Especialistas apuntan posibilidad de crisis institucional entre poderes en Brasil

El Supremo Tribunal de Federal (STF) juzgó en la tarde de este miércoles (7) la medida cautelar emitida individualmente por el ministro Marco Aurélio Mello determinando la separación de Renan Calheiros (PMDB-AL) de la presidencia del Senado. La Corte decidió, por 6 votos contra 3, revocar la decisión individual de Mello y mantener al presidente del Senado en el cargo, pero impedirle ocupar la línea sucesoria presidencial.

Para especialistas consultados por Brasil de Fato, esta tensión entre Legislativo y Judicial indica la emergencia de una grave crisis institucional.

Idas y venidas

El martes (6), Calheiros se negó a reconocer la orden judicial cuando fue buscado por un oficial de justicia. El mismo día de la decisión, el vice de la Casa y sucesor del senador por PMDB, Jorge Viana (PT-AC), afirmó defender nuevas elecciones para la presidencia del Senado.

Viana, después de las primeras declaraciones, afirmó también que retiraría de la agenda de prioridades de votación del Senado, la Propuesta de Emenda Constitucional (PEC) 55, que congela la inversión pública por veinte años. Parlamentarios del PSDB, frente al anuncio del petista, señalaron que podrían hacer el requerimiento al pleno de la Cámara para forzar la votación del proyecto dentro del plazo, previsto para 13 de diciembre.

Después de la reunión de Renan con los líderes, la mesa directiva del Senado divulgó su posición de no acatar la decisión de Mello. Viana, a continuación, declaró que no podría asumir la presidencia en esas condiciones.

En medio de estas tensiones, entretanto, Viana convocó una sesión este miércoles para después de la decisión del STF, lo que garantiza el plazo de votación de la PEC 55. Además de eso, defendió que la permanencia de Calheiros debería ser la solución para la crisis actual, aunque que tal decisión cabría al Supremo.

Equívoco

Lenio Streck, abogado y profesor de Derecho, fue una de las primeras voces que criticó la decisión de Mello. Para él, a partir de ella, una sucesión de equívocos agravan la tensión entre los poderes de la República.

«Dos errores no hacen un acierto. La decisión del ministro Marco Aurélio fue equivocada por varias razones. No había urgencia para emitir una medida cautelar monocráticamente. La decisión es forzada. El crimen por el cual Calheiros es acusado es anterior a su mandato. La analogía hecha es forzada. Mire como un error provoca problemas», dice. «»Al día siguiente [a la medida cautelar] el Supremo ya iba a juzgar en el Pleno. No era necesario. En una democracia no se puede sacar al presidente de un poder con una medida cautelar».

La actual tensión entre Legislativo y Judicial, para Streck, es fruto de las distorsiones causadas por el presidencialismo de coalición. «El sistema presidencialista está umbilicalmente ligado al sistema de control de constitucionalidad. Aquí en el Brasil, el Supremo acaba siendo superpoderoso, porque el presidente de la República, para hacer mayorías, precisa conceder al Legislativo y, al final, ninguno de los dos consigue afianzarse. Esas tensiones van parar en el STF, que se torna muy poderoso», afirma. «La Justicia resuelve cosas que deberían ser resueltas por el Ejecutivo o el Legislativo, por eso hay momentos de crisis como este».

Streck apunta que la destitución de Dilma Rousseff (PT) agravó tal situación. «No podemos olvidar que hubo un impeachment, que generó tensiones entre Legislativo y Ejecutivo. Y donde fue a parar eso? En el poder Judicial».

Inestabilidad

La importancia de la salida de Rousseff en la actual coyuntura es resaltada por Leonardo Avritzer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). «Se hizo un proceso de cambio en el Ejecutivo vía impeachment, que, evidentemente, tenía que llevar a este desastre institucional», analiza.

Tal evaluación encuentra eco entre las organizaciones populares. Alexandre Conceição, de la dirección nacional del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Terra (MST), complementa: «Lo que evaluamos es que el golpe dado por el Congreso contra la presidenta Dilma agravó la crisis en el gobierno actual. Hay un conflicto de intereses en el seno de la institucionalidad. El impeachment fue una bomba atómica. Amplió aun más la crisis económica. El país va a decrecer más de lo previsto. El golpe agravó la crisis política, los poderes no se entienden. Cuando se quebró el fundamento de la democracia, el voto popular, las otras instituciones se colocaron en ruta de colisión».

Conceição apunta que el escenario es aun más complejo al pensar que además de desorganizarse la institucionalidad brasileña, de otro lado hay un ataque a los derechos de la clase trabajadora: «Hay una judicialización muy fuerte de la política, con el sector judicial – por cierto, ganando salarios superiores al techo máximo – colocándose como guardián de la ética y de la moral, cosa que no es, pasando por encima de los otros poderes. El Congreso Nacional y el gobierno golpista están implementando una agenda contra la clase trabajadora. Una agenda neoliberal, que no fue votada, y de retirada de derechos, que privatiza la política y la propia democracia».

«Es una ficción pensar que el Supremo puede decidir sobre cualquier cosa y que el papel de los otros poderes es cumplir. Esa es una concepción de supremacía judicial, no de equilibrio de poderes. El Brasil viene caminando en esa dirección hace muchos años. Evidentemente que en algún momento habría una reacción del sistema político a eso, por más equivocada y problemática que haya sido la decisión del Senado», sigue Avritzer sobre el actual pulso entre Senado y Supremo.

«Las cortes supremas sólo consiguen ser fuertes si sus decisiones tienen legitimidad, y eso sólo sucede cuando sus decisiones no entran en el campo de los otros poderes, que son constituidos por la soberanía popular y que, en principio, tienen que ser más fuertes», dice.

Él afirma que no sólo el STF ha expandido su actuación mas allá de lo establecido entre los poderes: «En la medida que se da poder a un juez de primera instancia para hacer lo que Sergio Moro viene haciendo, no se puede esperar estabilidad institucional».

Para Avritzer, la situación política del país, la inestabilidad perjudica la superación de la situación económica. «El mercado, por motivos que yo desconozco, apostó que el impeachment traería estabilidad. Probablemente está llegando a la conclusión de que de esta forma no se construye previsibilidad», afirma.

Perspectivas

¿Cuáles serían as alternativas para esta situación? Avritzer indica que tal escenario se debe prolongar por algunos años. «Brasil necesita elecciones, pero sólo elecciones directas no resuelven. El presidente electo directamente tendría que volver a establecer los límites del poder judicial. Eso, si fuera posible retomar la estabilidad en este marco institucional», apunta.

Desde la perspectiva de los movimientos populares, el dirigente del MST coloca la necesidades de retirar a Temer del gobierno. «Los movimientos, junto con senadores más progresistas, ingresarán un pedido de impeachment, porque él cometió crimen de responsabilidad cuando utilizó su cargo para presionar al ministro en beneficio privado».

«Queremos llamar a la población como un todo para discutir la reanudación de la democracia y colocar al país en rumbo al desarrollo económico y social», finaliza.