El presidente Michel Temer se encuentra de nueva cuenta acorralado después de la difusión de las grabaciones que confirmaron su decisión de otorgar varios sobornos dentro del sistema político brasileño, lo cual pone en duda la continuidad de su cargo ante la posibilidad de elecciones presidenciales anticipadas. El presidente brasileño ha podido mantenerse en su […]
El presidente Michel Temer se encuentra de nueva cuenta acorralado después de la difusión de las grabaciones que confirmaron su decisión de otorgar varios sobornos dentro del sistema político brasileño, lo cual pone en duda la continuidad de su cargo ante la posibilidad de elecciones presidenciales anticipadas.
El presidente brasileño ha podido mantenerse en su cargo debido al apoyo del capital exportador y financiero, que desean sostener las reformas estructurales vinculadas a la congelación del gasto público durante veinte años, el empeoramiento de las condiciones laborales y la reducción significativa de las pensiones.
Las medidas de ajuste fiscal implicarán la destrucción de los beneficios sociales construidos durante el lulismo y servirán para sanear las finanzas públicas que, de acuerdo a las proyecciones del gobierno brasileño, tendrán un superávit primario de 10,000 millones de reales en 2020.
De la misma manera, las privatizaciones de activos públicos tomarán un nuevo impulso bajo la presidencia de Michel Temer, ya que se contempla llevar a cabo la privatización en sectores estratégicos como el petróleo, el gas, los aeropuertos, los ferrocarriles y las carreteras [1].
Las privatizaciones tienen como principal objetivo recaudar entre 20,000 y 30,000 millones de reales destinados a pagar la deuda pública alimentada por los enormes pagos de intereses que son causados por la tasa de interés (10.2%) del Banco Central de Brasil [2].
El estado brasileño se convirtió así en un cómplice de los grandes bancos, ya que acepta pagar una enorme cantidad de intereses, que son producidos principalmente por operaciones especulativas y que no tienen ninguna relación con el tamaño de la deuda ni con la magnitud del gasto del gobierno brasileño.
El mandato de Michel Temer estará entonces caracterizado por la presencia de movilizaciones sociales masivas desde marchas hasta paros generales, que podrían minar por completo la popularidad de su partido Movimiento Democrático Brasileño rumbo a las elecciones presidenciales en 2018.
Por otro lado, la principal figura del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, retomó un discurso de reconciliación con los trabajadores brasileños, al indicar que era necesario formular una política económica enfocada en los sectores sociales marginados [3].
Es importante recordar que el lulismo se plegó a los intereses del capital trasnacional en las finanzas públicas, el sector financiero y la propiedad de la tierra durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El capital trasnacional se aprovechó de las elevadas tasas de interés, el régimen inequitativo de impuestos y la ausencia de una reforma agraria en ambas administraciones del PT.
El punto débil del PT reside, por tanto, en que su porvenir político depende de la popularidad de su candidato presidencial Lula da Silva, que se encuentra actualmente acusado de corrupción y que posiblemente podría ser inhabilitado de participar en las elecciones presidenciales en 2018.
Por otra parte, los dirigentes del PT ahora piden a la población brasileña que se movilice para convocar elecciones presidenciales anticipadas, pero no ratifican su apoyo a la realización de una auditoría de la deuda pública, la aplicación de un nuevo régimen fiscal y la aprobación de una reforma agraria en caso de ganar las elecciones presidenciales.
La economía brasileña lleva dos años de recesión impulsada por la caída del precio de los commodities entre 2016 y 2017, situación que puso de manifiesto la necesidad de implementar reformas radicales a fin de favorecer a los estratos sociales con menores ingresos.
Además de la recesión económica, la tasa de desempleo alcanzó una cifra histórica de 13.7% a mediados de 2017, que afectó a alrededor de 14.2 millones de brasileños en un contexto en que los programas sociales como Bolsa Familia ya no son suficientes para cambiar sustantivamente la marginación económica en Brasil.
Los integrantes del PT demandan también la creación de una Asamblea Constituyente con el fin de abordar la reforma del sistema político, que se encuentra plagado de corrupción y desprovisto de la legitimidad necesaria para conseguir el apoyo de la mayoría de los brasileños [4].
No obstante, la dirigencia del PT no convoca a realizar un cambio importante en la composición de sus miembros, muchos de los cuales tienen estrechos vínculos con las grandes empresas brasileñas y obstaculizan las demandas más radicales de los sectores marginados.
Los dirigentes del PT tampoco esclarecen qué acciones tomarán con los miembros que sean acusados por casos de corrupción, ni se comprometen a llevar a cabo una investigación profunda en todas las líneas del partido a fin de convertirse en un partido de masas con la legitimidad necesaria para transformar la economía brasileña.
En conclusión, el PT a pesar de que se encuentra frente al derrumbe del partido de Temer, está vacilando entre aceptar ciertas demandas de los trabajadores brasileños y al mismo tiempo, seguir obedeciendo a los intereses del capital brasileño, con lo cual acabaría de construir su propia tumba.
