Este Decreto Presidencial, publicado el 12 de abril de 2018, abre las puertas a lo que ya hemos venido denunciando, como la entrega del petróleo y la liquidación de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Como ha venido sucediendo en este gobierno, se intenta deliberadamente, que ésto pase bajo la mesa, que no se sepa, que no […]
Este Decreto Presidencial, publicado el 12 de abril de 2018, abre las puertas a lo que ya hemos venido denunciando, como la entrega del petróleo y la liquidación de Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Como ha venido sucediendo en este gobierno, se intenta deliberadamente, que ésto pase bajo la mesa, que no se sepa, que no se entienda lo que está sucediendo realmente.
Entre escándalo y escándalo, en medio del caos, y bajo todo tipo de justificaciones, se siguen dando pasos inequívocos, hacia la entrega de nuestros recursos naturales, estratégicos para el país y, en este caso, reservados al Estado por los artículos 302 y 303 de la Constitución por «razones de conveniencia nacional… carácter estratégico y …soberanía», como lo es, la industria petrolera.
No me deja de sorprender que temas tan importantes para el futuro del país, sean sepultados por la avalancha de problemas y la disfuncionalidad generalizada, no sólo del Estado y sus instituciones, sino también de la opinión pública, del estamento político y fuerzas populares.
Es una situación parecida al periodo de gobierno de Jaime Lusinchi, cuando la estrategia comunicacional, distraía sobre lo que sucedía con su entorno íntimo, la corrupción y el manejo escandaloso de la deuda; o el gobierno de transición de Ramón J. Velázquez, en el que, no sólo se indultaron narcotraficantes, sino que se firmaron la mayoría de los contratos de la nefasta «apertura petrolera».
Así, mientras colapsaba la IV República y la élite política se regodeaba en sus propias disputas internas, en un forcejeo que era parte del espectáculo, el sector petrolero transnacional avanzó de manera eficaz, implacable, de la mano de Luis Giüsti y su combo de PDVSA, en el control de nuestro principal recurso estratégico: el petróleo.
Es notable, como me comentaba un estudioso de la materia, que no fueran derogadas ni la Constitución, ni las Leyes, sencillamente, las «interpretaron» a su manera, y de allí en adelante se impusieron los contratos, todos ellos lesivos al interés nacional e instrumento del despojo al pueblo venezolano.
Ésto sobrevino en medio de una profunda crisis económica, desestabilización política y un Estado disfuncional, entregado a la corrupta cúpula «meritocrática» de PDVSA.
Pocos del medio político prestaban atención a lo que sucedía, sin embargo, algo se movía en el seno del pueblo y el sector militar: una creciente inconformidad, molestia, inquietud que, primero se expresó con el pueblo desesperado, sin dirección, el 27 de febrero de 1989 en «El Caracazo»; luego lo harían los militares Bolivarianos, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992.
El «por ahora», mostró el rostro de la dignidad a la élite político-económica que, envilecida por el poder, se jactaba del «control» que tenía sobre el país. Sería bueno que los que manejan hoy el poder en el país y actúan como «si aquí no pasara nada», recordaran la historia reciente. El rostro del Comandante Chávez sigue allí.
Cuando desde el campo revolucionario se emiten opiniones críticas o alertas, inmediatamente reacciona el madurismo, dirá, en un primer momento: que ese no es el problema, que a «nosotros» no nos sucederá, que tenemos cosas más urgentes; que nos sancionan, nos amenazan; que si la guerra económica, que la conspiración, que si hay elecciones, que tenemos que ganar, etc. Luego, si se insiste en la opinión, entonces se te hace de lado, se te acusa de «traidor» o «corrupto», y de seguido viene el linchamiento moral, la persecución e incluso la prisión.
De eso se trata para ellos, que no se discuta, que se imponga el miedo, el aplauso fácil, la despolitización, la campaña «ni fu, ni fa». Sin embargo, cuando todo está tan confuso, tan difícil, cerrado, entonces los principios te orientan, para saber qué hacer.
Depende de cada quién, no podemos seguir retrocediendo, llegará un momento, como sucede en la frontera, que ya no sabrás cómo pasaste al otro lado, no te darás cuenta, cuándo fue que este gobierno dejó de ser revolucionario y se convirtió en un mal gobierno adeco.
