El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, ha declarado la deuda de 72.000 millones de dólares que mantiene la isla con sus acreedores «impagable» e hizo un llamado a los principales compradores de bonos de Puerto Rico a negociar la deuda, y al gobierno de Estados Unidos a crear medidas que ayuden a viabilizar […]
El gobierno boricua ha hecho uso de la austeridad y la adquisición de nuevos préstamos para estabilizar la economía de la isla. Pero este camino lo ha llevado a un círculo vicioso que ahoga cualquier posibilidad de crecimiento económico y sólo logra aumenta la deuda.
Entre los recortes y medidas impuestas por el gobernador García Padilla, y su Partido Popular Democrático (PPD), alineado al Partido Demócrata en Estados Unidos, se encuentra un cierre masivo de escuelas públicas, un aumento del 7 al 11,5% en un impuesto a las ventas, ataques a las pensiones de empleados públicos, recortes en los beneficios de salud del magisterio, aumento en el impuesto al barril de gasolina de 9,25 a 15,50 dólares, y aumentos en los precios de los servicios de agua y de luz.
El producto nacional bruto (PIB) de Puerto Rico ha decrecido un promedio del 2% anualmente, en los últimos ocho años. Unos 270.000 trabajos han sido eliminados. El rápido deterioro en la economía ha llevado a unos 140.000 residentes a dejar la isla tan sólo en el 2014.
Esta es la más reciente ofensiva del gobierno en su guerra contra la clase trabajadora y los pobres en Puerto Rico. Pero no se equivoquen: el gobierno colonial es tan sólo un sello de goma de las corporaciones multinacionales y de los buitres de Wall Street, quienes han sido muy efectivos en dirigir a los gobernadores durante las pasadas dos décadas en la implementación de varios paquetes neoliberales.
El neoliberalismo boricua
Para comprender como se llegó a esta situación será necesario revisar un poco de la historia reciente de Puerto Rico.
En el año 1993, el Partido Nuevo Progresista (PNP) estaba en el poder, y el gobernador Pedro Rosselló González se perfilaba como la figura más agresiva en la historia de la isla para imponer medidas neoliberales–en la misma tradición que Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña.
Con mano de hierro, Rosselló implementó dramáticos cambios en el gobierno y la sociedad puertorriqueña. Una de sus primeras legislaciones, «Mano dura contra el crimen», significó la ocupación de barrios pobres y viviendas públicas por parte de la Guardia Nacional y policía militarizada. Barricadas policiales a la entrada y salida de las comunidades hicieron a los residentes presa fácil del hostigamiento e intimidación de las fuerzas ocupantes. La eliminación de los cabecillas del narcotráfico abrió una de las guerras más sangrientas vividas en la isla por el control del mercado de las drogas.
Rosselló además privatizó un sistema público de salud relativamente sólido con infraestructura alrededor de todo el territorio boricua. Él vendió todos los hospitales a la mitad del valor de mercado y emitió una tarjeta de seguro de salud de cobertura privada utilizando fondos públicos–muy parecido a lo que más tarde fue impuesto en Estados Unidos con Obamacare.
Previo a esto, si una persona se enfermaba, simplemente iba al hospital y se trataba -sin necesidad de una tarjeta de salud. Hoy día el sistema de salud en Puerto Rico está al borde del colapso. Los doctores están desertando la isla, haciendo aumentar aún más los ya altos costos médicos. Sumado a esto está la persistencia del gobierno por mantener sus cuentas de servicio de salud al día, manteniendo todo el sistema sobre arena movediza.
Más tarde, en 1998, el gobierno PNP privatizó una de las corporaciones públicas más productivas con las que contaba el país, Telefónica de Puerto Rico. Los trabajadores telefónicos, organizados en sindicatos militantes y con el apoyo solidario de otros sindicatos públicos y privados, estudiantes universitarios y la población en general, dieron una dura batalla para evitar la venta de la compañía.
