Quienes asistieron al nacimiento de las primeras compañías comerciales en Holanda en el siglo XVII, quienes vivieron la aparición de las fábricas textiles en Manchester en el siglo XIX, e incluso quienes contemplaron la configuración de las grandes empresas fordistas y de los incipientes conglomerados corporativos estadounidenses a lo largo de los primeros dos tercios […]
Es precisamente a partir de la actual fase de globalización neoliberal, iniciada hace cuatro décadas en el contexto de la crisis de los 70, cuando las tendencias expansivas de las empresas transnacionales se agudizan. Éstas se convierten en los agentes que con mayor fuerza impulsan una salida a dicha crisis desde el ahondamiento de los valores civilizatorios vigentes (ánimo de lucro, maximización de la ganancia, acumulación, crecimiento incesante), a través de una propuesta política conocida como Consenso de Washington (desregulación, apertura, flexibilización, limitación de las capacidades de los Estados). La implementación de dicha propuesta se ve favorecida por el disciplinamiento de la clase trabajadora, por un lado, así como por las mejoras tecnológicas en el transporte, la comunicación y la información, por el otro.
De esta manera, éstas asumen el papel de agente hegemónico de la globalización neoliberal y amplían no sólo su frontera espacial a lo largo y ancho del mundo, sino también su frontera sectorial (incorporando progresivamente al mercado capitalista y controlando ámbitos como la agricultura, los servicios, los bienes naturales, las patentes sobre la propia vida, etc.), e incluso su frontera política (alcanzando una capacidad de incidencia superior a la de los Estados y los pueblos).
Acumulan así un poder extraordinario que se expande más allá de lo económico y que se evidencia también en los ámbitos político, cultural y jurídico. En este sentido, y en lo que respecta al poder económico, las empresas transnacionales se sitúan en el centro de las grandes cadenas globales de producción, distribución, comercialización, finanzas y comunicación, lo que les permite acumular beneficios que superan en ocasiones las capacidades de los propios Estados. Algunos ejemplos: Wal-Mart, la mayor empresa del mundo, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del PIB de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos, al igual que el BBVA comparado con Guatemala.
Por supuesto, esta situación de privilegio económico se traslada de manera natural a un poder político creciente. Las multinacionales son las principales beneficiarias (y defensoras a ultranza) de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, donde las decisiones se alejan de la ciudadanía y se toman cada vez más en ámbitos supraestatales (como estamos viendo en las negociaciones del TTIP [1] o del TISA [2]), sin las mínimas garantías democráticas de participación e información, y contando con la connivencia de Estados matrices y receptores, así como de las principales instituciones multilaterales, formales (FMI, OMC) o informales (G7). Es en este contexto y en estos espacios donde su capacidad de incidencia a través de lobbies se acrecienta, a la vez que, en sentido contrario, los Estados (y no digamos ya los pueblos) pierden peso específico. De esta manera, los gobiernos ven limitada su capacidad para actuar en defensa de la ciudadanía en espacios donde no tienen protagonismo. A su vez, la infiltración de las transnacionales en sus competencias y responsabilidades es tal que en muchas ocasiones los Estados priman la alianza con éstas frente a su compromiso con las mayorías sociales, bien sea por derrotismo (no hay alternativa), persuasión (empleo, negocios, inversión extranjera directa, etc.) y/o corrupción (sobornos, puertas giratorias, etc.), situando a las grandes corporaciones como agentes políticos de primer orden.
Pero, además, las empresas transnacionales acumulan también poder cultural, jugando un papel fundamental en la reproducción simbólica del sistema, convirtiéndose en sujetos activos en defensa de una civilización individualista, consumista, fragmentada y despolitizada. De esta manera, han entendido con claridad que su legitimación depende de los imaginarios colectivos, de los valores imperantes, para lo cual han llevado la cultura a su terreno (mercantilizándola en la medida de lo posible), a la vez que han diseñado, impulsado y generalizado un formato universal de sociedad, de ciudadanía global, y de saber y conocimiento, adaptado a la primacía del crecimiento capitalista y a la democracia de baja intensidad.
Finalmente, y como garantía para mantener todo este entramado de poder económico, político y simbólico, las corporaciones transnacionales acumulan un aplastante poder jurídico. Éste se muestra en una lex mercatoria (derecho fuerte, basado en una maraña de complejos tratados, acuerdos comerciales, de inversión, etc.) que se impone sobre la soberanía de los pueblos y sobre el marco internacional de derechos humanos (derecho débil), generando así una arquitectura de la impunidad que les protege y blinda jurídicamente de las posibles iniciativas populares y/o de los Estados.
El círculo se cierra. Pasamos del poder económico al político, y de éste al cultural, todo ello bajo un marco jurídico actualmente inexpugnable y que les favorece. Han conseguido, por tanto, ser el agente protagonista y hegemónico en nuestra realidad global, con una gran incidencia en múltiples ámbitos de nuestras vidas.