Detrás del discurso «anti imperialista», las poses escandalosas, juramentos y promesas de papelillos de colores, en medio de las más inverosímiles teorías conspirativas y acusaciones de todo tipo, abusando del poder para llevarse por el medio a quien sea, sigue, de manera inexorable, la entrega de nuestros avances políticos, económicos y sociales, los que definen nuestro futuro.
Se nos cambian conquistas fundamentales por «espejos». Sí, la vieja táctica de la dominación, la promesa de que «otros» arreglarán lo que ellos mismos destruyeron. Vana ilusión.
Si hacemos un alto a la rencilla y a la desesperanza, a los insultos y al tuiter, y levantamos la mirada, veremos claramente más allá del espectáculo, de los «gingles» electorales, una sucesión de hechos que deberían prender las alarmas de todos, en especial, del campo revolucionario, de los líderes populares, políticos y militares, que esperan que «nada de ésto sea verdad», «que después arreglamos», en una inexplicable conducta de negación de la realidad.
Ahora, yo pregunto, comento algunos temas fundamentales, para la discusión, la reflexión y que cada quien asuma su responsabilidad histórica. Veamos sólo dos aspectos relativos al área petrolera:
1.- La sentencia número 156 del Tribunal Supremo de Justicia, del 29 de marzo de 2017, establece que los contratos de creación de las Empresas Mixtas en la industria petrolera, «pasan directamente del Ministerio de Petróleo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde serán aprobados».
¿Es que acaso no es grave, que los contratos donde se establecen las condiciones que regulan el derecho de realizar las actividades primarias de la industria petrolera, reservadas por la Constitución (artículos 302 y 303), bajo condiciones específicas definidas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, sean aprobados sin ser del conocimiento público?,¿sin ser discutidos abiertamente, dado su carácter de contratos de interés público, definidos así en virtud de que garantizan y protegen la reserva del Estado, según establece la Constitución?
No se trata de que lo apruebe la Sala Constitucional, no tiene nada que ver con ella. De hecho, es nuestra máxima instancia para dirimir controversias en los temas petroleros, y así debe permanecer.
De lo que se trata es que un Contrato Petrolero, además de los elementos legales, tiene elementos económicos: estimaciones, proyecciones, compromisos financieros, compromisos de desarrollo del proyecto, plazos, mercados, acuerdos de comercialización, etc. Tiene elementos técnicos: condiciones de explotación, de preservación de los yacimientos, complejidades tecnológicas, procesos, integraciones, mecanismos de control operacional, regulaciones, transferencia tecnológica, etc. Tiene temas políticos: gobernanza de la empresa, toma de decisiones, aprobación de presupuestos, planes de inversión, industrialización, procura nacional, temas ambientales, desarrollo territorial, social, económico, etc. Además de los temas especializados del Derecho Minero, y de nuestra propia experiencia del periodo concesionario y de la apertura petrolera.
Así que, los contratos de las Empresas Mixtas, son muy complejos, multidisciplinarios, y requieren siempre del concurso de equipos especializados para su redacción y negociación.
La Sala Constitucional, así como la Sala Plena del TSJ, deben reservarse sólo para que ante las mismas, sea dirimido cualquier cuestionamiento durante la aprobación de éstos o cualquier controversia durante su desarrollo, toda vez que, en ninguno de nuestros contratos de Empresas Mixtas durante el gobierno del Presidente Chávez, se contempla ceder nuestra Soberanía Jurisdiccional. Es decir, no existe el Arbitraje Internacional, ¡nuestra Sala Constitucional es el árbitro!
Pero, además de la naturaleza y complejidad de estos contratos, quiero insistir en la discusión pública y la participación de las distintas instancias del Estado en su aprobación, porque, el proceso de tal aprobación constituye en sí mismo un mecanismo de control, dada la importancia estratégica que revisten para el país.
Explico. Luego del fraude de la «apertura petrolera», el Estado Venezolano, la Constitución de 1999 y la Ley Orgánica de Hidrocarburos que entró en vigencia el 1ero. de enero de 2002, establecieron condiciones muy estrictas para que la ruta de aprobación de los contratos de las Empresas Mixtas, siempre estuviese a la vista, y sometida al escrutinio del Estado y de todo el país. Nunca más se aprobarían contratos petroleros de espaldas a la opinión pública.