Los trabajadores telefónicos organizaron una huelga de 41 días, conocida como la «Huelga del Pueblo», por haber inspirado la participación de miles de individuos alrededor del país. La huelga de dos días fue acompañada de docenas de acciones directas y paros en centros laborales estratégicos. Pero una violenta represión gubernamental derrotó la heroica lucha de los trabajadores y pavimentó el camino a la venta de la Telefónica.
Rosselló se encontraba a la ofensiva y no había movimiento social capaz de pararlo. En 1999, recortó 40 millones de dólares del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Su administración aprobó la «Ley 40», que representó un amplio ataque a los derechos de los trabajadores públicos. En 2008 el gobierno utilizó dicha ley para descertificar a uno de los sindicatos más democráticos y militantes, la Federación de Maestros de Puerto Rico, luego de una huelga de 10 días, y para declarar la huelga una acción ilegal.
Rosselló no fue ni el primero ni el único gobernador en implementar políticas neoliberales, pero hasta su gobernación, nadie lo había hecho de manera tan efectiva y amplia. Su gobierno contribuyó 10.000 millones de dólares a la actual deuda de 72.000 millones de dólares.
Luego del mandato de Rosselló, dos administraciones del Partido Popular Democrático (PPD) mantuvieron el legado neoliberal de Rosselló, pero con un estilo más populista.
Durante las primeras dos semanas del 2006 hubo un cierre de gobierno por culpa de una confrontación entre la rama ejecutiva y la legislativa sobre qué tipo de medida económica regresiva imponer para balancear el presupuesto. El PPD prefería un tipo de impuesto al valor añadido (IVA), un impuesto popular en Latino América, mientras el PNP buscaba la imposición de uno que se pareciera más al utilizando en Estados Unidos, el impuesto de ventas y uso (IVU).
Las sucesivas administraciones del PPD, comenzando con la primera mujer gobernadora de la isla, Sila María Calderón, y terminando con Aníbal Acevedo Vilá, sumaron a la deuda nacional 13.300 millones y 10.100 mil millones de dólares, respectivamente.
Cuando el PNP retomó el poder en el 2009, el legado de Pedro Rosselló como el campeón entre los neoliberales fue desafiado por el nuevo gobernador, Luis Fortuño Burset. Fortuño es miembro activo dentro del Partido Republicano en Estados Unidos y un público admirador de Milton Friedman, y en una oportunidad catalogó a Ronald Reagan como el mejor presidente de la historia estadounidense.
En su cuatrienio, una huelga estudiantil de dos meses hizo estremecer la isla hasta sus cimientos. Un aumento de 800 dólares en la matrícula estudiantil fue el detonante para la histórica lucha que se levantó con la ocupación de los 11 recintos que comprende la Universidad de Puerto Rico. Ante la violencia y represión de la policía, en contubernio con guardias privados, el estudiantado boricua respondió con arte callejero, estrategia política, ingeniosas campañas de solidaridad, y por supuesto, autodefensa.
Pero la joya de la corona en el cuatrienio neoliberal de Fortuño fue la «Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico». Nadie en Puerto Rico la conoce por ese absurdo nombre, simplemente se le llama la «Ley 7».
La Ley 7 representó el despido de por lo menos 30.000 empleados públicos, el congelamiento de los convenios colectivos del Estado, altos créditos fiscales para corporaciones multinacionales, y más. Las ondas que generó el gran golpe de la Ley 7 aún resuenan en la conciencia colectiva del pueblo puertorriqueño.
La contribución de Fortuño a la deuda pública fue la más generosa de todas, añadió tanto como las dos previas administraciones del PPD juntas: 23.400 millones de dólares. Al tiempo de su salida como gobernador la deuda pública ascendía a unos 70.000 millones de dólares.