En el centro del conflicto capital-vida
La relación entre las empresas transnacionales y el sistema vigente es de absoluta simbiosis. Por un lado, es éste quien dentro de su propia lógica de reproducción ha posibilitado y favorecido el poder de las empresas transnacionales, frente al de las personas y pueblos. Por el otro, son las grandes corporaciones el agente fundamental y centro del sistema, quien lo valida y sostiene. Sistema y trasnacionales son por tanto hermanas siamesas imposibles de separar: éstas no sobrevivirían sin un modelo de sociedad que no primara los valores civilizatorios del lucro, ganancia, competencia y acumulación; mientras que el sistema no se podría trascender sin enfrentar explícitamente a las transnacionales. Su devenir camina entonces por la misma senda.
Es precisamente esta senda la que muestra hoy en día con toda crudeza su carácter desigual, ingobernable, violento e insostenible. Hablamos de crisis civilizatoria, atravesamos una crisis multidimensional cuya génesis situamos en el propio modelo de sociedad global imperante, cuyos parámetros de civilización básicos desde hace más de dos siglos (progreso, individualismo, crecimiento económico capitalista y democracia liberal-representativa) y cuyos principios fuertes (ánimo de lucro, ganancia, acumulación), agudizados en la actual fase de globalización neoliberal, nos conducen a un callejón sin salida.
Esto es fundamentalmente porque el propio sistema es incapaz de enfrentar esta situación en clave de bienestar, democracia, justicia y sostenibilidad, valores de segundo orden o incluso antagónicos con su propia naturaleza. Y es esta naturaleza la que lleva en su génesis una vulnerabilidad estructural que se manifiesta en un sistema de dominación múltiple que sufrimos las mayorías populares, de manera intensa pero desigual, y en el que se articulan capitalismo, patriarcado, productivismo, colonialidad y democracia de baja intensidad. Son precisamente las grandes corporaciones quienes se sitúan como agente necesario en dicha dominación múltiple. En este sentido, la primacía de sus valores y estrategias de mercantilización, centralización y concentración no sólo no ha conllevado la mejora económica prometida (cantidad y calidad en el empleo, prestación de servicios, inversiones, transferencia tecnológica), sino que ha generado unos impactos muy negativos en términos sociales, políticos, ambientales y culturales, sistemáticamente denunciados por personas y pueblos de todo el mundo.
Asistimos a una crisis que apunta a la raíz del sistema. Un sistema que de manera asfixiante y natural ha ido mercantilizando, dominando y arrebatando espacios a la democracia, a la humanidad, a la vida en definitiva, por lo que no puede ser reformado sino trascendido. Nos enfrentamos pues a un conflicto explícito entre la vida y el capital, en el que este último lamina las bases materiales de reproducción de la vida, se desarrolla sobre violencia y sobre crecientes desigualdades que afectan a grandes mayorías, y se muestra ingobernable a la hora de responder a criterios de justicia y sostenibilidad. Por lo tanto, el conflicto se acrecienta en la pugna entre las personas y los pueblos en favor de la vida, por un lado, y quienes la ponen en riesgo (el capital, las empresas transnacionales y sus alianzas), por el otro.
Los caminos se bifurcan y se hace más notoria la necesidad de confrontar propuestas, la urgencia por generar e implementar alternativas al statu quo. Como hemos dicho, sistema y grandes compañías son hermanas siamesas, por lo que es momento de disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales: disputar la soberanía y autonomía de las personas y pueblos para decidir sobre su presente y futuro; disputar la primacía de las lógicas de justicia y sostenibilidad frente a las del ánimo de lucro y el crecimiento incesante; disputar los diversos saberes populares frente al pensamiento único y corporativizado.
Alternativas a las transnacionales… ¿Hacia dónde?
Vivimos un momento de agudización del conflicto capital-vida, por lo que es necesario y urgente que nos empeñemos no sólo en resistir ante los embates del capital, sino también en proponer alternativas que prefiguren y desarrollen en la práctica otras formas de organización social. En este sentido, debemos iniciar y consolidar procesos de transición en defensa de la vida que nos permitan colocar diques de contención que frenen la actuación de las transnacionales, a la vez que nos posibiliten avanzar en la consecución de espacios emancipadores que escapen a sus lógicas.
Además, es posible. Así, y a pesar del poder omnímodo que acumulan estas empresas, hoy en día ya se están formulando e impulsando alternativas que confrontan directamente el poder corporativo. No se trata entonces de una esperanza basada en vagas utopías, sino más bien en prácticas existentes y en la creencia en la capacidad de la humanidad para tomar las riendas de su futuro. El reto consiste por tanto en cómo articularlas para ir progresivamente arrebatando espacios para la democracia, la igualdad y la sostenibilidad, desde estrategias políticas confrontativas y de disputa de espacios, valores y legitimidades.
