Los diputados federales Paulo Pimenta (PT-RS), Paulo Texeira (PT-SP) y Wadih Damos (PT-RJ), y el senador Telmário Mota (PDT-RR) pidieron una medida tutelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referente al proceso de impeachment de la presidenta apartada Dilma Rousseff. Los parlamentarios solicitaron que el órgano, vinculado a la Organización de los Estados […]
Los diputados federales Paulo Pimenta (PT-RS), Paulo Texeira (PT-SP) y Wadih Damos (PT-RJ), y el senador Telmário Mota (PDT-RR) pidieron una medida tutelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referente al proceso de impeachment de la presidenta apartada Dilma Rousseff.
Los parlamentarios solicitaron que el órgano, vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), determine tres medidas al Estado brasileño: la restitución inmediata de Dilma al cargo de la presidenta; la anulación de todos los actos referentes al trámite del impeachment; y la paralización del proceso hasta que la Comisión pueda analizar el caso.
Según ellos, la petición inaugura una etapa internacional de denuncia del proceso de impedimento, en un nuevo intento de revertir la decisión del Senado de continuar el proceso contra la presidenta electa. «Identificamos un conjunto de violaciones que ocurrieron en la tramitación del proceso en el ámbito de la Cámara de Diputados y en el Senado, y, lamentablemente, también en el Supremo [Tribunal Federal]», explicó el diputado Paulo Pimenta.
El documento fue protocolado la noche del martes (9), en Washington, en los Estados Unidos, donde está establecida la sede de la OEA. Según los parlamentarios, la petición fue elaborada por juristas y abogados brasileños, y también de otros países.
Como Brasil es miembro de la OEA y signatario de diversos pactos internacionales, en caso de obtener el visto bueno de la Comisión sobre la necesidad de Dilma retornar al cargo, el Estado brasileño queda obligado a cumplir la decisión.
Proceso
Sobre el caso de la tramitación ocurrida en la Cámara, los parlamentarios argumentaron que la votación fue irregular porque había ignorado el llamado «control de convenciones», prevista por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). La argumentación es de que las garantías de la presidenta apartada habrían sido violadas por diversos motivos.
Uno de ellos es que el «principio de la no discriminación» fue violado, porque el proceso tuvo como objetivo solamente a la presidenta Dilma, sin incluir el sucesor del cargo, Michel Temer, que enfrenta una denuncia por los mismos hechos – de prácticas de administración pública que fueron denominadas «pedaleadas fiscales».
La explicación de los parlamentarios es que la Comisión atiende al pedido del grupo por el hecho de la petición basarse en jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que ya atendió solicitudes semejantes, como en casos de Venezuela y Colombia.
El diputado Paulo Pimenta aun esclareció que la decisión de recurrir a la OEA se dio solamente ahora porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige que haya habido un agotamiento del caso en las instancias internas del país para que él sea investigado internacionalmente.
De acuerdo con otro diputado, Paulo Teixeira, la iniciativa del grupo fue comunicada a la presidenta Dilma Rousseff. Él resaltó que uno de los argumentos favorables a Dilma es el hecho de que ella no tendría condenas criminales en el país. «Ella no sólo no tiene cualquier condena como tampoco existe cualquier acción criminal contra ella. La apertura de ese proceso resulta, la verdad, de una venganza», afirmó el parlamentar, citando al diputado y ex presidente de la Camara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).
Traducción: María Julia Giménez