La Presidente podría ser destituida este mes, en medio de una profunda crisis política, económica y social. Tras la brutal embestida contra Dilma, Lula y el PT, asoma una etapa de ingobernabilidad. Trece años después de haber comenzado a tejer su alianza con el Partido de los Trabajadores (PT), en apoyo al por entonces presidente […]
La Presidente podría ser destituida este mes, en medio de una profunda crisis política, económica y social. Tras la brutal embestida contra Dilma, Lula y el PT, asoma una etapa de ingobernabilidad.
Trece años después de haber comenzado a tejer su alianza con el Partido de los Trabajadores (PT), en apoyo al por entonces presidente Lula da Silva, el derechista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (Pmdb) que lidera el vicepresidente Michel Temer abandonó la coalición de gobierno y buscará destituir a la presidente Dilma Rousseff por la vía del impeachment. Aunque Lula y otros dirigentes petistas se esfuerzan por sostener el apoyo de algunos miembros del Pmdb que ocupaban cargos hasta el anuncio oficial de la ruptura política, el 29 de marzo, y especialmente a diputados y senadores de la fuerza, la destitución parlamentaria de la Presidente se transformó ahora en el escenario más probable.
Tras pronunciarse en contra del impeachment durante gran parte del año pasado, la principal organización empresarial brasileña -la Federación de las Industrias de San Pablo (Fiesp)- lanzó en marzo una campaña a favor del juicio político y en contra de medidas impositivas promovidas por el Gobierno. El paso decisivo lo dio en sintonía con el Pmdb: junto a otras 400 entidades patronales publicó una solicitada en los tres principales diarios nacionales el 29 de marzo con la consigna «impeachment ya». La iniciativa ocupó un tercio de cada una de las páginas de las secciones política e internacional de estos periódicos.
Desde otra organización de peso, la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que fue más cercana al PT, su máximo dirigente aprovechó la jornada para calificar la situación nacional como «de caos completo, descrédito y desánimo» y exigió «medidas drásticas y duras» para cuando finalice el proceso de juicio político, que dio por hecho.
El opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (Psdb) también dio su apoyo a un eventual gobierno transicional de Temer. Su actual líder, Aécio Neves, le manifestó su voluntad de cooperación y sentenció que «la salida del Pmdb cierra la tapa del cajón de un gobierno moribundo».
Con este respaldo, Temer ya actúa como si fuese un presidente electo a punto de asumir. Desde su entorno adelantaron que llevarán adelante las medidas que exigen las grandes empresas del país: recortes de programas sociales, privatizaciones y medidas a favor del libre comercio. El plan de gobierno que buscará implementar si toma las riendas en el Palacio de Planalto sostendría los subsidios únicamente para el 10% más pobre, con fuerte impacto en programas de vivienda y becas para estudiantes, entre otros.
Pero ni Temer ni ningún otro dirigente político brasileño cuentan hoy con el apoyo popular suficiente para llevar adelante semejante ajuste en medio del agravamiento de la crisis económica. Pese a que una clara mayoría se expresa a favor de la salida de Rousseff del gobierno según encuestadoras privadas, amplios sectores de la población muestran un extendido rechazo al conjunto del sistema político y amenazan la futura gobernabilidad del país. Por lo pronto, apenas se formalizó la ruptura de la coalición oficialista, en las redes digitales se instaló la consigna «Renuncia Temer», quien también está salpicado por la investigación de lavado de dinero y corrupción en Petrobras.
El 31 de marzo, a 52 años del golpe de 1964, intelectuales, artistas y científicos respaldaron a Dilma en la sede de gobierno ante el intento de golpe de Estado con ropaje institucional. Doce días antes cientos de miles se manifestaron en las calles «en defensa de la democracia» y contra las fuerzas de derecha tradicionales. Ahora el objetivo del PT y los principales movimientos sociales es organizar acciones de protesta en distintos puntos del país.
Puesto sobre la cornisa, el gobierno de Rousseff intentaba sostener una base de apoyo parlamentaria ofreciendo cargos en el gabinete y en empresas públicas a miembros de los partidos Progresista, Republicano, Social Democrático y Republicano Brasileño, aunque este último ya rompió con el PT. Lo mismo hacía Temer para conseguir los votos de los 342 diputados (dos tercios de la Cámara) necesarios para aprobar el juicio político y quedar a las puertas de asumir temporalmente la presidencia.
Riesgo de derrumbe
Los últimos datos oficiales registraron un incremento anual del desempleo de casi tres millones de personas. El nivel de desocupación llegó a 9,5% (9,6 millones) y el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó. Es la consecuencia de la profunda recesión que sufre el país: el PIB cayó 3,8% en 2015 (récord en 25 años) y se prevé otro desplome por encima del 3,5% este año.
Bajo la presión empresarial de un mayor ajuste social para disminuir el déficit fiscal de 23 mil millones de reales (6,4 mil millones de dólares), su ejecución redundará en aumento de pobreza y mayor contracción económica en el corto plazo. En este cuadro, la eventual presidencia de Temer tendría enormes dificultades para ganar apoyos en la población, que lo ve como un oportunista sin legitimidad para gobernar.
Parados sobre esta crisis, los partidos y dirigentes políticos brasileños se encuentran atravesados por un lapidario desprestigio, producto del avance de la mayor investigación de corrupción de la historia nacional, que salpica a todos y tiene alcance internacional. De hecho, 37 de los 65 miembros de la Comisión de Impeachment de la Cámara de Diputados que busca juzgar a Rousseff están acusados de delitos como corrupción, lavado de dinero y otros, según datos de la ONG Transparencia Brasil. Paradójicamente, ninguno de esos delitos pudo ser atribuido a la Presidente.
Hay más: luego de la condena a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, gerente general de la mayor constructora de Brasil, se filtraron planillas de la compañía con nombres y montos de presuntas coimas o donaciones pagadas a más de 300 políticos oficialistas y opositores de 18 partidos, en más de 25 años. En esa lista figuran los presidentes de ambas cámaras parlamentarias, Eduardo Cunha y Renan Calheiros, del Pmdb, el senador Aécio Neves y funcionarios del PT, entre muchos otros.
También llegaron a la prensa partes de las declaraciones del ex diputado y ex presidente del Partido Progresista Pedro Correa, que llegó a un acuerdo de delación premiada con la justicia tras ser condenado a 20 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. No se salvó nadie: afirmó que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso compró la enmienda constitucional de 1997 para su reelección con dinero del Banco Itaú, provocó la citación de la hermana de Aécio Neves, delató a un ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión -organismo que habilitó el proceso de impeachment– y dejó a todos sumergidos en el mismo lodo.
Semejante descomposición no podrá ser resuelta con un juicio político que carece de verdadero sustento legal y un recambio presidencial por fuera de las urnas. La reacción en las calles será un fuerte condicionante para el programa de ajuste que se quiere imponer. Brasil está en el ojo de la tormenta.
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