Y último, pero no menos importante, el gobernador Alejandro García Padilla, el nuevo representante del neoliberalismo en la Fortaleza (la mansión del gobernador). Él representa el ala más conservadora dentro del PPD y se ha distinguido por su pobre liderazgo, su estrecha relación con los intereses del capital nacional y transnacional, y su patética aceptación del sistema colonial puertorriqueño bajo la tutela estadounidense.
Su victoria en la elección del 2012 fue producto de la lógica de votar por el mal menor. Muchos independentistas, individuos que no militan en ningún partido y hasta militantes de clase obrera del propio PNP votaron por García Padilla para librarse del fanatismo reaganista de Luis Fortuño. Sin embargo, la luna de miel con el nuevo gobernador tuvo corta vida. A semanas de ser inaugurado como gobernador de la isla, García Padilla materializó los esfuerzos de Fortuño para privatizar el aeropuerto internacional del país.
La Grecia del Caribe
El mandato de García Padilla coincidió con la peor crisis económica que la isla haya experimentado en su historia. Es por la agudeza de la crisis que a la isla se le conoce hoy día internacionalmente como «La Grecia del Caribe». La deuda puertorriqueña es alrededor de 72.000 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 70% del PIB. La deuda griega representa el 177% de su PIB.
Aparte de la diferencia entre las proporción en deuda pública existen otros elementos importantes que tomar en consideración. Desde el 1898, año en que las fuerzas navales estadounidenses bombardearon y ocuparon la isla de Puerto Rico, su economía siempre ha girado en torno al interés militar, político y económico del imperio norteamericano. Por ejemplo, el 80% de los bienes de consumo se importan desde el suelo estadounidense.
Y eso no es todo. La ley de 1920 conocida como la Ley Jones, obliga a la isla utilizar solamente la marina mercante estadounidense para transportar los productos hacia y desde el continente. Como el autor Nelson Denis explica en un blog recientemente:
Esto incluía carros provenientes de Japón, motores alemanes, comida sudamericana, medicinas canadienses–cualquier producto, de cualquier lugar. Para poder cumplir con la Ley Jones, toda mercancía debe ser descargada de la barcaza de donde provenía, para ser cargada a embarcaciones con bandera de Estados Unidos. Esto tiene el mismo sentido que hacer un hoyo para volver a rellenarlo. Esto no es un modelo de negocios. Esto es un chantaje. Es utilizar prácticas de extorsión pero en el negocio marítimo.
Como resultado, las importaciones de Puerto Rico cuestan el doble que el de sus islas vecinas.
Añadiendo más a esta carga, el gobierno de Puerto Rico no puede establecer relaciones económicas directas sin el aval del Congreso de Estados Unidos. Hace algunos años, el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez Frías, ofreció un generoso acuerdo económico a la isla por el cual Puerto Rico se beneficiaría de acceder a barriles de petróleo baratos. No tardó mucho para que el congreso de Estados Unidos prohibiera dicho acuerdo.
La estructura de la deuda en sí misma es otra de las diferencias entre Grecia y Puerto Rico. La falta de soberanía del último significa que no puede acceder a préstamos del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Como resultado, su deuda adquiere la forma de líneas de créditos y bonos gubernamentales intercambiados en la bolsa de valores. La revista Fortune, en junio del presente año reportó que más del 50% de la deuda nacional pertenecía a los infames fondos de capitales. De acuerdo a Hedgeclippers.org, la estrategia de los administradores de fondos buitres en la isla es una de no tomar prisioneros:
Muchos grupos de fondos de capitales que han comprado grandes pedazos de la deuda de Puerto Rico a bajos precios, están empujando a la isla a tomar mayores préstamos mientras impulsan devastadoras medidas de austeridad. Al mismo tiempo, utilizan la isla como un paraíso fiscal… Ellos impulsan mayor inequidad exigiendo reducciones contributivas a inversionistas ricos, aumento en contribuciones a las personas de clase trabajadora, salarios bajos, reducir los servicios públicos de manera drástica y privatizar el sistema público de enseñanza. El botín que en última instancia buscan estos fondos no es tan sólo el pago de la deuda, sino también reformas estructurales y esquemas de privatización para garantizarles poder y riquezas extraordinarias a cuenta de las necesidades de la mayoría de los residentes en la isla.
