones del portal The Intercept Brasil y sus socios informan, cada día, de la gran farsa que fue montada para acusar, juzgar, condenar y prender a Lula, con la intención de impedir que participase en el proceso electoral.

Más recientemente la jueza de la 12ª Vara de Ejecución, Carolina Lebbos, determinó el traslado del ex presidente a un presidio común en São Paulo, orden que no llegó a ejecutarse tan sólo porque la suspendió el Supremo Tribunal Federal.

El mismo fin de semana de la decisión de la jueza Lebbos, la revista Veja difundió unas afirmaciones del magistrado Días Toffoli, presidente del Supremo Tribunal Federal, en las que manifestaba que el aplazamiento del juicio de las acciones de control de constitucionalidad sobre la prisión en segunda instancia se produjo como consecuencia de la presión ejercida por los miembros del tribunal y su único objetivo era evitar que el ex presidente Lula fuese liberado.

La difusión de esta noticia abrió más de una herida en nuestra frágil democracia. Muestra que la libertad de Lula fue la moneda de cambio que en el fragor de las batallas judiciales era la garantía de que funcionaban las instituciones. Por otra parte, el chantaje eficazmente adoptado por los militares, evidencia un sistema enfermo.

Mientras tanto, enfermedades que se pensaba que estaban erradicadas, como el sarampión, vuelven a amenazar a la sociedad.

En metáfora abierta con los males del cuerpo, prácticas antidemocráticas que se suponían habían sido enterradas, como la tutela militar, están al orden del día.

En ese cuadro, la prisión de Lula es un cáncer del sistema judicial. Una poderosa bacteria fue inyectada en la vena de la democracia y sirvió de detonante a un proceso que afectó a una significativa parte de los órganos. Tratar enfermedades crónicas, con fuertes dolores agudos, requiere un equipo capaz, tratamiento moderno y remedio eficiente.

Los síntomas de la molestia son muchos.

Mientras el Supremo Tribunal Federal no juzga el mérito de las acciones declaratorias de constitucionalidad y enfrenta el tema de la presunción de inocencia, Lula es una de entre varias personas que cumplen pena antes de que sea confirmada en el juzgado la sentencia condenatoria, en contra de lo dispuesto en la Constitución. Mientras, el juzgado de apelación de esa corte no analiza la evidente parcialidade de Sérgio Moro, Lula sufre coacciones varias, como la tentativa de trasladarlo de cárcel, poniendo su vida en peligro.

La doctrina y la literatura definen el habeas corpus (HC) de remedio constitucional. Continuando con la metáfora, en este caso debe ser administrado urgentemente, al tiempo que el equipo «médico» tiene que comprender el grado de su responsabilidad.

Cuando juzguen -y es preciso que sea en breve -, el mérito del HC que apunta hacia la inhabilitación del juez Sérgio Moro, los jueces de apelación del STF tienen en sus manos el poder, tan sólo, de aplicar la ley. Actuando como sanitarios responsables, pueden detener la patología que se arrastra.

La Lava Jato se adorno de agentes a quienes enseñó a dotarse de la libertad de elección necesaria para decidir los parámetros de legalidad que determinarían sus actividades. Animados por su popularidad mediática, amparados en el discurso maniqueo de buenos contra malos, traspasaron todos los límites de la institucionalidad. Sin cumplir ni siquiera mínimamente los ritmos judiciales , incumplieron y pervirtieron normas y procedimientos judiciales.

Todavía hay una triste consecuencia en este paralelismo. Así como los sanitarios aún no saben lo que puede estar por llegar con respecto a epidemias de enfermedades antiguas, tanto en el riesgo de su expansión como de sus posibles efectos teratogénicos en las próximas generaciones, la política brasileña parece vivir la misma suerte.

El escenario es de incertidumbre y de sujeción a ciclos renovados de pérdida de vitalidad democrática. En los dos casos, tenemos el futuro amenazado por la negligencia con el presente.

¿Habrá un antibiótico contra los arbitrios de los miembros de la Lava Jato? ¿O el Estado de Derecho será engullido una vez más por el hambre de poder de los «virtuosos» de la nación?

No sabemos lo que va a acontecer, pero lo que se espera es que en la sociedad brasileña haya madurez democrática para saber defender su Constitución y sus leyes, garantes de derechos, de los ataques de quienes pretenden ponerse por encima de ellas.

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