En marzo de 2016 han aparecido en Brasil varios pronunciamientos de grupos y de intelectuales «en defensa de la democracia». Es obvio que por razones de principio y por la terrible experiencia histórica sembrada de asesinatos, desapariciones, torturas y censura, nos oponemos a cualquier Golpe militar (que, además, como lo muestra esa misma experiencia, pone […]
En marzo de 2016 han aparecido en Brasil varios pronunciamientos de grupos y de intelectuales «en defensa de la democracia». Es obvio que por razones de principio y por la terrible experiencia histórica sembrada de asesinatos, desapariciones, torturas y censura, nos oponemos a cualquier Golpe militar (que, además, como lo muestra esa misma experiencia, pone a los países latinoamericanos a las órdenes del imperialismo norteamericano). Es obvio también que la Constitución de Brasil establece que la destituición mediante Juicio Político de un Presidente electo por el pueblo sólo es legítima si queda probado claramente en su contra un «crimen de responsabilidad». Aclaramos de entrada que para la mencionada destitución, mucho más democrático que el Juicio Político, nos parece el referendo revocatorio.
Ahora, constatamos que muchos de los pronunciamientos antes citados ignoran, o mencionan en posición secundaria, el panorama de corrupción generalizada que, entre otras, la operación Lava-Jato está poniendo a luz, y se concentran en la condena de todo Golpe militar o seudoconstitucional jurídico-legislativo-mediático, y en el referido llamado a la «defensa de la democracia». No obstante es imposible soslayar en la actual situación el descubrimiento de esa corrupción sistémica y sistemática que ha robado decenas y quizá centenas de miles de millones de dólares de los dineros públicos (que deberían haber ido a la salud, la educación, la vivienda y otras necesidades populares). Esa corrupción generalizada (que no es nueva, pues documentos recientes revelan que data de por lo menos los años 1980) tiene como protagonistas principales a dirigentes políticos y empresariales nombrados por el poder político que recibían dinero ilegítimo de grandes constructoras que superfacturaban obras para el Estado brasileño (en especial en el área de la Petrobras, pero también en otras obras públicas, según detalles que se conocerán poco a poco), a cambio, precisamente de verse atribuídas esas obras; para ello habían creado, además, un cartel que distribuía las obras y los lucros entre esas grandes constructoras, burlando los mecanismos de la licitación pública. Así de una sóla vez, quedan en evidencia por la falsedad y robo al pueblo brasileño, muchos dirigentes políticos de un amplio espectro partidario y grandes empresas capitalistas, con lo que se rompe, además, el mito de la supuesta «eficiencia» de estas últimas, ya que se prueba que sus lucros eran fruto del robo. A fines de marzo de 2016 salieron a luz las listas que una de esas grandes constructoras (la Odebrecht) había elaborado dando cuenta de las «donaciones» hechas a más de trescientos políticos de 24 Partidos diferentes (que cubren todo el espectro de casi todas las formaciones con cargos a nivel federal, estadal y municipal, desde la extrema derecha hasta la seudo-izquierda, pasando por el Partido gobernante en el país, el Partido de los Trabajadores, PT); sean ellas legales o no, es evidente que nada puede aislarlas del contexto de la corrupción sistémica desvelada.
Y ahora vayamos a la cuestión de la «defensa de la democracia». Lo que hay que preguntarse es de qué democracia se habla, y si desde un punto de vista revolucionario-socialista (en perspectica ecomunitarista, en nuestro caso) cabe llamar en este momento a la simple defensa de la supuesta democracia vigente en Brasil. Porque muchos hechos muestran que no se puede reivindicar simplemente la defensa de la supuesta democracia vigente. Hay que notar, por ejemplo, que muchos de los promotores del juicio político a Dilma Rousseff (y de la ofensiva que intenta condenar judicialmente a Lula e impedirlo de ser candidato en la próxima elección presidencial) son notorios corruptos que participaron, por ejemplo, de la compra de votos que permitió la reelección de Fernando Henrique Cardoso, y/o, incluso, de los hechos de corrupción investigados por la operación Lava-Jato que implican también a figuras del PT; no hay que olvidar que los actuales derechistas Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados (dos instituciones clave de la actual supuesta «democracia»), por ejemplo, están acusados de corrupción, y lo mismo sucede com muchos parlamentarios de la derecha (como el último contendor de Dilma, Aécio Neves), y de la seudo-izquierda (incluyendo tanto a la que hoy es oposición, como a la que hoy acompaña al Partido de los Trabajadores, y al mismo PT).