Pero quizás una de las diferencias más marcadas entre el gobierno de Grecia y el de Puerto Rico es el carácter de los partidos gobernantes. El acuerdo entre el Primer Ministro griego, Alexis Tsipras, y la Troika, en imponer nuevos paquetes de medidas neoliberales en Grecia dejó un amargo sabor a traición en el pueblo griego y en la izquierda internacional. Pero tratar de comparar al gobierno de SYRIZA con el gobierno del PPD sería como comparar al ex presidente socialista chileno, Salvador Allende, con el general fascista que derrocó su gobierno con un golpe de estado, Augusto Pinochet.
Mientras la militancia de SYRIZA hace llamados en los centros de trabajos y comunidades a la revuelta social contra las políticas austeras, el gobierno de García Padilla contrata a antiguos altos mandos del Fondo Monetario Internacional, como Anne Krueger, para que preparen un informe sobre la crítica situación económica en la isla y el camino para salir de ésta.
Consecuente con su récord de empobrecer países a todo lo ancho del planeta a través de sus programas de «ajustes estructurales», el informe Krueger propone la misma medicina amarga para «mejorar» la salud de Puerto Rico:
- Ser más competitivos bajando el costo de la mano de obra, incluyendo la eliminación de la ley de salario mínimo y la desregulación del mercado laboral.
- Recortar los pagos del sistema federal de asistencia social por ser «demasiado generoso» en comparación con los bajos salarios de la isla.
- Permitir que las empresas privadas compitan con el sector público en la producción de energía eléctrica, entiéndase la privatización de transmisión y distribución energética.
- Reducir subsidios a la Universidad de Puerto Rico.
- Recortar beneficios del Medicaid que excedan los mínimos requeridos en los Estados Unidos
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Si el gobierno de Puerto Rico decide imponer las predecibles propuestas de política económica de una veterana del FMI, la crisis caribeña seguirá por el sendero de mayor deuda y austeridad como la de Grecia.
Luchar como en Grecia
Si la gente de Puerto Rico, incluyendo quienes han tenido que salir del país en búsqueda de una mejor vida, no quieren que el destino de la isla esté en manos de administradores de fondos buitres, corporaciones multinacionales, el gobierno de los Estados Unidos y un gobierno colonial marioneta, debemos organizarnos y luchar como los griegos lo llevan haciendo por años.
En la isla, algunas señales de luchan comienzan a emerger. Diferentes grupos sociales han estado organizando asambleas en las que discuten la situación del país y plantean propuestas de cómo aportar en el desarrollo de un movimiento social que sea capaz de atraer segmentos del país más allá del movimiento estudiantil y sindical, capaz de detener y retar el régimen de austeridad.
A principios del mes de junio de este año, más de 100 jóvenes activistas de alrededor de la isla participaron de lo que fuera una Asamblea de la Juventud. En el mes de julio, asambleas similares se realizaron por parte de mujeres y por parte artistas progresistas.
Estas asambleas se dieron como parte de la construcción de una actividad llevada a cabo en el Capitolio el 24 de julio. Esta actividad sirvió punto de partida para mantener una conversación entre diferentes movimientos e individuos de cómo incidir, colectivamente, en la política y resistencia contra las medidas neoliberales a corto y largo plazo.
Las asambleas muestran un camino real para los trabajadores y pobres de Puerto Rico para confrontar las políticas de austeridad de sus gobernantes.
Daniel Orsini Vélez, socialista puertorriqueño.
Traducido por Orlando Sepulveda para socialistworker.org.
Fuente: http://socialistworker.org/2015/08/04/puerto-rico-deuda-y-crisis