Durante el desarrollo de la Política de Plena Soberanía Petrolera, nuestro gobierno, el del Presidente Chávez, creó más de 33 Empresas Mixtas, en las que el Estado mantenía la propiedad del petróleo y ejercía el control de su explotación a través de la Nueva PDVSA. La Empresa Mixta, bajo control de PDVSA, operaba, PDVSA comercializaba, vendía a precios de mercado, obtenidos de fórmulas, sin descuentos, no se contemplaba el arbitraje internacional y se pagaba todo el régimen Fiscal establecido en nuestras leyes, sin excepciones de ningún tipo.
A pesar de lo complejo de nuestro régimen petrolero, que por cierto, responde a los intereses de nuestro país como productor (que no puede ser el régimen petrolero de los países consumidores), pudimos atraer a las empresas petroleras más importantes del mundo, las cuales invirtieron miles de millones de dólares y euros, trajeron financiamiento, tecnología, y todo ello preservando nuestro control, la mayoría accionaria de PDVSA, nuestras leyes, nuestro marco fiscal y nuestra soberanía jurisdiccional y económica.
Gracias a ello y a nuestra política de defensa del precio, regulando la producción, obtuvimos, en un periodo de 10 años, más de 500 mil millones de dólares que ingresamos al Fisco Nacional y al Estado Venezolano. La Nueva PDVSA, al recuperar todas sus capacidades, se fortaleció y mantuvo como la quinta empresa petrolera más importante del mundo. Fue un esquema exitoso.
Así, durante nuestra gestión al frente del Ministerio de Petróleo, cada contrato de Empresa Mixta, seguía la siguiente ruta:
- Se estructuraba una propuesta conjunta entre PDVSA y el socio, la cual siempre era consultada al Presidente de la República y era producto de un Acuerdo Internacional (aprobado por la Asamblea Nacional), como sucedió en la Faja Petrolífera del Orinoco y áreas tradicionales, o producto de un proceso público de selección de empresas (como el concurso de ofertas de socios para la explotación de áreas en el Bloque Carabobo de la Faja Petrolífera del Orinoco).
- Cualquier empresa que entrara a participar en las actividades primarias de producción de petróleo, tenía que pagar al Estado, por intermedio del Ministerio de Petróleo, un monto por la información geológica del área y un bono por la cantidad de reservas probadas que serían desarrolladas por la Empresa Mixta (la cuota parte correspondiente a su participación). En el área de Carabobo, por ejemplo, logramos 5.000 millones de dólares de bonos al Estado, sin colocar en garantía nada, mucho menos ceder nuestra soberanía sobre las reservas de petróleo.
- La propuesta y el respectivo contrato se revisaba en el Ministerio de Petróleo, para que se ajustara a nuestro marco legal y fiscal, a nuestro plan de producción, y que cumpliese con toda la normativa regulatoria del Estado, para administrar la explotación del yacimiento y preservar el recurso natural.
- Todas las condiciones del desarrollo se explicaban al Presidente de la República y se le exponían los detalles correspondientes. Si contaba con su aprobación, mediante el respectivo Punto de Cuenta, se enviaba al Consejo de Ministros, para la revisión y aprobación del Gabinete. Luego, el Consejo de Ministros lo remitía a la Presidencia de la Asamblea Nacional, que, a su vez, lo sometía a la consideración de la Comisión de Energía y Minas.
- La Comisión nos convocaba y hacía toda clase de preguntas y observaciones, eran largas sesiones, donde se explicaba el proyecto y los términos y condiciones de los contratos. Estaban todos los diputados que quisieran estar, oposición y Bolivarianos. Luego, se procedía a declarar a los medios de comunicación sobre los pormenores, y nuevamente se respondían preguntas.
Un elemento importante es que, no teníamos un contrato distinto o especial para cada Empresa Mixta, nó. Nuestro equipo político-jurídico del Ministerio de Petróleo, estableció un contrato único para todas las Empresas Mixtas. Los socios sabían a qué atenerse y se acabó la práctica de «ajustar» los contratos al interés de los socios, eran ellos los que tenían que ajustarse al interés del Estado y de PDVSA.
- La Comisión de Energía remitía el contrato a la Plenaria de la Asamblea Nacional, donde se discutía abiertamente, cualquiera podía comentarlo u objetarlo. Se enviaba nuevamente al Ejecutivo, volvía al Consejo de Ministros y sólo después de todo este proceso, es que se emitía el Decreto del Presidente, con la aprobación de la Empresa Mixta y la publicación en Gaceta de los contratos, con todos los términos y condiciones. Era una gestión transparente.