Estas iniciativas son de una naturaleza muy diversa. En primer lugar, alcanzan diferentes intensidades dentro de la lógica de transición, desde la resistencia (ocupación de monocultivos por parte de campesinas brasileñas este 8 de marzo) hasta la propuesta alternativa (soberanía alimentaria, ecofeminismo, economía solidaria), pasando por la regulación (normas vinculantes y observatorios internacionales). En segundo lugar, son impulsadas por diferentes actores, como los movimientos sociales (nacionalización de sectores estratégicos, control público y/o social de los bienes naturales, reparto del trabajo), los gobiernos (leyes de regulación de la mercantilización de la información, normativa en defensa de derechos), las personas (consumo responsable, boicot) e incluso las propias empresas (democracia interna, primacía del trabajo frente al capital, tratamiento no capitalista del capital). Por último, y en tercer lugar, se formulan en función de los diferentes ámbitos competenciales de nuestra sociedad global, desde el territorio (mercado social, lucha contra la minería a gran escala), pasando por el Estado (nacionalización de la seguridad social), el nivel regional (como los valores de reciprocidad defendidos en ALBA-TCP [3]) y el internacional (propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos [4]). Es por tanto fundamental reconocer, visibilizar, articular y vincular toda esta miríada de alternativas (las señaladas son sólo unos ejemplos) en una lógica de transición y de disputa integral respecto a las multinacionales.
No obstante, es necesario que en este punto nos preguntemos por el horizonte de nuestras alternativas. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Alternativas a qué y para qué? No toda propuesta tiene por qué ser considerada una alternativa al sistema actual por el hecho de no circunscribirse estrictamente a los parámetros y principios hegemónicos. Al mismo tiempo, no toda iniciativa nace desde una lógica procesual de transición, ni desde análisis certeros de la compleja realidad global estructurada en torno al sistema de dominación múltiple. Es en este momento donde se vuelve indispensable contar no con un modelo cerrado y universal, sino más bien con una serie de principios e ideas-fuerza que nos ayuden a definir cuáles son los horizontes de emancipación que nos pueden servir de referencia para reconocer, priorizar y construir alternativas.
Muchas son las perspectivas (economía feminista, ecológica, marxista, solidaria, soberanía alimentaria, decolonialidad, buen vivir, etc.) que aportan su granito de arena en este sentido. Sin ánimo de ser exhaustivos, y a modo de propuesta tentativa, planteamos a continuación una serie de ideas-fuerza que consideramos sugerentes: la centralidad de la sostenibilidad de la vida, frente a la que se otorga actualmente a la reproducción ampliada del capital; el reconocimiento y articulación de la diversidad, frente a la pretendida universalidad del modelo hegemónico y a la jerarquización de seres, poderes y saberes; la democracia participativa, que se contrapone a la democracia de baja intensidad actual; la relevancia de lo colectivo y de la comunidad frente al individualismo; la politización de lo cotidiano dentro de dinámicas que unen lo general con lo personal; y la confrontación con el sistema y sus agentes fundamentales, entre ellos las empresas transnacionales.
Aterrizando estas ideas-fuerza al ámbito socio-económico y a la disputa con las grandes corporaciones, proponemos una serie de claves que nos permitirían vislumbrar hacia dónde dirigir los esfuerzos en el impulso de alternativas:
- asunción de los ciclos de energía, materiales y residuos;
- gestión democrática de la demanda en relación con un consumo menor y más responsable;
- democratización de las decisiones económicas (Estados, pueblos, comunidades, empresas, hogares);
- desmercantilización capitalista de la economía (bienes comunes, propiedad pública y/o social);
- redistribución y reparto equitativo de los trabajos;
- redistribución igualitaria de los recursos;
- democratización cultural (comunicación, conocimiento, etc.);
- reconocimiento de economías diversas;
- fomento de economías no capitalistas;
- apuesta por sistemas económicos basados en la reciprocidad y la intercooperación.
Asistimos a un momento civilizatorio muy complejo, pero reiteramos la necesidad, la urgencia y la esperanza en visibilizar y construir nuevas sendas, nuevos horizontes por los que transitar, disputando el poder, el ser y el saber a las transnacionales. Es un compromiso de todas y todos, es nuestro compromiso.
Notas
[1] Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE (por sus siglas en inglés).
[2] Acuerdo Internacional de Comercio e Inversión de Servicios (por sus siglas en inglés).
[3] Alternativa Bolivariana para las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos.
[4] Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (2014): Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales: Una apuesta desde los movimientos sociales y la solidaridad internacional, Cuadernos de Trabajo / Lan-Koadernoak, Hegoa, nº 64.
Gonzalo Fernández es coordinador de Paz con Dignidad – Euskadi e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).
Euskaraz: «Transnazionalei boterea, izaera eta jakintza kentzeko alternatibak»