Entonces, reitero, desde el punto de vista político-institucional, ¿de qué democracia se habla cuando se convoca a su salvación? No se puede olvidar que esta es una «democracia» en la que:
a) como lo muestra la famosa «lista de la Odebrecht» las campañas electorales son financiadas por «donaciones» millonarias de empresas (sobre todo grandes), que, obviamente, pueden obtener luego a cambio, favores del poder público que han ayudado a elegir (en los niveles federal, estadal y municipal); es sabido, como lo muestra la «lista de la Odebrecht», que dichas empresas (sobre todo las grandes, por ejemplo las constructoras que hoy son reas confesas de repetidos actos de corrupción) suelen financiar a los varios candidatos que consideran que tienen chances de ganar, para asegurarse de que, gane quien gane, tendrán una deuda a cobrar respecto del nuevo gobernante; así resulta claro que este sistema político-electoral incluye intrínsecamente la posibilidad de la corrupción sistemática y amplia;
b) dado los elevadísimos costos de las campañas electorales (tanto más caras cuanto más elevado es el cargo pretendido) hoy es imposible que cualquier candidato pueda tener chances de ser electo si no cuenta con tal financiamiento; y,
c) los inúmeros Partidos existentes, lejos de identificarse-distinguirse por un claro perfil ideológico-propositivo, se organizan como verdaderos burós de negocios, destinados a venderse al mejor postor en las alianzas que dan lugar al uso de su cuota en la propaganda gratuita en la TV (el gran medio de comunicación-propaganda política, ante el cual toda otra forma de acción pasa a ser despreciable, en función de su público muchísimo menor), y en la repartija de cargos y favores.
Simultáneamente se constata fácilmente que la repartición de los medios de producción y comunicación vigente en Brasil dista mucho de ser democrática. Todos los datos apuntan que si bien en los dos gobiernos de Lula y en el primero de Dilma muchos millones de brasileños fueron sacados de la pobreza extrema a través de programas sociales (como el Bolsa Familia), no por ello esas personas lograron asegurarse una inserción económica estable y digna (a través del cuentapropismo, o una cooperativa, o un empleo bien remunerado cualquiera), sino que han quedado dependientes de la ayuda estatal (que, a su vez, se transformó en poderosa herramienta de captación de votos). A esa situación se agrega el hecho de que (coincidiendo con la caída de las commodities exportadas por Brasil) el segundo gobierno de Dilma aplica las recetas del candidato presidencial derrotado por ella, y disminuye o amputa diversos derechos sociales y/o recursos para áreas básicas (como lo es la educación).
Al mismo tiempo otros datos muestran que los grandes latifundistas del agronegocio (con gran uso de transgénicos y agrotóxicos), banqueros y grandes empresarios, que ya venían ganando mucho dinero en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, nunca ganaron tanto dinero como en los gobiernos de Lula y Dilma; así, mientras disminuyen los derechos populares, los ricos se han hecho más ricos (en la más pura lógica capitalista).
En el área mediática Dilma y Lula «descubren» ahora que la red Globo y los otros grandes órganos de la prensa privada (de TV, radio y prensa escrita) manipulan la información según los antojos de la derecha (y del imperio yanqui-OTAN). Pero hay que recordar que coincidentemente después de reunirse con el emperador de la red Globo (Roberto Marinho) Lula divulgó la «Carta a los brasileños», que, renunciando a cualquier referencia al socialismo (contrariamente a lo que había sucedido en la propaganda anterior del PT) lo lanzó hacia la presidencia del Brasil; y que luego, en sus dos mandatos, ni Lula ni Dilma nada hicieron para desmontar ese imperio monopólico mediático, por ejemplo adoptando la idea de otra mandataria vecina, por cierto nada socialista según su propia declaración (nos referimos a Cristina Fernández) que logró hacer aprobar una Ley de Medios (hoy en proceso de reversión por Macri) que preveía una división en tres tercios iguales de la prensa (en especial de TV y radio), a saber, la prensa público-estatal, la comunitaria, y la privada (al tiempo en que para esta última se establecían claros límites antimonopólicos y antioligárquicos a nivel nacional y regional).
En el área de la vivienda es notorio el hecho de que la actual «democracia» brasileña relega a muchos millones de ciudadanos a las favelas, a las vilas y/o a las áreas de inminente peligro ambiental (que a cada lluvia fuerte, por deslizamientos de tierra, se cobran la muerte de muchas personas), con deficientes condiciones de urbanización y salubridad.
Ese hacinamiento, y en general el que se da en muchas monstruosas urbes, es el escenario de una verdadera guerra civil no declarada, donde impera el narcotráfico y el crimen organizado en general, y en la que cualquier ciudadano puede ser víctima de la violencia omnipresente.
