La izquierda pro renta básica apuesta por el «cuídate tú mismo» neoliberal. Conviene abandonar la histeria sobre el «fin del trabajo» y afrontar directamente el problema del Estado de bienestar
La fábrica de Richard Hartmann en Chemnitz (Alemania) en 1868.
«Ni los individuos ni el sector privado de la economía han tomado o pueden tomar la responsabilidad del pleno empleo en… la sociedad norteamericana. Esta es responsabilidad de todas las partes de la sociedad y por consiguiente en último término del gobierno». (Bayard Rustin. The Anatomy of Frustration (Mayo 1968 )
El profesor Livingston y yo compartimos muchos objetivos políticos. Los dos deseamos revertir la polarización de la riqueza, aliviar la pobreza sistémica, y posibilitar diversas formas de florecimiento humano. El profesor y yo discrepamos, sin embargo, en la naturaleza de la realidad económica contemporánea. Como consecuencia de ello, proponemos programas políticos muy diferentes para conseguir el tipo de sociedad próspera y justa que ambos deseamos.
En su réplica a mi crítica, Livingston reafirma orgulloso su compromiso con el Liberalismo y convierte su aproximación liberal a la política económica en la base de su propuesta alternativa a la catástrofe neoliberal. Al considerar al gobierno una institución intrínsecamente autoritaria, sitúa a la sociedad civil como un reino de autorrealización y autosuficiencia. El problema, tal y como lo formula, es que mientras la innovación capitalista ha hecho posible una creciente producción automatizada, la clase capitalista nos ha robado nuestro poder adquisitivo y ha fomentado una relación salarial punitiva. Eso nos ha impedido disfrutar de los frutos de la automatización del trabajo. La solución de Livingston es rechazar una ética protestante del trabajo pasada de moda; gravar los beneficios improductivos de las corporaciones que alimentan los mercados financieros y distribuir este dinero en forma de Renta Básica Universal (RBU). El resultado es que cada miembro de la sociedad civil será libre de asociarse, trabajar u holgar como desee.
Al igual que Livingston, la izquierda ha coqueteado durante tiempo con los sueños liberales de que asociaciones autónomas y autorreguladas puedan un día resolver las dificultades del gobierno político. Después de la Gran Recesión, estos sueños han vuelto. Imaginan algoritmos y robots políticamente neutrales. Buscan una vida de lujo compartido mediante el reparto automático de subsidios. Esto, a primera vista, pinta bien. Sin embargo, esos sueños son, en el mejor de los casos, ingenuos y, en el peor, políticamente contraproducentes y autodestructivos. Abandonada y maltratada por la gobernanza neoliberal, la izquierda pro-RBU apuesta por el «cuídate tú mismo» neoliberal. Vislumbra formas delimitadas de redistribución monetaria como el único medio para reparar el orden social. Sobre todo, permite que el antiautoritarismo desvíe la atención de la obligación de las prestaciones sociales.
La articulación de Livingston de este sueño es especialmente virulenta. Hace patente la contradicción central de la RBU: al pedir un sistema de bienestar sin ataduras, la izquierda busca liberar al gobierno de las prestaciones sociales mientras al mismo tiempo depende del gobierno para el apoyo financiero constante. Esta posición, que no logra entender la estructura de la participación social como un todo, deja intranquilizadoras cuestiones políticas sin respuesta: ¿cómo proveer los recursos humanos y materiales para nuestra crecientemente envejecida población? ¿Cómo podemos reestructurar significativamente la producción social para hacer frente al cambio climático? ¿Cómo podemos reservar un lugar para la cultura fuera de los programas universitarios y de los mercados especulativos del arte?
Dichas cuestiones son indiscutiblemente realistas, no cavilaciones vacías y utópicas. Ni el voluntarismo, ni la buena voluntad, ni los generosos beneficios del bienestar social pueden hacer frente a esas demandas de forma adecuada. De hecho, solo el gobierno puede permitirse movilizar a las personas y los recursos necesarios para responder a ellas. Y aunque los algoritmos y los robots son poderosos instrumentos sociales, no podemos confiar en que la automatización supere las lógicas vigentes de discriminación y exclusión. Hacerlo sería olvidar que la injusticia social está condicionada políticamente y que solo el gobierno tiene la capacidad monetaria de transformar la vida económica por entero.