El presidente brasileño ha podido mantenerse en su cargo debido al apoyo del capital exportador y financiero, que desean sostener las reformas estructurales vinculadas a la congelación del gasto público durante veinte años, el empeoramiento de las condiciones laborales y la reducción significativa de las pensiones.
Las medidas de ajuste fiscal implicarán la destrucción de los beneficios sociales construidos durante el lulismo y servirán para sanear las finanzas públicas que, de acuerdo a las proyecciones del gobierno brasileño, tendrán un superávit primario de 10,000 millones de reales en 2020.
De la misma manera, las privatizaciones de activos públicos tomarán un nuevo impulso bajo la presidencia de Michel Temer, ya que se contempla llevar a cabo la privatización en sectores estratégicos como el petróleo, el gas, los aeropuertos, los ferrocarriles y las carreteras [1].
Las privatizaciones tienen como principal objetivo recaudar entre 20,000 y 30,000 millones de reales destinados a pagar la deuda pública alimentada por los enormes pagos de intereses que son causados por la tasa de interés (10.2%) del Banco Central de Brasil [2].
El estado brasileño se convirtió así en un cómplice de los grandes bancos, ya que acepta pagar una enorme cantidad de intereses, que son producidos principalmente por operaciones especulativas y que no tienen ninguna relación con el tamaño de la deuda ni con la magnitud del gasto del gobierno brasileño.
El mandato de Michel Temer estará entonces caracterizado por la presencia de movilizaciones sociales masivas desde marchas hasta paros generales, que podrían minar por completo la popularidad de su partido Movimiento Democrático Brasileño rumbo a las elecciones presidenciales en 2018.
Por otro lado, la principal figura del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, retomó un discurso de reconciliación con los trabajadores brasileños, al indicar que era necesario formular una política económica enfocada en los sectores sociales marginados [3].
Es importante recordar que el lulismo se plegó a los intereses del capital trasnacional en las finanzas públicas, el sector financiero y la propiedad de la tierra durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff. El capital trasnacional se aprovechó de las elevadas tasas de interés, el régimen inequitativo de impuestos y la ausencia de una reforma agraria en ambas administraciones del PT.
El punto débil del PT reside, por tanto, en que su porvenir político depende de la popularidad de su candidato presidencial Lula da Silva, que se encuentra actualmente acusado de corrupción y que posiblemente podría ser inhabilitado de participar en las elecciones presidenciales en 2018.
Por otra parte, los dirigentes del PT ahora piden a la población brasileña que se movilice para convocar elecciones presidenciales anticipadas, pero no ratifican su apoyo a la realización de una auditoría de la deuda pública, la aplicación de un nuevo régimen fiscal y la aprobación de una reforma agraria en caso de ganar las elecciones presidenciales.
La economía brasileña lleva dos años de recesión impulsada por la caída del precio de los commodities entre 2016 y 2017, situación que puso de manifiesto la necesidad de implementar reformas radicales a fin de favorecer a los estratos sociales con menores ingresos.
Además de la recesión económica, la tasa de desempleo alcanzó una cifra histórica de 13.7% a mediados de 2017, que afectó a alrededor de 14.2 millones de brasileños en un contexto en que los programas sociales como Bolsa Familia ya no son suficientes para cambiar sustantivamente la marginación económica en Brasil.
Los integrantes del PT demandan también la creación de una Asamblea Constituyente con el fin de abordar la reforma del sistema político, que se encuentra plagado de corrupción y desprovisto de la legitimidad necesaria para conseguir el apoyo de la mayoría de los brasileños [4].
No obstante, la dirigencia del PT no convoca a realizar un cambio importante en la composición de sus miembros, muchos de los cuales tienen estrechos vínculos con las grandes empresas brasileñas y obstaculizan las demandas más radicales de los sectores marginados.
Los dirigentes del PT tampoco esclarecen qué acciones tomarán con los miembros que sean acusados por casos de corrupción, ni se comprometen a llevar a cabo una investigación profunda en todas las líneas del partido a fin de convertirse en un partido de masas con la legitimidad necesaria para transformar la economía brasileña.
En conclusión, el PT a pesar de que se encuentra frente al derrumbe del partido de Temer, está vacilando entre aceptar ciertas demandas de los trabajadores brasileños y al mismo tiempo, seguir obedeciendo a los intereses del capital brasileño, con lo cual acabaría de construir su propia tumba.
Notas
[1] Telesur. Temer anuncia privatización de 34 empresas de Brasil. Fecha de publicación: 29/9/2016.
[2] Folha de Sao Paulo. El Banco Central de Brasil baja por segunda vez en 2017 el tipo de interés. Fecha de publicación: 23/2/2017.
[3] Brasil de Fato. «Mi inclinación es preparar al PT para volver a gobernar el país», dice Lula. Fecha de publicación: 2/6/2017.
[4] Brasil de Fato. Plan de la izquierda brasilera une fuerzas progresistas, dice exministro de Dilma. Fecha de publicación: 7/6/2017.
Ulises Noyola Rodríguez es colaborador del Centro de Investigación sobre la Globalización.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.