En ese panorama la salud pública sigue siendo calamitosa, con falta de salud preventiva y centros sanitarios cerrados en todo o en parte por falta de recursos, con falta de remedios, colas y esperas sin fin, y donde no raramente mueren los pacientes amontonados en los corredores
A la luz de todo eso, reiteramos la pregunta: ¿se trata de defender esta supuesta democracia?
Mi respuesta es negativa y se acompaña de otra pregunta: ya que gran parte de la población brasileña está asqueada con «los políticos» en general, por sus prácticas corruptas (aunque concentre sus fuegos contra Dilma y Lula, azuzada por la gran prensa derechista y por la derecha en sus expresiones políticas y empresariales), ¿no se debería, al mismo tiempo en que se rechaza cualquier Golpe, levantar la bandera de una nueva democracia participativa y protagónica (siempre que posible ejercida de forma directa), en óptica socialista (del socialismo del siglo XXI entendido en perspectiva ecomunitarista)?
En esa óptica estamos hablando:
a) de la superación de la simple democracia representativa en una democracia cimentada en el Poder Popular, organizado desde el nivel local (como puede ser el de una empresa, institución educativa o social, y/o un barrio o Municipio) hasta el nivel nacional,
b) de una democracia que se ejerza también en el aspecto económico (con medios de producción socializados en empresas de propiedad social directa o indirecta), y que incluya una reforma agraria que fije o devuelva al campo a todas las personas interesadas en vivir allí digna y saludablemente (con todos los servicios imprescindibles a su alcance), y una reforma urbana que descongestione las megalópolis en provecho del campo y de ciudades verdes pequeñas o medianas,
c) de una democracia cimentada en medios de comunicación comunitarios y públicos,
d) de una democracia que universalice la educación ambiental ecomunitarista, que incluye una erótica de la liberación (superadora del machismo y la homofobia) y un deporte formativo no capitalista,
e) una democracia inter y pluricultural que ponga en pie de igualdad mutuamente enriquecedora-correctiva los aportes de la tradición «blanca», la indígena y la negra (y otras eventuales minorías, como lo son la asiática, árabe-palestina, y judía, tan fuertemente presentes en São Paulo),
f) una democracia defendida por Milicias Populares que complementen-vigilen a las Fuerzas Armadas regulares (por todo el tiempo histórico en las que unas y otras sean aún necesarias), y,
g) de una democracia que se integre con otras similares en una América Latina transformada en la Patria Grande soñada por los libertadores (en especial por Bolívar, Artigas y el Che), que afirme su postura independiente en el concierto mundial.
Esa democracia debería orientarse por el principio que reza «de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, respetanto los equilibrios ecológicos», para que puedan desarrollarse individuos humanos universales, reconciliados con los demás y preservadores-regeneradores de la salud de la naturaleza humana y no humana.
Ahora, en lo inmediato, el camino hacia esa nueva democracia participativa y protagónica debe pasar por sucesivas Asambleas Constituyentes de nivel nacional y estadal, para consagrar respectivas nuevas Constituciones elabordas en amplia discusión popular y cuyo texto, resultante de la síntesis redactada por los respectivos diputados-delegados, deberá ser sometido a referendos. Entre los cambios inmediatos imprescindibles destacamos alteraciones en el orden político-institucional, como la implementación de los mecanismos de la democracia participativa y protagónica, y la que consiste en asegurarle al Presidente, Gobernador e Intendente electos, la mayoría legislativa respectiva (para que pueda implementar el programa con el que fue electo sin necesidad de infinitas negociaciones que son muy propicias a transformarse en negociados marcados por la corrupción); otra de esas alteraciones consiste en la prohibición absoluta de que Partidos y candidatos electorales sean financiados por empresas (y poner límites bajos a las contribuciones personales), estableciendo severas penas para la violación de esta disposición, como lo es la pérdida de todos los cargos conquistados por el Partido y Coalición culpada en el nivel donde ocurrió la violación (o sea, pérdida del cargo de Presidente, o de todos los Gobernadores, Intendentes o legisladores federales, estadales o municipales electos por el Partido y Coalición infractora). Además las nuevas Cartas Magnas deberán prever un Control Popular de las licitaciones públicas (en especial de las grandes) para cortarle la yugular a la corrupción vinculada a ese sector.
Es sólo sobre la base de toda la visión expuesta aquí, que levantamos nuestra bandera de «defensa de la democracia», participativa, protagónica, en óptica ecomunitarista.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.