Si por cualquier razón, algún ciudadano quería recurrir en contra de estos contratos, entonces podía introducir una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Así debe ser, para preservar el interés general, para ser honesto, para enterar a todo el país de lo que se está haciendo en este sector tan sensible a nuestra economía, cuáles son nuestros socios, las condiciones, etc.
Ahora, con base en esta sentencia que comentamos, todos estos pasos se obvian, se saltan a la «torera». La propuesta pasa directamente de los socios a PDVSA y de allí, van directo a la Sala Constitucional y se aprueban. ¿Alguien conoce el contrato de la Empresa Mixta «Petrosur», ya aprobada bajo este procedimiento?, ¿se conoce a los socios?, ¿su experiencia, sus capitales?, ¿los términos y condiciones?
Se argumenta que existe un conflicto de Poderes con la Asamblea Nacional, que el Ejecutivo no la reconoce, está en desacato y será un obstáculo. Bueno, entonces debe ir a otras instancias del Estado y de discusión pública, pero más pública por lo menos que las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente, porque allí tampoco se sabe qué sucede, no se discute, se pasa una «aplanadora» de algo que ya viene decidido.
Lo que no se puede es aprobar los contratos de las Empresas Mixtas petroleras en secreto. ¿A nadie le preocupa ésto?, ¿dónde quedó la democracia participativa y protagónica?, ¿otra vez los políticos en el poder se manejan de espaldas al país?, ¿y la soberanía? Es muy grave.
2.- El Decreto Presidencial 3.368, publicado el 12 de abril de 2018, con base en el «estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional», dicta de manera «transitoria» actos que, sin embargo, modifican de forma permanente lo que se califica en la Constitución como «Disposiciones Fundamentales», que son «las instituciones intocables», que no pueden modificarse bajo ningún respecto, como son, entre otras, las relativas a la soberanía y a las actividades reservadas al Estado, como las actividades primarias de la Industria Petrolera.
Al actual Ministro de Petróleo y Presidente de PDVSA se le dan poderes ilimitados, para cambiar unilateralmente nuestro régimen petrolero. Pregunto, ¿a nadie le preocupa que a un ministro (sea quien sea, no se trata del ministro, es que nunca había sucedido algo parecido), se le den poderes «exorbitantes», es decir, sin ningún tipo de limitación, para «crear, suprimir o efectuar modificaciones a Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales»?, ¿o para «crear, suprimir, modificar órganos de dirección, administración y gestión de las empresas petroleras»?, ¿para el «establecimiento de un régimen definitivo adaptado a la dinámica petrolera internacional»?
Así, de un plumazo, entre el caos y «dakazos» de cualquier tipo, se despachan toda la legislación que garantiza, nada más y nada menos, que la reserva que hace la Constitución de esta actividad al Estado, por razones de «interés general, estrategia y soberanía».
Las transnacionales deben estar todavía estupefactas y preocupadas de lo fácil y de la forma como se vulnera el marco legal de la Plena Soberanía Petrolera, la política petrolera del Comandante Chávez, uno de los mayores aciertos de la Revolución Bolivariana, una política de Estado.
Pero a los ejecutores no les importa nada, se promete que «entrará mucho dinero» y que «subiremos la producción de petróleo a 2.8 millones de barriles día, en poco tiempo» ahh…, pero, además, «hemos descabezado las mafias chavistas en PDVSA, … perdón, …las mafias corruptas en PDVSA». Éste podría ser el discurso de Capriles, si hubiese derrotado al Comandante Chávez en las elecciones de 2012, o si la derecha llega al poder en cualquier momento. Pero nó, ¡es el discurso del madurismo!
Lo he denunciado innumerables veces y lo seguiré haciendo porque, a pesar de que lo arriesgo todo, en lo personal, mi seguridad, libertad, imagen, a pesar de las amenazas proferidas en público por las más altas instancias de este gobierno de que «seré capturado», como si se tratara del enemigo, a pesar del pasmoso silencio de mis antiguos camaradas de lucha, es mi responsabilidad hacerlo, tengo la responsabilidad de custodiar el legado del Comandante Chávez, en especial en este sector.
Porque el tema petrolero, además, es un tema nacional, tiene que ver con la soberanía. Aquí hablo a todos los venezolanos, los patriotas: sólo el control sobre la Industria Petrolera y la posibilidad de captar la renta petrolera para ponerla al servicio del pueblo, será lo único, óigase bien, lo único, que nos permitirá salir de este profundo abismo donde hemos caído.
