En una fecha tan emblemática como esta, es necesario traer a primer plano la denuncia que recoge ILGA en su informe sobre la homofobia de Estado de 2008: en más de 90 países, 86 de ellos representados en Naciones Unidas, las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo son delito; en 7 de […]
En una fecha tan emblemática como esta, es necesario traer a primer plano la denuncia que recoge ILGA en su informe sobre la homofobia de Estado de 2008: en más de 90 países, 86 de ellos representados en Naciones Unidas, las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo son delito; en 7 de estos países ser gay, lesbiana o transexual puede costarte la vida. La Ley Sharía se encarga de justificar esta práctica más propia del medievo que de pleno siglo XXI: «el castigo para la sodomía es la muerte». Arabia Saudí, Yemen, Sudán, Muritaria, Nigeria, Pakistán e Irán aplican la pena de muerte a la homosexualidad, fundamentalmente por lapidación.
En tres países las relaciones lésbicas ni siquiera están tipificadas y en otros 40 países la relación entre mujeres es legal. En África, por ejemplo, la homosexualidad es ilegal para los gays en 29 países y para las lesbianas en 20. Bahrein, Ghana, India, Jamaica, Brunei y Malasia son más ejemplos de países en los que los hombres son castigados mientras que las mujeres no. Hay quien ve detrás de estos datos una mayor permisividad hacia las relaciones lésbicas, sin embargo una vez superado el efecto espejo, la realidad de esta asimetría oficialmente reconocida es otra bien distinta. Y es que el sistema patriarcal sigue resistiendo en esta nueva era y mantiene latente la interpretación de la sexualidad femenina como parte del imaginario y satisfación del deseo masculino ¿Sexualidad femenina como iniciativa propia? Eso significaría reconocer la capacidad de las mujeres a tomar la determinación sobre sus propias vidas, algo que se les niega a través de mecanismos represores del Estado y de la leyes características del fundamentalismo religioso.
Bajo este panorama recobra fuerza la resolución que Francia quiere presentar ante Naciones Unidas este año – coincidiendo con el 10 de Diciembre – para conseguir la despenalización universal de la homosexualidad. Esta iniciativa está provocando que los países se retraten ante lo que se considera uno de los grandes retos de los Derechos Humanos: abolir las leyes que criminalizan las relaciones homosexuales y parar la violación de los derechos humanos de las personas por su orientación sexual e identidad de género. Todo parece indicar que esta resolución llegará ante Naciones Unidas desde Occidente, ya debilitada, con el apoyo de los países miembros de la UE y el bloqueo explícito del Vaticano y los países musulmanes. No es la primera vez que el Vaticano establece este tipo de alianzas para frenar el avance de derechos y libertades individuales; también lo hizo en 1995, durante la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada en Beijing, con la intención de bloquear los derechos reproductivos de las mujeres.
Así pues, una vez más ¡con el fundamentalismo religioso hemos topado!
La situación en la UE, dista mucho de ser la ideal. La homofobia, a pesar de las leyes de protección existentes en la mayoría de los países de la UE, también existe y se manifiesta en agresiones físicas, verbales y sexuales; en los prejuicios y discriminaciones explícitas, en algunas declaraciones de gobernantes, -como las provenientes de Italia o Polonia, en donde el clima homofóbico ha ido in crescendo-; e incluso en la negación de derechos civiles en países con las legislaciones más avanzadas en el reconocimiento de derechos en igualdad, -como la actuación del juez Calamita en España-.
Este ha sido el año en el que los colectivos LGTB hemos realizado un llamamiento por la visibilidad lésbica, por hacer emerger la situación y necesidades que dificultan una vida en libertad, por conseguir una normalización en el ejercicio práctico de los derechos que aún se resisten. Y en la recapitulación de lo que ha dado de sí la acción colectiva, desde lo personal y lo político, sigue siendo necesario seguir insistiendo que «los seres humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos». Así lo proclama el primero de los principios de Yogyakarta1, que recoge una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de Derechos Humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género.
El 60 aniversario de Derechos Humanos adquiere un especial significado en esta lucha por la equiparación de derechos, el reconocimiento de los avances conseguidos no puede silenciar la grave constatación de cómo se resiste la homofobia de Estado -recogida en el mapa elaborado por ILGA-. Por ello es importante que la acción política coordinada entre ONG pro-Derechos Humanos, entidades pro-derechos LGTB y gobiernos favorables a la equiparación de derechos de iure y de facto, se refuerce del activismo cotidiano, se nutra de voces diversas y se dote de recursos ágiles para conseguir de una manera más eficiente su objetivo.
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1) El 26 de marzo de 2007, un grupo de expertos en Derechos Humanos hizo público un documento llamado los Principios de Yogyakarta que presentó ante la ONU, como propuesta de aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género.