Esto me lleva a la Teoría Monetaria Moderna(TMM). Lejos de ser una «oscura tendencia intelectual», la TMM es una prominente escuela de pensamiento económico heterodoxa que surgió de la economía poskeynesiana y que en los últimos tiempos ha influido en los programas económicos de Bernie Sanders, Jeremy Corbin e Izquierda Unidaen España. Para la TMM, el dinero no es una ficha privada que los Estados acumulan y de la que luego se desprenden, sino un instrumento sin límites que puede servir fácilmente para las necesidades de toda la comunidad. Los acuerdos monetarios internacionales, como el Tratado de Maastricht de la zona euro, pueden imponer límites artificiales en el gasto de los Estados, pero eso son, según argumenta la TMM, restricciones políticas. Estas no son económicamente inevitables y pueden ser eliminadas de manera inmediata. En realidad, cada entidad política soberana puede permitirse cuidar de su gente; la mayoría de los gobiernos simplemente eligen no dar a todos y fingen que sus manos están atadas.
Está claro que el Liberalismo ha debatido la «asignación y distribución de bienes rivales», como explica Livingston. Al hacerlo, sin embargo, ha pasado por alto cómo la gobernanza económica condiciona en principio la producción de dichos bienes. La TMM, por el contrario, hace hincapié en el rol de creación del dinero para posibilitar la actividad productiva y coloca los poderes de gasto sin límite del gobierno en el centro de ese proceso.
En lugar de una «redistribución» liberal a través de los impuestos, la TMM propone una política de «predistribución». Las políticas redistributivas mitigan la desigualdad de la riqueza mediante una deliberada transferencia de dinero del rico al pobre. Este es, sin embargo, un gesto falaz y profundamente metafísico, ya que confunde la relación monetaria con un recurso finito en lugar de aprovechar las capacidades reales de gasto del gobierno. Mientras tanto, las políticas predistributivas de la TMM insisten en que el gobierno no puede quedarse sin dinero y en que el cambio significativo requiere intervenir directamente en las instituciones y normas que estructuran la actividad económica. La TMM no implica un tosco determinismo [1] en el cual el gobierno sin intermediación ordena la producción y la distribución. Por el contrario, dota de significado político el gasto del gobierno y al sistema financiero, los cuales financian la supuestamente autónoma sociedad civil que Livingston admira.
Es más, la TMM sostiene que al no ser suficientemente productiva, la RBU es un medio pasivo y, en última instancia, inflacionista de remediar nuestros problemas sociales y medioambientales. Por consiguiente, recomienda un compromiso proactivo y con contenido político por el pleno empleo a través de un trabajo garantizado voluntario. Dicho sistema, financiado federalmente, aunque puesto en marcha por gobiernos locales y entidades del sector no lucrativo, financiaría los proyectos comunitarios y ecológicos que el sector privado rehúsa proporcionar. Este estabilizaría los precios al mantener el poder de compra agregado y la actividad productiva durante las recesiones. Y es más, al eliminar el desempleo involuntario forzado, erradicaría la pobreza sistémica, incrementando el poder de negociación del factor trabajo, y mejoraría las condiciones laborales de todos. De este modo el trabajo garantizado funcionaría como un tipo de universalismo focalizado: al mejorar las vidas de grupos particulares, dicho programa transformaría la totalidad de la vida económica de abajo a arriba.
A diferencia del trabajo garantizado, la RBU no conlleva ninguna obligación de crear o mantener las infraestructuras públicas. Renuncia a los proyectos intensivos en capital a favor del sector privado. Deposita su esperanza en que frugales aumentos del poder de compra resolverán las crisis sistémicas asociadas al desempleo y al subempleo.
Por consiguiente, abandonemos la histeria sobre el «fin del trabajo» de la RBU y enfrentemos directamente el problema del suministro de servicios sociales. No hay salida de nuestra maltrecha realidad. Haremos mejor en tomar el poder de las estructuras de poder actuales y transformar nuestra participación colectiva, en lugar de reducir la política a caricaturescos enfrentamientos entre la libertad y la tiranía, el gozar del tiempo libre y el trabajo duro. La tecnología es maravillosa. Sin embargo, no reemplaza a la gobernanza. Y mientras la sociedad civil puede ser un lugar de creatividad y lucha, tiene limitadas sus capacidades de gasto y siempre necesitará de apoyo externo.
Es esencial, por lo tanto, construir un sistema de bienestar adecuado. Sobre este asunto Livingston y yo estamos de acuerdo. Pero la retractación de Livingston de la gobernanza me parece un tanto infantil. Tal forma de pensar distrae a la izquierda de avanzar hacia un programa político eficaz y de construir un necesario y robusto sector público.
[1] La diferencia estriba en que la TMM solo determina el precio del trabajo anclando el valor del dinero a este, en lugar de fijar todos los precios.
Traducción Jorge Amar Benet (economista y miembro de la Asociación por el Pleno Empleo y la Estabilidad de Precios, APEEP).
La versión original en inglés de este artículo fue publicada por la revista Arcade.