Estoy comprometido, hasta los huesos, con mi país y la suerte de nuestro pueblo, la justicia social, el desarrollo, el «vivir bien» que nos planteamos. Lo que está en el centro de la disputa, más allá del odio, amenazas y violencia es, quién controla el petróleo. Reivindico la consigna durante la derrota del Sabotaje Petrolero: ¡el Petróleo es del Pueblo y debe ser su instrumento de liberación!
Volvamos al Decreto en cuestión, algunos elementos claves y alertas:
El ministro puede «suprimir, eliminar a PDVSA, eliminar sus filiales», transformarla en otra cosa, es decir, vaciarla de sus capacidades, ¿que no opere más, que sólo administre «contratos» y otorgue tierra y reservas a los privados?, ¿la vuelta a los «convenios operativos», a «las asociaciones estratégicas», la «tercerización» ?, ¿quién va a ocupar sus espacios?, ¿quién va a operar?, ¿será la fiesta de los «panas» y sus socios internacionales?
No es necesario eliminar a PDVSA como figura jurídica. Eso sería demasiado torpe. Basta con convertirla en un cascarón vacío, como hicieron en la «apertura petrolera»: que no opere más, que no compre, que no decida, que no perfore, que no venda, nada. Sólo será la oficina de recibir las quejas o requerimientos de los socios, la pantalla.
El ministro puede «modificar, suprimir órganos de Dirección y gestión de PDVSA», ¿cómo va a ser el gobierno corporativo de la empresa?, ¿eliminar la estructura que permite su operatividad, respuesta oportuna, la atención de sus procesos, su transparencia, su trazabilidad de operaciones financieras, de decisiones, su posibilidad de rendir cuentas?, ¿cómo va a ejercer el Estado Venezolano su control y dirección como único accionista de PDVSA?, ¿cómo ejercerá el Estado, a través de PDVSA, el control sobre los socios en las Empresas Mixtas?,¿cómo controlará las exportaciones, el establecimiento de precios?, ¿quién lo hará, los «traiders»?
El ministro puede «fijar, suprimir, modificar normas operativas de las empresas petroleras», ¿cómo va el Ministerio de Petróleo a garantizar la correcta explotación de nuestros yacimientos?, ¿cómo va a garantizar el Ministerio de Ambiente el cuidado de nuestras cuencas, acuíferos, ríos y tierras?, ¿cómo va alguna autoridad a obligar a que las petroleras no hagan una depredación salvaje, pero más «económica» para ellas, de nuestros recursos?, ¿cómo fiscalizará el Ministerio de Petróleo los volúmenes de petróleo que salen del país, los que se almacenan fuera, para pagar lo que corresponde en Regalías e impuestos?
La explotación comercial petrolera comenzó en el país en 1914 y fue sólo en 1950 que se creó el Ministerio de Minas e Hidrocarburos, con sus normas operacionales y regulaciones para proteger al país, para tratar de impedir que las transnacionales siguieran envenenando el Lago de Maracaibo, destruyendo y agotando nuestros yacimientos o haciendo «fosas de desechos» por todo el Oriente, contaminando aire, agua y tierra, ¿vamos a retroceder de esa manera?
El ministro puede «generar normas para el establecimiento de un régimen definitivo adaptado a la dinámica petrolera internacional». ¿Se despacharán nuestro régimen petrolero, el de un país productor, para instaurar el de un país consumidor?
La «dinámica petrolera internacional» está gobernada, subordinada, a los intereses de las grandes economías consumidoras, para las cuales las «empresas nacionales», como PDVSA, como la de los países miembros de la OPEP, son un problema, porque insisten en salvaguardar los intereses de su propio país productor de las apetencias de las trasnacionales, ¿dejaremos de tener una empresa nacional?
El mundo petrolero se divide en dos grandes grupos: el de los países consumidores por un lado y; el de los países productores, por el otro. Cada uno, obviamente, tiene intereses opuestos, nosotros, somos y seremos por mucho tiempo, un país productor.
El ministro procederá a «la compra, adquisición y ejecución de obras mediante la modalidad de contratación directa», acto seguido el decreto pasa a enumerar todas las operaciones de procura de bienes y servicios de la industria petrolera, es decir, ahora, bajo el argumento de la «emergencia», creada por ellos mismos, su incapacidad e irresponsabilidad, TODO en la industria petrolera se comprará y contratará por adjudicación directa, sin Comités de Licitación, sin procesos internos, todo, será adquirido sin control de ninguna índole. Se desataron los demonios.
Claro, se le pide a los privados «que sean buenos», que no se aprovechen de una empresa desahuciada y de un Estado disfuncional, que se hará de la «vista gorda», verá hacia otro lado, a otra parte, mientras liquidan a nuestra PDVSA y se hacen los negocios más extraordinarios, el sueño de los «sicarios económicos».
Lo que indigna y descubre el cinismo de este gobierno es que, buena parte de todos los presos de PDVSA, que hoy día están secuestrados, sin derecho a la defensa, vilipendiados por el Fiscal-triste-poeta, es que se les acusa de haber realizado «adjudicaciones directas». Y si así hubiere sido, éstas no podían haber sido decididas de manera unilateral por funcionario alguno, por muy alto nivel que tuviera, pues siempre, las decisiones partían de un órgano colegiado, los Comités Internos de PDVSA y todo el Sistema SAP de control.
Hoy, basados en un Decreto Inconstitucional, que además se fundamenta en otra norma inconstitucional, se le da potestades exorbitantes y unilaterales a un ministro, sin establecerle si quiera algún límite como obliga el Principio de Racionalidad y Proporcionalidad que ha de regir en toda actuación discrecional de la Administración Pública y que ninguna norma puede derogar.
Ahora, el gobierno descubre que, si se declara una emergencia operacional, se pueden hacer adjudicaciones directas, con consulta de precios, de manera temporal y para garantizar la continuidad operacional. Ahora entendieron que no administran un Ministerio, que no están comprando utensilios, ni productos de limpieza.
Ahora, parecieran entender que están lidiando con una empresa petrolera de orden internacional que no para, que opera todos los días, 24 x 24, que si se paralizan los procesos de procura y contrataciones de servicios petroleros, se paralizan las áreas de producción, procesamiento, refinación, de manera inexorable. Que es lo que ha sucedido, he allí la famosa «conspiración».
Ahora, parecieran entender que los gerentes y directores de PDVSA, no toman decisiones operativas, ni procura de materiales y servicios, porque temen que en cualquier momento los acusen de «corruptos» y se los lleven encapuchados del SEBIN, como ya es frecuente en las instalaciones.
Ahora se dan cuenta que los socios no están dispuestos a firmar procura y contratos con sobreprecios, así se los lleven detenidos, porque ellos están sujetos a las leyes de su propio país. Que los socios entienden, que todas estas irregularidades y desviaciones a los términos y condiciones de los contratos de Empresas Mixtas, no son sostenibles en el tiempo.
Los miembros de la Junta Directiva, en su desconocimiento, sus múltiples intereses y la instrucción dada de buscar «culpables» de las cosas que los abruman, que no entienden, paralizan todos los procesos internos mientras alguien les explica cómo funciona ésto. La empresa se paraliza por falta de decisiones y conocimiento, el efecto sobre las áreas es más dañino en la medida que las decisiones se postergan y sus consecuencias se acumulan.
Habrán entendido por qué existieron siempre en PDVSA las normas correspondientes de delegación financiera y todo el sistema de Comités operacionales, procura, licitación, estructura de filiales característica de un «holding» público de empresas, en particular, petrolero.
¿Sabrán allá en la Junta Directiva, en el problema que los han metido?, ¿se dan cuenta que no es fácil, que no se pueden aceptar cargos por las ansias de poder, porque están volando un «Sukoy», que se viene a tierra si no reaccionas a tiempo y si no tienes idea de cómo navegar esa poderosa máquina?
Desde agosto de 2014, lo que ha pasado en PDVSA es entera responsabilidad del madurismo, que se puso a desarmar un reloj, una máquina precisa, entre chanza e improvisación, y no supo volverlo a armar, ahora lo va a entregar en pedazos. La historia pondrá las cosas en su sitio. Porque se viene todo abajo y nuestro pueblo sufre las consecuencias.
A pesar de sus torpes astucias, nosotros prevaleceremos y seremos capaces de conducir a nuestro pueblo hacia el futuro que, finalmente podremos conquistar, porque nos pertenece. Con Chávez siempre ¡Venceremos!
* Rafael Ramírez Carreño es Ingeniero y político venezolano. Ex-embajador de la República Bolivariana de Venezuela ante la ONU. Ex-ministro de Energía y Minas y expresidente de empresa pública Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) hasta el año 2014.